La prensa chilena cayó en picada la semana pasada, saturando las ondas con titulares sensacionalistas y escabrosos tras la detención de los tres hijos adultos de Julia Chuñil, la líder indígena mapuche de 72 años, desaparecida el 8 de noviembre de 2024, hace más de 13 meses.

Tras la violenta detención de Pablo San Martín Chuñil, Jeannette Troncoso Chuñil, Bermar Bastías Bastidas y Javier Troncoso Chuñil, todos los medios han dedicado más de una semana a analizar la vida de la familia para desprestigiar su nombre, dando por sentado cada acusación y alegación formulada en su contra por la Fiscalía. No solo la televisión y la prensa de derecha, sino también los llamados medios liberales se sumaron a la acción tras ocultar durante meses las acusaciones y pruebas de la familia que incriminaban a un empresario agroforestal con antiguos vínculos políticos y económicos con la región.

A las 5:00 a.m. del miércoles pasado, cientos de policías irrumpieron en la casa de la familia Chuñil en Máfil, en la sureña región de Los Ríos, destrozando las puertas y deteniendo brutalmente a Javier, Jeannette y Bermar, junto con sus hijos de 11 y 4 años. Pablo fue arrestado en su domicilio en Temuco, en la región de La Araucanía. El numeroso contingente, que incluía a las Fuerzas Especiales de Carabineros (GOPE) y otras unidades especializadas, fue enviado por la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, a quien los abogados de la familia Chuñil acusan de mantener una actitud perjudicial contra la familia desde el inicio de la investigación.

En julio de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intervino en el caso y emitió una medida cautelar contra el Estado chileno, instándolo a intensificar sus esfuerzos para la búsqueda de Chuñil y a mantener informada a su familia en todas las etapas de la investigación, medidas que, en general, fueron ignoradas.

En una conferencia de prensa el día de las detenciones, el miércoles pasado, una de las abogadas de la familia, Karina Riquelme, denunció la complicidad de los medios de comunicación en el montaje estatal. 'Esta cobertura mediática del caso, esta incriminación de la familia, es muy grave, y por eso organizamos una audiencia para mañana con el comité de las Naciones Unidas, bajo el Protocolo de Escazú, debido a la persecución que sufre la familia. Y resulta que el día anterior, la familia fue detenida'. Añadió que los cargos carecían de 'pruebas serias que los incriminaran'.

Medios de comunicación refuerzan la hipótesis de la fiscalía a pesar de la falta de pruebas

La fiscal de Los Ríos, Tatiana Esquivel, acusó a Pablo, Jeannette y Javier de homicidio agravado y parricidio, mientras que Bermar, exyerno de Julia Chuñil, fue acusado de homicidio agravado. Esquivel también acusó a los cuatro de robo con violencia e intimidación a un hombre de 90 años. Además, ordenó excavaciones en los alrededores de la vivienda familiar después de que el georradar y otros métodos de búsqueda encontraran rastros de sangre humana.

Según el Ministerio Público (MP), Julia Chuñil fue estrangulada por Javier en presencia de Jeannette, Bermar y Pablo. Supuestamente, el 8 de noviembre de 2024 a las 23:00, Javier llegó 'ebrio y enojado' a la propiedad que compartía con su madre, Julia, así como con Jeannette, Bermar y Pablo, y un hombre de 90 años que vive en una choza aparte de ellos, pero que está al cuidado de la familia.

En un momento dado, según la denuncia, Javier se abalanzó sobre el hombre de 90 años, le dio un puñetazo en la cara y le puso un cuchillo en la garganta, exigiéndole que le entregara el dinero de su pensión, unos 212.000 pesos (US$230). La Fiscalía alega que en ese momento Julia Chuñil, de 72 años, intervino para defenderlo y murió estrangulada en el forcejeo con Javier.

Los medios de comunicación, con sus adinerados comentaristas y líderes de opinión, se pusieron a trabajar a toda máquina. «Fiscalía confirma asesinato de Julia Chuñil: Tres hijos y su exyerno detenidos por parricidio», informó El Mercurio.

