Doce personas condenadas a muerte por el asesinato del exdiputado Amarakeerthi Athukorala y su guardaespaldas policial en mayo de 2022, durante el levantamiento popular del país, se disponen a presentar un recurso ante la Corte Suprema.

Sus condenas y sentencias, basadas en pruebas endebles, son una parodia de la justicia. Se está castigando a estos 12 hombres para intimidar a todos los que participaron en el levantamiento, que terminó con la destitución del presidente Gotabhaya Rajapakse.

Los hombres se encuentran actualmente recluidos en la prisión de Welikada, en Colombo, tras el veredicto dictado por el Tribunal de Primera Instancia de Gampaha el 1 de febrero.

El tribunal declaró a los 12 culpables de cargos que incluyen «asesinato» y «reunión ilegal». El caso involucró a 43 acusados. Varios recibieron condenas de prisión suspendidas por delitos relacionados, mientras que otros fueron absueltos por falta de pruebas.

Es significativo que el fallo no fuera unánime. La jueza presidenta Sahana Mapabandara, que encabezaba el tribunal de tres miembros, emitió un veredicto disidente, afirmando que «la fiscalía no ha presentado un caso sólido».

Añadió: «Considero que la fiscalía no ha demostrado más allá de toda duda razonable ninguno de los cargos de la acusación contra los acusados nombrados en dichos cargos. Absuelvo y libero a los acusados de los cargos que se les imputan».

Los otros dos jueces no estuvieron de acuerdo con el veredicto del juez presidente y dictaminaron que 12 de los «sospechosos» eran culpables de asesinato.

El levantamiento popular de cuatro meses en Sri Lanka, durante el cual fue asesinado el diputado Amarakeerthi, estalló en abril de 2022, involucrando a millones de trabajadores, pobres rurales y jóvenes de todo el país. Las protestas masivas fueron una respuesta a los ataques devastadores contra las condiciones de vida por parte del gobierno de Rajapakse, para hacer que los trabajadores pagaran por la crisis económica alimentada por la pandemia de COVID-19 y la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania. La población se enfrentó a una grave escasez y a precios disparados del combustible, los medicamentos y otros productos básicos, así como a cortes de electricidad de varias horas.

A partir del 9 de abril, Galle Face Green, en Colombo, se convirtió en el centro del movimiento de protesta, con miles de personas ocupándolo. El 28 de abril y el 6 de mayo, millones de trabajadores participaron en huelgas generales de un día. La segunda huelga contó con el apoyo de otros millones de personas en un hartal, o cierre general de negocios.

Conmocionado por estos acontecimientos, el entonces primer ministro Mahinda Rajapakse, hermano mayor del presidente, convocó el 9 de mayo a miles de simpatizantes a su residencia, entre ellos ministros y diputados pertenecientes al partido gobernante Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP). Amarakeerthi parece haber participado en esta reunión.

Tras los discursos del primer ministro y otros líderes del SLPP, sus simpatizantes atacaron a los manifestantes cerca de la residencia y luego marcharon hacia Galle Face Green, agrediendo violentamente a los ocupantes desarmados. La policía y el ejército permitieron que los matones saquearan la zona. Se vio a algunos ministros, diputados y líderes locales del SLPP dirigiendo los ataques contra los manifestantes y la destrucción de su campamento.

Hasta 150 manifestantes resultaron heridos, varios de gravedad, y fueron atendidos en el Hospital Nacional de Colombo. Este violento ataque marcó un punto de inflexión en el levantamiento popular, al atraer a más sectores de trabajadores, jóvenes y la población rural pobre. La indignación se extendió por todo el país y se organizaron manifestaciones en numerosas localidades y ciudades. Miles de trabajadores de los servicios postales, de la salud y portuarios se declararon en huelga y salieron a la calle.

Más tarde esa noche, en Nittambuwa, a unos 40 kilómetros de Colombo, cientos de personas se habían reunido para protestar. El vehículo de Amarakeerthi quedó atrapado entre la multitud. Según relatos locales, su guardaespaldas policial abrió fuego contra la manifestación, matando a un joven e hiriendo a otro. El diputado y el guardaespaldas se refugiaron entonces en un edificio cercano, donde más tarde se encontraron sus cadáveres.

El caso de la fiscalía se basó en gran medida en pruebas circunstanciales. Al parecer, se utilizaron imágenes de cámaras de seguridad para identificar a algunos de los acusados, pero no se presentaron pruebas directas en video ni testimonios de testigos oculares para establecer quiénes cometieron los asesinatos. Las cámaras solo se habían instalado en la planta baja y en el primer piso, no en el segundo piso, donde fueron asesinados el diputado y su guardaespaldas. Esta evidente falta de pruebas no impidió que el tribunal condenara e impusiera la pena de muerte a 12 personas.

La mayoría de los 12 provienen de familias pobres y de clase media baja devastadas por el colapso económico de Sri Lanka. Los reporteros de World Socialist Web Site hablaron con familiares de algunos de los acusados que se preparaban para presentar apelaciones. Sus vidas han quedado destrozadas por las detenciones, los años de prisión preventiva y los crecientes costos legales.

