El viernes, un tribunal federal en Manhattan declaró culpable al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández de facilitar el transporte de cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos, así como de cargos sobre el uso relacionado de armas.

Hernández fue arrestado y extraditado rápidamente a tres meses de terminar su segundo mandato presidencial a principios de 2022. Como congresista desde 1998 del Partido Nacional de Honduras de derecha, se convirtió en una figura destacada en el régimen instalado por el golpe militar respaldado por Estados Unidos que derrocó al presidente Manuel Zelaya en 2009. Fue seleccionado como presidente del Congreso en enero de 2010.

Tras la condena, varios funcionarios del Gobierno de Biden emitieron declaraciones presumiendo que sus víctimas han recibido justicia. Pero, si bien Hernández ciertamente merece ser expuesto por sus crímenes y encarcelado, el momento y el carácter político del juicio estadounidense deben evaluarse con sobriedad.

Hernández se había convertido en una de las figuras más odiadas de Honduras y se enfrentaba a frecuentes protestas masivas, huelgas y bloqueos de carreteras. Cientos de miles han estado abandonando el país en olas cada vez más grandes en medio de las presiones de Washington para detener a los migrantes por la fuerza. Además, la clase dominante hondureña ya estaba avanzando hacia el establecimiento de relaciones diplomáticas con China, lo que tuvo lugar poco después de que dejara el cargo.

En este contexto, se había vuelto más útil para Washington como ejemplo para amenazar a la élite gobernante en Honduras e internacionalmente con las consecuencias de incumplir sin reservas las demandas de los Estados Unidos.

En las palabras matonas de Anne Milgram, jefa de la Administración de Control de Drogas de EE.UU.: “Este caso debe enviar un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley o fuera de nuestro alcance”.

Según estos objetivos, los fiscales estadounidenses buscaron limitar las revelaciones para que se ajustaran al relato de que una capa de funcionarios corruptos liderados por Hernández había convertido a Honduras en un “narco-Estado”. Esto oculta el hecho de que el Gobierno estadounidense facilitó la expansión de los cárteles de la droga ignorando y en la mayoría de los casos facilitando su penetración en las dictaduras militares y civiles proestadounidenses durante los años setenta y ochenta en Centroamérica, mientras empleaba a traficantes para armar a los Contras contra el Gobierno sandinista en Nicaragua.

Hernández, además, es un autócrata asesino que merece ser juzgado por mucho más que ser un narcotraficante, incluyendo sus medidas de austeridad socialmente devastadoras, las privatizaciones, la respuesta criminal al COVID, la represión violenta de manifestaciones y otros ataques a los derechos democráticos.

Sin embargo, incluso dentro de los límites establecidos por la fiscalía estadounidense, el caso es inmensamente condenatorio para el imperialismo estadounidense, dado que el Gobierno de Obama-Biden instaló el régimen del Partido Nacional y el Gobierno de Trump continuó patrocinándolo y legitimándolo políticamente.

Las revelaciones del juicio confirman que el imperialismo estadounidense es el responsable final de los niveles extremos de pobreza y violencia que han alimentado tal éxodo de Honduras en los últimos años.

El caso contra el expresidente se basó en gran medida en la condena de su hermano Antonio “Tony” Hernández en 2019. En ambos juicios, se reveló que entre 2004 y 2020 los Hernández recibieron varios millones de dólares en sobornos de Los Cachiros en Honduras y el aliado Cartel de Sinaloa en México.

El testigo clave en el último juicio fue Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo. Después de haber sido instalado a través de elecciones organizadas por el régimen golpista que fueron consideradas ampliamente como ilegítimas, gobernó Honduras como presidente entre 2010 y 2014 con el respaldo de Washington. Habiendo confesado que él y su padre trabajaban para los cárteles, Fabio Lobo testificó en el último juicio que le dio a la campaña de Juan Orlando Hernández medio millón de dólares de narcotraficantes.

El juicio reveló cómo la policía y el ejército hondureños fueron utilizados para atacar a rivales y proteger cargas de cocaína que cruzaban Honduras. Según varios testigos, Hernández controlaba escuadrones de la muerte asociados con las fuerzas de seguridad que mataron a docenas de personas, incluyendo pandilleros rivales, funcionarios, fiscales, periodistas y activistas.

