Argentina 1985, de Santiago Mitre, acaba de ganar el premio Globo de Oro para la mejor película de lenguaje no inglés. También es candidata para premio Oscar como mejor película internacional.

Es una obra muy bien labrada, aunque con serias distorsiones y omisiones políticas e históricas.

La cinta se basa en el proceso criminal de los dirigentes de la junta militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983. Ha impactado al público de muchos países. En verdad, les ha abierto los ojos a recientes generaciones sobre el récord de una brutal dictadura culpable de raptos, violaciones, torturas, y asesinatos de miles de personas.

Trata de acontecimientos reales. Es la historia de como Julio Strassera, fiscal de la Corte de Apelaciones, obtiene y presenta evidencias contra nueve líderes de la dictadura.

La junta de 1976 fue la respuesta de la clase dominante argentina al fracaso de anteriores gobiernos peronistas de frenar las luchas de la clase obrera y de la juventud. Toma el poder en 1976; reemplaza la presidencia, el congreso y la constitución nacional con el tal llamado Proceso de Reorganización Nacional (El Proceso).

A pesar de la explosión tumultuosa de la lucha de clases antes, durante y después del colapso de la junta, la clase obrera argentina brilla por su ausencia en la cinta de Santiago Mitre. Cuando aparecen obreros, son en su rol de víctimas. El mensaje, no tan oculto, es que la clase media es la verdadera defensora de la democracia.

Argentina, 1985 dura dos horas y veinte minutos. Aunque algunas de las escenas del proceso son muy cautivantes, las escenas más interesantes e informativas están en la primera mitad, antes del comienzo del juicio.

Strassera, el protagonista principal, actuado por el actor argentino Ricardo Darín (El Secreto de sus ojos), es un fiscal fumador que vive en un departamento de clase media en Buenos Aires, con su esposa Sylvia (Alejandra Flechner) y dos hijos que van a colegios particulares.

El film comienza con un Strassera, preocupado que el individuo con quien su hija anda pueda ser un espía de la policía; incluso ha convencido a su hermano menor a espiarlos. Julio y Sylvia salen a sus empleos, elegantemente vestidos y con sus hijos en sus uniformes escolares.

Louis Moreno Ocampo (Peter Lanzani), pertenece a una de las capas más adineradas de la clase media, a una familia vinculada a las fuerzas armadas. Su tío es un coronel militar y su madre supuestamente va a misa y es amiga de Rafael Videla, excomandante en jefe del ejército que se convirtió en el dictador argentino, y el principal acusado en este proceso.

Careciendo confianza en los empleados del Ministerio del Interior a cargo del proceso, Strassera y Moreno reúnen un equipo de estudiantes y empleados de tribunal para juntar evidencias y entrevistar a testigos para el juicio. Durante sus entrevistas de trabajo, dan la impresión de ser nuevos a la política, sin opiniones fuertes, exceptuando uno, Maco (Félix Rodríguez Santamaría), quien defiende al peronismo, como partido de justicia social.

Con solo cuatro meses para preparar el proceso (21 de octubre, 1984 al 15 de febrero de 1985), los entusiasmados jóvenes asistentes viajan a lo largo del país preparando el juicio civil: entrevistando a sobrevivientes de la salvaje dictadura y recolectando evidencia. Un tribunal militar había exonerado a los acusados en septiembre 1984.

Strassera, su equipo y testigos encaran constantes amenazas de muerte. En una escena, hombres en un Ford Fálcon persiguen a Moreno (los Fálcon fueron los autos preferidos por los escuadrones de la muerte durante la dictadura). Desafiando las amenazas de muerte, el equipo logra juntar una enorme cantidad de pruebas, incluyendo los testimonios de 709 testigos.

El verdadero Strassera, en que se basa el film, fue un fiel servidor del Proceso, un juez encargado de negar las peticiones de habeas corpus de las familias de los individuos que la dictadura raptó y desapareció. Luego del colapso de la dictadura, Strassera se transforma en el encargado de la imputación contra los líderes militares del mismo régimen, una contradicción implícita que la película menciona, aunque sin dar ningún detalle.

A medida que el equipo viaja por el país, buscando y recogiendo testimonios, la película sugiere que Strassera le había dado la espalda a su pasado y se había transformado en un paladín de la justicia y la democracia. Para ello, cuenta con la ayuda de Moreno, Sylvia, su hijo, su equipo y dos de sus amigos, un director de teatro y un anciano abogado, para llevar a cabo una batalla sin cuartel contra los nueve comandantes acusados.

La segunda mitad de Argentina, 1985, el juicio mismo, presenta poca información sobre cómo el régimen escogía a sus víctimas y cómo éstas estaban conectadas con los “terroristas” que supuestamente eran el blanco del régimen. Se concentra en los tratos y torturas de los prisioneros, incluyendo el rapto de bebés recién nacidos a prisioneras.

