La fiscalía salvadoreña ha iniciado un juicio masivo contra 486 presuntos miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) por cargos que van desde homicidio hasta extorsión y tráfico de armas. En lo que será el mayor proceso penal en la historia del país, los acusados están imputados por su participación en más de 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, incluyendo aproximadamente 29.000 homicidios.

Las autoridades afirman que enfrentan a la cúpula de la banda e insisten en que poseen pruebas abrumadoras, comprometiéndose a solicitar las penas máximas disponibles.

El juicio se desarrolla bajo un régimen instaurado mediante profundos cambios legales durante el estado de emergencia declarado por el presidente Nayib Bukele, quien ha gobernado con poderes extraordinarios durante cuatro años. Estas medidas permiten audiencias masivas, a menudo virtuales, vulnerando los derechos fundamentales de los acusados.

Una reciente reforma legal permitirá próximamente la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para quienes sean condenados por terrorismo, asesinato o violación. Observadores internacionales han criticado duramente estas medidas draconianas. “Las audiencias y los juicios masivos —a menudo celebrados de forma virtual— socavan el derecho a la defensa y la presunción de inocencia de los detenidos”, advirtió un panel de expertos de las Naciones Unidas.

Bukele, quien se ha autodenominado 'el dictador más cool del mundo', ha sido acogido por Donald Trump como un 'aliado increíble'. El aspirante a dictador estadounidense ha elogiado su represión contra las pandillas, que equivale a la imposición de la ley marcial, y la construcción de vastos complejos penitenciarios. Ha descrito el sistema penitenciario salvadoreño como 'humano' y eficaz, al tiempo que ha destacado la cooperación en materia de control migratorio, incluyendo acuerdos de deportación dirigidos a presuntos miembros de pandillas.

La realidad tras esta retórica es la consolidación de un régimen autoritario. El estado de emergencia ha suspendido los derechos democráticos fundamentales y ha propiciado detenciones masivas a una escala sin precedentes. Las organizaciones de derechos humanos estiman que la población carcelaria de El Salvador ha aumentado a aproximadamente 118.000 detenidos, más del doble de la capacidad del sistema. En un momento dado, el 1,9 por ciento de la población del país se encuentra encarcelada, una de las tasas más altas del mundo. El gobierno de Bukele ha amenazado con cadena perpetua e incluso con la inanición a los detenidos, invocando la supuesta “guerra contra las pandillas” para justificar estas medidas.

Este estado de terror autoritario desmantela la frágil fachada democrática establecida tras el fin del régimen militar en 1979 y la conclusión de la guerra civil en 1992. Dicha fachada se construyó con la complicidad de la dirección pequeñoburguesa nacionalista y estalinista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que se transformó de movimiento guerrillero en partido político burgués. El propio Bukele provenía del sector de la élite empresarial que se alineó con el FMLN.

El aparato represivo actual se ha extendido más allá de las fronteras de El Salvador, entrelazándose con la política migratoria estadounidense de forma alarmante. La administración Trump designó a la MS-13 como organización terrorista e impulsó acuerdos con El Salvador para el intercambio de prisioneros. Estas políticas han provocado la deportación de migrantes —incluidos venezolanos— en condiciones que evocan las desapariciones forzadas de las dictaduras militares latinoamericanas de las décadas de 1970 y 1980.

Campo de concentración del CECOT: tortura y ejecuciones extrajudiciales

Invocando la Ley de Extranjeros Enemigos del siglo XVIII, el gobierno estadounidense ha justificado las deportaciones masivas alegando una supuesta 'invasión' por parte de grupos criminales. Cientos de migrantes han sido detenidos sin el debido proceso, a menudo capturados por agentes en ropa casual y trasladados a lugares desconocidos. Con frecuencia, los abogados y familiares no pueden determinar su paradero, ya que los registros son alterados o borrados. Algunos detenidos reaparecieron el año pasado en el tristemente célebre Centro de Confinamiento para Terroristas (CECOT) de El Salvador, que funciona como un campo de concentración supervisado por fuerzas de seguridad con un historial documentado de torturas y ejecuciones extrajudiciales.

Los paralelismos históricos son innegables. Bajo la dictadura respaldada por Estados Unidos que gobernó El Salvador durante el régimen civil de 1979 a 1992, aproximadamente 71.000 personas —entre el 1 y el 2 por ciento de la población— fueron asesinadas o desaparecieron.

La propia CECOT se ha convertido en un símbolo de represión. Organizaciones de derechos humanos estiman que entre 238 y más de 250 personas, entre salvadoreños y venezolanos, fueron trasladadas ahí desde Estados Unidos a principios de 2025 sin cargos. Hasta 36 salvadoreños deportados de Estados Unidos permanecen allí incomunicados.

Los testimonios describen un patrón de brutalidad: palizas, humillaciones y agresiones sexuales. Los presos permanecen en celdas sin ventanas, bajo luz artificial constante, privados de sueño y de necesidades básicas. El acceso al agua es muy limitado, y se han reportado casos de contaminación por gusanos y mosquitos. Las huelgas de hambre han sido reprimidas violentamente, incluyendo palizas y el traslado de prisioneros 'medio muertos'. En su desesperación, algunos detenidos recurrieron a 'huelgas de sangre', cortándose las muñecas, pero fueron ignorados por los guardias y el personal médico.

