La noche del 18 de febrero, el Congreso peruano, reunido en sesión extraordinaria, votó la designación de un nuevo presidente para reemplazar a José Jerí, el octavo jefe de Estado peruano en apenas una década. Jerí, un político de derecha, fue destituido tras solo cuatro meses en el cargo, siendo el último presidente en caer víctima de acusaciones de corrupción y escándalo personal. Solo el tiempo dirá si se une a cuatro de sus predecesores que están en prisión.

Ni Jerí ni su predecesora inmediata, Dina Boluarte, ganaron las elecciones populares, sino que fueron impuestos por el Congreso en lo que equivale a golpes de Estado parlamentarios. José María Balcázar es el último en ser designado por el Congreso como presidente interino. Su principal tarea será supervisar las elecciones presidenciales programadas para el 12 de abril y ejercer como presidente interino hasta la toma de posesión de un nuevo presidente en julio, si es que logra mantenerse en el cargo.

Balcázar, de 83 años, tiene vínculos con Perú Libre, el partido del destituido y encarcelado presidente Pedro Castillo, exdirigente del sindicato de docentes que fue destituido en diciembre de 2022 tras intentar bloquear un juicio político amañado y respaldado por Estados Unidos.

Esto ha dado lugar a una feroz campaña de propaganda mediática dirigida a presentar a Balcázar, exjuez conservador, como 'comunista'. De forma inquietante, la Unión Naval, que representa a oficiales retirados de la Marina, emitió un comunicado público advirtiendo que el gobierno había sido controlado por 'marxistas-leninistas'.

Se ha sugerido que el objetivo de los partidos de derecha que controlan el Congreso era instalar a Balcázar como un rival político, permitiendo a sus candidatos distanciarse de un gobierno supuestamente de 'izquierda' en un contexto en el que los índices de aprobación, tanto del ejecutivo como del legislativo, rara vez superan los 10 puntos porcentuales.

Por su parte, Balcázar ha hecho todo lo posible por disipar cualquier ilusión de que su presidencia tenga un componente de 'izquierda'. Sus primeras reuniones oficiales fueron con el embajador de Estados Unidos, el presidente del Banco Central de Perú, Julio Velarde, y líderes empresariales de la Sociedad Nacional de la Industrias.

Más importante aún, eligió al economista de derecha y excandidato presidencial Hernando de Soto como su primer ministro.

De Soto, un veterano aliado del imperialismo estadounidense y del Fondo Monetario Internacional, es el fundador del think tank de derecha Instituto Libertad y Democracia (ILD), cuyas operaciones fueron financiadas por la Fundación Nacional para la Democracia (NED), la agencia estadounidense creada para llevar a cabo abiertamente las mismas intervenciones de influencia política que antes realizaba de forma encubierta la CIA. En la década de 1990, fue asesor principal del presidente Alberto Fujimori y se le considera el autor del 'Fujishock', un drástico paquete de austeridad económica que sumió a amplios sectores de la población peruana en la pobreza de la noche a la mañana al eliminar los subsidios, los controles cambiarios y de precios, junto con la mayor parte del gasto social. El paquete se impuso mediante medidas dictatoriales, con tropas en las calles.

Sin embargo, el martes, a última hora, Balcázar anunció sin dar explicaciones que su primer ministro será Denisse Miralles, exministra de Economía de Jerí y tecnócrata de larga trayectoria en las instituciones financieras peruanas, y no De Soto.

Por su parte, De Soto afirmó que su reemplazo se produjo en respuesta a desacuerdos sobre los nombramientos del gabinete y que Balcázar no había superado la prueba de fuego al exigirle al presidente interino cambios. También declaró que Balcázar había sido secuestrado por intereses empresariales y políticos y advirtió sobre la venezuelanización del Perú. El nuevo gabinete incluye siete miembros que son remanentes del de Jerí. Los partidarios de Balcázar han acusado a De Soto de intentar cambiar los nombramientos del gabinete después de haber sido acordados.

