Alrededor de 20,000 personas marcharon el miércoles en Buenos Aires en la mayor manifestación hasta la fecha contra Javier Milei, quien ha anunciado cientos de medidas atacando los derechos sociales y democráticos en sus primeras tres semanas en el poder.

Ha habido concentraciones casi a diario, incluyendo numerosas marchas y cacerolazos espontáneos en todo el país, incluyendo en ciudades como La Plata, Rosario, Córdoba y secciones de Buenos Aires donde millones votaron por Milei.

El rápido estallido de manifestaciones masivas confirma el análisis del World Socialist Web Site sobre la elección de Milei: “no representa la aprobación de los trabajadores argentinos a su programa de explotación capitalista extrema y sin restricciones”, sino que fue principalmente un repudio a todo el establishment político dominado por el peronismo y al orden capitalista que representa.

La histórica crisis política y económica en Argentina, que constituye una expresión particularmente aguda de la profundización de la crisis del capitalismo global, se está poniendo al rojo vivo en la medida en que Milei persigue una política de tierra quemada en su agenda de guerra de clases y dictadura.

El miércoles, en Buenos Aires, la Gendarmería y la policía de la ciudad reprimieron a los manifestantes pacíficos y a los periodistas, deteniendo al menos a seis personas y dejando varios heridos por golpes y gases lacrimógenos, mientras se impedía la entrada en la ciudad a varios autobuses con participantes.

Milei ha impuesto un protocolo que prohíbe los bloqueos de calle y los piquetes de huelga, llevó a cabo un shock devaluatorio, redujo a la mitad los ministerios, impuso un decreto ejecutivo con 366 medidas que eliminan regulaciones y derechos laborales, anunció el despido de 7.000 empleados públicos antes de Navidad, entre otras medidas reaccionarias.

El decreto ejecutivo, que permanecerá en vigor a menos que ambas cámaras del Congreso voten en contra, prohíbe esencialmente las huelgas al ampliar la definición de “sectores esenciales o trascendentales” a casi todas las actividades públicas, industriales y comerciales. La participación en acciones laborales, además, se convertirá en “una causa justificada de despido”.

El miércoles, de forma provocadora, el Gobierno presentó al Congreso un proyecto de ley ómnibus con 664 artículos, que incluyen un “estado de emergencia pública” que suspendería los controles constitucionales y otorgaría a su Gobierno poderes dictatoriales sobre asuntos económicos y políticos, incluidas las elecciones, hasta el 31 de diciembre de 2025.

Entre otros cambios importantes, la llamada “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” autorizaría eliminar las primarias, reestructurar el Congreso para favorecer a terceros partidos como la coalición de Milei, La Libertad Avanza, aprobar nuevos préstamos extranjeros, privatizar medio centenar de empresas públicas, recortar drásticamente las pensiones y atacar aún más las libertades democráticas básicas.

Cualquier “congregación intencional y temporal de tres personas o más” requerirá aprobación oficial o se enfrentará a penas de cárcel de hasta seis años si bloquea el tránsito o la prestación de servicios públicos, según una propuesta de modificación del Código Penal. Los organizadores de manifestaciones que bloqueen el tránsito o dañen la propiedad privada se enfrentarán a penas de entre dos y cinco años.

Además, Milei ha pedido que se elaboren “reformas” para derogar las leyes instituidas poco después del final de la dictadura militar de 1976-1983 que prohíben el uso de las fuerzas armadas en operaciones de “seguridad interior”. El ministro de Defensa, Luis Petri, declaró a principios de este mes: “Es un absurdo que ante un ataque de un grupo terrorista como ocurrió en Israel con Hamás los militares no puedan actuar”.

La referencia al ataque del 7 de octubre en Israel, que fue parte de un levantamiento popular más amplio contra décadas de ocupación, constituye una amenaza de emplear el tipo de violencia genocida vista en Gaza contra la clase trabajadora argentina.

Lo que se está preparando es una dictadura fascista que permita a Wall Street y a la oligarquía financiera y corporativa local saquear libremente las empresas públicas, las pensiones y la salud, los yacimientos de litio y gas natural, las pesquerías y otros recursos naturales.

Una recesión, los despidos, la pobreza masiva y la inflación, que se espera que supere el 200 por ciento este año y el 400 por ciento en 2024, se están utilizando simultáneamente como garrote para someter a la clase trabajadora a estas políticas.

Sin embargo, ninguna élite gobernante capitalista ha sido capaz nunca de aplastar la resistencia de la clase obrera solo mediante la coerción económica y una represión estatal abierta. Siempre ha dependido de los falsos amigos y falsos líderes de los trabajadores para que traicionen sus luchas, sobre todo, aislándolos a través de las líneas nacionales y bloqueando el desarrollo de la conciencia socialista.

