Al menos 26 personas han perdido la vida a causa de los catastróficos incendios que arrasan el centro-sur de Chile sin que se vislumbre el final. Más de 280 incendios activos arrasan las regiones de Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía, entre 350 y 700 km al sur de Santiago, regiones dominadas por la agroindustria y millones de hectáreas de plantaciones de pinos y eucaliptos.

También se han reportado incendios forestales en el sur profundo de Los Ríos y Los Lagos, y en Valparaíso, al norte de la capital.

Durante el fin de semana, la ministra del Interior, Carolina Tohá, declaró a Ñuble, Biobío y La Araucanía en “estado de catástrofe”, lo que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas en las zonas.

Argentina, Brasil, México, España, Venezuela y otros países han respondido al llamamiento de ayuda y están enviando brigadas de bomberos, especialistas y equipos.

Una sequía agravante de 14 años causada por el cambio climático, la actividad criminalmente imprudente de la industria forestal, las temperaturas inusualmente altas y los fuertes vientos patagónicos han creado las condiciones perfectas para el desastre medioambiental que se está produciendo en Chile.

Los devastadores incendios han arrasado ya unas 200.700 hectáreas, según estimaciones preliminares de la Corporación Nacional Forestal (CONAF). Han arrasado predominantemente enormes plantaciones de propiedad privada, plantaciones de pinos y eucaliptos que se permitió que invadieran espacios poblados donde hoy apuntalan viviendas, granjas, comunidades indígenas, aldeas, pueblos e incluso ciudades regionales.

Estas son las personas directamente afectadas. En una semana han fallecido 26 personas, entre ellas una bombera voluntaria, Yesenia Muñoz, que murió en acto de servicio, así como un piloto de bomberos y un mecánico de helicópteros. Más de 1.550 casas han sido destruidas por los incendios que afectan a unas 3.300 personas.

La cifra de muertos supera la de los incendios forestales de 2014 en la densamente poblada región de Valparaíso, que causaron 15 muertos, más de 500 heridos y destruyeron más de 2.900 viviendas.

También parece probable que supere a los incendios forestales de 2017, hasta entonces los peores de la historia reciente. Unas 467.000 hectáreas ardieron en llamas. El trágico siniestro dejó 11 muertos y localidades como Santa Olga quedaron arrasadas. Unas 1.600 viviendas fueron pasto de las llamas de un incendio que avanzaba a 8.240 hectáreas por hora.

En un giro enfermizo, el enfoque de la Administración del presidente de pseudoizquierda Gabriel Boric ha sido responsabilizar a la población en general e ignorar al elefante en la habitación. El Gobierno, con la ayuda de los medios de comunicación corporativos, ha tratado desesperadamente de evitar cualquier mención a la industria maderera.

Al anunciar el despliegue de los militares, la ministra del Interior Carolina Tohá dijo en una conferencia de prensa que “una parte importante del trabajo que realizan las fuerzas armadas y de orden es contar con patrullas para evitar situaciones de riesgo. Para evitar conductas que puedan generar nuevos incendios”.

Cuando un reportero de CNN le preguntó si tenía conocimiento de algún incendio provocado intencionalmente, Tohá respondió que si bien están investigando casos, “sí sabemos que el 99 por ciento de los incendios son generados por acción humana ya sea voluntaria o involuntaria... Entonces, independiente de lo que nos digan las investigaciones, lo que sí podemos decir es que hubo una acción humana detrás, que era evitable con precaución, y la insistencia hoy día es concentrarnos en eso porque la gran mayoría de los incendios son provocados por este tipo de razones”.

Este servilismo a los intereses corporativos no ha hecho más que envalentonar a los magnates de la madera. El 4 de febrero, el presidente de la Corporación Chilena de la Madera, Juan José Ugarte, alegó que los incendios eran intencionales y llamó amenazadoramente a militarizar todo el territorio centro-sur.

“Las capacidades están al límite, y por eso es vital utilizar las herramientas que permite el Estado de Excepción, porque se requiere en algunas comunas establecer toques de queda, prohibición de circulación de personas, prohibición de venta de combustible en bidones, no tener vehículos acelerantes que propaguen incendios, establecer puntos de control de rutas, entre otros, para dar seguridad a los vecinos y evitar que las personas sigan provocando incendios”, dijo Ugarte.

