Mientras que la guerra en Irán y los ataques a los derechos democráticos en Estados Unidos demuestran que la clase dirigente estadounidense sumida en la barbarie, un movimiento diferente y progresista está surgiendo dentro de la clase trabajadora. Esto se evidencia en la huelga de 3.800 trabajadores de la planta empacadora de carne de JBS en Greeley, Colorado.

Aproximadamente 1.000 trabajadores, afiliados al Sindicato Unido de Trabajadores de la Alimentación y el Comercio (UFCW, por sus siglas en inglés), han formado piquetes que se extienden a lo largo de casi 800 metros alrededor de la planta. En un país donde las huelgas han sido sofocadas durante años por una burocracia sindical que limita los piquetes a un puñado de personas en cada entrada, estos piquetes masivos evidencian un profundo cambio de actitud. Se vislumbran nuevos horizontes. Como explicó un trabajador: «No podemos seguir siendo explotados como esclavos».

Los trabajadores de JBS representan el carácter internacional de la clase trabajadora. En la planta de Greeley, entre el 80 y el 90 por ciento de los empleados son inmigrantes, y se hablan más de 50 idiomas dentro de las instalaciones. JBS es una multinacional brasileña y una de las mayores empresas de alimentación del mundo, con operaciones en seis continentes. Emplea entre 270.000 y 280.000 trabajadores a nivel mundial: aproximadamente 158.000 en Brasil, 80.000 en Norteamérica, 16.800 en Europa y 14.000 en Australia, además de instalaciones en Argentina, Canadá y otros países.

La familia multimillonaria Batista, de Brasil, posee una participación mayoritaria, pero importantes inversores institucionales, incluidas las gigantescas firmas de capital privado BlackRock y Vanguard, tienen participaciones significativas, lo que demuestra que el amo último de la empresa es la oligarquía financiera global.

La huelga es una reprimenda directa a Donald Trump y a los burócratas sindicales que durante mucho tiempo han intentado enfrentar a los trabajadores inmigrantes y 'extranjeros' con los trabajadores 'estadounidenses'. En realidad, los trabajadores inmigrantes son un componente esencial de la clase trabajadora estadounidense, al igual que los trabajadores estadounidenses forman parte de la clase trabajadora global.

Los trabajadores han adoptado una postura firme en desafío a la constante amenaza que representa el aparato policial de inmigración de Trump. Muchos de ellos son inmigrantes haitianos a quienes la administración intenta revocar su estatus de protección temporal. Los trabajadores denuncian que se encontraron furgonetas sin distintivos estacionadas alrededor del lugar de la votación sobre la huelga, y recientes informes indican que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) opera al menos nueve centros de detención secretos solo en Colorado. Las plantas empacadoras de carne y las plantas procesadoras de alimentos han sido durante mucho tiempo blanco de redadas de inmigración, incluyendo una llevada a cabo en Greeley en 2006.

Las condiciones contra las que luchan los trabajadores son espantosas y recuerdan los peores abusos de finales del siglo XIX. Inmigrantes haitianos han presentado demandas contra la empresa, alegando que fueron atraídos a Estados Unidos con promesas de empleo y vivienda estables, solo para ser hacinados en casas sin agua corriente ni electricidad. Al menos seis trabajadores murieron durante el primer año de la pandemia, y en 2021 un trabajador falleció tras caer en una cuba de productos químicos.

Estas condiciones recuerdan a las descritas en la novela de Upton Sinclair de 1906, La jungla. Pero mientras que el presidente Theodore Roosevelt respondió a la indignación pública promulgando una ley de seguridad alimentaria al año siguiente, Trump invocó la Ley de Producción de Defensa en 2020 para obligar a los trabajadores de las plantas empacadoras de carne a permanecer en sus puestos de trabajo durante la pandemia de COVID-19.

El retorno a condiciones inhumanas en la industria cárnica es producto de un proceso que se ha prolongado durante décadas, en el que la burocracia sindical ha desempeñado un papel fundamental. Un punto de inflexión decisivo fue la supresión de la huelga de Hormel por parte del UFCW en 1985-1986. Cuando la sección local P-9 de Austin, Minnesota, intentó romper su aislamiento y buscar un mayor apoyo, fue descertificada por el sindicato.

