El abogado fascista Abelardo de la Espriella ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia el domingo y se enfrentará al senador Iván Cepeda —el candidato respaldado por el presidente saliente Gustavo Petro— en una segunda vuelta el 21 de junio.

De la Espriella obtuvo el 43,7 por ciento de los votos con poco más de 10,3 millones de sufragios, frente al 40,9 por ciento y aproximadamente 9,6 millones de Cepeda. Paloma Valencia, la candidata del tradicional partido de extrema derecha liderado por el expresidente Álvaro Uribe, terminó tercera con un distante 6,9 por ciento y 1,6 millones de votos. Como era de esperarse, inmediatamente después de conocerse los resultados, Valencia respaldó a De la Espriella.

En unas elecciones ya marcadas por la violencia, la segunda vuelta en el tercer país más grande de América Latina y un tradicional centro de operaciones estadounidenses ha comenzado con denuncias de fraude y llamados a la intervención del ejército.

Las encuestas de las últimas semanas mostraban a De la Espriella por detrás de Cepeda, quien durante meses pareció mantener una sólida ventaja.

El presidente Petro y Cepeda emitieron declaraciones acusando que este resultado 'sorpresivo' se debió a 800.000 votos fantasma introducidos por la empresa de software de las elecciones, que tiene vínculos con la extrema derecha. Ambos insisten en que esperarán el escrutinio final dirigido por los jueces.

Ante una multitud en el malecón de Barranquilla, De la Espriella declaró: ' No se atrevan a insistir en desconocer los resultados de las elecciones porque el pueblo se va a levantar y los va a castigar. Son un par de bandidos que vamos a jubilar.' Luego hizo un llamado directo a las Fuerzas Armadas para que 'activen el mecanismo constitucional' en caso de que Petro intente desconocer 'la voluntad del pueblo colombiano', añadiendo que la democracia debe mantenerse 'por la razón o por la fuerza”.

Para comprender la gravedad de estas amenazas, hay que recordar la brutalidad con la que la oligarquía colombiana y el imperialismo estadounidense han hecho valer sus intereses, incluso a través de los escuadrones de la muerte paramilitares en el corazón de la carrera legal de De la Espriella.

La campaña electoral ya fue testigo de los asesinatos del candidato uribista Miguel Uribe Turbay por un sicario, y dos semanas antes de las elecciones, de dos miembros del propio equipo de campaña de De la Espriella.

La injerencia de la administración Trump ha sido igualmente descarada. El senador republicano Bernie Moreno, nacido en Colombia y enviado como observador oficial de Washington, violó la legislación colombiana al reunirse abiertamente con De la Espriella y Valencia.

Moreno ya había dejado claras sus simpatías el año anterior al llevar a la Casa Blanca una imagen generada por inteligencia artificial de Petro con un traje naranja de preso. Aunque Trump no ha emitido ningún comentario, el Departamento de Estado de EE.UU. respondió indirectamente a las denuncias de fraude de Petro elogiando 'la fortaleza y la resiliencia de la democracia colombiana'. Esto anticipa cómo luciría una coalición De la Espriella-Trump: otro pilar de provocación regional de extrema derecha y represión militar, coordinado desde Washington.

De la Espriella es un abogado de los ricos que nunca ha ocupado un cargo público. Se presenta como un 'outsider' mientras defiende profundos recortes del gasto público calcados del modelo de Javier Milei en Argentina y una marcada expansión de la represión estatal siguiendo el modelo de Nayib Bukele en El Salvador. Su programa incluye un 'plan de choque de 90 días': una ofensiva aérea respaldada por Estados Unidos e Israel, erradicación forzada de coca y 10 megacárceles.

El verdadero objetivo de esta agenda de mano dura siempre ha sido la clase trabajadora y los pobres del campo, víctimas perennes de los ataques sociales y el despojo de tierras por parte de los bancos, las corporaciones mineras y los grandes terratenientes representados durante largo tiempo por el uribismo y su aparato paramilitar.

El bufete de abogados de De la Espriella se hizo reconocido defendiendo a políticos vinculados a grupos paramilitares fascistas. En un país cuya historia de violencia política fascista supera con frecuencia incluso a la de Argentina —la Comisión de la Verdad de Colombia estimó que los grupos paramilitares y las fuerzas estatales asesinaron a más de 260.000 personas entre 1985 y 2018—, su trayectoria es el equivalente directo al ascenso de la vicepresidenta argentina Victoria Villarruel, quien fundó un centro legal para defender a militares acusados de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de 1976 a 1983.