Este es el papel que vuelven a desempeñar las burocracias sindicales peronistas –la CGT, las dos CTA, la UTEP y otras— y sus apologistas pseudoizquierdistas en el llamado Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT-U).

La burocracia y la pseudoizquierda organizaron las manifestaciones del miércoles para solicitar que los tribunales declaren inconstitucionales los decretos de Milei. A pesar de la represión policial, el Gobierno de Milei aplaudió a los sindicatos por pedir permiso para manifestarse en Buenos Aires y no bloquear carreteras.

Ese mismo día, la dirección de la Confederación General del Trabajo (CGT) decidió convocar movilizaciones y un paro nacional de 12 horas el 24 de enero para “presionar” al Congreso “para que actúe en beneficio de los trabajadores y la sociedad.” Este anuncio ha sido respaldado por el resto de la burocracia y los partidos del FIT-U.

Con la burocracia sindical y el resto del establishment político peronista completamente desacreditados, la pseudoizquierda se ha vuelto indispensable en esta coyuntura crítica de la crisis del dominio burgués. El Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) morenista, el Partido Obrero (PO) y otros grupos del FIT-U convocaron a las primeras manifestaciones en las primeras semanas del mandato de Milei, avanzando las consignas de llamar a la CGT y las CTA a convocar un paro general y presentar un “plan de lucha” contra Milei.

Estas fuerzas, que dirigen varios sindicatos y han recibido anteriormente más de un millón de votos en las elecciones, se han opuesto a organizar cualquier lucha para que los trabajadores rompan con el peronismo, que es el principal partido político de la burguesía. Combinan llamados deshonestos a una “unidad” indefinida y “amplia”, al tiempo que profesan “marchar independientemente” de los peronistas. Sin embargo, su orientación durante décadas ha sido desarmar políticamente a los trabajadores fomentando ilusiones en la burocracia sindical y los partidos peronistas, cuyo papel durante casi un siglo ha sido defender el capitalismo.

Resumiendo el modus operandi de toda esta capa, el líder del PO, Gabriel Solano, insistió a principios de esta semana en que “la única forma de frenarlo [a Milei] es con un paro general que tiene que convocar la CGT”. Ahora, Solano dice que el paro de Hollywood del 24 de enero será un buen “punto de partida”.

Tanto los burócratas peronistas como los pequeños burócratas que pertenecen al FIT-U representan una capa privilegiada de la clase media, a la que solo le preocupa canalizar el conflicto con Milei detrás de negociaciones secretas que se limitan a sus propias cuentas bancarias e intereses mezquinos.

En particular, están negociando el decreto de Milei que permite a los planes médicos privados prepago competir directamente con las obras sociales, que son seguros médicos controlados por los sindicatos, así como otro decreto que elimina las “cuotas solidarias” automáticas para los no afiliados, que fueron instituidas en la década de 1990 por el Gobierno para compensar a los sindicatos por la pérdida de afiliados.

Durante la manifestación del miércoles, Armando Cavalieri, jefe de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) –parte de la CGT y con 1,2 millones de afiliados cotizantes— se reunió con los ministros de Milei para rogarles que no eliminaran las “cuotas solidarias”, ya que eso “pone en bancarrota a todo el gremio”. Si eso es cierto, entonces demuestra cómo los intereses materiales del aparato sindical se han alineado totalmente con los del Estado capitalista y la patronal.

A cambio, Cavalieri se comprometió a apoyar los recortes a las indemnizaciones por despido, que Milei ha clasificado como la parte más importante de sus decretos laborales.

Los peronistas y la pseudoizquierda han demostrado repetidamente su indiferencia hacia el sustento y la vida de los trabajadores. Estas mismas direcciones sindicales bloquearon todos los paros nacionales contra el último Gobierno, mientras imponían recortes masivos de los salarios reales, importantes recortes sociales para pagar al FMI, y el sacrificio de decenas de miles de vidas de trabajadores para priorizar las ganancias durante la actual pandemia de COVID-19.

Aunque las huelgas masivas y el valiente desafío a los edictos represivos son cruciales para combatir a Milei y la amenaza del fascismo, el reto actual para los trabajadores no es establecer una falsa unidad bajo una perspectiva nacionalista y procapitalista que los mantenga subordinados a las burocracias sindicales y al peronismo.

Por el contrario, la cuestión fundamental para los trabajadores en Argentina es establecer la unidad de sus luchas contra Milei y contra el aparato peronista con las luchas emergentes de los trabajadores internacionalmente contra el imperialismo, la guerra y el fascismo. Esto requiere una nueva dirección revolucionaria basada firmemente en los fundamentos de la historia, la teoría y el programa del Comité Internacional de la Cuarta Internacional.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 29 de diciembre de 2023)