La Clínica tituló “La noche en que Julia Chuñil fue asesinada: el robo a una persona mayor, el forcejeo en casa familiar en presencia de niños y la asfixia contra una pared”, mientras que El País tituló “Las pistas detrás del asesinato de Julia Chuñil: ‘Su hijo Javier la tomó con sus propias manos hasta que murió asfixiada’”.

La Tercera informó con detalles escabrosos el supuesto curso de los hechos: “…Javier se abalanzó sobre su madre para golpearla, ‘aprovechando la situación en la que Julia se encontraba indefensa debido a su edad y condición física, pues padecía artrosis de cadera, obesidad y diabetes, y porque creía que no lo atacaría en presencia de sus otros hijos, que también estaban allí’. … Según la fiscalía, los demás ‘acordaron no intervenir’”.

El relato de Esquivel alegó que Javier y Pablo trasladaron el cuerpo de su madre, lo enterraron en un lugar desconocido y quemaron su ropa. En las semanas siguientes, “los hijos de Julia comenzaron a comportarse como herederos: se apropiaron de sus bienes, vendieron sus propiedades, incluyendo su ganado y su carreta de bueyes, y se repartieron el dinero. El 8 de diciembre de 2024, Javier incluso ofreció un precio para una tumba familiar en el Parque Los Laureles de Valdivia”. En un artículo, el sitio web regional Biobio se centró en el intento de la fiscalía de refutar que Chuñil formara parte de la lucha mapuche por la recuperación de su territorio ancestral, un hecho registrado ya en 2015, cuando adquirió su terreno de la CONADI para la comunidad de Putreguel.

Según Esquivel, 'no existen pruebas que sugieran su participación en política o activismo organizado. Más bien, era una mujer dedicada a su familia y a sus actividades agrícolas, con una vida propia del ámbito rural'. En consecuencia, para ocultar su crimen, Pablo inventó una 'conspiración' según la cual Julia era una 'activista' para recibir el apoyo de grupos ambientalistas y de otro tipo.

El Juzgado de Garantía de Los Lagos dictaminó el viernes pasado que la versión de los hechos presentada por la fiscalía no demostraba la participación de Jeannette y Pablo, lo que justificaba su prisión preventiva. En el derecho chileno, el Juzgado de Garantía funciona como un mecanismo de salvaguarda de los derechos constitucionales durante la investigación y la instrucción del proceso penal. El tribunal determinó que no representaban un peligro para la investigación ni riesgo de fuga y los impuso bajo arresto domiciliario a la espera de la investigación de 120 días que se estaba iniciando.

Esquivel apeló la decisión, y el lunes 19 de enero la Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó la sentencia del Tribunal de Garantía.

La abogada Karina Riquelme, quien representa a los tres hermanos, explicó la importancia del fallo de la corte de apelaciones. 'Las acusaciones de la Fiscalía no han sido probadas. El tribunal dice que no había pruebas' que incriminaran a Jeannette y Pablo. 'El juez afirmó que no cometieron este delito, ni cometieron el presunto robo con intimidación... que supuestamente tuvo lugar el mismo día en que Julia fue asesinada'. Añadió que próximamente apelará la orden de prisión preventiva contra Javier.

La abogada también arrojó una luz devastadora sobre cómo el fiscal se basó en pruebas cuestionables y en testigos comprometidos e inválidos, incluyendo a Bermar, exyerno de Julia Chuñil, quien presuntamente padece deterioro cognitivo y prestó declaración a la policía sin la presencia de su abogado defensor.

En el caso de Bermar, Riquelme planteó la obviedad de que 'una declaración sin abogado defensor no es válida'. Más significativamente, insinuó en una conferencia de prensa el 16 de enero que Bermar prestó su testimonio después de la primera audiencia judicial: 'Una persona que estuvo en el tribunal frente a todos y no dijo absolutamente nada, pero justo cuando ni el juez ni su abogado defensor están presentes, declara. ¿No les parece sorprendente?'.

Lo que Riquelme solo insinuó, el World Socialist Web Si te puede decirlo rotundamente: Carabineros de Chile se ha ganado una reputación mundial por sus métodos asesinos y descontrolados. Los interrogatorios, especialmente los que involucran a testigos marginados y vulnerables, pueden fácilmente derivar en tortura para obtener falsos testimonios o confesiones.

