Cinco semanas después de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, la líder fascistizante de la oposición patrocinada por EE.UU., María Corina Machado, exigió el jueves que el Gobierno de Biden debería “hacer mucho más” para sacar al presidente Nicolás Maduro del poder.

Hablando con reporteros desde una ubicación no divulgada, Machado argumentó que se trata de algo estratégico para los intereses globales de EE.UU. y concluyó: “Estoy dispuesta a la máxima presión”. Posteriormente, volvió a llamar en X al ejército venezolano a derrocar a Maduro.

Tras un fallo del Tribunal Supremo el 22 de agosto que declaró a Maduro como vencedor, la Plataforma Unitaria de Machado ha seguido afirmando que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó los comicios.

Como era de esperar, el proceso electoral se utilizó meramente como una farsa “democrática” para crear las condiciones para un golpe de Estado y posibles intervenciones militares extranjeras, y ahora el Gobierno de Biden está aumentando las presiones en todos los frentes.

Sin embargo, al no haber logrado derrocar a Maduro reconociendo a otro “presidente” autoproclamado como Juan Guaidó en 2019, Washington ha seguido apoyando el diálogo con Caracas para una entrega negociada del poder.

Si es posible, la Administración de Biden espera un cambio de régimen sin una guerra civil prolongada o una interrupción económica más catastrófica que podría afectar la producción de petróleo o provocar un mayor éxodo de migrantes y la intervención política de sectores clave de la clase trabajadora.

El Wall Street Journal informó esta semana que el gigante petrolero estadounidense Chevron presionó a la Casa Blanca para que proteja su producción en el país, que tiene los mayores yacimientos conocidos en el mundo, incluso si eso significa mantener a Maduro en el poder.

Las exportaciones de petróleo venezolano, incluso a EE.UU. y Europa, alcanzaron un máximo de cuatro años de 885.000 barriles por día el mes pasado y se consideran un reemplazo para Europa de las exportaciones sancionadas de Rusia y las de un Oriente Próximo sumido en la guerra.

Los ejecutivos de la compañía argumentaron, además, que Chevron sirve como “un baluarte allí contra los adversarios geopolíticos que se están atrincherando en el país”.

El Gobierno de Biden ha dejado claro que, en el contexto de una guerra mundial en ciernes contra Rusia y China, solo bastará un dominio total del petróleo venezolano y otros recursos naturales clave y fuentes de mano de obra barata en el “patio trasero” del imperialismo estadounidense.

Las manifestaciones a favor de la oposición han disminuido desde el 30 de julio. Si bien la prensa afirma que esto se debe principalmente a una ola de arrestos y represión, solo es posible explicar la rápida supresión de las protestas de la extrema derecha por la falta de apoyo popular activo, lo que contradice por completo las afirmaciones de la pseudoizquierda morenista de que estas protestas representaban de alguna manera la “voluntad popular”.

Pero la extrema derecha ha continuado sus ataques contra la infraestructura pública, que solo exacerban el sufrimiento popular. Estos ataques posiblemente incluyan los incendios recientes que causaron apagones e interrupciones en el sistema ferroviario.

Mientras amenaza con nuevas sanciones contra los funcionarios venezolanos, Washington está actuando principalmente a través de sus aliados regionales, tanto los Gobiernos abiertamente de derecha como los nominalmente de “izquierda”, que han combinado llamados a Maduro para que negocie con provocaciones rabiosas y acercamientos a las fuerzas armadas venezolanas.

Las autoridades estadounidenses robaron el avión presidencial de Maduro la semana pasada en la República Dominicana, cuyo presidente multimillonario, Luis Abinader, se reunió el viernes con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, para coordinar futuras acciones con respecto a Venezuela.

En una importante escalada, el jueves, el presidente ecuatoriano y oligarca bananero, Daniel Noboa, solicitó que el Consejo de Seguridad de la ONU declare la crisis venezolana como una “amenaza directa a la estabilidad regional y la seguridad internacional”, claramente tratando de preparar el escenario para una intervención militar extranjera. Las delegaciones china y rusa bloquearon el debate.

Esa misma noche, el presidente argentino Javier Milei fue el anfitrión de una cumbre del Foro de Madrid fascista al que pertenece Machado. Allí, Milei, un partidario del genocidio sionista en Gaza, lamentó que “el mundo libre se está cruzando de brazos” mientras Maduro convierte a Venezuela en un “cementerio humano”.

Mientras Milei hablaba, las tropas argentinas estaban terminando 10 días de ejercicios militares con el Pentágono y el ejército chileno que fueron albergados por el presidente pseudoizquierdista de Chile, Gabriel Boric. Los ejercicios fueron precedidos por una “conferencia de defensa” en Santiago, donde el máximo comandante militar de los EE. UU., el general Charles C. Brown, la general en jefe del Comando Sur de los EE. UU. Laura Richardson y varios oficiales militares latinoamericanos y de la OTAN discutieron las “amenazas regionales a la democracia”, con un enfoque en Venezuela.

Luego se publicó una declaración firmada por 31 expresidentes latinoamericanos y españoles, cuyas manos están cubiertas con la sangre de cientos de miles de víctimas de las guerras imperialistas y violencia estatal, exigiendo que la Corte Penal Internacional ordene el arresto de toda la dirigencia venezolana.