Sin embargo, ha sido imposible acallar las crecientes voces de enojo que representan a los cientos de miles de familias afectadas directa e indirectamente por los incendios forestales anuales que, según la opinión generalizada, son obra de las propias empresas forestales, cuya intención es adquirir más tierras. En 2021, siete brigadistas de Forestal Arauco fueron detenidos por encender intencionalmente incendios que quemaron 15 mil hectáreas en el Parque Nacional Radal Siete Tazas.

Un pescador de Punta Lavapié, caleta del golfo de Arauco, Biobío, entrevistado por Megavisión exigió a las empresas forestales que dejen de plantar árboles tan cerca de sus casas. “A todas las empresas privadas que siguen plantando cerca de nuestras casas, de nuestras caletas y de nuestros lugares de trabajo. Todos somos pescadores artesanales y no nos vamos a ir de aquí. No pueden plantar sus recursos tan cerca de nosotros”, dijo a un sorprendido reportero que rápidamente desvió la conversación hacia los esfuerzos de limpieza de los residentes.

Unas 35 casas del pueblo costero quedaron arrasadas. Todos los residentes se vieron obligados a evacuar por mar en embarcaciones suministradas por los pescadores locales y por la Armada, ya que las plantaciones adyacentes al pequeño pueblo bloqueaban toda posibilidad de escapar por tierra.

En otra entrevista, la alcaldesa del municipio rural de Santa Juana criticó sin querer la sumisión del Gobierno a los magnates madereros de la región del Biobío.

Santa Juana, que se encuentra entre la Ruta de la Madera y el río Biobío y es por donde cruzaron los incendios hacia otras localidades, se vio rodeada por el fuego por todos lados. Diez vecinos han perdido la vida y el 50 por ciento de las viviendas rurales han ardido.

La alcaldesa, Ana Albornóz, (que resulta ser aliada de la actual Gdministración del presidente de pseudoizquierda Gabriel Boric) declaró a los medios de comunicación: “El primer refugio que teníamos, la escuela de Colico Alto, lo perdimos. Perdimos el centro de salud del sector, no tenemos posibilidad de atender a los vecinos afectados en la zona rural. Estamos evacuando el sector de Los Castaños, porque el fuego, además de expandirse hacia Santa Juana, se está extendiendo hacia sectores rurales de la comuna”.

Y continuó: “No damos abasto. Estamos solos. Hay un abandono por parte del Estado de Chile. No hay regulación para las plantaciones, necesitamos que se regule y eso no lo hizo el Estado. La legislación que tenemos es horrible, no nos protege. La Región del Biobío está totalmente plantada (de pinos). A veces parece que solo importan Providencia, Las Condes y las grandes ciudades, pero no las comunas que alimentan nuestro país”.

Miles más han recurrido a las redes sociales para airear su ira contra los Gobiernos actuales y pasados, que han hecho todo lo posible por ayudar a los magnates de la industria maderera, empezando por la dictadura militar del general Augusto Pinochet.

Pinochet promulgó el decreto ley 701 en 1974, que subvencionaba el 75 por ciento del coste de las plantaciones de pinos, y en 1980 promulgó el Código de Aguas, que permitía la propiedad privada del agua. Desde 1974 hasta hoy, Arauco (propiedad del Grupo Angelini) y CMPC (Grupo Matte) han recibido 1.000 millones de dólares de fondos públicos y poseen en conjunto cerca de 2 millones de hectáreas de tierra.

Para crear un clima propicio a la expansión de la industria, la dictadura expulsó a punta de pistola a las comunidades indígenas mapuches de sus tierras ancestrales. También anuló las confiscaciones de tierras de los años sesenta y setenta, devolviéndolas a los latifundistas, al tiempo que reprimía brutalmente a las organizaciones campesinas de izquierda.

Con la vuelta a un régimen civil en 1990, los Gobiernos alternantes de la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y la derecha han aplicado leyes “antiterroristas” y de “seguridad del Estado” contra las comunidades mapuches, que han recurrido cada vez más a la lucha armada para reclamar sus tierras ancestrales. Mientras tanto, políticos de todo signo político se han visto envueltos en un escándalo de corrupción tras otro en los que están implicadas las familias oligárquicas de Chile.

Hoy el presidente Boric, promocionado como “progresista”, “ecologista”, “feminista” por los liberales y la pseudoizquierda, sigue en la línea de sus predecesores.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 7 de febrero de 2023)