En la primera ronda de las elecciones presidenciales guatemaltecas el 25 de junio, ningún candidato se acercó a obtener el apoyo de una décima parte del electorado, el 40 por ciento del cual se abstuvo.

Los contendientes con más votos fueron la ex primera dama Sandra Torres del partido del establishment Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) con 15,8 por ciento y el diplomático Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla con 11,8 por ciento. Se supone que ambos calificaron para una segunda ronda en agosto.

Cuatro candidatos derechistas siguieron de cerca a Arévalo, quien aparecía en sexto lugar o peor en las encuestas. Lo que es más importante, casi una cuarta parte o 1,3 millones de votos fueron nulos o en blanco, casi tantos como los recibidos por Torres y Arévalo combinados.

Pero el domingo, 1 de julio, la Corte de Constitucionalidad amenazó con invalidar la elección ordenando “una nueva audiencia de revisión de escrutinios”. Sus cinco jueces, todos aliados del presidente derechista Alejandro Giammattei y su partido Vamos, cuyo candidato quedó tercero, fallaron a favor de un amparo de varios partidos de derecha. Esto incluyó al propio Vamos y a Valor, el partido de la candidata fascistizante Zury Ríos Sosa, hija del exdictador y general Efraín Ríos Montt, quien fue condenado por genocidio y crímenes de lesa humanidad por dirigir el asesinato masivo de campesinos indígenas mayas. Estos partidos alegan que “más de mil actas electorales” fueron alteradas sin presentar evidencia para corroborarlo.

Todo el proceso electoral de hecho estuvo caracterizado por irregularidades, incluyendo el rechazo de varios de los principales candidatos de forma ilegítima, reportes de violencia, la compra de votos, la destrucción de papeletas, disturbios, represión policial con gases lacrimógenos en lugares de votación, funcionarios electorales hospitales y desaparecidos. Tanto partidos de derecha como nominalmente de “izquierda” presentaron desafíos y la mayoría de las irregularidades favorecían a los candidatos del establishment .

No obstante, el intento judicial de invalidar los resultados no tiene nada que ver con garantizar la “pureza del proceso electoral”, como afirma el fallo. En cambio, abre la puerta a un intento de golpe fascistizante para subvertir los resultados.

El domingo, cuando unos pocos cientos de manifestantes protestaban los resultados en las afueras, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que suspendería cualquier ratificación de los resultados, a pesar de que ya había declarado a Torres y Arévalo como ganadores por un margen infranqueable.

Cabe notar que los organizadores de la manifestación en el TSE incluían la Fundación contra el Terrorismo de tinte fascista, que defiende a los criminales de guerra y ha unido fuerzas con Giammattei para encarcelar y amenazar a periodistas, jueces y fiscales “anticorrupción”, así como un grupo encabezado por Boris Lemos, un exoficial militar que encabezó un ataque de veteranos al Congreso en octubre de 2021 para exigir una masiva compensación y llevó a cabo protestas contra las medidas para contener el COVID-19.

Ambos grupos se han opuesto desde la derecha a los “acuerdos de paz” de 1996, que acabaron formalmente la guerra civil de 36 años entre un puñado de débiles guerrillas nacionalistas pequeñoburguesas y una serie de regímenes dictatoriales respaldados por EE.UU. El ejército, entrenado y armado por EE.UU., llevó a cabo masacres de intelectuales, trabajadores y jóvenes de izquierda y una campaña genocida contra los indígenas mayas. Estos grupos fascistas que llaman al regreso de tales operaciones cuentan con poco apoyo fuera de círculos militares, pero están siendo movilizados por la élite gobernante para intimidar la oposición popular a sus intrigas.

Estas fueron las séptimas elecciones desde los “acuerdos de paz” de 1996, a través de los cuales el imperialismo estadounidense y sus socios locales esperaban colocar un delgado velo “democrático” sobre su despiadado y corrupto Estado vasallo mientras continuaban su ofensiva de privatizaciones, austeridad y otras políticas para favorecer a los inversores. Los restos de las guerrillas aplastadas aceptaron desempeñar su papel en esta trama convirtiéndose en partidos burgueses encargados de crear ilusiones en la reforma del Estado capitalista.

Hoy, en medio de un recrudecimiento de la crisis del capitalismo mundial, la pandemia de COVID-19 en curso, los efectos de la guerra en Ucrania, la creciente resistencia desde abajo contra los niveles de desigualdad sin precedentes y las presiones geopolíticas y económicas del imperialismo estadounidense desde arriba, el proceso que comenzó en 1996 ha llegado al fin del callejón.

En respuesta a las elecciones, que fueron una muestra inequívoca de la desafección generalizada y la ira social de la clase trabajadora empobrecida, la élite local bajo Giammattei se está desechando estos trapos “democráticos” para defender sus privilegios.