Danushka Lakshantha Wickramarachchi, identificado como el primer acusado, había trabajado como conductor de un taxi de tres ruedas y era el principal sostén económico de su familia. Su pareja, Vijitha, que ahora lucha por cuidar a su hija de cuatro años, dijo que la familia había sobrevivido gracias a sus ingresos y al apoyo ocasional de familiares que trabajan en el extranjero.

«Todo se derrumbó tras su detención», explicó. «Gastamos cientos de miles de rupias en desplazarnos a los tribunales, pagar a los abogados y visitar las prisiones. Ahora no sabemos cómo podremos continuar con el recurso de apelación».

Viven en una vivienda alquilada cerca de la ciudad de Nittambuwa y se enfrentan a graves dificultades económicas. Danushka también tiene hijos de un matrimonio anterior que necesitan manutención, lo que supone una carga adicional para el hogar.

Otro acusado, Indika Kumara Wijesinghe, de 48 años, trabajaba en el banco estatal Samurdhi Bank.

Sus familiares dijeron que se necesitarían millones de rupias para presentar la apelación y contratar abogados. Ya sumidos en deudas, están desesperados.

Describieron el impacto psicológico del caso en las familias de los condenados. Los niños han sido objeto de burlas en la escuela, mientras que las esposas y los padres se enfrentan al aislamiento social dentro de sus comunidades. Muchas familias dependen ahora de trabajos esporádicos, préstamos o la ayuda de familiares en el extranjero para sobrevivir.

Mientras que se han impuesto castigos severos a la gente común envuelta en la agitación de 2022, muchos ministros, diputados y otros dirigentes políticos vinculados a los ataques contra los manifestantes antigubernamentales han quedado exonerados. Según algunos informes, también han obtenido indemnizaciones de seguros por sumas enormes, desproporcionadas con respecto a cualquier daño causado.

Este doble rasero pone al descubierto el carácter de clase del Estado capitalista y su sistema legal.

El gobierno del Janatha Vimukthi Peramuna/Poder Popular Nacional (JVP/NPP) afirma falsamente que representa las aspiraciones que impulsaron el levantamiento masivo de 2022, pero se ha negado a intervenir contra el tribunal. El 23 de febrero, los familiares de los 12 hombres condenados acudieron a la Secretaría Presidencial y entregaron una carta «explicando la injusticia a la que hemos sido sometidos». No han recibido respuesta.

La madre de uno de los acusados dijo que su hijo había salido de casa el 9 de mayo simplemente para observar la tensa situación que se desarrollaba en la ciudad. «No era un criminal», dijo. «Somos gente pobre. No tenemos poder, ni dinero, ni influencia. Solo pedimos justicia».

Otra familiar describió la desesperación que sienten las familias que esperan que avance el proceso de apelación. «Vivimos con miedo todos los días», dijo. «No sabemos qué les va a pasar. Solo sabemos que nuestras vidas han quedado destruidas».

El veredicto y la sentencia del tribunal tienen graves implicaciones para toda la clase trabajadora y el pueblo oprimido del país. Las 12 personas declaradas culpables son víctimas de una clase dominante que vive con miedo a la creciente oposición de las masas y quiere dar un ejemplo para intimidar a los trabajadores.

Durante décadas, Sri Lanka ha mantenido una moratoria sobre la pena de muerte, aunque los tribunales siguen dictando sentencias de muerte. Las organizaciones de derechos humanos han criticado repetidamente esta práctica, señalando los peligros de las condenas injustas, la injerencia política y el acceso desigual a la defensa legal.

Todos los partidos capitalistas —el gobierno y la oposición— han guardado silencio sobre el destino de los 12 hombres y sus familias. Ninguno ha planteado inquietudes sobre la imparcialidad del juicio, el veredicto dividido o la dependencia de pruebas circunstanciales para imponer las sentencias de muerte.

Mientras tanto, los medios burgueses han presentado en gran medida el incidente de Nittambuwa como un acto criminal aislado, desvinculado de los disturbios más amplios de 2022. Los canales de televisión y los periódicos destacaron repetidamente las muertes del diputado y su guardaespaldas, mientras prestaban poca atención a la desesperación social y la ira política que alimentaron las protestas a nivel nacional.

El Partido Socialista por la Igualdad (PSI o SEP en ingles) se opone categóricamente a las 12 condenas y a las sentencias de muerte. La pena capital es un instrumento bárbaro utilizado históricamente para intimidar y reprimir a los oprimidos.

El PSI hace un llamado a los trabajadores, estudiantes, jóvenes y a todos quienes defienden los derechos democráticos, tanto en Sri Lanka como a nivel internacional, para que exijan el retiro de todos los cargos por el asesinato del diputado del SLPP y la liberación de los 12 hombres condenados injustamente. Los verdaderos criminales del 9 de mayo de 2022 —aquellos que organizaron ataques violentos contra manifestantes desarmados— son quienes deben ser procesados.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 10 de mayo de 2026)