Durante los últimos dos meses, el encubrimiento de la pandemia continua de COVID-19 por parte de la élite política y la prensa capitalistas en Estados Unidos e internacionalmente han alcanzado un nuevo nivel. El hecho de que millones siguen contrayendo COVID-19 y miles siguen muriendo cada semana está siendo totalmente ignorado por las élites gobernantes. Prácticamente no hay cobertura de esta crisis global cada vez más grave.
El presidente estadounidense Joe Biden, quien alegó falsamente en septiembre que “la pandemia se acabó”, encarna la apatía oficial al sufrimiento de la población. El mes pasado, en un comentario casual sobre la muerte de más de 1 millón de estadounidenses por COVID-19, Biden dijo francamente a una conferencia de alcaldes, “A veces lo subestimo porque ya dejé de pensar al respecto”.
Esta no solo es una señal de la deteriorada agudeza mental del mandatario, sino de la perspectiva sociópata de los capitalistas hacia la clase trabajadora, que sufre el grueso de las muertes por COVID-19. También fue una admisión encubierta de su intención de matar a más personas.
Una semana después del comentario de Biden, la Casa Blanca anunció que permitirá que las declaraciones de emergencia nacional y de emergencia de salud pública por COVID-19 expiren el 11 de mayo, lo que tendrá enormes ramificaciones.
La Kaiser Family Foundation calcula que entre 5 y 14 millones de estadounidenses perderán el acceso al seguro médico a través de Medicaid cuando expiren las declaraciones de emergencia. Los sistemas hospitalarios de todo el país se enfrentarán a crecientes presiones financieras, y el Center for Healthcare Quality and Payment Reform prevé que 200 hospitales rurales estadounidenses podrían verse obligados a cerrar en los próximos dos o tres años.
La distribución de vacunas, pruebas y tratamientos contra la COVID-19 se privatizará y unos 30 millones de estadounidenses sin seguro médico se verán obligados a pagar íntegramente por estos servicios vitales. Pfizer pretende vender su vacuna a un precio de hasta 130 dólares por dosis, que sería inasequible para la gran mayoría de los no asegurados.
Una semana después del anuncio de la Casa Blanca, la Universidad Johns Hopkins declaró que su Centro de Recursos contra el Coronavirus cerrará el 10 de marzo. La universidad justificó esta drástica medida señalando que las jurisdicciones locales, de condado y estatales de todo EE.UU. ya no informan adecuadamente sobre los datos de COVID-19, como resultado de decisiones políticas deliberadas tanto del Partido Demócrata como del Republicano.
La supresión del rastreador de la Universidad Johns Hopkins es el último clavo en el ataúd de lo poco que queda de información precisa sobre COVID-19 en Estados Unidos. Otros rastreadores ampliamente utilizados, como Worldometer y Our World In Data, se han basado en el rastreador de la Universidad Johns Hopkins.
El analista de datos sanitarios Gregory Travis declaró al WSWS que el rastreador del Johns Hopkins “es lo más parecido a reportes en 'tiempo real' que se puede conseguir”. Y añadió: “Los datos en forma de certificados de defunción que se envían a los CDC tienen un desfase de al menos seis meses y a menudo mucho más, sobre todo para los casos pediátricos. Ahora mismo podemos decir con cierta seguridad que sabemos lo que está pasando. En el futuro solo podremos decir con seguridad lo que ocurrió hace medio año”.
Según un rastreador gestionado por Travis, 36 estados de EE.UU. o el 72 por ciento, así como Washington, D.C., ya “se apagaron”, lo que significa que informan de los casos y muertes por COVID-19 solo una vez a la semana o menos. Este es el resultado final de la respuesta oficial a la aparición de la variante ómicron en noviembre de 2021, cuya rápida propagación fue aprovechada para socavar sistemáticamente las pruebas de COVID-19 y los reportes de datos, un proceso que solo el World Socialist Web Site ha expuesto continuamente.
De cara al futuro, las únicas herramientas fiables para dar seguimiento a las infecciones y muertes por COVID-19 serán las estimaciones aproximadas a partir del muestreo de aguas residuales y el exceso de mortalidad, respectivamente. Si bien son imprecisos, ambos indicadores dejan claro que el COVID-19 sigue teniendo un enorme impacto en todo el mundo.
Los datos de aguas residuales de los EE.UU. e internacionales muestran que la supresión de todas las medidas de mitigación en respuesta a las subvariantes de ómicron ha creado una nueva línea de base muy elevada de infecciones masivas cerca de las tasas máximas alcanzadas durante las olas de las variantes alfa y delta. Como resultado, millones se están infectando y reinfectando continuamente con COVID-19 en todo el mundo, con crecientes ramificaciones a largo plazo.
El estudio más exhaustivo del mundo sobre el impacto de las reinfecciones muestra que cada reinfección agrava el riesgo de hospitalización, de COVID persistente y de daños en casi todos los sistemas orgánicos, como se visualiza en el gráfico siguiente.