La semana pasada, en un caso que involucraba a un agente de las Fuerzas Especiales de Carabineros, quien fue absuelto tras pruebas irrefutables que demostraron que había cegado a Gustavo Gatica, estudiante involucrado en las manifestaciones de 2019, el director de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, señaló que solo el 1,9 por ciento de las más de 11.500 denuncias por violaciones de derechos humanos presentadas ante el Ministerio Público entre octubre de 2019 y marzo de 2020 resultaron en condenas. Con tales niveles de impunidad, el aparato represivo del Estado tiene carta blanca. Otro testigo clave fue el hombre de 90 años presuntamente agredido por Javier el 8 de noviembre. En ningún momento, en los últimos 13 meses, subrayó el abogado defensor, había “denunciado ninguno de los presuntos abusos que dicen que ocurrieron. Se trata de una persona que estaba al cuidado de esta familia, con demencia senil, que recibe visitas del CESFAM (Centro de Salud Familiar) y no hay ninguna prueba objetiva que sugiera que haya sido maltratado o que le hayan robado algo…”. La única evide Centro de Salud Familiar ncia de que el anciano fue maltratado fue por la policía, durante el allanamiento al domicilio familiar el miércoles 14.

Riquelme afirmó que la identidad de un tercer testigo clave “se mantiene en reserva. Pero, sin duda, quienes conocemos el expediente de la investigación sabemos que (la persona) ha prestado más de tres, cuatro o cinco declaraciones diferentes”.

Otra prueba descartada por el tribunal fue que Julia Chuñil sufría violencia doméstica y abusos habituales, una acusación despiadada que circuló por todos los medios corporativos para manchar el nombre de la familia. Hasta aquí llegan los testigos y las pruebas.

En un comunicado público, la familia Chuñil acusó a la Fiscalía y a Esquivel de “clara parcialidad hacia la familia”, ignorando otras líneas de investigación en un caso que ha puesto en peligro la presunción de inocencia, la cual “debe prevalecer con absoluta fuerza, especialmente en un caso tan marcado por filtraciones a los medios, estigmatización y posibles irregularidades procesales”. El comunicado continúa exigiendo:

• Transparencia absoluta: pleno acceso de la defensa a todas las pruebas que condujeron a estas detenciones.
• Respeto irrestricto al debido proceso y a la presunción de inocencia del acusado.
• Una investigación imparcial, sin prejuicios, con igual rigor en todas las posibles líneas de investigación y sin privilegiar ninguna hipótesis.
• El cese de las narrativas mediáticas e institucionales que prejuzgan la culpabilidad sin una sentencia firme.
• Explicaciones claras sobre la desproporcionada actuación policial del miércoles 14 de enero: ¿por qué tanta fuerza para detener y tan poca para buscar y proteger? No nos silenciarán. Seguiremos exigiendo verdad y justicia real para Julia, sin permitir que su memoria sea instrumentalizada para justificar acciones arbitrarias ni encubrir fallas sistémicas.
• Los abogados de la familia han documentado una lista extraordinaria de irregularidades por parte de la policía chilena y la Fiscalía desde el inicio de la investigación. La versión de los hechos de la familia ha sido prácticamente descartada por el Estado, ya que desde el principio se convirtieron en los principales sospechosos.

La abogada defensora de la familia, Mariela Santana, de la Corporación para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas (CODEPU), solicitó cerca de 50 diligencias investigativas, que fueron ignoradas o investigadas de forma deficiente.

Santana presentó pruebas de que el día de la desaparición de su madre, Javier Troncoso 'se estaba sometiendo a exámenes médicos en Puerto Montt como parte de una solicitud de empleo. La clínica lo confirmó. Sin embargo, esta información no se ha hecho pública en ningún medio de comunicación ni ha sido debidamente considerada por la Fiscalía'.

Los abogados también presentaron una denuncia por apremios ilícitos y un recurso de hábeas corpus en nombre de Jeanette Troncoso, quien, durante un violento allanamiento sufrido por la familia el 30 de enero de 2025, fue detenida, mantenida cautiva dentro de una patrulla policial y presionada por un agente de policía y en presencia del fiscal Esquivel para que se autoincriminara.

