El jueves 12 de febrero, el Congreso votó a favor de obligar al Distrito de Columbia a ajustarse al programa fiscal «One Big Beautiful Bill» [Una gran y hermosa ley] del presidente Donald Trump mediante una resolución conjunta (Resolución Conjunta 142 de la Cámara de Representantes) que provocará un agujero de 600 millones de dólares en las finanzas de la ciudad durante los próximos años y desencadenará una nueva ola de austeridad contra la clase trabajadora.

La anulación se produjo poco después de que la alcaldesa demócrata de la ciudad, Muriel Bowser, presentara un paquete de medidas de austeridad destinado a cerrar un déficit previsto de $1.100 millones mediante recortes en vivienda, servicios sociales y empleo público. Ambos acontecimientos suponen un ataque bipartidista al nivel de vida de la clase trabajadora del Distrito.

La medida de la Cámara obliga al gobierno de D.C. a abandonar su decisión de «desvincularse» de las disposiciones clave de los recortes fiscales federales de Trump y, en su lugar, replicarlas a nivel local, suprimiendo así tanto los ingresos fiscales como el gasto social. Según el director financiero del Distrito y analistas políticos independientes, la anulación le costará a la ciudad al menos $600 millones en ingresos hasta 2029, dinero que se había destinado a necesidades sociales básicas, como una ampliación del crédito fiscal local por hijos y mejoras en el crédito fiscal por ingresos del trabajo.

Esta medida constituye un uso deliberado del poder federal para agravar la pobreza en una ciudad ya marcada por la desigualdad extrema. El Instituto de Política Fiscal de Washington D. C. señaló que el plan de desvinculación del consejo habría permitido a la ciudad «dedicar cientos de millones de ingresos locales a reducir la pobreza infantil», entre otras cosas mediante una nueva deducción fiscal por hijos de hasta $1.000 por niño. El Congreso ha decidido ahora eliminar incluso estas medidas limitadas y sujetas a condiciones de ingresos.

El momento del ataque está calculado para ser destructivo. Se produce en plena temporada de impuestos, después de que los funcionarios de Washington D. C. ya hubieran preparado los formularios y las instrucciones basados en el código desvinculado. La delegada sin derecho a voto de la ciudad en la Cámara de Representantes, la demócrata Eleanor Holmes Norton, advirtió que la medida del Congreso «sembrará el caos en plena temporada de declaración de impuestos», ya que los residentes se enfrentan a normas contradictorias y las previsiones de ingresos de la ciudad se ven trastocadas.

Según Apartments.com, el alquiler mensual medio de un departamento de dos dormitorios en Washington es de $2.235. El salario neto medio necesario para vivir en Washington D. C., suponiendo que el alquiler represente el 40 % del presupuesto familiar, es de $67.050; si el alquiler es del 30 %, de $89.400. Para un departamento de dos recámaras con un alquiler medio de $3.067 al mes, las cifras ascienden a $92.010 en el 40 % y a $122.680 en el 30 %.

El ataque de Trump a los empleos federales mediante el desmantelamiento de las agencias es uno de los pilares de su plan para establecer una dictadura personalista que le beneficie a él y a sus multimillonarios patrocinadores. Los despidos han devastado a decenas de miles de familias, y los recortes previstos por Bowser y el Congreso traen consigo más desesperación y desesperanza.

La intervención del Congreso también supone una violación directa de la ya limitada «autonomía» concedida a D.C. por el Congreso en 1973. En virtud de ese marco, las leyes del Distrito están sujetas a un período de revisión fijo por parte del Congreso. En el caso del proyecto de ley sobre delincuencia de 2023, el Congreso y el presidente Joe Biden rechazaron la modesta reforma del código penal del Distrito, a pesar de que el Congreso actuó fuera del plazo de revisión legalmente prescrito, y los demócratas invocaron la «seguridad pública» para justificar el atropello del autogobierno de Washington D. C.

La última intervención fiscal amplía este precedente. Cada vez que el gobierno local intenta desviarse, aunque sea mínimamente, de las directrices políticas del gobierno federal, ya sea en materia de sanciones penales o de política fiscal, el Congreso simplemente interviene y anula sus decisiones. La última intervención implica la colaboración de los dos grandes partidos en un ataque aún más directo a las condiciones sociales mediante un decreto federal que obliga a reorganizar el presupuesto de la ciudad de acuerdo con la chapuza fiscal de Trump para las empresas y los ricos.

Esto ocurre en un momento en que el Distrito está a punto de celebrar elecciones a la alcaldía. Bowser anunció a finales del año pasado que no se presentará a la reelección. Su credibilidad se ha visto profundamente mermada por sus años de colaboración, primero con la administración Biden y ahora con la fascista Casa Blanca de Trump.

