El 22 de enero de 2026, Estados Unidos completó formalmente su retirada de la Organización Mundial de la Salud (OMS), poniendo fin a una relación de 78 años que comenzó con la fundación de la agencia en 1948. Esta ruptura se produce en un momento de mayor riesgo global. A medida que la pandemia de COVID-19 entra en su séptimo año y los brotes nacionales de sarampión y otras enfermedades prevenibles aumentan a niveles no vistos en décadas, investigaciones revisadas por pares muestran que las fuerzas que impulsan la aparición de pandemias se están acelerando en lugar de disminuir.

Un importante estudio de 2022, dirigido por Colin Carlson, del Departamento de Biología de la Universidad de Georgetown, y publicado en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias, concluyó que se espera que el cambio climático por sí solo desencadene miles de nuevos eventos de transmisión viral entre especies en las próximas décadas, lo que aumentará drásticamente la probabilidad de nuevas infecciones humanas. Al retirarse de la OMS, Estados Unidos ha debilitado su acceso a sistemas coordinados de vigilancia mundial de enfermedades y alerta temprana, precisamente cuando la evidencia científica indica que las nuevas amenazas de pandemia son cada vez más frecuentes y difíciles de contener.

En una declaración conjunta que anunciaba la retirada, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., y el secretario de Estado, Marco Rubio, justificaron la decisión acusando a la OMS de gestionar mal la pandemia de COVID-19 y de no implementar lo que describieron como reformas institucionales necesarias. La declaración afirmó que la OMS retrasó la declaración de emergencia sanitaria mundial, minimizó los riesgos de transmisión asintomática y aérea, y elogió la pronta respuesta de China a pesar de la evidencia posterior de retrasos en los informes y la falta de datos.

El liderazgo técnico de la OMS, epidemiólogos independientes e investigaciones revisadas por pares documentaron las primeras advertencias sobre la transmisión de persona a persona y la propagación aérea, y enfatizaron las limitaciones impuestas por datos incompletos y en constante evolución durante las primeras semanas del brote. Sin embargo, la administración presentó las afirmaciones controvertidas como conclusiones definitivas, reforzando una narrativa política que retrata a la OMS como un organismo comprometido por la influencia estatal, en lugar de como un organismo científico multilateral que opera bajo las limitaciones de sus estados miembros.

La respuesta inicial a la COVID-19

Según todos los informes creíbles, la respuesta global a la COVID-19 se desarrolló en condiciones sin precedentes. A finales de diciembre de 2019, médicos en Wuhan comenzaron a reportar grupos de casos de neumonía de causa desconocida, lo que impulsó las investigaciones locales mientras las autoridades sanitarias trabajaban para identificar el patógeno y determinar si se estaba produciendo una transmisión sostenida de persona a persona. El 3 de enero de 2020, tras varios días de evaluación interna, las autoridades sanitarias chinas notificaron formalmente a Estados Unidos y a la OMS sobre el brote a través de los canales de salud pública establecidos, a medida que el virus comenzaba a propagarse más allá del foco inicial.

En cuestión de días, científicos chinos secuenciaron el virus y lo identificaron como un nuevo coronavirus. La secuencia genética se hizo pública a mediados de enero, lo que permitió a laboratorios de todo el mundo comenzar a desarrollar pruebas de diagnóstico. Ante la creciente evidencia de propagación internacional, la OMS declaró el brote como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional el 30 de enero de 2020. A principios de febrero, altos funcionarios estadounidenses ya comprendían que el virus representaba una grave amenaza de transmisión aérea. En una entrevista grabada el 7 de febrero de 2020, el entonces presidente Donald Trump declaró al periodista Bob Woodward que el virus 'se transmite por el aire', reconociendo en privado lo que aún no se había comunicado claramente al público. Esta evaluación reflejó la información disponible a través de informes internos de agencias de salud pública e informes de inteligencia, incluso cuando los mensajes oficiales seguían minimizando el peligro. A medida que la pandemia se intensificaba globalmente, la comunicación continuó al más alto nivel político. El 27 de marzo de 2020, Trump y el presidente chino, Xi Jinping, hablaron por teléfono sobre la propagación del virus. Ambos gobiernos describieron públicamente la llamada como centrada en la cooperación y el intercambio de información.

