El lunes, en Minneapolis, Minnesota, las agencias federales de inmigración y las fuerzas del orden lanzaron una operación coordinada públicamente contra presuntos centros de guardería y atención médica «fraudulentos» gestionados por estadounidenses de origen somalí.

En un contexto en el que la popularidad de Trump se está desplomando por su encubrimiento de los archivos de Epstein, su belicismo y sus negocios personales, la acción policial contra los inmigrantes está siendo ampliamente promovida por altos funcionarios de la administración y propagandistas de derecha.

La propagandista del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, promovió la campaña en X, anteriormente Twitter, escribiendo:

En este momento, en Minneapolis, las Investigaciones de Seguridad Nacional @ICEGov están llevando a cabo una investigación a gran escala sobre guarderías y centros de salud fraudulentos, así como otros fraudes rampantes. Más información próximamente.

El DHS también emitió un comunicado oficial en el que declaraba:

Nuestros agentes están llevando a cabo una operación a gran escala para identificar, detener y expulsar a los delincuentes que están defraudando al pueblo estadounidense en guarderías, centros de salud y otros lugares sospechosos. No pararemos hasta que hayamos erradicado este fraude rampante que azota Minnesota.

La campaña se amplificó inmediatamente en todas las agencias federales. La secretaria de Trabajo, Lori Chávez-DeRemer, escribió en X: «Acabaremos con la red de fraude somalí».

Chávez-DeRemer, respaldada por el presidente de Teamsters, Sean O'Brien, a principios de este año, relacionó la acción policial con los ataques de Trump al gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, y a la representante Ilhan Omar, la primera y actualmente única somalí-estadounidense elegida para el Congreso: «La enorme red de fraude de Minnesota ha abusado de los fondos federales de múltiples agencias federales gracias al increíblemente miserable «liderazgo» de políticos como @GovTimWalz e @Ilhan».

En apoyo a la operación de deportación del Gobierno, el multimillonario Elon Musk retuiteó las publicaciones de Chávez-DeRemer junto con su habitual bilis antiinmigrante. El sábado, Musk repitió y promovió la teoría del Gran Reemplazo en X, escribiendo que:

La izquierda radical lleva mucho tiempo utilizando programas gubernamentales fraudulentos para importar y retener a un gran número de inmigrantes ilegales (y legales, en algunos casos) con el fin de ganar las elecciones y convertir a Estados Unidos en un Estado unipartidista, destruyendo cualquier democracia real.

Musk afirmó que el mismo proceso «está ocurriendo en Europa, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda».

La narrativa política que ahora utiliza la administración Trump para justificar las redadas en Minnesota tiene su origen en una serie de vídeos producidos por Nick Shirley, una personalidad de extrema derecha en las redes sociales.

Shirley fue uno de los influencers fascistas invitados a una mesa redonda celebrada el 8 de octubre en la Casa Blanca para promover las afirmaciones sobre el supuesto peligro que representa «antifa». La reunión, como analizó anteriormente el WSWS , «se utilizó para legitimar el fascismo, tildar al antifascismo de «terrorismo» y movilizar la maquinaria represiva del Estado contra la población».

Desde la primera administración Trump, Shirley se alineó con los movimientos de extrema derecha nacionales e internacionales. A principios de este año viajó al Centro de Confinamiento de Terroristas de El Salvador, conocido como CECOT, para grabar vídeos para las redes sociales en apoyo del programa de deportaciones masivas de la administración Trump, que envía a los detenidos a la megaprisión sin juicio. También viajó a Gran Bretaña, donde marchó junto al líder fascista Tommy Robinson y realizó múltiples entrevistas promocionales con él que se distribuyeron a través de sus plataformas de redes sociales.

La semana pasada, Shirley publicó una serie de vídeos grabados en Minnesota frente a supuestos centros de atención infantil y sanitaria. En los vídeos, intenta entrar en los centros de trabajo y enfrentarse al personal, exigiendo pruebas de la existencia de los niños, libros y registros de inscripción, al tiempo que afirma que las instalaciones son tapaderas de una red coordinada de fraude somalí.

Los vídeos no presentan pruebas auditadas, conclusiones judiciales ni informes de investigación verificados. En cambio, promueven la teoría conspirativa antiinmigrante de Trump según la cual el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y la representante Ilhan Omar supervisaron deliberadamente un vasto plan de fraude como parte de lo que Shirley y otros funcionarios republicanos aliados describen como una operación para conseguir votos de los inmigrantes somalíes.

Esta narrativa es una versión contemporánea de la teoría conspirativa del «gran reemplazo», que afirma que los funcionarios del Partido Demócrata y las élites adineradas están importando deliberadamente inmigrantes para reemplazar a los estadounidenses de ascendencia europea e impedir que los republicanos ganen las elecciones. La teoría se ha asociado durante mucho tiempo con la propaganda antisemita y ha sido citada en los manifiestos de múltiples autores de tiroteos masivos en Estados Unidos, Oceanía y Europa.

Los vídeos propagandísticos de Shirley han sido muy promocionados por los funcionarios de la administración Trump. Altos funcionarios de los departamentos de Seguridad Nacional, Trabajo y Educación han amplificado directamente su material, mientras que el aparato de redes sociales de la administración Trump ha enmarcado sus afirmaciones como la base de lo que el DHS denomina una «operación masiva» para «identificar, arrestar y expulsar» a personas en Minnesota.

Mientras que los funcionarios federales promueven las redadas de Minnesota como una campaña contra el fraude, las imágenes de las cámaras corporales recientemente publicadas han puesto de manifiesto el carácter delictivo de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la falsedad de las afirmaciones oficiales utilizadas para justificar su violencia.

