El 19 de diciembre, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Michigan envió una carta pública a la Universidad de Michigan en la que denunciaba la supresión de una votación estudiantil sobre una resolución que condenaba la guerra de Gaza como 'genocidio' y pedía a la administración que desinvirtiera en Israel.

La carta de la ACLU, dirigida al presidente de la U-M, Santa Ono, y al consejero general, Timothy Lynch, llevaba el encabezamiento 'Re: Suppression of Student Speech and FOIA Request for Public Records' ('Asunto: Supresión de la expresión de los estudiantes y solicitud de registros públicos conforme a la FOIA').

La referencia a una solicitud de la FOIA se refiere a la presentación oficial por parte de la ACLU de una solicitud en virtud de la Ley de Libertad de Información para los registros públicos de la universidad relacionados con los debates internos sobre su decisión de no permitir el referéndum del gobierno estudiantil sobre la guerra de Gaza y otros intentos de sofocar la oposición entre los estudiantes universitarios, el personal y el profesorado al asesinato masivo en curso de palestinos indefensos.

La carta, entre cuyos firmantes se encuentran el director jurídico, Dan Korobkin, y la directora ejecutiva, Loren Khogali, comienza expresando 'nuestra preocupación por lo que parece ser un patrón de acciones por parte de la Universidad de Michigan que demuestra una creciente voluntad de censurar, suprimir y castigar duramente la defensa estudiantil relacionada con la actual crisis en Palestina e Israel'.

La carta continúa caracterizando las acciones de la universidad como ' macartista', declarando:

Y nuestra preocupación se ve agravada por el hecho de que las acciones de la Universidad se producen en el contexto de lo que muchos han descrito como una creciente ola macartista a nivel nacional de represalias contra el discurso relacionado con Palestina e Israel'.

La carta de la ACLU estaba claramente motivada, en particular, por el anuncio de la universidad el 30 de noviembre, en medio de un referéndum estudiantil en línea de tres días de duración que comenzó el 28 de noviembre, de que no permitiría que se completara la votación y no revelaría los resultados de la misma.

Se trataba de una intervención extraordinaria y transparentemente autoritaria en un referéndum sobre dos resoluciones contrapuestas, una que instaba a la universidad a reconocer que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Gaza es un caso de genocidio y otra que apoyaba a Israel. A finales de octubre, el Gobierno Estudiantil Central (CSG por sus siglas en inglés) de la universidad había incluido las resoluciones en la papeleta para su votación simultánea a las elecciones estudiantiles celebradas a finales de noviembre.

La participación estudiantil en el referéndum no tuvo precedentes, con más de 10.000 papeletas emitidas antes de que la universidad desautorizara la votación. La organización Jóvenes y Estudiantes Internacionales por la Igualdad Social (JEIIS o IYSSE/International Youth and Students for Social Equality en inglés) de la UM hizo campaña en el campus a favor del 'sí' a la resolución de condena del genocidio de los palestinos, que contaba con el respaldo de una coalición de 60 organizaciones estudiantiles y se encaminaba claramente hacia la victoria.

Como pretexto para suprimir el referéndum, la universidad aprovechó una provocación organizada por los sionistas que se oponían a la resolución contra la guerra, que publicaron una declaración en línea en la que acusaban falsamente a dos estudiantes propalestinos de 'robar' los correos electrónicos de los estudiantes cuando utilizaron la lista general de correo electrónico para publicar un mensaje en el que instaban a los estudiantes a votar a favor de la resolución contra el genocidio. Los sionistas publicaron fotos de los estudiantes, los difamaron como antisemitas y exigieron que fueran expulsados. De hecho, como pronto aclaró el personal de la universidad, los estudiantes a los que los sionistas difamaron habían recibido autorización oficial para publicar el correo electrónico contra la guerra.

Sin embargo, en lugar de defender a los estudiantes y tomar medidas contra sus acusadores, el consejero general de la UM, Lynch, anunció en la tarde del 30 de noviembre, mientras la votación estaba en curso, que la supuesta violación de los protocolos de correo electrónico por parte de los estudiantes antiguerra había 'contaminado' fatalmente la votación sobre las resoluciones, 'obligando' a la universidad a desautorizar el referéndum y ocultar los resultados de la votación.