En lugar de tratar las incertidumbres iniciales del brote como un problema científico que requería una coordinación internacional sostenida, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, siglas en inglés) optó por replantearlas como evidencia de un fracaso institucional. Los funcionarios del HHS promovieron cada vez más la hipótesis de la fuga de laboratorio como explicación definitiva del origen de la pandemia, argumentando que la OMS no había actuado con independencia de lo que describieron como una influencia política inapropiada de los estados miembros. Esta crítica se centró en el informe de la OMS sobre el origen, que no había respaldado un origen de laboratorio con base en la evidencia disponible en ese momento, aunque tampoco lo había descartado. El gobierno utilizó este enfoque para justificar su retirada de la OMS y la sustitución del compromiso multilateral por una estrategia de salud global de 'América Primero', basada en acuerdos bilaterales y alianzas con organizaciones privadas y religiosas.

Las consecuencias de la retirada formal de Estados Unidos de la OMS ya han comenzado a manifestarse. En respuesta, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, describió la decisión como una pérdida 'para Estados Unidos y también para el resto del mundo', advirtiendo que, en última instancia, hace que Estados Unidos sea menos seguro. Si bien la OMS ha mantenido que la retirada es técnicamente incompleta hasta que Estados Unidos liquide sus considerables atrasos financieros, estimados en casi US$200 millones en contribuciones impagadas para 2024 y 2025, la agencia se ha visto obligada a aplicar profundos recortes estructurales. Estos incluyen una reducción presupuestaria de aproximadamente el 22 por ciento y una importante reducción de personal para compensar la pérdida de su mayor donante histórico. Tedros calificó la salida de Estados Unidos como un factor clave en uno de los años más difíciles de la historia de la organización, al tiempo que enfatizó que la cooperación y la solidaridad internacionales contra las amenazas biológicas compartidas siguen siendo más importantes que las disputas financieras.

La salida de EE. UU. ha provocado una crisis fiscal en la OMS, obligando a la agencia a recortar su presupuesto para 2026-2027 a aproximadamente US$4.200 millones y a eliminar casi una cuarta parte de su plantilla mundial. A pesar de un aumento del 20 por ciento en las contribuciones señaladas de otros Estados miembros, la organización sigue enfrentándose a un déficit de financiación previsto de aproximadamente US$1050 millones, agravado por la negativa de EE. UU. a pagar entre US$200 y US$278 millones en atrasos pendientes. Según un informe de Politico, la estabilidad a largo plazo de la OMS y cualquier perspectiva de una renovada participación de EE. UU. están ahora condicionadas a la inminente transición de liderazgo, ya que Tedros dejará el cargo en 2027 debido a los límites de su mandato. Libros Mehring

Si bien algunos observadores han caracterizado la transición como un posible reinicio de las relaciones, se informa que la administración Trump ha impulsado la designación de un director general o inspector general estadounidense, lo que complica las perspectivas de candidatos ampliamente discutidos, como Hanan Balkhy y Hans Kluge. Si bien Estados Unidos no tendrá un papel formal en el proceso de selección, es probable que el resultado determine si la OMS puede estabilizar sus operaciones o si la actual ruptura geopolítica se consolida.

El impacto financiero provocado por la retirada de Estados Unidos ha puesto en riesgo inmediato varias funciones esenciales de la OMS, debilitando los sistemas globales que detectan, contienen y previenen brotes de enfermedades.

Una de las pérdidas más importantes es la desestabilización del Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Gripe, la red internacional de 152 centros nacionales de gripe que rastrea la evolución de los virus de la gripe en las distintas regiones y temporadas. Este sistema sustenta la selección anual de cepas de vacunas y sirve como mecanismo de alerta temprana para la gripe pandémica. Al no participar plenamente Estados Unidos, se reduce el acceso a muestras virales compartidas y a análisis coordinados. Al mismo tiempo, el sistema global pierde la capacidad analítica de los laboratorios estadounidenses. El resultado es un debilitamiento mutuo de la vigilancia que reduce la capacidad de los países para anticipar mutaciones peligrosas y responder antes de que se propaguen los brotes.

La retirada también ha intensificado la crisis que enfrenta la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio, un esfuerzo de décadas que ha llevado al mundo al borde de la eliminación de la enfermedad. La iniciativa se enfrenta ahora a un déficit de financiación de aproximadamente US$440 millones y se ha visto obligada a aplicar un recorte presupuestario del 30 por ciento para 2026. Estas reducciones amenazan las campañas de vacunación y la vigilancia en las pocas regiones restantes donde persiste la transmisión de la polio, lo que aumenta el riesgo de que el virus resurja en zonas previamente declaradas libres de polio.