La principal candidata para sustituir a Bowser es la concejala del Distrito 4, Janeese Lewis George, miembro de los Socialistas Demócratas de Estado Unidos (DSA), que ha basado su campaña en una retórica progresista sobre hacer que D.C. sea «asequible para todos».

George se ha comprometido anteriormente a implementar el cuidado infantil universal, ampliar la vivienda asequible y proteger los servicios sociales de los recortes. Presume de su papel en la aprobación de medidas para los trabajadores de guarderías, el apoyo a la moratoria de desahucios durante la pandemia y el respaldo a medidas para financiar viviendas para las personas sin hogar.

Sobre el papel, estas promesas contradicen directamente un régimen presupuestario dominado por la One Big Beautiful Bill de Trump y aplicado por decreto del Congreso. Sin embargo, en la práctica, la crisis presupuestaria pone de manifiesto los límites fundamentales —y el carácter de clase— de la política de George.

Con un agujero enorme y cada vez mayor en las finanzas de la ciudad, cualquier alcalde que acepte el marco del capitalismo y la autoridad federal se verá obligado a aplicar medidas de austeridad, independientemente de sus consignas electorales. La experiencia de figuras respaldadas por la DSA en otras ciudades, como Zohran Mamdani en Nueva York, es muy instructiva: una vez en el cargo, sus plataformas «socialistas democráticas» se van retirando progresivamente y se adaptan a las exigencias de las grandes empresas, el sector inmobiliario y el aparato estatal.

La respuesta de George a la anulación de los impuestos ha consistido sobre todo en lamentarse y pedir al Congreso que «respete la democracia de D.C.», junto con vagas sugerencias de que la ciudad aún puede recaudar ingresos gravando a los ricos. Pero incluso en este terreno, su historial demuestra que está perfectamente preparada para alinearse con los principales intereses capitalistas. Apoyó el marco para un nuevo proyecto de estadio, ofreciendo importantes incentivos fiscales a los promotores y propietarios de equipos en nombre del «desarrollo económico».

La única pincelada «progresista» que George añadió, como condición para votar el pasado mes de septiembre a favor de gastar $1.000 millones en la construcción de un nuevo estadio en el emplazamiento del antiguo estadio RFK, en el sureste de Washington D.C., fue insistir en que se garantizaran «puestos de trabajo sindicalizados» en la construcción y el funcionamiento del estadio. Esta es una fórmula típica de la DSA que combina regalos a las empresas con concesiones limitadas a la burocracia sindical.

Esta hoja de parra ha dado sus frutos en forma de apoyos de una serie de sindicatos locales, entre ellos el Sindicato Amalgamado de Transporte (ATU) Local 689, SEIU 32BJ, UFCW Local 400 y UNITE HERE, que en conjunto representan a más de 50.000 trabajadores de la región.

El respaldo del ATU 689 es especialmente revelador. El sindicato, que representa a miles de trabajadores del transporte público del área de Washington D. C., ha colaborado en repetidas ocasiones con la dirección y las autoridades municipales para bloquear o contener las luchas. Su dirección ha impulsado acuerdos de concesiones, incluido un memorando de entendimiento presentado a los trabajadores de la Autoridad de Transporte Metropolitano de Washington (WMATA), al tiempo que se negaba a divulgar todos los detalles del documento. Presentó un acuerdo provisional a los trabajadores de Fairfax Connector antes incluso de que se hubieran ultimado los términos clave, pidiendo efectivamente a los trabajadores que firmaran un cheque en blanco para los despidos y la reestructuración, ya que el sistema de transporte público se enfrenta a su propia crisis financiera.

Estas son las fuerzas que ahora se unen detrás de George, no porque ella amenace el orden existente, sino porque ofrece un medio para preservar su posición privilegiada dentro de él, al tiempo que canaliza la ira de la clase trabajadora hacia el Partido Demócrata.

La imposición federal del programa fiscal de Trump en el Distrito de Columbia tiene, por tanto, un doble carácter. Por un lado, es un acto brutal de contrarrevolución social, destinado a arrebatar cientos de millones de dólares a los presupuestos locales y a agravar la pobreza y la desigualdad en la capital del país. Por otro lado, pone de manifiesto la bancarrota de todas las facciones del Partido Demócrata y sus organizaciones satélites, incluida la DSA. Mientras que los republicanos se jactan abiertamente de «proteger a los contribuyentes» mediante la aplicación de la Gran Ley, los demócratas —desde Biden, que ayudó a revocar la reforma penal de Washington D. C., hasta George, que promete reformas sociales dentro de un marco de austeridad— aceptan la premisa básica de que la sociedad debe organizarse en torno a las exigencias de lucro de la clase capitalista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 15 de febrero de 2026)