El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha despojado de la inmunidad parlamentaria a tres eurodiputados independentistas catalanes, entre ellos el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont.

Se espera que el Tribunal Supremo español emita una nueva orden de detención europea contra Puigdemont. El expresidente catalán ha descartado en el último minuto acudir al pleno del Parlamento Europeo en suelo francés temiendo que el Tribunal Supremo reactivará la euroorden y sea detenido.

En Francia, el gobierno de Macron lleva semanas desatando una represión masiva para reprimir las protestas que han estallado tras el asesinato del joven de 17 años Nahel en manos de la policía. Macron está fortaleciendo deliberadamente las fuerzas de extrema derecha y fascistas dentro del aparato del Estado y de la política francesa.

Puigdemont viajará desde Bélgica, donde vive desde el año 2017, cuando huyó de España tras la brutal represión policial efectuada por Madrid contra el referéndum independentista catalán que él organizó. La represión causó más de 1.000 heridos entre votantes y manifestantes pacíficos. Esto fue seguido de amenazas de imponer un estado de emergencia militar en Cataluña, la detención de altos dirigentes del gobierno autonómico de Puigdemont y un juicio farsa que condenó a nueve de ellos a una década de cárcel por sedición.

En 2019, Puigdemont, todavía en el exilio, fue elegido diputado al Parlamento Europeo.

En su fallo aprobado el miércoles, el tribunal con sede en Luxemburgo rechazó el recurso presentado por Puigdemont contra la decisión del Parlamento Europeo de suspender su inmunidad. El fallo afirma que la resolución del parlamento europeo de marzo de 2021 patrocinada por el partido neofascista español Vox, y apoyada por 404 diputados europeos de los bloques liberal, conservador y socialdemócrata, no se inició con la intención de dañar la actividad de los eurodiputados catalanes.

La resolución de la UE levantó la inmunidad de Puigdemont y de los exeurodiputados Antoni Comín (exconsejero autonómico de salud de Cataluña) y Clara Ponsatí (exconsejera autonómica de educación), allanando el camino para su extradición a España, donde se enfrentaban a más de una década entre rejas. La resolución fue respaldada por el partido gobernante español, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y el principal partido de la oposición en el Congreso de los diputados, el derechista Partido Popular (PP).

El fallo del TGUE afirma que los eventos que motivaron la solicitud de levantamiento de la inmunidad tuvieron lugar en 2017, cuando los tres aún no eran eurodiputados. Añadía que no le corresponde al Parlamento Europeo analizar la legalidad de los actos judiciales anticatalanes de Madrid, que considera 'competencia exclusiva de las autoridades nacionales',

Puigdemont ha anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si es extraditado, se enfrenta a los cargos fraudulentos de malversación de fondos y desobediencia, que conllevan una pena de hasta cuatro años en prisión.

El delito de 'rebelión' por el que fue acusado inicialmente fue abolido por el gobierno PSOE-Podemos a principios de este año. Esto se negoció con los nacionalistas catalanes en conversaciones en el Congreso tras bastidores a cambio de la reforma del código penal que incluía la criminalización de las huelgas y protestas.

Hasta la fecha, los intentos anteriores de Madrid de extraditar a Puigdemont durante sus estancias en Alemania, Bélgica e Italia han fracasado. En marzo de 2018, Puigdemont fue arrestado en Alemania y luego puesto en libertad después de que el tribunal alemán decidiera que solo podían aprobar su extradición por el mal uso de fondos públicos. El Tribunal Supremo español rechazó la extradición, pues quería perseguir a Puigdemont por los delitos de rebelión y sedición, que están penados con un máximo de 30 años de prisión.

En septiembre de 2021, Puigdemont fue arrestado en Italia y luego puesto en libertad debido a la sentencia del Tribunal Europeo que establecía que los eurodiputados catalanes tenían inmunidad provisional. Esa medida provisional debía esperar a la aclaración de los recursos que el miércoles pasado fueron resueltos en contra de Puigdemont.

Sin inmunidad, Puigdemont ha perdido el escudo legal que tenía en Europa.

En marzo de 2021, tras la aprobación de la resolución promovidas por los neofascistas en el parlamento europeo, el World Socialist Web Site avisó: “Esta decisión sin precedentes es una advertencia a la clase trabajadora europea. Los principales partidos gobernantes europeos se han unido para aprobar una resolución que tiene su origen en el principal partido neofascista español para perseguir a diputados catalanes, amañado entre bastidores por el PSOE, y con la complicidad activa del partido pseudoizquierdista Podemos. La UE ha dado así su aprobación a la campaña fascista anticatalana de Madrid, el principal medio por el cual la clase gobernante ha intervenido para desplazar el eje de la política española hacia la derecha”.