El escándalo del 'Chifagate' y el conflicto entre Estados Unidos y China

En un país donde entre el 70 y el 85 por ciento del Congreso enfrenta cargos penales y expresidentes han sido encarcelados por tramas multimillonarias de sobornos, muchas de ellas relacionadas con la gigante constructora brasileña Odebrecht, los delitos conocidos por los que Jerí fue destituido parecen relativamente menores. Se le acusa de violar el protocolo que rige la programación de reuniones fuera del palacio presidencial. Estas reuniones tuvieron lugar en un 'chifa' (nombre con el que se conoce en Perú a los restaurantes chinos), lo que dio origen al escándalo conocido como 'Chifagate'. Las reuniones fueron con Zhihua Yang, un empresario e intermediario con conexiones en Beijing. Intentando ocultar su identidad con una sudadera con capucha que le cubría parte del rostro, Jerí no se dio cuenta de que lo estaban grabando y de que los videos de la reunión ilícita se viralizarían en redes sociales.

El Congreso también acusó a Jerí de mantener reuniones nocturnas con mujeres jóvenes en el palacio presidencial. Al menos cinco de ellos fueron contratadas por la legislatura con salarios mensuales de entre 6.000 y 11.000 soles (aproximadamente entre US$1.800 y US$3.300).

Que el problema que precipitó la caída de Jerí se centrara en la supuesta influencia ilícita de China no es casualidad. Perú se ha convertido en un punto focal en la campaña del imperialismo estadounidense para reducir la influencia económica de China y reafirmar la hegemonía de Washington en América Latina bajo la llamada 'Doctrina Donroe'. (La doctrina “Monroe” de 1823 del presidente estadounidense Monroe actualizada por el presidente Donald Trump, de allí “Donroe”, que se interpreta como “América”, los dos continentes, “para los americanos”, es decir, EE.UU.)

Según se informa, la inversión extranjera directa (IED) china en Perú asciende a US$30.000 millones, superando ampliamente a la de Estados Unidos, que representa tan solo US$6.700 millones. China, por su parte, representa el 36 por ciento del comercio exterior peruano, y Estados Unidos poco más del 14 por ciento. Mientras tanto, en Perú, al igual que en el resto de Sudamérica, China ha superado ampliamente a Estados Unidos como el principal socio comercial.

En noviembre de 2025, la presidenta Boluarte y el presidente chino, Xi Jinping, inauguraron el megapuerto marítimo de Chancay. Este proyecto, financiado con capital chino (Cosco Shipping, 60 por ciento) y peruano (Volcan, 40 por ciento), representa un hito logístico en la conexión directa de Sudamérica con Asia y la reducción de los tiempos de transporte marítimo. Brasil se propone desarrollar conexiones por carretera y ferrocarril del Atlántico al Pacífico.

Washington no ha ocultado su descontento. La Oficina de Asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado declaró en redes sociales su 'preocupación por los últimos informes que indican que Perú podría verse impotente para supervisar Chancay, uno de sus puertos más grandes, que se encuentra bajo la jurisdicción de propietarios chinos depredadores', y añadió: 'Apoyamos el derecho soberano de Perú a supervisar infraestructura crítica en su propio territorio. Que esto sirva de advertencia para la región y el mundo: el dinero barato chino cuesta soberanía'.

En un desafío directo a la instalación portuaria china, que personifica el intento de Washington de contrarrestar la influencia económica china con el poder militar estadounidense, el Pentágono ha aprobado US$1.500 millones en fondos para modernizar y reubicar la mayor base naval de Perú, a una nueva ubicación más cercana a la capital, Lima. Esto ocurre en medio del uso sin precedentes de la fuerza militar estadounidense en el ataque contra Venezuela, cuyo objetivo es reducir al país petrolero a la condición de semicolonia estadounidense.

La corrupta e impotente burguesía peruana, incapaz de adoptar una postura independiente, se debate entre sus intereses económicos ligados a China y su dependencia del imperialismo estadounidense en materia de 'seguridad nacional', es decir, la represión contrarrevolucionaria.

