Al menos 10.000 personas marcharon desde el centro de San José, Costa Rica, hasta Casa Presidencial el miércoles para protestar la intensificación de los ataques a los niveles de vida y de la austeridad social bajo el presidente Rodrigo Chaves, quien está siguiendo abiertamente los dictados de su antiguo empleador, el Banco Mundial, y el Fondo Monetario Internacional.

Amplios sectores de la población ya involucrados en una creciente ola de protestas sociales contra Chaves se unieron en torno a diversas demandas en la manifestación más grande desde al menos 2019, siendo la defensa de la salud y la educación públicas los temas más centrales.

Desde que miles de personas marcharon en agosto de 2022 contra los recortes a las universidades, el país ha visto un repunte continuo de protestas, incluyendo en marzo de 2023 por parte de asociaciones de agricultores, en julio y agosto de 2023 por parte de estudiantes de secundaria contra los recortes presupuestarios, varias huelgas parciales y manifestaciones de trabajadores de la salud, entre otros.

Este aumento de protestas tiene lugar en el contexto de un resurgimiento de la lucha de clases a nivel internacional. En el resto de Centroamérica, los panameños que se oponen a una concesión minera destructiva y los guatemaltecos que se resisten a un intento de los fiscales de impedir que el presidente electo Bernardo Arévalo asuma el cargo han llevado a cabo protestas masivas y bloqueos de carreteras durante semanas.

La manifestación del domingo fue convocada por una “Mesa de Diálogo Social” y el “Frente Nacional de Lucha por la Defensa de las Conquistas Sociales”, que suman más de 60 organizaciones, incluidos sindicatos, universidades públicas, grupos de estudiantes de secundaria y universitarios, asociaciones profesionales y movimientos vecinales, campesinos y de agricultores.

Las direcciones de estas organizaciones buscan explícitamente canalizar el fermento social en la clase trabajadora detrás de un “diálogo” con el Gobierno de Chaves.

Durante décadas, la élite política, incluidos todos los partidos políticos, los sindicatos y los burócratas universitarios y estatales, han traicionado innumerables esfuerzos de los trabajadores para resistir los ataques contra sus derechos sociales y democráticos. Los trabajadores no tienen nada que ganar de un diálogo entre bastidores involucrando a estas fuerzas.

Los trabajadores y jóvenes que marcharon en San José, por otro lado, expresaron una clara radicalización y determinación militante para poner fin a estos ataques a sus derechos sociales y democráticos.

Yorleny, enfermera de la Clínica Jiménez Núñez en San José, explicó: “Debemos levantar la voz. Debemos exigir que cada día que nos paguen lo justo. Los sacrificios que uno hace con la familia, uno se priva muchas cosas y por lo menos que sea reconocido económicamente. Nos estamos manifestando por las listas de espera [para servicios médicos], el montón de mentiras que están diciendo que la Caja está quebrada mientras el Gobierno no paga la deuda que le tienen a la Caja. Nosotros tenemos muchos años de tener el salario congelado. No ganamos los millones que dicen que ganamos los empleados públicos. Somos enfermeras y nos pagan como auxiliares. Nos sobrecargan de trabajo y no nos pagan esos servicios de enfermería. Y si pasa alguna cosa, nos juzgan como enfermeras”.

El Gobierno de Chávez se niega rotundamente a pagar una deuda acumulada con el sistema de salud y pensiones, la Caja Costarricense del Seguro Social, de 3 billones de colones (5,8 mil millones de dólares). Mientras tanto, el pago de la deuda pública para los banqueros y tenedores de bonos ascenderá el próximo año a 5,85 billones de colones (11 mil millones de dólares), lo que podría cubrir con creces la deuda con la Caja. Pero el presupuesto de salud de 2024 ni siquiera cubrirá dos tercios de sus necesidades operativas anuales, según cifras oficiales.

Su compañera Yamileth, añadió: “Para cada 10 personas hay un auxiliar o un enfermero. Es demasiado agotador, trabajamos tanto y no nos reconocen absolutamente nada. Además, que con la pandemia, reclutaron a un montón de personas, apenas acabó, mandaron a un montón de personas a la casa. En este momento están desempleados. A nivel internacional, son los mismos problemas. El personal fue de primera línea, después lo quitaron y ahora todos estamos con problemas de financiamiento de cómo poder proveer a nuestra familia”.

Elena, trabajadora y estudiante del Tecnológico (TEC), una universidad pública, dijo: “Hay muchos países en Sudamérica que desde hace años vienen tirándose a las calles para defender sus derechos y a nosotros nos ha agarrado tarde. Pero todos deberíamos y tenemos el derecho de exigir mejoras en estudios, alimentación, la inseguridad está fatal”.

