Tras las elecciones generales del 23 de julio han comenzado las negociaciones entre los principales partidos de España para formar un gobierno a partir de un parlamento altamente fragmentado.

Sin embargo, ninguna de las posibilidades discutidas por los medios resolverá ninguno de los problemas fundamentales que enfrenta la clase trabajadora. La guerra, el cambio climático, el deterioro de los niveles de vida y el peligro de la extrema derecha no pueden solucionarse a nivel nacional y sin un asalto social frontal a la riqueza de la aristocracia financiera.

El sábado, el voto en el extranjero de 233.688 papeletas depositadas por españoles residentes fuera del país llevó a una redistribución menor pero significativa de escaños en el parlamento español. Como resultado, el socialdemócrata Partido Socialista Obrero Español (PSOE) perdió uno de sus escaños, que ahora irá al derechista Partido Popular (PP). El resultado complica la posibilidad de formar un gobierno.

Para formar un gobierno, se necesita una mayoría absoluta en una primera votación parlamentaria en un congreso dé 350 escaños. Si esto fracasa, se requiere una segunda votación con mayoría simple.

Según el recuento revisado de escaños, el bloque de la derecha del PP y el neofranquista Vox puede contar con 171 votos: 137 del PP, 33 de Vox y uno de la derechista Unión del Pueblo Navarro. Esto es cinco menos que la mayoría absoluta de 176 escaños.

Tradicionalmente, en estas circunstancias, los gobiernos minoritarios del PP dependían del también derechista Partido Nacionalista Vasco (PNV) o de los nacionalistas catalanes para apoyarlo. Estos partidos han sido pilares clave en el gobierno burgués en España, apoyando la entrada en la OTAN, la Unión Europea, la eurozona, la austeridad post-2008 sobre la clase obrera y la guerra en el extranjero.

Después de las elecciones del 23 de julio, el PNV tiene actualmente cinco escaños y el derechista e independentista catalán Junts controla siete escaños. La semana pasada, el PNV rechazó la petición de apoyo del PP debido a su alianza con Vox. Vox ha pedido la prohibición de los partidos separatistas, la abolición del sistema autonómico en el que los nacionalistas catalanes y vascos gozan de una posición privilegiada, y la supresión de los derechos lingüísticos catalanes, vascos y gallegos.

Durante el fin de semana, el PP abrió la puerta a negociar con los independentistas catalanes de Junts en el 'marco de la Constitución española'. Pero este es un escenario poco probable. El gobierno minoritario del PP de Mariano Rajoy lanzó una brutal represión contra los nacionalistas catalanes tras el referéndum de independencia de 2017 que dejó más de 1.000 heridos. Esto fue seguido por amenazas de imponer un estado de emergencia dirigido por militares en Cataluña, la destitución y detención de altos dirigentes del gobierno autonómico catalán, y un juicio espectáculo condenando a nueve de ellos a una década de cárcel por sedición.

Desde entonces, independientemente de quién detente el poder en Madrid, ya sea el PP o, como ahora, el gobierno de coalición del PSOE y Podemos, ahora integrado en Sumar, la clase dominante ha utilizado la cuestión nacional catalana para cambiar la política hacia la derecha, construir un estado policial y promover fuerzas de extrema derecha. Vox surgió de esta ola de chovinismo español promovida por la clase dominante.

Otro escenario es que el PSOE apoye un gobierno minoritario del PP, ya sea a través de algún tipo de negociación para una gran coalición sin precedentes o bien mediante la abstención.

En 2016, el PSOE se abstuvo para permitir que el PP formara gobierno tras dos elecciones no concluyentes. Esto se hizo a través de un golpe interno dentro del PSOE destituyendo al actual presidente y entonces líder del partido, Pedro Sánchez, que obligó al PSOE a abstenerse.

El costo político fue enorme. El PSOE fue desenmascarado como un partido a favor del libre mercado y la guerra dirigido por los bancos, las agencias de inteligencia y los militares. También desenmascaró al 'populista de izquierda' Podemos, que había promovido al PSOE como su probable socio en el gobierno.

Una vez instalado el PP en el gobierno, Sánchez volvió a liderar al PSOE. En 2018, en medio de la creciente oposición popular al PP y sus políticas represivas en Cataluña, Podemos organizó una maniobra parlamentaria, expulsando al PP y reemplazándolo con un gobierno minoritario del PSOE liderado por Sánchez. El gobierno del PSOE, respaldado por Podemos, continuó los ataques de austeridad del PP contra la clase trabajadora y la campaña represiva de la derecha contra el nacionalismo catalán.

El PSOE se ha negado hasta ahora a realizar una cesión tan abierta al PP y está tratando de formar un gobierno, consciente de que hacer lo contrario provocaría una respuesta airada en la clase trabajadora.