En 2011, la Corte Suprema de Colombia ordenó la investigación de De la Espriella después de que el narcotraficante y miembro paramilitar de las AUC Juan Carlos 'El Tuso' Sierra testificara que le había pagado millones. La investigación se cerró sin pruebas concluyentes, y los tribunales estadounidenses luego liberaron anticipadamente a Sierra tras testificar en casos que también implicaban a la familia Uribe. El socio principal de De la Espriella, Daniel Peñarredonda, ha sido señalado como 'conspirador no imputado' por los fiscales federales estadounidenses por lavar dinero para narcotraficantes internacionales.

La propia familia del senador estadounidense Moreno no ha escapado al escrutinio, con Petro recordando investigaciones que vinculan a uno de los hermanos de Moreno con una operación de lavado de dinero dirigida por el jefe del Cartel de Bogotá, Ángel Gaitán.

Todo esto es coherente con las políticas de Trump, quien justifica los asesinatos extrajudiciales de pescadores en el Caribe y el Pacífico por parte de su administración, el secuestro del presidente en funciones de Venezuela y la militarización general de la región en nombre de la lucha contra el 'narcoterrorismo', al tiempo que libera al narcotraficante y expresidente hondureño Juan Orlando Hernández para que lleve adelante sus conspiraciones en toda la región, incluso contra Petro, como revelan las filtraciones del escándalo Hondurasgate.

Los profundos vínculos entre el aparato de seguridad colombiano respaldado por Estados Unidos y las redes del narcotráfico fueron institucionalizados sistemáticamente bajo el Plan Colombia, el acuerdo de 1999 entre el presidente derechista Andrés Pastrana y la administración de Bill Clinton. Entre 2000 y 2005, el Plan Colombia recibió 2.800 millones de dólares de EE.UU., cifra que el Pentágono elevaría posteriormente a 4.500 millones. Para 2005, Uribe y Bush se habían convertido en amigos personales, con la administración solicitando cientos de millones más al Congreso.

Durante todos esos años, el ejército colombiano llevó a cabo los asesinatos de 'falsos positivos' —el asesinato a sangre fría de al menos 6.402 jóvenes campesinos y trabajadores, cuyos cadáveres eran vestidos con camuflaje y presentados como bajas en combate para satisfacer las demandas de bajas de los superiores—, mientras el gobierno estadounidense continuaba emitiendo certificaciones de derechos humanos a las fuerzas armadas de Uribe.

El ascenso de este candidato fascista al primer lugar no es un accidente. Es el producto directo de cuatro años del gobierno de Petro y del papel desempeñado por las organizaciones pseudoizquierdistas en la subordinación de la clase trabajadora a dicho gobierno.

Las grandes conmociones sociales de 2020 y 2021 —el levantamiento social más poderoso de Colombia en la memoria viva, en el que cientos de miles de personas desafiaron toques de queda y órdenes judiciales mientras el Estado asesinaba a más de 80 personas, con el respaldo total de la administración Biden— sacudieron el Estado burgués hasta sus cimientos. Petro, las confederaciones sindicales y sus apéndices pseudoizquierdistas trabajaron sistemáticamente para desactivar y desmovilizar el movimiento y canalizarlo detrás de la campaña electoral de Petro.

Una vez en el poder, el historial de Petro fue de capitulación. La desigualdad estructural empeoró mientras los seis oligarcas más ricos vieron sus fortunas dispararse de 28.300 millones a casi 50.000 millones de dólares. Sus reformas emblemáticas fueron bloqueadas o abandonadas, y cuando Trump lo amenazó con acciones militares y lo tildó de narcotraficante, Petro viajó a la Casa Blanca y elogió a Trump.

Esas mismas fuerzas pseudoizquierdistas se están alineando ahora detrás de su sucesor elegido a dedo, Cepeda, cuya campaña se ha presentado explícitamente como un paso a la derecha con respecto a Petro. Un asesor le dijo a Bloomberg que Cepeda está 'buscando personas para tranquilizar a los mercados'.

La experiencia del gobierno Petro es la confirmación más reciente de que el nacionalismo burgués no puede ser presionado ni reformado en beneficio de la clase trabajadora. El ascenso de la figura fascistizante De la Espriella demuestra con brutal claridad lo que aguarda a los trabajadores si permanecen políticamente subordinados a cualquier facción del Pacto Histórico de Petro o a las burocracias sindicales.

Lo que se requiere es una ruptura total con estas fuerzas y la construcción de una sección colombiana del Comité Internacional de la Cuarta Internacional, que luche por unir las luchas de los trabajadores colombianos, latinoamericanos y norteamericanos bajo el programa de la revolución socialista mundial.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 2 de junio de 2026)