Una filtración de grabaciones de audio de Signal, WhatsApp y Telegram —publicada por Diario Red y la plataforma de investigación Hondurasgate— ha revelado lo que equivale a una Operación Cóndor moderna: una conspiración transnacional respaldada por Estados Unidos que involucra a Washington, Tel Aviv, Buenos Aires y el Estado hondureño para desestabilizar gobiernos en toda América Latina, instaurar regímenes policiales y preparar la represión violenta de la oposición social en todo el hemisferio.

Las grabaciones, supuestamente autenticadas mediante el software forense Phonexia Voice Inspector, revelan conversaciones entre el expresidente hondureño y narcotraficante convicto Juan Orlando Hernández (JOH), el actual presidente hondureño Nasry Asfura, la vicepresidenta María Antonieta Mejía y otros operadores de derecha sobre la creación de “células de información”, la financiación de campañas de desinformación, el encarcelamiento o asesinato de opositores y la coordinación de una ofensiva continental contra el “cáncer de la izquierda”.

La importancia de estas filtraciones trasciende con creces las fronteras de Honduras. Surgen en medio del apoyo abierto de la administración Trump a lo que denomina el “Escudo de las Américas”, el “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe y la estrategia más amplia de la “Gran Norteamérica”, cuyo objetivo es reafirmar la hegemonía directa de Estados Unidos sobre el hemisferio occidental mediante la fuerza militar, la coerción económica y la subversión política.

Estos planes no solo se dirigen hacia el exterior. Son inseparables del rápido desarrollo de formas autoritarias de gobierno dentro de Estados Unidos.

El miércoles, la administración Trump anunció una nueva “Estrategia Antiterrorista de Estados Unidos” que amplía enormemente los poderes internos del poder ejecutivo, fortalece las autoridades de vigilancia, amplía la categoría de “extremismo” e integra aún más a las agencias militares y de inteligencia en la gobernanza civil.

Los mismos métodos desarrollados en operaciones imperialistas en el extranjero —ejecuciones extrajudiciales, censura, guerra psicológica, policía militarizada y represión política— se están preparando cada vez más para su uso contra la clase trabajadora dentro de Estados Unidos.

Las grabaciones filtradas ofrecen una visión extraordinaria de cómo se están implementando estos planes. Según el material publicado, Hernández —indultado por el presidente Donald Trump tras cumplir una condena de 45 años en Estados Unidos por narcotráfico— habla sobre la creación de una unidad de propaganda digital y “periodismo” con sede en Estados Unidos, diseñada para difundir noticias falsas y desestabilizar a los gobiernos de México, Colombia y Honduras.

En una presunta conversación con Asfura, Hernández solicita 150.000 dólares para alquilar un apartamento en Estados Unidos donde se ubicaría la operación. “Vamos a montar una célula, señor presidente”, dice Hernández. “Desde aquí, desde Estados Unidos, una célula de información, para que no puedan rastrearnos en Honduras. Será como un sitio web de noticias latinoamericano”.

Se jacta de haber hablado recientemente con el presidente argentino Javier Milei: “Tuve una llamada con el presidente Javier Milei y fue un éxito. Muy, muy, muy buena, y creo que en este momento podemos hacer grandes cosas por toda Latinoamérica. Hay algunos casos pendientes contra México, algunos casos pendientes contra Colombia y, lo más importante, contra Honduras, contra la familia Zelaya”.

Asfura responde prometiendo fondos estatales adicionales desviados de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos de Honduras. “Vamos a enviar otros 150.000 dólares”, afirma.

El expresidente hondureño Manuel Zelaya fue derrocado por un golpe militar en 2009, respaldado por el Departamento de Estado bajo la dirección de la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton. Su esposa, Xiomara Castro, fue presidenta desde 2022 hasta enero de 2026.

En otra presunta conversación, Hernández le dice a la vicepresidenta María Antonieta Mejía que la operación cuenta con el respaldo de 'algunos republicanos' y tiene como objetivo 'atacar y erradicar el cáncer de la izquierda' en toda Latinoamérica. Afirma que Milei está aportando 350.000 dólares y menciona el apoyo de contactos mexicanos no identificados.

Las filtraciones arrojaron una luz siniestra sobre una reunión celebrada el miércoles pasado entre Milei y Asfura en Los Ángeles, en el marco de la conferencia anual del Instituto Milken, que se ha convertido en un centro de estrategia contra el espectro del socialismo.