El primo del expresidente y expolicía de alto rango Mauricio Hernández Pineda y el exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla Valladares, se han declarado culpables de participar en la red de narcotráfico.

En cuanto a la cúpula militar, este es el segundo juicio que implica al general retirado Julián Pacheco, el ministro de Seguridad bajo Hernández, en asistir a los narcotraficantes “a cambio de dinero”. Pacheco, dos veces graduado de la Escuela de las Américas, fue el enlace clave entre el régimen golpista y el Gobierno de los Estados Unidos después de 2009.

La presidenta pseudoizquierdista Xiomara Castro, elegida en 2021, respondió a la condena con demagogia y cautela. Culpó a la Unión Europea y a Estados Unidos por instalar a los funcionarios corruptos después del golpe de Estado de 2009, que derrocó a su esposo Zelaya. Estos elementos permanecen “incrustados en todas las instituciones”, declaró, mientras que la mayoría de sus crímenes permanecen “impunes”.

Pero después de reconocer lo que ahora es ampliamente aceptado, llamó a la calma: “Mi gobierno del Socialismo Democrático, por mandato masivo del Pueblo en las urnas, reclama justicia no venganza”.

Tal declaración refleja el temor de que los juicios puedan hacer que la crisis política en el país se salga de control. Después de todo, no solo han quedado expuestas como cómplices las principales instituciones estatales, como las fuerzas armadas y los tribunales. Los casos recientes también han puesto al descubierto a toda la oligarquía y a la élite política, incluyendo su propio Gobierno.

El exministro de inversiones de Hernández, Yankel Rosenthal, y su primo Yani Rosenthal cumplieron recientemente sentencias de prisión en los Estados Unidos por usar su conglomerado financiero-corporativo para lavar dinero para Los Cachiros. Yani Rosenthal también fue ministro de la Presidencia bajo Manuel Zelaya y ahora es presidente del Partido Liberal. Su padre Jaime Rosenthal, exvicepresidente del país y asesor clave de Manuel Zelaya, también fue acusado de lavado de dinero del narcotráfico, pero murió en 2019 antes de ser llevado a juicio.

El líder de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, quien testificó sobre sobornar a Hernández, también había confesado haber sobornado al propio Zelaya. Ahora la esposa de Zelaya es presidenta, y él sigue siendo presidente del partido Libre, que fundaron después de dejar el Partido Liberal.

En particular, el caso de los Rosenthal, una de las familias oligárquicas más ricas de la región, demuestra cómo el dinero de las drogas, los negocios y la política se han entrelazado completamente al interior del régimen capitalista en Honduras, una realidad en gran parte de la región.

Castro está tratando de apaciguar la ira popular hacia una clase dominante que lucra de negocios criminales, cuyas operaciones conducen a miles de asesinatos cada año, al tiempo que impone un régimen de Estado policial con base en mentiras sobre la lucha contra el crimen.

Aclamada por la pseudoizquierda internacional — Jacobin la llamó la “presidenta socialista...que intenta revivir la democracia en Honduras”—, Castro ha seguido elevando el perfil político de los militares mientras fortalece el aparato estatal represivo bajo repetidos estados de emergencia, supuestamente impuestos para combatir a las pandillas. No ha explicado cómo cuadran estas políticas con su perfil “izquierdista” o sus declaraciones de que los cárteles están “incrustados” en estas instituciones, por no hablar del hecho de que ese mismo ejército llevó a cabo un golpe de Estado contra su esposo hace solo 15 años.

Para garantizar sus derechos democráticos y sociales, los trabajadores y jóvenes en Honduras no solo deben ajustar cuentas con Hernández y el Partido Nacional, sino con Libre, todo el orden capitalista en Honduras y el imperialismo estadounidense. Esto solo es posible a través de una lucha política consciente para unirse con los trabajadores de todo el continente americano sobre la base de un programa internacionalista, revolucionario y socialista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 11 de marzo de 2024)