De forma totalmente cómplice de estas fuerzas fascistizantes, los supuestos aliados de Maduro en la “marea rosa”, Lula da Silva en Brasil, Gustavo Petro en Colombia y Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en México han buscado forzar la salida de Maduro, respaldando las demandas de la extrema derecha venezolana y Washington de que Maduro presente pruebas de su victoria.

Después de que Maduro y Machado rechazaran su propuesta inicial de nuevas elecciones, Lula y Petro ahora están presionando para una “investigación” internacional sobre las actas electorales y el establecimiento de un Gobierno de transición.

Estas maniobras dejan claro que las elecciones fueron concebidas desde el principio como un mecanismo para impulsar un cambio de régimen y asegurar los intereses geopolíticos de Estados Unidos en el contexto de brutales sanciones económicas. Todas las demandas de estos Gobiernos de una investigación sobre las elecciones tienen como objetivo instalar en el poder a los “activos” de la CIA que comprenden la oposición de derecha.

Actualmente, el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo, quien es particularmente cercano a la élite política estadounidense, ha buscado coordinar una reunión entre Maduro, Lula, AMLO y Petro, como parte de esfuerzos abiertamente respaldados por Washington.

Durante este proceso, Lula ha adoptado un tono cada vez más impaciente y amenazante, declarando la semana pasada que Maduro “debe aceptar las consecuencias de sus acciones, y yo aceptaré las consecuencias de mis acciones. Ahora tengo la conciencia política de que ya traté de ayudar mucho, pero mucho, mucho”. Vale la pena recordar que, en diciembre pasado, Lula desplegó tropas en la frontera con Venezuela ante las amenazas de Maduro de tomar el control de territorios disputados con la vecina Guyana.

Al mismo tiempo, Washington ha buscado hacer un ejemplo del Gobierno de la presidenta hondureña Xiomara Castro, una de las pocas que aún respalda a Maduro. La semana pasada, la embajadora estadounidense denunció una reunión entre funcionarios de Defensa hondureños y el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López. A esto le siguió la filtración de un video grabado por el jefe de un cártel hondureño y entregado a las autoridades estadounidenses que muestra al cuñado de Castro aceptando dinero del cártel durante su campaña electoral.

Esto ha llevado a una ola de renuncias en Honduras y una campaña mediática y política que pide tumbar a la propia Castro, similar a la que precedió al golpe militar respaldado por Estados Unidos en 2009 que derrocó al esposo de Castro, Manuel Zelaya.

Mientras tanto, el Gobierno de Maduro ha tratado de utilizar las elecciones y el periodo posterior para convencer al imperialismo estadounidense de que puede defender sus intereses mejor que la oposición al continuar sofocando la lucha de clases. Ha combinado amenazas contra la oposición derechista con una rama de olivo al imperialismo estadounidense.

Al mismo tiempo, cambios recientes en el gabinete, incluido el nombramiento de Diosdado Cabello, el número dos del chavismo, como ministro del Interior, apunta a cierta inseguridad sobre lealtades. Las elecciones también han demostrado que el Gobierno ha perdido un importante base de apoyo en la clase trabajadora.

En los últimos días, ha habido una tregua en los arrestos de presuntos partidarios de la oposición, y se han archivado temporalmente un proyecto de ley para prohibir las ONG extranjeras y otro para reprimir las organizaciones acusadas de “fascismo”.

Maduro también ha extendido la represión contra las organizaciones a la izquierda del Gobierno.

Si bien se emitió una orden de arresto contra el candidato opositor González Urrutia, los esfuerzos para detenerlo a él y a Machado han sido limitados. El miércoles, el fiscal general Tarek William Saab, un alto líder del chavismo, convocó al abogado de González Urrutia, José Vicente Haro, para una reunión privada de tres horas.

Mientras que Williams Saab confirmó la orden de arresto contra González Urrutia y rechazó las solicitudes de una investigación sobre las elecciones, el propio Haro representa un puente entre las facciones de la clase dominante y el imperialismo estadounidense. Ayudó a redactar la Constitución de 1999 aprobada bajo Hugo Chávez y varias otras leyes, además de haber asesorado a altos funcionarios chavistas antes de convertirse en graduado de Stanford y profundizar los lazos con los círculos de política exterior de los Estados Unidos.

No se pueden exagerar los peligros para la clase trabajadora. Si Machado y González se salen con la suya, instalarían una dictadura militar fascistizante que buscaría privatizar el petróleo y otros sectores e imponer medidas de austeridad social despiadadas a instancias de Wall Street, además de alinear al país detrás de la guerra de Estados Unidos y la OTAN contra China y Rusia.

Sin embargo, todas las organizaciones políticas establecidas en Venezuela han estado implicadas en el respaldo al chavismo o a la extrema derecha. El aspecto más importante de la crisis venezolana es que ha expuesto a todos los Gobiernos nacionalistas burgueses de la marea rosa latinoamericana y a sus apologistas pseudoizquierdistas como instrumentos del imperialismo estadounidense, mientras éste arrastra a la región y al mundo hacia una guerra mundial, la reacción fascista y la barbarie.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 6 de septiembre de 2024)