La presión de Washington busca que Perú se una a los países latinoamericanos que han elegido presidentes de extrema derecha comprometidos con responsabilizar a la clase trabajadora de la crisis y alinearse con el imperialismo estadounidense en sus preparativos para la guerra contra China: Milei en Argentina, Katz en Chile, Paz en Bolivia, Noboa en Ecuador, Bukele en El Salvador y Asfura en Honduras.

La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) refleja el distanciamiento de las amplias masas de la población peruana respecto a todos los partidos capitalistas existentes en un año electoral con 36 candidatos presidenciales. Esta encuesta coloca a Rafael López Aliaga, empresario de extrema derecha y exalcalde de Lima, en primer lugar con un 14,6 por ciento, mientras que en segundo lugar se ubica Keiko Fujimori, la hija derechista del exdictador, quien ascendió del 8,1por ciento al 10,3 por ciento en el último mes. En tercer lugar, con el 5,3 por ciento, se encuentra Alfonso López Chau, un economista y académico que se describe a sí mismo como “de centroizquierda” y que, como era previsible, ha sido denunciado como comunista por sus oponentes de extrema derecha.

La clase dominante peruana teme un movimiento desde abajo

Tras la implacable crisis política de la clase dominanate capitalista peruana y su virulento anticomunismo, subyace un temor abrumador a un movimiento desde abajo por parte de la clase trabajadora y las masas oprimidas en un país asolado por una enorme desigualdad social, con casi el 30 por ciento de la población viviendo en la pobreza y la mayoría trabajando sin prestaciones ni protecciones básicas en el llamado sector informal. La supuestamente sólida economía peruana, caracterizada por un auge en los precios de los metales y ganancias bancarias récord, no ha hecho nada para mejorar las condiciones que enfrenta la gran mayoría de los peruanos.

En los últimos meses se han producido una serie de huelgas de trabajadores del transporte por la masacre infligida por mafias extorsionadoras con conexiones políticas, con 20 conductores muertos por semana en lo que va de 2026. Jóvenes que marchan bajo la bandera de la Generación Z se han enfrentado a la policía antidisturbios, y trabajadores de la salud y la construcción han organizado huelgas y protestas.

El desafío fundamental que enfrenta este emergente movimiento de lucha social es la ausencia de una dirección revolucionaria en la clase obrera.

Durante décadas, los estalinistas del Partido Comunista Peruano socavaron las luchas proletarias mediante su dominio de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la subordinación de las luchas obreras a los partidos y gobiernos burgueses. Por su parte, el revisionismo pablista y su principal representante en Sudamérica, Nahuel Moreno —fallecido en 1987— son responsables de miles de muertes y derrotas históricas al promover el guerrillerismo pequeñoburgués, el castrismo y las alianzas con nacionalistas burgueses como sustitutos de la construcción de partidos revolucionarios en la clase obrera latinoamericana. Esto allanó el camino a las dictaduras militares respaldadas por Estados Unidos que dominaron la región durante dos décadas, a partir de la década de 1960.

En Perú, a principios de los 1980, surgieron dos corrientes: Izquierda Unida (IU) y Sendero Luminoso (SL). El primero optó por la vía electoral, ganando la alcaldía de Lima (1984-1986), con su líder Alfonso Barrantes, quien representó la izquierda del gobierno burgués. El segundo, de tendencia maoísta, lanzó una guerra de guerrillas que fue respondida con una brutal represión estatal, cobrando unas 70.000 vidas, la mayoría de ellas pertenecientes a comunidades indígenas, a lo largo de dos décadas.

Las amargas lecciones de esta historia deben ser asimiladas por una nueva generación como parte de la lucha por forjar una nueva dirección revolucionaria en la clase trabajadora, basada en la perspectiva del socialismo internacional y la teoría de la Revolución Permanente de Trotsky. Esto implica construir secciones del Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI) en Perú y en toda América Latina para unir las luchas de los trabajadores de estos países con las de los trabajadores de Estados Unidos y del mundo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 25 de febrero de 2026)