El sheriff (aguacil) Chad Bianco, exmiembro del grupo fascista Oath Keepers, confiscó las papeletas del condado de Riverside, California, emitidas en las elecciones especiales del 4 de noviembre de 2025 sobre la Proposición 50, una medida de redistribución de distritos contraria a Trump que se aprobó en todo el estado por 7,5 millones de votos contra 4,1 millones. El referéndum se aprobó en Riverside por 370.000 votos contra 285.000, un porcentaje menor, pero aun así abrumador.

Los resultados supusieron un repudio a Trump y socavaron los intentos republicanos de manipular los distritos electorales en los estados donde controlan el sistema electoral, como Texas, Florida y Carolina del Norte. Con la popularidad de Trump en caída libre, los republicanos temen ahora perder no solo su estrecha mayoría en la Cámara de Representantes, sino también el control del Senado.

Los sheriffs de California, que están sujetos a elecciones no partidistas cuatrienales que coinciden con las elecciones de mitad de mandato, no participan en la administración electoral, la cual está a cargo de los registradores de los condados, supervisados por el Departamento de Estado de California. Los sheriffs son responsables de algunas funciones policiales locales y de la administración de las cárceles. Sin embargo, sin presentar ninguna acusación de conducta delictiva, Bianco obtuvo tres órdenes de registro de jueces locales que colaboraron con la ley, cuyo contenido permanece sellado.

La acción sin precedentes de Bianco parece haber sido motivada por acusaciones descabelladas de un grupo local que niega la legalidad de las elecciones, el Equipo de Integridad Electoral de Riverside, que afirma que el total de votos del condado superó en 45.000 el número de papeletas recibidas. El registrador de votantes de Riverside ha explicado que la discrepancia se debió a una mala interpretación de la documentación preliminar y los datos brutos. En cualquier caso, la cifra en disputa representa aproximadamente la mitad del margen de victoria de la Proposición 50 solo en el condado de Riverside.

En una conferencia de prensa el 20 de marzo, Bianco, candidato republicano a gobernador de California, declaró estar en una 'misión de investigación' y ordenó a su personal 'contar físicamente las papeletas y comparar ese resultado con el total de votos escrutados'.

Rob Bonta, el fiscal general estatal demócrata, responsable tanto de la representación de los funcionarios electorales estatales como de la supervisión de las agencias policiales locales, denunció las acciones de Bianco como políticamente motivadas. Su oficina solicita una orden judicial, argumentando que la 'investigación penal apresurada e insuficientemente fundamentada de Bianco refuerza narrativas falsas: que las elecciones son sospechosas; que no se puede confiar en los resultados; y que la administración electoral está comprometida'.

“Esa percepción erosiona la confianza pública en la seguridad de nuestras elecciones y, a su vez, debilita nuestro sistema democrático y podría desalentar la participación electoral”, añadió Bonta, resumiendo las evidentes motivaciones políticas de Bianco.

Lo que está ocurriendo en el condado de Riverside es un nuevo capítulo en la campaña nacional para someter las elecciones al control de fascistas pro-Trump que, desde el 6 de enero de 2021, han demostrado que no aceptarán resultados electorales desfavorables.

Hace cinco años, una filtración de datos de los registros internos de los Oath Keepers reveló que Bianco había sido miembro de la milicia fascista en 2014, antes de ser elegido shetiff de Riverside. Los Oath Keepers formaron equipos tácticos armados durante el asalto al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021, y el fundador del grupo, Stewart Rhodes, fue declarado culpable de conspiración sediciosa y sentenciado a una larga pena de prisión antes de ser indultado por Trump.

Bianco también estaba afiliado a la Asociación de Sheriffs y Agentes de Paz Constitucionales, una organización fascista basada en la extraña teoría de que los sheriffs de condado son los únicos funcionarios policiales legítimos y que tienen mayor rango que las fuerzas del orden estatales y federales.

En junio de 2024, un día después de que Donald Trump fuera declarado culpable de 34 delitos graves en Nueva York, Bianco publicó un video en Instagram, vestido con su uniforme completo, apoyando a Trump para la presidencia. “Creo que es hora de poner a un delincuente en la Casa Blanca”, dijo, y añadió: “Trump 2024, ¡vamos! Salvemos este país y hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande”. La ley de California prohíbe explícitamente que los empleados públicos participen en actividades políticas manifiestas mientras estén uniformados.