El CSG se opuso enérgicamente a la supresión de la votación y, al día siguiente, 500 estudiantes se manifestaron bajo una lluvia torrencial para denunciar la atroz violación de la libertad de expresión y de expresión política por parte de la universidad y exigir que se contaran todos los votos y se hicieran públicos los resultados.

Cuatro días después, el presidente Ono publicó una carta abierta en la que admitía que el correo electrónico enviado por los estudiantes propalestinos había sido sancionado por el personal de la universidad y no infringía las normas, con lo que se desvanecía la justificación utilizada para suprimir la votación sobre las resoluciones. Sin embargo, en su carta defendía la supresión del referéndum y declaraba que la universidad no revelaría los resultados de la votación ni permitiría una votación futura sobre resoluciones similares. Justificó esta acción dictatorial alegando que las resoluciones sobre Gaza eran 'divisivas' y 'controvertidas'.

De hecho, la universidad canceló la votación porque sabía que la resolución contra el genocidio iba camino de la victoria, y los multimillonarios corporativos, los oficiales de inteligencia y militares y las figuras del Partido Demócrata, desde el presidente Biden hasta la gobernadora de Michigan Whitmer, que controlan la universidad, determinaron que tal resultado sería un duro golpe para los intereses imperialistas de EE.UU. en Oriente Medio y más allá, uno que, además, alentaría protestas contra la guerra aún mayores en la U-M, en todo EE.UU. y en todo el mundo.

La carta de la ACLU también cita otros ejemplos de los esfuerzos de mano dura de la universidad para reprimir la oposición de los estudiantes al genocidio estadounidense/israelí en Gaza, incluyendo:

• Las prohibiciones impuestas por las facultades de Medicina y Derecho de la universidad a los correos electrónicos de toda la comunidad,
• La retirada por parte del personal de la universidad de carteles contra la guerra y a favor de Palestina de las ventanas de los despachos de estudiantes de posgrado y miembros del profesorado,
• La movilización de más de 50 coches de policía de más de 10 departamentos de policía locales para acosar a los estudiantes que protestaban frente al despacho del Presidente Ono y desalojar a un grupo de estudiantes que organizaron una sentada pacífica. La carta señala que 'más de cuarenta estudiantes manifestantes recibieron avisos de que se les prohibía entrar en el edificio administrativo Ruthven durante un año', prohibiéndoles así asistir a las reuniones públicas del Consejo de Regentes de la UM.

En resumen, la ACLU escribe:

En conjunto, nos tememos que las acciones de la Universidad en las últimas semanas están enviando un mensaje alarmante sobre el estado de la libertad de expresión en el campus: si los estudiantes siguen participando en el discurso con el que la Universidad no está de acuerdo o considera contraproducente, la Universidad parece dispuesta a censurar o suprimir ese discurso y responder a las protestas con respuestas desproporcionadas e innecesariamente polémicas.

La ACLU asocia estas acciones de la U-M con 'una ola macartista de represalias contra el discurso pro palestino'. Continúa:

Ha habido personas que han perdido su trabajo, han sido objeto de 'doxxing' o incluidas en listas negras, e incluso han sufrido daños físicos por apoyar los derechos de los palestinos o criticar a Israel. Grupos de defensa han hecho llamamientos infundados para que las universidades investiguen a grupos de estudiantes propalestinos por apoyar el terrorismo. Funcionarios electos han pedido incluso al Departamento de Justicia que investigue a los estudiantes que apoyan a Palestina y han presentado un proyecto de ley para expulsar a los palestinos de Estados Unidos.

La ACLU concluye su carta con nueve recomendaciones. Entre ellas, que se vuelvan a votar las dos resoluciones autorizadas por el CSG en octubre, que se anulen las limitaciones impuestas a las 'listas de correo electrónico de estudiantes de toda la comunidad' y que se levante toda prohibición de que los profesores, el personal o los estudiantes coloquen carteles en las ventanas de las oficinas. También pide exenciones para los manifestantes estudiantiles a los que se prohíba entrar y asistir a reuniones en el edificio Ruthven.

La única respuesta pública de la U-M a la carta de la ACLU hasta el momento ha sido un correo electrónico enviado por el portavoz de la universidad Rick Fitzgerald, quien afirma que 'la Universidad de Michigan tiene la más alta consideración por la libertad de expresión, y nuestra política de larga data afirma esa posición'. Esta declaración, obviamente insincera y proforma, sólo subraya el desprecio de la administración por la libertad de expresión y los derechos democráticos.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 27 de diciembre de 2023)