Esfuerzos mundiales de salud pública socavados

En situaciones de conflicto y humanitarias, la pérdida de financiación estadounidense ha debilitado el Sistema de Alerta Temprana, Alerta y Respuesta, que opera en lugares como Siria, Somalia y Sudán del Sur, donde la infraestructura sanitaria ha colapsado. Este sistema suele ser el único medio para detectar brotes de cólera, sarampión o ébola antes de que se conviertan en emergencias regionales. La reducción del apoyo limita la capacidad de identificar y responder rápidamente a estas amenazas, lo que aumenta la probabilidad de que brotes localizados se propaguen a través de las fronteras.

Más allá de programas individuales como los servicios de salud materno-infantil, la eliminación de enfermedades tropicales desatendidas y la vigilancia de enfermedades crónicas, la retirada ha socavado la propia capacidad técnica de la OMS. La eliminación de más de 2.300 puestos, aproximadamente una cuarta parte de la plantilla de la organización, representa una grave pérdida de memoria institucional y de experiencia especializada. Esto incluye a científicos y organismos reguladores que coordinan el desarrollo de vacunas, los diagnósticos de laboratorio y los estándares internacionales para nuevos medicamentos. La salida de los expertos estadounidenses ha creado lagunas en la arquitectura sanitaria mundial difíciles de subsanar y deja peligrosos puntos ciegos en los sistemas diseñados para proteger a las poblaciones de las amenazas biológicas emergentes.

La retirada de Estados Unidos de la OMS no es una medida aislada de política exterior. Refleja un desmantelamiento paralelo de la salud pública en el país.

En Estados Unidos, el gobierno federal ha abandonado el principio arraigado de que el estado es responsable de limitar las enfermedades, sustituyéndolo por una doctrina de 'elección individual' que ignora cómo se propagan las amenazas infecciosas. Este cambio se formalizó hace un año, cuando la administración elevó la hipótesis de la fuga de laboratorio a la categoría de doctrina oficial, rechazó la propagación natural como marco de trabajo y reformuló el sistema de salud pública mundial como la fuente de la crisis, en lugar de como un mecanismo de contención. Desde entonces, las instituciones sanitarias nacionales se han reestructurado en consecuencia. Con Kennedy al frente de la operación de demolición, el DHS ha reformado las estructuras de liderazgo y asesoramiento en los CDC, los NIH y la FDA, ha destituido a expertos con experiencia, ha reducido drásticamente los calendarios de vacunación infantil rutinaria y ha repoblado los organismos de supervisión científica con opositores ideológicos a la intervención de salud pública.

Las consecuencias de esta estrategia sanitaria de 'América Primero' ya son visibles en Estados Unidos. El país experimenta su duodécima ola de COVID-19 junto con una grave temporada de gripe que ya se ha cobrado la vida de 44 niños. Enfermedades prevenibles que antes se creían bajo control están resurgiendo a un ritmo acelerado. A finales de enero de 2026, se habían reportado 416 casos confirmados de sarampión en 14 jurisdicciones, superando ya los totales del aumento sin precedentes observado en 2025.

En declaraciones públicas sobre los brotes, Ralph Abraham, subdirector principal de los CDC y el segundo funcionario de mayor rango de la agencia, sugirió que la transmisión del sarampión se debía principalmente a casos importados, y enmarcó el resurgimiento como un problema fronterizo. Abraham se ha convertido en una figura clave en el Departamento de Salud y Servicios Humanos, dirigido por Kennedy, donde las directrices de salud pública se han subordinado cada vez más a los mensajes políticos.

Debido al actual repunte, es probable que EE. UU. pierda su estatus como país donde el sarampión ha sido erradicado. Al preguntársele a Abraham si consideraba esto un evento significativo, respondió: 'En realidad, no'. Abraham, médico que anteriormente se desempeñó como director general de servicios de salud de Luisiana, continuó: 'Se trata simplemente del costo de hacer negocios, con nuestras fronteras algo porosas y los viajes globales e internacionales'.

Según informó STAT News, los recientes cambios en las políticas del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CDC) redujeron los requisitos federales para la notificación estandarizada del estado de vacunación durante los brotes, lo que limitó la capacidad de los CDC para evaluar cómo las brechas de inmunidad impulsan la propagación nacional. En este contexto, las declaraciones de Abraham politizan lo que es fundamentalmente un imperativo de salud pública, desviando la atención de la disminución de la cobertura de vacunación y el debilitamiento de los esfuerzos de prevención hacia la búsqueda de chivos expiatorios fuera de Estados Unidos.

El daño de este cambio ya es evidente dentro de las principales instituciones científicas de Estados Unidos. En los Institutos Nacionales de Salud (NIH), la preparación para pandemias se ha replanteado de maneras que rompen con décadas de investigación epidemiológica y el historial histórico de muertes masivas por enfermedades infecciosas. La dieta, el ejercicio y la salud individual se están elevando como la principal defensa contra las pandemias, una posición que contradice el consenso científico construido a lo largo de generaciones de estudios sobre la transmisión aérea, la vacunación y la prevención a nivel poblacional.