“La lucha es ahora”, dijo Sergio, otro trabajador del TEC. “El tiempo se está acortando. De poder hacer la unidad de los países, sería mucho mejor. Los recortes obviamente se dan por preferencia del Gobierno de repartirlas a otras entidades financieras para empobrecer más al país. Como la educación. Si llegara a ser privada, di solo los ricos podrían estudiar”.

Una compañera de trabajo explicó: “Es un negocio redondo. Si no hay educación pública, no hay acceso, arrincona a la gente para endeudarse en la educación privada. Si no podes, por las listas de espera, tener acceso a la salud pública, tienes que ir a pagar salud privada”.

Marta, profesora del TEC, señaló: “Yo soy producto de escuela pública, colegio público, universidad pública. La educación siempre fue en Costa Rica nuestro trapito de dominguear, de lo que podemos sentirnos orgullosos, y ahora no. Se está limitando la educación pública en todos sus aspectos. Lo que quieren algunas personas en el Gobierno es tener gente sin educación”.

Como resultado de una gran ofensiva contra los empleos, salarios y prestaciones en el sector público, el gasto en compensación ha caído de más del 7 por ciento del PIB en 2013 al 3,66 por ciento el año pasado. Mientras tanto, el gasto que ha crecido más rápido ha sido el servicio de la deuda. El Gobierno planea gastar casi la mitad del presupuesto de 2024 en el pago de la deuda e intereses a la aristocracia financiera local y global. Esto se compara con el 22,3 por ciento para las remuneraciones de los empleados, el 20,6 por ciento para la educación, el 13,1 por ciento para los programas sociales, el 7,9 por ciento para la seguridad, el 3,1 por ciento para la infraestructura, el 2,8 por ciento para la salud y el 0,4 por ciento para el medio ambiente.

Chaves se ha enorgullecido de oponerse al mandato constitucional del 8 por ciento del PIB para la educación pública y planea gastar el 5,2 por ciento el próximo año.

Gustavo, un estudiante de la Universidad de Costa Rica que sostenía una bandera palestina, vinculó la lucha por los derechos sociales en Costa Rica con la lucha en defensa de los palestinos y contra la guerra.

“Vine a marchar contra el Gobierno, en defensa de la Caja, pero además estamos en un contexto de un genocidio que está sucediendo en Palestina por parte del Estado ilegítimo y terrorista de Israel”, dijo y explicó:

Hoy en día a pesar de toda la propaganda a favor del genocidio de Israel, de medios imperialistas, a pesar de ese aplastante, apabullante financiamiento para ese genocidio, la gente ya no se está comiendo el cuento de que hay niños terroristas y que organizan terrorismo. No es cierto. El genocidio que ha estado llevando a cabo Israel desde hace décadas es terriblemente desproporcionado en términos de vidas humanas asesinadas y herramientas técnicas, científicas, militares y demás que tiene Israel en contra de los palestinos que usan armas sumamente rudimentarias para defenderse. Los números hablan por sí solos.

Aquí lo conecto con estas luchas, que es justamente el pueblo quitándose el peso del imperialismo encima.

Lo que les importa es que el pueblo pague con reivindicaciones históricas como lo son la Caja, para ellos tener sus ganancias. Hay que estar muy consciente de eso, que el niño que está muriendo en Gaza, la gente valiente que se está levantando en Níger y demás países africanos, la gente que está peleando hermanos y hermanos entre ucranianos y rusos—¡porque al final son hermanos!— tienen mucho más en común con nosotros aquí en Costa Rica tratando de quitarnos los recortes del FMI, que políticos que son muy ticos pero a la nada te venden. Costa Rica no es una isla aislada del mundo. Es una pieza de un engranaje mucho más grande.

Johanna, activista del Comité de Lucha por Vivienda La Morocha en el cantón de clase trabajadora de Alajuelita, explicó que Chaves está recortando fondos para el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), los CEN-CINAI [cuidado infantil] y otros programas sociales.

Banhvi, que desarrolla viviendas sociales y proporciona asistencia para la vivienda, advirtió a principios de este año que los recortes planeados por el Gobierno de Chaves dejarían a 6.000 familias sin hogar y afectarían los empleos de 28.000 trabajadores de la construcción.

Johanna dijo:

Si nos cortan el agua, nos cortan la luz, cómo podemos planchar el uniforme a nuestros hijos. Otra cosa es que no se siga recortando más la lucha por vivienda. A ese bloque de vivienda, somos cientos de familias que necesitamos esa vivienda. No solo para mí, sino para los niños.

Hay madres solteras que no pueden trabajar. Yo soy una. Tengo cuatro hijos, cómo voy a trabajar.

Que se salgan los que está queriendo cortarles a los pobres, que con tanto esfuerzo los que trabajan para pagar un seguro digno, para nuestros hijos, y que quieran quitárnoslo, no es justo.

Una compañera del comité añadió: “Estamos quebrados. Estamos mal. Hemos tenido demasiadas dificultades”.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 26 de octubre de 2023)