A principios de este año, agentes del ICE dispararon a Carlitos Ricardo Parias, un popular streamer de TikTok en Los Ángeles. Durante meses, los funcionarios del DHS afirmaron públicamente que Parias había utilizado su vehículo como arma contra los agentes, lo que les obligó a abrir fuego en defensa propia.

La publicación de las imágenes de las cámaras corporales ha refutado de forma concluyente esas afirmaciones.

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El vídeo muestra cómo los vehículos del ICE embisten y acorralan el coche de Parias. Parias permanece dentro de su vehículo con las manos a la vista. Un agente rompe la ventanilla del lado del copiloto. Momentos después, un agente del ICE dispara una bala que alcanza a Parias en el codo. El rebote de la bala también hiere a otro agente federal.

Inmediatamente después de disparar, se oye al agente del ICE decir en la grabación: «Oh. Joder».

Otro agente pregunta: «¿Quién ha disparado?».

El agente responde: «Yo he disparado, yo he disparado».

A pesar de que Parias no disparó, golpeó ni amenazó a ningún agente, los fiscales federales lo acusaron de agresión a un agente federal tras el tiroteo del 21 de octubre.

El sábado, el juez federal Fernando M. Olguín desestimó el caso con perjuicio. El tribunal determinó que se habían violado los derechos de Parias y señaló que se le había negado asistencia letrada mientras permanecía bajo custodia del ICE en el Centro de Procesamiento del ICE de Adelanto, en el condado de San Bernardino, donde sigue detenido y se enfrenta a la deportación.

También han surgido pruebas que refutan las afirmaciones oficiales sobre un tiroteo del ICE en Maryland la semana pasada.

El ICE afirmó inicialmente, y sigue afirmando, que el pasajero herido en el tiroteo de Glen Burnie viajaba en la furgoneta a la que dispararon los agentes. Sin embargo, según informa el Baltimore Banner, citando declaraciones del abogado del herido, esta versión es falsa.

Según las declaraciones del abogado, Solomon Antonio Serrano-Esquivel ya estaba esposado dentro de un vehículo del ICE cuando resultó herido en un accidente de tráfico. Los vehículos del ICE habían perseguido a la furgoneta y chocaron contra ella mientras Serrano-Esquivel estaba esposado. Sufrió lesiones, entre ellas un latigazo cervical, como consecuencia de la colisión.

La versión oficial difundida por el ICE tergiversó tanto las circunstancias de la lesión como la posición de la víctima en el momento en que se produjo.

Al igual que en el tiroteo de Los Ángeles, el ICE presentó públicamente el incidente de una manera que ocultaba sus propias acciones y desviaba la responsabilidad, al tiempo que criminalizaba a quienes habían sido objeto de su uso de la fuerza.

La falsa presentación pública de las redadas de inmigración como operaciones dirigidas contra delincuentes violentos también ha sido sistemáticamente desmentida por los datos de detenciones a gran escala.

El Chicago Tribune analizó recientemente 64 días de detenciones llevadas a cabo durante lo que el Departamento de Seguridad Nacional denominó «Operación Midway Blitz», una operación que dio lugar a más de 4500 detenciones relacionadas con la inmigración.

El DHS afirmó que la operación se dirigía contra «lo peor de lo peor». El Tribune descubrió que «...solo alrededor del 1,5 % de los detenidos por motivos relacionados con la inmigración habían sido condenados por un delito violento o sexual».

Entre las 4500 personas detenidas por la Gestapo federal de inmigración durante las redadas fascistas se encontraba Leodegario Martínez Barradas, que no tenía antecedentes penales conocidos. Fue detenido en un aparcamiento de Archer Heights y deportado a México en menos de una semana. En el momento de su detención, vendía flores en una esquina.

Las redadas que se están llevando a cabo en todo el país, enmarcadas por la administración Trump como una campaña de «lucha contra la delincuencia» o «antifraude», son en realidad parte de un sistema nacional de represión dirigido a toda la clase trabajadora, independientemente de su situación migratoria. En el centro de este sistema se encuentran los beneficios económicos y el trabajo forzoso.

El Tribunal Supremo está tramitando actualmente una demanda presentada por inmigrantes que fueron detenidos en 2014 en una prisión privada gestionada por GEO Group durante la administración Obama. Los detenidos alegan que se les obligó a trabajar por un dólar al día y, en algunos casos, sin remuneración alguna. Según el Brennan Center for Justice, GEO Group declaró unos ingresos de 2400 millones de dólares el año pasado, de los cuales el 41 % procedía de contratos con ICE.

La demanda alega que los detenidos que se negaban a trabajar eran castigados con aislamiento o con la denegación de privilegios básicos. En la práctica, el sistema de detención funciona como un régimen moderno de trabajo forzoso en el que los beneficios de las empresas dependen del encarcelamiento masivo, las cuotas de deportación y la supresión de los derechos legales básicos.

Los orígenes bipartidistas de este sistema son fundamentales. Las acusaciones de trabajo forzoso se derivan de detenciones llevadas a cabo bajo una administración demócrata. La maquinaria de deportación que ahora maneja Trump fue construida, ampliada y normalizada por ambos partidos. El Partido Demócrata se negó a desmantelar el régimen de detención, se negó a responsabilizar a la administración Trump por el fallido intento de golpe de Estado del 6 de enero y conservó las mismas estructuras que ahora se utilizan para llevar a cabo redadas masivas, deportaciones y tiroteos.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 29 de diciembre de 2025)