Se celebró el viernes una huelga nacional de los 140.000 maestros del sector público en Bolivia después de que el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) bajo el presidente Luis Arce ordenara la brutal represión policial de una marcha pacífica de maestros en La Paz el miércoles.

Decenas de miles de docentes y simpatizantes inundaron el centro de La Paz en las mayores marchas vistas desde las protestas contra el golpe de Estado apoyado por EE.UU. que derrocó en 2019 al presidente del MAS, Evo Morales.

Desafiando la amenaza del Gobierno de retener salarios por faltar al trabajo, hubo una alta participación en la huelga y los docentes colocaron cuantiosos bloqueos en las fronteras nacionales y en las grandes ciudades, incluyendo Sucre, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Tarija y Potosí. Las asociaciones de padres y los estudiantes universitarios fueron importantes contingentes.

Los docentes han llevado a cabo huelgas parciales y marchas diarias centradas en La Paz por tres semanas protestando el empeoramiento de las condiciones para estudiantes y docentes bajo el Gobierno supuestamente “de izquierda” en turno.

Sus demandas incluyen un importante aumento en el presupuesto educativo, la contratación de más personal y el fin del nuevo programa curricular que obliga a los maestros a trabajar más horas sin pago.

Por años, la problemática más citada por los maestros ha sido la acumulación de horas no pagadas, que han calificado como un “déficit histórico”.

A pesar de que las clases se atiborran usualmente con 30 o más estudiantes, los maestros en las escuelas públicas de muchas partes del país dependen de los padres ya empobrecidos de clase trabajadora para recibir sueldos del todo, pero sin seguros, pensiones ni otros beneficios.

En muchos casos durante la pandemia, se impartieron clases a distancia sin remuneración, mientras que Arce se rehusó a implementar un programa para comprar computadoras y mejorar la conectividad para mantener las clases en línea. En cambio, al igual que su predecesora fascistizante Áñez, Arce ordenó a los docentes y estudiantes a regresar a las aulas inseguras.

Mientras la inflación es baja comparado a otros países, los docentes insisten en que sus salarios no bastan ni para la canasta básica. En general, el deterioro de las condiciones en muchos ámbitos ha llegado a un punto de ruptura intolerable para los maestros, los padres y los estudiantes.

El Gobierno de Arce se ha rehusado a atender sus demandas y el ministro de Educación, Édgar Pary insistió en que el sector ya representa el 10,8 por ciento del presupuesto nacional. Esto se compara a 21 por ciento en 2006, cuando el MAS llegó al poder.

En ese momento, un auge de los precios de las materias primas impulsado por la demanda china permitió a la burguesía en Bolivia, Venezuela, Ecuador y otros países extraer más ganancias de la clase trabajadora, pagarles a los buitres financieros y también aumentar de forma limitada el gasto social.

Pero la situación ha cambiado y el Gobierno dejó en claro que no está dispuesto a hacer concesiones cuando ordenó que la policía antidisturbios, la cual había estado hostigando a los manifestantes por días, atacara violentamente una marcha en La Paz el miércoles.

La policía dispersó forzosamente a la multitud con gas pimienta y lacrimógeno y perdigones, y persiguió a los manifestantes con sus porras. “Han roto cabezas. Han roto cuerpos. Hay mujeres heridas”, gritó un maestro visiblemente conmocionado a los reporteros en el lugar.

Otro añadió: “Han arrastrado por el piso a compañeras de la tercera edad… Este Gobierno que dice ser Gobierno del pueblo ya no lo es. Nunca lo ha sido”. Esto fue seguido por cantos llamando a la renuncia del ministro Pary.

La Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB), que ha buscado limitar el impacto de las manifestaciones y desviar el enojo detrás de llamados y negociaciones interminables con el Gobierno, se vio obligada a convocar a una huelga nacional de un día con movilizaciones el viernes, así como a radicalizar su retórica.

El líder de la confederación Ludwig Salazar dijo el jueves que 30 maestros habían sufrido heridas por la represión, dejándoles ninguna otra opción más que hacer huelga: “Estamos llegando a nuestro límite en el tema del diálogo. Los maestros a nivel nacional están enardecidos y todos quieren ir a un paro con movilizaciones el día viernes y nosotros no vamos a poder retener esa movilización”.

Confirmando el carácter derechista del Gobierno del MAS, el ministro Pary respondió a la huelga declarando que los docentes no tienen derecho a hacer huelga. “Tienen derecho a la protesta. No tienen derecho a afectar el derecho de los demás, de la ciudadanía, de los efectivos policiales. Sobre todo, no tienen derecho de afectar el derecho a la educación de las y los estudiantes”, afirmó el jueves por la noche.

Las políticas de las autoridades del MAS por años desmienten cualquier afirmación de las autoridades de que están preocupadas por los derechos de los niños.

En declaraciones propias de una dictadura, Pary ha insistido en que sus políticas principales se elaborarán únicamente junto al sindicato oficial respaldado por el MAS, la Central Obrera Boliviana (COB). La CTEUB no reconoce a la COB, la cual se ha visto profundamente desacreditada tras años de imponer medidas de austeridad y tras apoyar el golpe de 2019.