Cabe notar que el término 'clase obrera' nunca es mencionado. También se deja de lado que muchos de los prisioneros habían sido capturados en otras naciones latinoamericanas, o enviados y desaparecidos en otros países, como Chile y Uruguay.

En la acusación final, Strassera habla de una persona falsamente raptada por pertenecer a la Federación Argentina de Psiquiatría (FAP) porque se la confundió por ser miembro de las Fuerzas Armadas Peronistas (también FAP), ejemplo de la naturaleza arbitraria y amplia de la represión de la junta, sugiriendo también que era aceptable atacar a miembros de la segunda organización.

En una escena el fiscal asistente Moreno, entrevistado en televisión por un anfitrión derechista, orgullosamente declara que él es de una familia de militares. Defiende a las fuerzas armadas como institución, insistiendo que su rol no es cuestionar la naturaleza de los militares, grupos de hombres armados cuya función es defender el sistema de ganancias y oprimir a la clase obrera, sino los excesos de unas pocas malas personas, que reaccionaron en forma exagerada a las guerrillas y otras amenazas.

En su lectura de la acusación final en Argentina, 1985, escrita en colaboración con su equipo, Strassera es ovacionado por casi todos los presentes en el tribunal, y por muchos de los que vieron la película en la Argentina y otros países.

Ese discurso contiene algunas de las declaraciones de la acusación original en el juicio de 1985, que también fue ovacionado, dejando de lado la vigorosa defensa de las Fuerzas Armadas en ese discurso, donde Strassera dice: “Este proceso no es contra ellas [ las fuerzas armadas]”, dijo, “sino contra los que las dirigieron entre 1972 y 1982. Las Fuerzas Armadas no están en el banquillo…”

La interpretación más generosa de la estrategia de Strassera es que él creía que los jueces no habrían aceptado ninguna otra versión de la culpabilidad de la junta.

En verdad, las fuerzas armadas, como herramienta de violencia estatal contra los estudiantes y los obreros, fueron una constante en la América Latina del siglo XX, incluida Argentina. Su brutalidad, en toda la región, aumentó y cambió cualitativamente en la década de 1970.

En cualquier caso, el mensaje al público es que, salvo algunas figuras especialmente brutales, las fuerzas armadas, lejos de ser instrumentos de opresión de clase, son instituciones honorables que defienden la seguridad nacional, los derechos democráticos y el Estado de Derecho, incluso hoy en día.

Como se podría esperar de su título, la película de Mitre por momentos adquiere aspectos nacionalistas (inclusive en el discurso final), y deja de lado los eslabones internacionales entre El Proceso las otras dictaduras latinoamericanas y el imperialismo de los Estados Unidos, que coordinaron sus medidas de terror estatal mediante el Departamento de Estado de los EUA, la CIA, y la Escuela de Las Américas de entrenamiento militar estadounidense. En junio 1976, el secretario de Estado de Estados Unidos, en reuniones con líderes militares argentinos, aprobó el salvajismo que ocurriría.

Kissinger también desempeñó un rol clave en la organización del derrocamiento en 1973 del presidente Salvador Allende, a manos de Augusto Pinochet, quien llevó a cabo las mismas salvajes medidas de tortura y muerte que impondría el Proceso argentino tres años después.

El Plan Cóndor, que coordinó el terror derechista de las fuerzas armadas de Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay, fue implementada con el apoyo y dirección total de Washington.

Raptos, centros secretos de detención, desapariciones, y el descarado uso de métodos de tortura, violaciones y matanzas, se hicieron rutinarios. Sería una ilusión total creer que en la Latinoamérica democrática actual, se titubeará en utilizar los mismos métodos a medida que se intensifica la lucha de clases.

Hace poco, el peronista Alberto Fernández, actual presidente argentino, manifestó “su felicidad” al enterarse que Argentina, 1985 es candidata para los premios Oscar del 2023, como mejor película internacional. Fernández, comprometido a llevar a cabo brutales medidas de austeridad que han empobrecido a la clase obrera argentina e impuesto enormes hambrunas, le da la bienvenida a todas las películas que desorientan la clase obrera y debilitan sus esfuerzos.

Las lecciones de la historia de las luchas de clases en América Latina y por todo el mundo, demuestran repetidamente que la clase trabajadora no puede confiar en los testaferros de clase media en sus luchas actuales en defensa de sus intereses de clase, desde Perú a Francia, Sri Lanka y otros países. Todo lo contrario: la clase obrera debe exigir la abolición del aparato represivo estatal, de la policía y de las fuerzas armadas y apoderarse del poder estatal para crear una sociedad realmente democrática y socialista.

(Publicado originalmente en inglés el 15 de febrero de 2023)