Documentos de inteligencia interna revelan además que el 36 por ciento de los detenidos durante el estado de excepción no tenían antecedentes penales. Sin embargo, permanecen encarcelados sin contacto con el mundo exterior y sin ninguna oportunidad real de defenderse.

La ONG Socorro Jurídico Humanitario (SJH) ha recopilado una base de datos que muestra 517 muertes de presos durante el estado de excepción de Bukele. Nueve de cada diez nunca habían sido condenados por ningún delito. Aproximadamente un tercio de las muertes fueron causadas por violencia o tortura, otro tercio por negligencia médica, y en el resto se desconoce la causa de la muerte.

El caso de Kilmar Abrego García ilustra la arbitrariedad de estas políticas. Deportado ilegalmente de Estados Unidos, se convirtió en uno de los cientos de personas enviadas al CECOT sin juicio. Aunque posteriormente regresó a Estados Unidos y fue liberado por orden judicial, su caso pone de relieve el sistema general de detención extrajudicial. El propio Bukele se negó públicamente a extraditarlo durante una reunión con Trump en el Despacho Oval, lo que subraya la alianza política que sustenta estas acciones.

Las implicaciones más amplias se extienden por toda la región. El modelo de Bukele —que combina el encarcelamiento masivo, la suspensión de derechos y la militarización de la vigilancia interna— está siendo promovido por gobiernos de derecha en Ecuador, Honduras y Costa Rica. El apoyo de Trump refuerza esta tendencia, normalizando una doctrina según la cual el Estado puede detener o incluso matar a personas basándose únicamente en sospechas, sin el debido proceso.

Bukele ha sumido al país en un estado de excepción permanente, criminalizando a las organizaciones de la sociedad civil y a los periodistas, considerándolos fachadas de las bandas criminales.

Como suele ocurrir con los medios corporativos estadounidenses, se ha prestado poca atención a las raíces más profundas de la violencia en El Salvador. Estas radican en una larga historia de extrema desigualdad y represión estatal, impulsadas por los intereses de las élites locales y el imperialismo estadounidense. El auge de pandillas como la MS-13 y Barrio 18 no puede entenderse al margen de este contexto.

Su consolidación fue consecuencia de las políticas estadounidenses de la década de 1990, especialmente durante la administración Clinton. Las deportaciones masivas de jóvenes inmigrantes —muchos de los cuales habían formado pequeños grupos para protegerse en ciudades estadounidenses— trasladaron las estructuras de las pandillas a Centroamérica. Un deportado recordó: “Al final se convirtió en una pandilla, pero al principio solo se trataba de protegernos entre nosotros… A estos chicos los trataban como basura”.

La Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA) de 1996, promulgada durante la administración demócrata de Clinton, marcó un punto de inflexión, expandiendo drásticamente las deportaciones y socavando el debido proceso. Sumado a la grave desigualdad social en El Salvador, estas políticas crearon un entorno propicio para la proliferación de pandillas.

Esa desigualdad tiene sus raíces en décadas de intervención económica y militar respaldada por Estados Unidos. Durante la guerra civil, Washington proporcionó más de 4 mil millones de dólares en ayuda al gobierno salvadoreño, apoyando un régimen que empleaba escuadrones de la muerte, tortura y asesinatos en masa. Las políticas económicas vinculadas a los intereses estadounidenses agravaron la pobreza, promoviendo un crecimiento impulsado por las exportaciones, a la vez que aumentaban la dependencia de las importaciones y socavaban el empleo interno.

La privatización, la austeridad y la dolarización —tanto bajo el partido fascistoide Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) como bajo el FMLN— erosionaron aún más el nivel de vida. A principios de la década de 2000, una pequeña élite controlaba casi la mitad de la riqueza del país. Los gobiernos posteriores del FMLN, a pesar de su retórica de izquierda, continuaron con estas políticas, aumentando el gasto militar e imponiendo medidas de austeridad.

Las condiciones han empeorado bajo el mandato de Bukele, quien llegó al poder explotando el descontento popular contra el partido ARENA y el FMLN. La pobreza aumentó del 22,8 por ciento en 2019 al 25,8 por ciento en 2024, impulsada por un incremento del 24 por ciento en el costo de vida que superó el aumento de los salarios. Se recortaron drásticamente los programas sociales, eliminándose 31 de los 40 existentes. Mientras tanto, la deuda pública se disparó de 19.800 millones de dólares a 32.100 millones.

Estas condiciones seguirán empujando a los jóvenes hacia la migración o su participación en redes criminales, perpetuando el ciclo de violencia que el gobierno dice combatir. El actual juicio masivo, lejos de abordar estas causas profundas, representa una escalada más de la represión dirigida, en última instancia, contra la clase trabajadora.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 25 de abril de 2026)