En las elecciones del 23 de julio, a pesar de cuatro años de políticas a favor de la guerra y la austeridad llevadas a cabo conjuntamente con Podemos desde 2019, el PSOE obtuvo 7,7 millones de votos (31 por ciento) y 121 escaños. Este fue un aumento significativo sobre los 6,7 millones de votos en las elecciones generales de 2019, o los 6,2 millones de votos en las recientes elecciones locales de mayo pasado.

La mayoría de sus votos provinieron de votantes anteriores de los nacionalistas catalanes y vascos y de Sumar, que incluye al pseudoizquierdista y fuertemente desacreditado Podemos, liderado por la vicepresidenta en funciones y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Sumar perdió 600.000 votos en comparación con los votos recibidos por Unidas Podemos en 2019, lo que confirma la espiral descendente del partido después de sus medidas en el poder a favor de la guerra y la austeridad.

Como señaló el WSWS en su perspectiva electoral, 'El aumento de votos del PSOE, a pesar de su historial político, solo puede entenderse como una respuesta de clase parcial y muy distorsionada contra la amenaza que supone un Gobierno del PP-Vox y el regreso de franquistas indisimulados al poder por primera vez desde la caída de la dictadura y la ‘transición a la democracia’ en 1978'.

El PSOE tratará de utilizar el deseo entre los trabajadores de impedir un gobierno franquista para intentar renovar un gobierno a favor de la austeridad y la guerra con Sumar, respaldado por fuerzas nacionalistas y separatistas. PSOE y Sumar ya han prometido 24.000 millones de euros en recortes durante el próximo año e intensificar la contribución de España a la guerra liderada por Estados Unidos y la OTAN contra Rusia en Ucrania.

Tal gobierno sería aún más derechista que el actual, adoptando en gran medida el programa del PP y Vox mientras intenta desmovilizar la lucha de clases con la amenaza de que su colapso anunciaría un gobierno de la extrema derecha. Contaría con el apoyo de sus sindicatos asociados, CCOO y UGT, que han trabajado para detener una ola de huelgas en medio de la creciente oposición al gobierno PSOE-Podemos y la guerra de Estados Unidos y la OTAN.

Antes de la pérdida del escaño del sábado, PSOE-Sumar, con 153 escaños, 23 menos que la mayoría, necesitaba el apoyo de ERC (7), PNV (5), EH Bildu (6) y el BNG (1) para obtener 172 votos contra los 171 del bloque de derecha. Con la pérdida de ese escaño adicional para el PP, el PSOE ahora necesita que los catalanes y pro separatistas Junts voten a favor, en lugar de un acuerdo para abstenerse.

Junts, la fuerza clave de las elecciones exige públicamente un referéndum sobre la secesión y la amnistía de 3.000 activistas y votantes perseguidos por la campaña anti catalana. Su líder, el expresidente autonómico catalán y ahora miembro del Parlamento Europeo Carles Puigdemont, se enfrenta a una posible detención. A principios de julio, el Tribunal General de Justicia de la Unión Europea despojó a Puigdemont de la inmunidad parlamentaria. Vive en el exilio en Bélgica desde el año 2017.

Las negociaciones son problemáticas, sobre todo teniendo en cuenta que el PSOE no va a recibir el visto bueno de la burguesía para ceder terreno al separatismo. Sin embargo, están procediendo. El sábado, Puigdemont tuiteó que Junts estaría abierto a votar por un gobierno PSOE-Sumar si se llega a un acuerdo sobre el 'conflicto catalán'. Este es un término ambiguo que deja abierta la posibilidad de archivar la demanda del referéndum.

Los separatistas son conscientes de que el apoyo a la independencia ha disminuido a mínimos históricos. Con menos de un millón de votos en las elecciones, fue su peor resultado en más de una década desde que comenzaron a agitar por la independencia en el año 2012.

En una clara indicación de que la burguesía española prefiere actualmente que un gobierno minoritario PSOE-Sumar continúe la guerra en el país y en el extranjero, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, cercano al PP, acordó no presentar una orden de detención europea contra Puigdemont, rechazando la solicitud de Vox y la Fiscalía.

Si las negociaciones entre PSOE, Sumar y los separatistas fracasan, no se puede descartar una repetición de la votación en diciembre o enero.

Cualquiera que sea el gobierno que se forme, no hay un camino dorado para salir de la crisis. Un gobierno PSOE-Sumar no es la respuesta a la extrema derecha. En la medida en que los trabajadores continúen aceptando al PSOE y a Sumar como un mal menor, esto solo los desarmará políticamente.

La tarea urgente para la clase obrera y la juventud es asegurar su independencia política y organizativa del PSOE, Sumar y las burocracias sindicales y prepararse para la lucha de masa contra la austeridad y la guerra en una ofensiva revolucionaria socialista e internacionalista contra el capitalismo. Esto significa fundar un Partido Socialista por la Igualdad en España como una sección del Comité Internacional de la Cuarta Internacional.

(Publicado originalmente en inglés el 30 de julio de 2023)