Las filtraciones también apuntan a la participación directa de redes políticas israelíes. Hernández supuestamente afirma que la financiación de su indulto presidencial “provino de un grupo de rabinos y personas que apoyaban a Israel”, mientras que en otra grabación dice que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, “tuvo mucho que ver” con su liberación.

La hipocresía y la criminalidad expuestas son asombrosas. Hernández fue condenado en un tribunal de Manhattan por ayudar a traficar más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos y por recibir sobornos del Cártel de Sinaloa, incluyendo un millón de dólares de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Su hermano, Juan Antonio Hernández, recibió cadena perpetua por cargos similares.

Sin embargo, esta misma figura se ha convertido aparentemente en un agente clave de la estrategia regional de Washington.

Esto expone por completo el carácter fraudulento de la narrativa del “narcoterrorismo” utilizada para justificar el ataque a Venezuela y la escalada de las operaciones militares estadounidenses en América Latina y el Caribe. El problema nunca ha sido la lucha contra el narcotráfico. Washington está perfectamente dispuesto a emplear a políticos convictos vinculados a cárteles cuando esto sirve a objetivos estratégicos más amplios: recolonizar la región, contrarrestar a China, subvertir gobiernos de izquierda y preparar la represión masiva contra la clase trabajadora.

Según se informa, las grabaciones incluyen conversaciones sobre encarcelar o asesinar a opositores políticos. Se escucha una voz identificada como la de Cosette López-Osorio, funcionaria del Consejo Nacional Electoral, diciendo sobre el opositor Marlon Ochoa: “Primero: cárcel o muerte. Así lo voy a decir: cárcel o muerte”.

Otra grabación muestra presiones sobre funcionarios del Congreso hondureño para que usen la violencia y la represión contra la oposición. “En Honduras, se necesita fuerza, se necesita logística, se necesita sangre”, dice una voz identificada como Hernández. “Contrarrestar la violencia con violencia. Eso es lo que dice el presidente Trump”.

Las filtraciones detallan aún más los planes para transformar Honduras en un Estado satélite de las corporaciones estadounidenses y el Pentágono. Durante su presidencia, Hernández impulsó las polémicas ZEDE (Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo Económico), que, en la práctica, entregarían partes de Honduras a la gobernanza corporativa privada, al margen de las leyes laborales, las regulaciones ambientales y cualquier supervisión democrática del país.

Uno de estos proyectos, Próspera, atrajo inversiones de los multimillonarios aliados de Trump, Peter Thiel y Marc Andreessen. Ubicado en la isla de Roatán, se concibe como un paraíso fiscal y un enclave desregulado para empresas de biotecnología, criptomonedas y finanzas.

La Corte Suprema de Honduras declaró inconstitucionales las ZEDE en 2024. Sin embargo, bajo el nuevo gobierno del Partido Nacional, se están llevando a cabo planes no solo para reactivarlas y expandirlas, sino también para entregar importantes proyectos de infraestructura, incluido el Ferrocarril Interoceánico de Honduras, a corporaciones estadounidenses, al tiempo que se reduce la participación china.

La misma agenda incluye la expansión de las bases militares estadounidenses y profundas medidas de austeridad dirigidas contra la clase trabajadora.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum respondió públicamente a las filtraciones esta semana. Si bien denunció la existencia de una red internacional de derecha, se centró en el papel de Argentina —no en el de Washington— y desestimó cualquier amenaza de que estas conspiraciones afecten a su propio gobierno.

Por su parte, el presidente colombiano Gustavo Petro se limitó a denunciar a Netanyahu por permitir que JOH “destruyera a los gobiernos colombiano y mexicano”, eximiendo a Trump y al gobierno estadounidense de toda responsabilidad. Cabe destacar que las elecciones presidenciales se celebrarán en Colombia el 31 de mayo. El candidato respaldado por Petro, Iván Cepeda, lidera las encuestas, pero se espera que enfrente una segunda vuelta contra el fascistoide Abelardo de la Espriella.

En medio del escándalo, el jueves el presidente brasileño Lula da Silva siguió los pasos de Petro a principios de año al congraciarse con Trump en Washington. La complacencia hacia Trump por parte de los tres gobiernos nominalmente de izquierda de los países más poderosos de la región es la demostración más clara de que el nacionalismo burgués no ofrece ninguna vía para oponerse a la opresión imperialista ni al fascismo.