A medida que las potencias europeas se sumergen en una guerra de la OTAN cada vez más intensa contra Rusia en Ucrania, una crisis económica cada vez más profunda con un gran aumento de la inflación y la subida de los precios de los alimentos, y se enfrentan al rápido crecimiento de la lucha de clases, la clase dominante europea está avivando conscientemente las llamas de la campaña anticatalana.

Detrás de todo esto subyace un acuerdo con Madrid sobre la necesidad de construir en toda Europa un Estado policial para librar una guerra imperialista en el extranjero y una guerra de clases en casa. El ataque a los nacionalistas catalanes tiene lugar siguiendo a una ofensiva política de la clase obrera en toda Europa, incluyendo las grandes huelgas en Francia, Bélgica, Italia, Portugal y España, protestas contra la guerra en Dinamarca y una movilización masiva de millones de trabajadores en toda Gran Bretaña.

El fallo, además, tiene lugar en medio de la campaña electoral española para las elecciones anticipadas programadas para el 23 de julio y convocadas por el gobierno PSOE-Podemos tras su debacle electoral en las elecciones municipales y autonómicas de mayo. Aterrorizados por el surgimiento de una enorme oposición a la guerra, la austeridad y a la represión policial, han convocado estas elecciones para entregar el poder a la coalición derechista del Partido Popular (PP) y el partido neofascista Vox.

El fallo judicial alimentará la campaña electoral para que se desplace aún más hacia la derecha. La campaña anticatalana, que había quedado en un segundo plano pero permanecido latente durante el últimos año, está lista para volver a estallar.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dio la bienvenida al fallo y exigió al presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, que diera una respuesta 'en las próximas horas de que no va a indultar al señor Puigdemont”. El gobierno en funciones PSOE-Podemos respondió debidamente, con su portavoz, Isabel Rodríguez del PSOE, expresando su 'satisfacción' por el fallo judicial y exigiendo que Puigdemont 'responda por los acontecimientos' de 2017.

Demostrando que los trabajadores no pueden votar a Sumar, la nueva marca de Podemos, con la esperanza de obtener una política menos represiva, el portavoz del partido, Ernest Urtasun, pidió cínicamente 'diálogo y desjudicialización' de la cuestión catalana, mientras su partido hace una campaña para renovar el gobierno de coalición con el PSOE.

Sumar, compuesto por los mismos políticos pro-OTAN y procapitalistas de Podemos y dirigido por la vicepresidenta en funciones Yolanda Díaz, está profundamente implicado en la dirección de la burguesía española hacia formas de gobierno propias de un Estado policial. A lo largo de los años, Podemos ha apoyado la represión de las protestas que pedían la liberación de los presos catalanes y formó parte del gobierno que supervisó el juicio farsa contra los líderes políticos catalanes. En el Parlamento de la UE, mientras intentaban disimular votando en contra de la resolución defendida el pasado miércoles por el TGUE, son socios del PSOE que la respaldó.

La perspectiva de los diversos partidos nacionalistas catalanes de asegurar un mayor control de la riqueza económica de la región para la burguesía catalana también ha quedado puesta en evidencia.

En 2021, los nueve líderes políticos catalanes encarcelados con penas de prisión que van de nueve a trece años fueron liberados tras negociaciones secretas con el gobierno PSOE-Podemos cimentados con el desembolso de miles de millones de euros en fondos de rescate de la Unión Europea hacia Cataluña. A cambio, los nacionalistas catalanes han respaldado al gobierno minoritario PSOE-Podemos mientras intensificaba la guerra contra Rusia en Ucrania, elaboraba el mayor aumento del gasto militar en la historia española, a más de € 27 mil millones por año, recortaba las pensiones, imponía aumentos salariales por debajo de la inflación y aprobaba una reforma laboral que recortaba las protecciones legales de los trabajadores.

Es fundamental movilizar a la clase obrera en una lucha unificada en toda Europa, basada en una perspectiva socialista, en defensa de los derechos democráticos y detener el camino descendente a gobiernos sustentados en un Estado policial, como un componente esencial de la construcción de un nuevo movimiento de masas contra la guerra.

(Publicdo originalmente en inglés el 8 de julio de 2023)