Los hermanos Chuñil han mantenido en todo momento que el viernes 8 de noviembre se encontraban en casa y que su madre, junto con su amiga Ana Cato, fue a otra finca, conocida como La Fritz, para revisar sus animales. Las dos ancianas permanecieron allí el viernes, sábado y domingo.

Javier tomó un taxi a la finca La Fritz ese domingo porque Julia no había regresado a casa. Al llegar a la finca, Ana Cato, quien se encontraba allí, le dijo que Julia no había regresado en dos noches. En la finca se encontraron rastros de sangre de Julia Chuñil pero la Fiscalía al momento del hecho no tomó muestras de ADN ni de suelo, no georreferenciaron el sitio ni interrogaron a los testigos del lugar.

Julia Chuñil se encontraba en una propiedad que había confiscado como parte de la lucha histórica del pueblo mapuche por reclamar sus tierras ancestrales. Los Chuñil alegaron que el empresario agroforestal Juan Carlos Morstadt Anwandter la había amenazado para expulsarla de la propiedad que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), organismo estatal creado en 1993 para ayudar en la restitución de tierras indígenas, le había entregado a Morstadt sin recibir un centavo a cambio.

Sin embargo, según la familia, la Fiscalía no ha investigado el papel de la CONADI. Morstadt fue citado a declarar a principios de enero de 2025 y desde entonces la Fiscalía la ha tratado como testigo en el caso.

“Entendemos que no se han realizado registros en la propiedad (de Morstadt) y que los autos que solicitamos que se examinaran no se han examinado completamente. Se examinó uno de los vehículos pertenecientes al padre de este hombre y se descubrió que todos los registros de la computadora del auto habían sido borrados, lo que hizo particularmente importante examinar los demás vehículos, un procedimiento que no se llevó a cabo”, planteó Santana.

El 30 de septiembre pasado, los abogados de los Chuñil filtraron una conversación telefónica interceptada en la que se escucha al empresario agroforestal Morstadt decir que Julia Chuñil “había sido quemada”. Presentaron esta extraordinaria prueba ante Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos. Los abogados filtraron la llamada en condiciones que les impidieron acceder al expediente del caso de la Fiscalía, a pesar de las advertencias de la CIDH contra el Estado chileno en julio pasado. Esta prueba no prosperó, ya que fue rápidamente descartada por irrelevante.

Las acciones del Estado chileno huelen a encubrimiento y montaje. Incompetencia, indiferencia y sesgo racista: todo entra en juego. Sin embargo, sería un error dejarlo ahí. Hay mucho más en juego.

En un artículo anterior, el World Socialist Web Site acusó al presidente pseudoizquierdista Gabriel Boric y a sus cómplices del Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Partido por la Democracia, que conforman su gobierno, de ser políticamente responsables de la desaparición de Julia Chuñil y del trato infligido a su familia.

Esta acusación sigue en pie. El caso presenta todas las características de un montaje cuyo objetivo es perjudicar y criminalizar a la familia mapuche ante la opinión pública, en un contexto en el que el Estado chileno, actuando en nombre de lucrativos intereses mineros, forestales, terratenientes e inmobiliarios, continúa utilizando todos los instrumentos de la seguridad nacional y las doctrinas del 'enemigo interno' contra la población indígena históricamente desposeída, perseguida y empobrecida que lucha por reclamar sus tierras ancestrales en las regiones del sur de Chile.

De hecho, Boric, a pesar de presentarse como 'progresista' y 'radical', ha ido más lejos que cualquier gobierno anterior desde la restauración del gobierno civil hace 35 años, declarando un estado de emergencia permanente en territorio mapuche, utilizando la autoritaria Ley de Seguridad del Estado contra decenas de líderes mapuche, invocando leyes para restringir las reivindicaciones territoriales y reformando la Ley Antiterrorista del general Augusto Pinochet. Estas medidas contra una capa marginada son siempre un ensayo general para imponer un estado policial contra toda la clase trabajadora.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 23 de enero de 2026)