El legado histórico de la Operación Cóndor

La revelación de la conspiración del “Hondurasgate” se produce medio siglo después del lanzamiento de la Operación Cóndor. Al igual que hoy, el terror brutal de la Operación Cóndor no surgió en un vacío político.

Los gobiernos reformistas que precedieron a las dictaduras militares —la Unidad Popular de Salvador Allende en Chile, el gobierno nacionalista de João Goulart en Brasil y el peronismo en Argentina— defendieron el régimen capitalista y su aparato represivo contra los movimientos prerrevolucionarios de la clase trabajadora, y subordinaron sistemáticamente a sus gobiernos a Wall Street y al imperialismo estadounidense. Mientras tanto, sus aliados estalinistas y pablistas insistían en que los trabajadores debían apoyar primero a los nacionalistas “progresistas” y promovían coaliciones de frentes populares con ellos. Al actuar como freno político a la movilización independiente de los trabajadores, estas fuerzas dejaron el camino libre a golpes militares y dictaduras respaldadas por Estados Unidos, con decenas de miles de personas que pagaron con sus vidas por estas traiciones políticas.

Con el pleno respaldo y aliento del gobierno estadounidense, y con la CIA desempeñando un papel protagónico, se establecieron regímenes militares de derecha en Brasil, Bolivia, Argentina, Uruguay y Chile. Estas dictaduras unieron fuerzas con regímenes en Paraguay y otros países para lanzar la Operación Cóndor, una operación conjunta entre las agencias de inteligencia latinoamericanas y la CIA para perseguir y asesinar a izquierdistas y exiliados revolucionarios en todo el mundo.

La Operación Cóndor se lanzó formalmente en octubre de 1975, cuando el jefe de inteligencia chileno, Manuel Contreras, convocó a representantes de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil en Santiago para establecer un “banco de información” conjunto y “grupos de trabajo” multinacionales. Los exiliados políticos podían ser secuestrados, torturados, desaparecidos y asesinados en cualquier lugar del continente sin autorización judicial, convirtiendo a Latinoamérica en lo que el World Socialist Web Site describió acertadamente como un “laberinto de horror”.

Los escuadrones de la muerte cruzaban fronteras libremente mientras los exiliados eran perseguidos y devueltos a centros de tortura y cámaras de ejecución. El propio Contreras testificó posteriormente que los asesinatos perpetrados por la policía secreta chilena DINA habían sido organizados conjuntamente con la aprobación de la CIA.

El gobierno israelí desempeñó un papel auxiliar crucial en el sostenimiento de estas redes terroristas, sirviendo de conducto para el suministro de armas estadounidenses y operaciones encubiertas donde Washington buscaba una negación plausible. Asesores israelíes entrenaron al ejército guatemalteco bajo la dictadura de José Efraín Ríos Montt. Cuando el Congreso restringió la venta de armas a Chile tras el asesinato de Orlando Letelier en Washington en 1976, Israel intervino para armar a la dictadura de Pinochet.

El escándalo “Hondurasgate” demuestra que esta maquinaria de represión imperialista nunca fue desmantelada

Una diferencia crucial, sin embargo, es que la red original del Plan Cóndor operaba en gran medida en secreto. Hoy, el imperialismo estadounidense ya ni siquiera intenta mantener la fachada de defender la “democracia” o el “mundo libre”.

La operación expuesta por “Hondurasgate” se desarrolla en medio de crecientes amenazas estadounidenses en toda la región. Trump ha amenazado repetidamente con una operación militar en México con el pretexto de combatir el crimen organizado. Ha intensificado las amenazas y provocaciones contra Petro en Colombia, al tiempo que expande las operaciones navales y los ataques con drones en el Caribe y el Pacífico Oriental. Como señal de los planes estadounidenses de agresión militar en medio del embargo de combustible vigente contra la isla, recientemente se han reportado varios vuelos de drones de reconocimiento cerca de Cuba.

“Hondurasgate” expone la implementación avanzada de los métodos de la Operación Cóndor —la maquinaria de terror continental de la CIA— en un contexto de creciente crisis global y conflicto de clases.

Los trabajadores de toda América deben sacar las conclusiones necesarias. La defensa de los derechos democráticos y la oposición a la dictadura no pueden confiarse a ninguna facción de la clase dominante, ya sea en Washington o entre los gobiernos nacionalistas burgueses de América Latina.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 8 de mayo de 2026)