La oficina del sheriff del Condado de Riverside ya está siendo investigada por la extraordinaria cantidad de reclusos que han muerto en sus cárceles, al menos 91 desde principios de 2020, lo que convierte a Riverside en el segundo sistema penitenciario más letal de Estados Unidos.

La incautación de boletas por parte de Bianco se produjo tras la redada del FBI en enero pasado en un centro electoral del Condado de Fulton, Georgia, que resultó en la incautación de más de 700 cajas de boletas y registros de las elecciones presidenciales de 2020. La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, asistió personalmente a la operación a petición de Trump, a pesar de no tener autoridad policial a nivel nacional.

En Arizona, el FBI ha confiscado registros de las revisiones que ratificaron los resultados de las elecciones de 2020, que dieron a Biden una ajustada victoria estatal sobre Trump. En Puerto Rico, las autoridades federales han confiscado máquinas de votación.

Simultáneamente, la administración Trump intenta aprobar a toda prisa la llamada Ley para Salvar a Estados Unidos en el Congreso, con el fin de evitar el inminente desastre electoral de los republicanos. Su objetivo es eliminar a más de 21 millones de ciudadanos elegibles del padrón electoral, exigiendo a los estados que entreguen los padrones al Departamento de Seguridad Nacional.

Una prueba del algoritmo de verificación del Departamento de Seguridad Nacional en el condado de Boone, Misuri, reveló que más de la mitad de los votantes señalados como no elegibles eran ciudadanos estadounidenses. Muchos de ellos carecen de pasaporte o, especialmente en el caso de las mujeres casadas, de actas de nacimiento que coincidan con sus documentos de identidad actuales.

El actual presidente, Gavin Newsom, tiene un límite de mandatos, lo que ha llevado a varios demócratas a postularse para sucederlo. Debido al sistema de primarias abiertas del estado, los dos candidatos más votados en las primarias pasan a las elecciones generales, independientemente de su afiliación partidista. Las encuestas preliminares muestran a Bianco y al presentador de Fox News, Steve Hilton, liderando la contienda, lo que plantea una remota posibilidad de que estos dos republicanos de derecha avancen a las elecciones generales a pesar de que los demócratas tienen una ventaja de casi 2 a 1 en el registro de votantes en el estado.

La confiscación de votos por parte de Bianco tiene como objetivo fortalecer su candidatura al obtener la aprobación de Trump mediante su conducta de interferencia armada en las elecciones, un tipo de injerencia que otros leales a Trump amenazan con realizar a nivel nacional. El lunes, mientras Trump desplegaba agentes del ICE en los aeropuertos, supuestamente para abordar los retrasos de seguridad, Steve Bannon calificó la operación como una 'prueba piloto' para 'perfeccionar la participación del ICE en las elecciones de mitad de mandato de 2026'.

El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, escribió en el New York Times el 23 de marzo, concluyendo con un estribillo recurrente: “Los demócratas estamos unidos en nuestra oposición a la Ley SAVE. Sabemos que el derecho al voto no es una ventaja partidista que se pueda manipular o negar. Es el fundamento de la democracia estadounidense”.

Cabe preguntarse qué ha producido exactamente esa unidad. El Partido Demócrata ha ostentado la presidencia, controlado ambas cámaras del Congreso y ocupado los cargos de fiscal general y secretario de Estado en numerosos estados clave en distintos momentos de los últimos seis años; sin embargo, Donald Trump escapó a las consecuencias políticas y legales de su fallido intento de anular las elecciones de 2020 por la fuerza, y de hecho ha sido reinstalado en la Casa Blanca.

El Partido Demócrata es incapaz de librar tal batalla porque está vinculado a los mismos oligarcas capitalistas que los republicanos. La defensa de los derechos democráticos no puede confiarse a un partido que ha demostrado, repetidamente, que no está dispuesto a luchar seriamente contra las fuerzas que desmantelan esos derechos.

Trabajadores, estudiantes y jóvenes deben organizarse independientemente de ambos partidos corporativos, construyendo un movimiento de masas contra la confiscación de votos, la depuración de censos electorales y toda forma de injerencia electoral. La clase política de ambos partidos teme esta posibilidad mucho más que el temor que sienten los unos por los otros.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 26 de marzo de 2026)