El UFCW es uno de los innumerables sindicatos cuyas burocracias colaboraron con las corporaciones para mantener las operaciones durante la pandemia. En Waterloo, Iowa, los gerentes apostaron, con la complicidad del aparato sindical, sobre cuántos trabajadores se infectarían.

En Greeley, el sindicato UFCW Local 7 respondió a los paros espontáneos ordenando a los trabajadores que permanecieran en sus puestos. El año pasado, el UFCW alcanzó un acuerdo nacional con JBS que abarcaba a 26.000 trabajadores, pero la planta de Greeley fue excluida deliberadamente y se le mantuvo una prórroga del contrato hasta justo antes de la huelga actual, una maniobra que ha facilitado el traslado de ganado a otras instalaciones, incluida Cactus, Texas.

El sindicato UFCW también ha declarado que la huelga durará solo dos semanas, con la opción de extenderla si la empresa no retoma las negociaciones. Esto indica claramente que el sindicato planea poner fin a la huelga rápidamente.

La Alianza Internacional Obrera de Comités de Base (AIO-CB) insta a los trabajadores a prepararse no solo para la confrontación con la empresa y los políticos capitalistas, sino también con las burocracias sindicales, que funcionan como extensiones tanto de la dirección empresarial como del Estado.

La primera y más urgente tarea es arrebatarle el control de esta huelga al aparato de la UFCW. La AIO-CB insta a los trabajadores a formar un comité de huelga de base, elegido democráticamente entre los trabajadores de planta y los piquetes, para organizar la lucha, comunicarse directamente con los trabajadores e impedir cualquier acuerdo a puerta cerrada. Este comité debe elaborar y difundir un conjunto de demandas innegociables basadas en las necesidades reales de los trabajadores: aumentos salariales sustanciales y ajustes del costo de vida, dotación de personal y ritmos de producción seguros, protección real de la salud, el fin de las represalias y la victimización, y protección total para los trabajadores inmigrantes.

Los trabajadores deben rechazar cualquier intento de poner fin a la huelga basándose en vagas promesas de que la empresa “volverá a la mesa de negociaciones”. JBS ha “regresado” a la mesa innumerables veces solo para alargar las negociaciones, desgastar a los trabajadores e imponer concesiones. Los trabajadores deben rechazar el límite de dos semanas autoimpuesto por la UFCW, que tiene como objetivo desmoralizarlos y preparar su retirada.

Por muy valiente que sea su lucha, los trabajadores de Greeley no pueden imponerse por sí solos a una gigantesca corporación multinacional, respaldada por la administración fascistizante de Trump.

La AIO-CB insta a los trabajadores en huelga a que se dirijan directamente a los trabajadores de todas las plantas de JBS en Estados Unidos —especialmente a Cactus, Texas y otras que reciben ganado desviado— para que se nieguen a manejar envíos que rompan la huelga y preparen acciones de solidaridad. También deben contactar a los trabajadores de la industria automotriz, maestros, personal sanitario, trabajadores de logística y ferrocarriles, y otros sectores de la clase trabajadora que enfrentan el mismo ataque contra los salarios, las condiciones laborales y los derechos democráticos.

Establezcan canales de comunicación y coordinen acciones independientes de la burocracia sindical, que intentará mantener cada lucha separada y contenida.

En particular, deben prepararse acciones concretas para defender a los trabajadores de los ataques en los piquetes o de las represalias del ICE. Deben organizarse acciones coordinadas, incluyendo huelgas, para defender a los trabajadores del Estado, que inevitablemente actuará en connivencia con la dirección empresarial.

Lo más importante es que la lucha debe extenderse a nivel global. JBS es una corporación multinacional con una única plantilla global. Los trabajadores de las instalaciones de JBS en Brasil, Europa, Australia y Canadá deben movilizarse en solidaridad coordinada con los huelguistas de Greeley. Las condiciones que enfrentan estos trabajadores difieren en su forma legal y política, pero comparten una base económica común: la subordinación de la vida humana al lucro.

El veneno nacionalista de “Estados Unidos primero” y sus equivalentes en otros países deben ser rechazados en favor del principio que ha animado las luchas de la clase trabajadora desde el siglo XIX: “¡Trabajadores del mundo, uníos!”.

El camino a seguir es la solidaridad internacional y el control de las bases: construir una contraofensiva organizada de la clase trabajadora contra JBS, la oligarquía financiera que la respalda y las fuerzas políticas que se movilizarán para romper esta huelga.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 18 de marzo de 2026)