Estas repercusiones sanitarias, combinadas con el duro golpe que la pandemia ha supuesto para el sistema de salud, han incrementado drásticamente el exceso de mortalidad por encima de su nivel de referencia anterior a la pandemia. En todo el mundo, los hospitales están colapsados. En las salas de urgencias, es cada vez más frecuente que los pacientes permanezcan sin tratamiento durante horas, días o incluso semanas en los pasillos de urgencias, principalmente como consecuencia de la grave falta de personal por la pandemia.
Según The Economist, el exceso de mortalidad atribuible a la pandemia ya alcanzó 20,5 millones y supera actualmente las 10.000 muertes al día en todo el mundo, lo que convierte al COVID-19 en la tercera causa de muerte en el mundo. En los países de la Unión Europea, el exceso de mortalidad en diciembre fue un 19 por ciento mayor que antes de la pandemia, siendo Alemania el país que experimentó el mayor aumento, con un 37 por ciento.
Los esfuerzos universales para ocultar esta horrenda realidad demuestran que la clase capitalista en todos los países ha extraído las lecciones fundamentales de la pandemia de COVID-19.
Ante todo, la salud pública es un impedimento para la acumulación de ganancias. Desde el principio, el uso de los confinamientos, las pruebas masivas, el rastreo de contactos y la cuarentena de los trabajadores para evitar la transmisión viral se reconocieron inmediatamente como un obstáculo para el proceso de producción y la explotación de la clase trabajadora.
Mientras Trump encabezaba la campaña de regreso al trabajo, se inspiró en el columnista del New York Times, Thomas Friedman, quien acuñó el mantra contra los confinamientos: “el remedio no puede ser peor que la enfermedad”. A continuación, Biden y los demócratas presidieron la reapertura total de las empresas y las escuelas, en combinación con la eliminación de la mascarilla obligatoria y todas las demás medidas paliativas, y ahora con el fin completo de cualquier respuesta oficial a la pandemia.
En segundo lugar, para las élites gobernantes la pandemia ha reafirmado su interés en reducir la esperanza de vida con el fin de recortar al máximo las obligaciones en materia de pensiones y otros gastos sociales. Las peroratas eugenistas y reaccionarias de Ezekiel Emanuel, quien en 2014 denunció a los estadounidenses por querer “engañar a la muerte y prolongar la vida tanto como sea posible”, se han convertido en la ideología guía de la clase capitalista a nivel mundial.
Todo el exceso de mortalidad por encima de los niveles prepandémicos, ya sea directamente por COVID-19 o debido a efectos relacionados, es una ganancia neta para la clase dominante, ya que más del 90 por ciento de las muertes por COVID-19 están afectando a los mayores de 65 años, quienes ya no generan ganancias para la patronal. Detrás del impulso para encubrir los continuos impactos de la pandemia hay una estrategia eugenista de matar indefinidamente a los adultos mayores.
Derivada de las dos anteriores, la tercera lección fundamental extraída por la clase dominante es que no hay que hacer nada para prevenir ni prepararse para futuras pandemias. Con acceso a la mejor atención médica que el dinero puede comprar, así como a búnkeres privados para esperar a que pase el próximo desastre, como hicieron al comienzo de la pandemia de COVID-19, los multimillonarios darían la bienvenida al próximo patógeno mortal como medio para seguir “disminuyendo la población sobrante”.
Con el cambio climático y la urbanización descontrolada, la amenaza de futuras pandemias aumenta cada día. Solo el año pasado, el virus de la viruela del mono se propagó rápidamente a más de 100 países en los que nunca se había detectado el virus, infectando a más de 85.000 personas y matando a 266 hasta el momento. Al mismo tiempo, más de 140 millones de aves han muerto o han sido sacrificadas por la “gripe aviar” H5N1, que es un virus sumamente patógeno.
Esta semana, una niña de 11 años murió en Camboya a causa de la gripe aviar, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que la situación era “preocupante”, pidiendo una “mayor vigilancia” en todo el mundo. Si el H5N1 desarrollara mutaciones que le permitieran propagarse rápidamente de humano a humano, los resultados serían catastróficos. Este virus, que se transmite por el aire, tiene una tasa de mortalidad de al menos el 30 por ciento, muy superior a la del COVID-19. Los sistemas sanitarios, ya en ruinas, se desintegrarían de la noche a la mañana.
Mientras los capitalistas han sacado sus lecciones reaccionarias de la pandemia, la clase obrera internacional debe asimilar conscientemente sus propias lecciones. Ante todo, el desarrollo futuro y progresista de la humanidad es imposible bajo el capitalismo. Al mismo tiempo que proclaman falsamente el fin de la pandemia, las potencias imperialistas se precipitan hacia la Tercera Guerra Mundial, que implicaría inevitablemente el uso de armas nucleares.
Para evitar las catástrofes que se avecinan, los trabajadores deben unirse internacionalmente sobre la base de un programa socialista revolucionario. Mediante la reasignación de los recursos de la sociedad desde la guerra y el lucro privado hacia la planificación económica global y la salud pública, una futura sociedad socialista podría detener la amenaza de la guerra, acabar rápidamente con la pandemia de COVID-19, detener e invertir el cambio climático, prevenir el desarrollo de futuras pandemias y proporcionar un nivel de vida digno para todos. Estos principios deben animar las próximas luchas revolucionarias de la clase obrera internacional.
(Publicado originalmente en inglés el 24 de febrero de 2023)