El ataque a la vacunación

Los funcionarios del NIH, Jay Bhattacharya y Matthew Memoli, han argumentado que la respuesta tradicional a la pandemia, incluyendo las pruebas, la vacunación y los mandatos de salud pública, creó una falsa sensación de seguridad. En su lugar, han promovido lo que describen como una mejora de la salud de la población a través del comportamiento individual.

En un editorial de enero de 2026 publicado en Science, el exdirector ejecutivo de la Alianza Mundial para las Vacunas (GAVI), Seth Berkley, advirtió que este 'pensamiento mágico no evitará futuras pandemias ni mejorará la salud pública', enfatizando que los patógenos altamente transmisibles no pueden controlarse únicamente con medidas de salud personal. Berkley señaló que, si bien la salud general es importante, ofrece poca protección contra los virus que se propagan a través del aire compartido y el contacto, y mencionó pandemias históricas como la gripe y la viruela de 1918, que mataron de forma desproporcionada a millones de adultos jóvenes que por lo demás estaban sanos.

Este rechazo a los precedentes científicos se refleja con mayor claridad en los cambios en la política federal de vacunas. Bajo un nuevo liderazgo, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización ha abandonado su tradicional función de priorizar la protección de toda la población. Su presidente, Kirk Milhoan, médico pediatra, ha declarado que el derecho individual de los padres a rechazar la vacunación prevalece sobre los riesgos para la comunidad en general. Ha argumentado que la vacunación obligatoria socava el consentimiento informado y ha tratado el regreso de enfermedades como el sarampión y la polio como consecuencias aceptables de la elección individual. Este razonamiento abandona la premisa central de la salud pública: que las decisiones individuales no pueden contener las amenazas que se propagan a través de espacios, aire y vulnerabilidades compartidos.

Si bien los funcionarios presentan estas políticas como una restauración de la libertad, su impacto en los niños cuenta una historia diferente. Un estudio reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades reveló que los niños con COVID persistente tienen dos veces y media más probabilidades que sus compañeros de experimentar ausentismo escolar crónico, a menudo acompañado de deterioro de la memoria y fatiga persistente. Estos resultados contrastan directamente con la insistencia del gobierno en un rápido retorno a la normalidad. En conjunto, exponen el significado práctico de la afirmación de que el remedio no puede ser peor que la enfermedad. Al priorizar la actividad económica y la ideología política por sobre el riesgo biológico, el gobierno federal ha aceptado efectivamente la infección generalizada, la discapacidad a largo plazo y la muerte evitable como resultados tolerables de sus decisiones políticas.

El desmantelamiento de la Organización Mundial de la Salud, junto con la erosión de las agencias sanitarias nacionales, constituye un ataque directo a las conquistas sociales alcanzadas por la clase trabajadora durante el último siglo. La infraestructura de salud pública que prolongó drásticamente la vida humana mediante el saneamiento, la vigilancia de enfermedades y la vacunación no fue otorgada desde arriba. Surgió de la lucha colectiva y la aplicación disciplinada del conocimiento científico. Dicha infraestructura ahora está siendo desmantelada deliberadamente por una administración que considera las infecciones masivas y la pérdida de la erradicación del sarampión como resultados aceptables, descritos abiertamente como el costo de hacer negocios. A medida que se elimina la experiencia institucional y se subordinan los estándares científicos a las afirmaciones de la elección individual, el Estado abandona su responsabilidad de proteger a la población de las amenazas biológicas, reemplazando la gobernanza basada en la evidencia por políticas que priorizan el lucro por encima de la vida humana.

Esta destrucción de la salud pública no es, por lo tanto, un fracaso técnico, sino una cuestión de clase con consecuencias directas para los derechos democráticos. La normalización de las enfermedades masivas y la muerte prematura ha acelerado la creciente brecha en la esperanza de vida, ya que quienes poseen recursos conservan el acceso a la protección privada, mientras que las familias trabajadoras quedan expuestas a enfermedades prevenibles, discapacidad a largo plazo y muerte prematura. La defensa de la ciencia y la salud pública no puede confiarse a instituciones reutilizadas para legitimar este resultado. Debe asumirse como una lucha política, arraigada en la defensa de la vida colectiva misma. Un sistema de salud pública coordinado globalmente y con base científica no es opcional. Es inseparable del derecho a la vida.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 25 de enero de 2026)