Pero la estrategia de los burócratas de la CTEUB, quienes solo quieren un asiento en la mesa, no es una alternativa. Todo el aparato sindical insiste en la posibilidad de presionar al Gobierno del MAS para que haga concesiones por medio de movilizaciones a nivel nacional, sin intentar movilizar a los mineros ni otros sectores importantes de la clase trabajadora en Bolivia o internacionalmente. Además, la CTEUB tiene un largo historial de ayudar al Gobierno a imponer sus recortes y el regreso inseguro a las clases presenciales.

La huelga masiva de docentes en Bolivia forma parte objetivamente de un estallido mundial de la lucha de clases contra el capitalismo y su sistema de Estados nación, que no ofrecen más que pandemias interminables, una Tercera Guerra Mundial, rescates bancarios y una reducción de los niveles de vida de los trabajadores en todas partes.

Esta semana, 65.000 trabajadores de las escuelas públicas de Los Ángeles hicieron huelga por tres días para protestar casi exactamente las mismas problemáticas que los docentes bolivianos: la falta de personal, los bajos salarios y el aumento de la carga laboral. El martes y el miércoles, los maestros de la región de Puno en Perú hicieron huelga como parte de las manifestaciones continuas exigiendo la renuncia del régimen de Dina Boluarte instalado en un golpe de Estado apoyado por EE.UU. en diciembre.

Los otros aliados de Arce de la “marea rosa” latinoamericana han respondido con una hostilidad similar a las demandas de los maestros. El Gobierno peronista de Alberto Fernández en Argentina ha seguido imponiendo recortes masivos a los salarios reales de los docentes mientras despliega a la Policía Nacional para reprimir sus manifestaciones.

En México, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha enviado repetidamente a soldados de la Guardia Nacional para atacar a los maestros y normalistas bloqueando el ferrocarril en Michoacán para protestar recortes y el impago de sueldos.

La respuesta autoritaria del Gobierno de Arce a las demandas básicas de los maestros pone en evidencia su determinación a hacer que los trabajadores paguen por la crisis económica cada vez más grave, mientras las élites gobernantes siguen acumulando ganancias.

El diluido populismo de Arce ha dependido en gran medida en míseras ayudas monetarias para los bolivianos más pobres y en su “Impuesto a las Grandes Fortunas”, pero todo ello no es más que una cortina de humo para una agenda a favor de los ricos.

El impuesto “voluntario” se limitó a un gravamen anual del 1,4-2,4 por ciento a menos de 200 personas con fortunas superiores a 4,3 millones de dólares. La recaudación ascendió a solo 26,5 millones de dólares en 2021, frente a los más de 1.000 millones de dólares recaudados anualmente mediante el impuesto regresivo sobre el valor añadido (IVA), que golpea desproporcionadamente a las personas con menores ingresos. Mientras tanto, los bolivianos ricos siguen desviando cientos de millones de dólares a paraísos fiscales, y se conceden impuestos “competitivos” a las empresas.

Además, Arce ha permitido que los que se beneficiaron del saqueo del erario bajo Áñez salgan impunes. Según el diario francés Liberátion, Áñez entregó 600 millones de dólares para reembolsar impuestos a grandes empresas privadas de Santa Cruz con el pretexto de la pandemia del COVID-19.

El MAS también está siendo sacudido por una serie de escándalos de corrupción basados en denuncias internas. El Instituto Nacional de Estadística informó que la petrolera estatal YPFB importó el año pasado un 30 por ciento más de diésel del que se consumió, lo que ha provocado que los medios de comunicación y antiguos funcionarios del MAS se pregunten si existe una trama de corrupción para vender el resto y embolsarse el dinero.

Aunque los responsables de YPFB han negado cualquier excedente, la empresa no ha aportado ninguna documentación que explique los datos. Aumentando las sospechas, Bolivia, que históricamente ha sido un exportador neto de combustibles, importó el año pasado 1.000 millones de dólares más de combustible de lo que exportó. Más allá de los precios más altos por la guerra en Ucrania, la producción de gas natural que es la principal exportación de Bolivia ha caído casi un tercio desde 2015 por falta de inversiones y exploración.

Todas estas políticas que han beneficiado abrumadoramente a los ricos han dejado las reservas internacionales del país en un mínimo histórico de 3.500 millones de dólares, frente a los 15.500 millones de 2014, mientras que la deuda pública ha aumentado a casi la mitad del PIB del país.

La respuesta del Gobierno de Arce ha sido endeudar más el país y atacar el nivel de vida de la clase trabajadora. Tan solo meses después de devolver un préstamo de 327 millones de dólares del FMI aprobado por el régimen de Áñez, la Administración de Arce acordó un nuevo préstamo de 326,4 millones de dólares del FMI y 300 millones de dólares más del Banco Mundial.

(Publicado originalmente en inglés el 24 de marzo de 2023)