El domingo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, calificó el fallo judicial que cuestionaba las elecciones como una “grave amenaza para la democracia con implicaciones de gran alcance” y defendió las declaraciones de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea validando los resultados.

Giammattei, que tiene prohibido constitucionalmente buscar una reelección, y sus aliados fascistas han respondido diciendo a sus titiriteros en Washington que “no intervengan”. Esto sigue a una visita de Giammattei a Taiwán y a la puesta en marcha el mes pasado de una instalación piloto en Tegucigalpa donde se obligará a los inmigrantes a pedir asilo a Estados Unidos. Fueron gestos claros para congraciarse con el imperialismo estadounidense.

Pero la respuesta del Gobierno de Biden va más allá de un llamamiento hipócrita para mantener un barniz democrático que pueda facilitar la opresión imperialista de Guatemala. El Movimiento Semilla y Bernardo Arévalo, que se espera que ganen la segunda vuelta, están siendo promovidos con entusiasmo por el New York Times, Associated Press, Foreign Policy y otros medios corporativos estadounidenses. Esta cobertura positiva se limita a los políticos que harán la voluntad del imperialismo estadounidense.

Semilla se lanzó en 2014 como un grupo lobista compuesto por funcionarios de administraciones anteriores, burócratas de agencias de cooperación internacional y académicos. Sus dos principales fundadores fueron el difunto Edelberto Torres Rivas, que fue miembro líder del estalinista Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) antes de convertirse en consultor y funcionario de la ONU, y Juan Alberto Fuentes Knight, que fue ministro de Finanzas bajo el Gobierno del corrupto marido de Sandra Torres, Álvaro Colom, también difunto.

El propio Arévalo ascendió en el cuerpo diplomático hasta llegar a viceministro bajo los regímenes dictatoriales de las décadas de 1980 y 1990. Ha afirmado representar el legado de su padre, Juan José Arévalo, que como primer presidente elegido popularmente (1945-1951) inició una serie de reformas capitalistas burguesas, incluida una reforma agraria limitada y el desarrollo de la seguridad social, la educación pública y la normativa laboral. Su sucesor, Jacobo Árbenz, que continuó estas reformas y nombró a Arévalo embajador itinerante, fue derrocado en un golpe militar orquestado por la CIA en 1954.

Semilla se convirtió en partido político explícitamente para apoyar los esfuerzos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y su caso de corrupción contra el entonces presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, que desencadenó manifestaciones masivas en 2015 y la dimisión de Pérez Molina. La CICIG fue creada por la ONU en 2006 siguiendo las instrucciones de Washington, que financió sus actividades y utilizó casos escogidos para mantener a la élite gobernante local alineada con los intereses del imperialismo estadounidense. Esto ha incluido contrarrestar la creciente influencia china y atacar a los migrantes que intentan llegar a la frontera de Estados Unidos.

En 2019, la CICIG, que investigaba al entonces presidente Jimmy Morales, a Giammattei y a muchos otros políticos y empresarios, fue expulsada del país por la oligarquía con la aceptación de la Administración de Trump.

Arévalo basó su campaña en promesas de combatir la corrupción, al tiempo que ha propuesto aumentos limitados del gasto social y el refuerzo de la policía. Sin embargo, también ha tratado de tranquilizar a la élite local y ha dicho que no traerá de vuelta a la CICIG al país.

“Cuando nos hemos reunido con figuras empresariales que tienen algunas dudas, después de hablar con mucha franqueza nos dicen, 'bueno, nos sentimos muy cómodos con sus propuestas'“, dijo en una entrevista con AP la semana pasada.

Además, Semilla ha impulsado agresivamente las exigencias de Washington de que el Gobierno de Giammattei apoye las sanciones contra el Gobierno de Putin en relación con la guerra de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia en Ucrania, que amenaza con desencadenar una Tercera Guerra Mundial entre potencias nucleares.

El imperialismo estadounidense ha sido y sigue siendo el principal patrocinador del fascismo y de las formas dictatoriales de gobierno en Guatemala y en toda América Latina. Como resultado del declive relativo de su dominio económico, Washington depende hoy más que nunca de las élites militares que ha patrocinado por mucho tiempo para garantizar su hegemonía en la región. Al contarse entre sus representantes más leales, Semilla y Arévalo no plantean ninguna alternativa a la opresión imperialista y al giro hacia la dictadura.

Solo un movimiento independiente de la clase obrera, opuesto a todos los partidos e instituciones procapitalistas y nacionalistas, puede luchar contra la amenaza inmediata de un golpe fascistizante y asegurar los derechos democráticos y sociales de todas las masas oprimidas de Guatemala, como parte de la lucha por la revolución socialista mundial.

(Publicado originalmente en inglés el 5 de julio de 2023)