La segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas del 7 de junio ha arrojado un resultado muy ajustado. Con el 98 por ciento de los votos escrutados hasta el miércoles por la tarde, Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, mantiene una ventaja mínima del 50,01 por ciento sobre Keiko Fujimori, que cuenta con el 49,99 por ciento; un margen de menos de 5.000 votos en unas elecciones en las que más de 1,25 millones de personas emitieron votos nulos o en blanco.
Los votos restantes por escrutar —de distritos rurales donde Sánchez ha obtenido mejores resultados y de peruanos en el extranjero donde Fujimori lidera— dejan el resultado incierto. Las autoridades electorales han indicado que podría pasar un mes entero antes de que se declare oficialmente un ganador.
El país sudamericano está a punto de investir a su noveno presidente en apenas una década. Los dos candidatos —la ultraderechista Keiko Fujimori y el nominalmente “izquierdista” Sánchez— compiten no por un cambio de rumbo fundamental, sino por qué facción de la clase dirigente gestionará un sistema que ha perdido toda legitimidad ante los ojos de la clase trabajadora y los pobres oprimidos.
La estadística más reveladora de la primera vuelta no fue quién obtuvo la mayor cantidad de votos, sino la magnitud del rechazo popular: tres de cada diez votantes —8,4 millones de personas— emitieron votos en blanco, nulos o se abstuvieron. Esto representa más que el total combinado de los dos candidatos más votados. En la segunda vuelta, más de 1,25 millones rechazaron nuevamente a ambas opciones. Nueve de cada diez peruanos desaprueban al Congreso.
Sea cual sea el resultado final, este evidenció el enorme rechazo masivo a todo el sistema político y la intervención cada vez más descarada del gobierno de Trump para determinar qué facción de la burguesía peruana lo gobernará.
Washington intensifica su injerencia tras las elecciones
Antes de la votación del domingo, el embajador estadounidense Bernie Navarro ya se había comportado como un agente de abierta injerencia imperialista. Anunció que lideraría personalmente un equipo de 'observadores' estadounidenses, una declaración que implica que Washington se reserva el derecho de deslegitimar cualquier resultado que considere desfavorable. Fabricó una campaña de propaganda alegando injerencia cubana en las elecciones, citando como única prueba a un ciudadano cubano naturalizado que pudo votar por primera vez y trabajar en un centro de votación.
Tras las elecciones, las intervenciones de Navarro se han vuelto aún más descaradas. El martes, anunció públicamente que la Embajada de Estados Unidos está 'supervisando el proceso electoral', una declaración sin fundamento en la legislación peruana. Luego, dejó claras las prioridades estratégicas de Washington al declarar: 'Mientras tanto, a China le preocupa más operar [el puerto de] Chancay sin supervisión peruana'.
Esta declaración constituye una amenaza directa. Vincula explícitamente el resultado de las elecciones peruanas con la confrontación del imperialismo estadounidense con China por el megapuerto de Chancay, como si el resultado electoral fuera una condición previa para que Washington aceptara como legítimo al próximo gobierno peruano.
Unas elecciones corruptas desde el principio
La primera vuelta estuvo plagada de irregularidades que no pueden considerarse simples fallas logísticas. Las mesas electorales en barrios obreros —incluyendo distritos enteros de San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado de Lima— nunca abrieron. Desaparecieron materiales electorales. Se filmaron urnas siendo transportadas en motocicletas o abandonadas en la vía pública. No fueron accidentes. Fueron manifestaciones del desprecio de la élite gobernante por los procesos democráticos.
La renuncia forzada del titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, y el allanamiento policial con armamento pesado a su domicilio, evidenciaron la disposición de la derecha a recurrir a medios extralegales si el resultado resulta inconveniente. El fascista Rafael López Aliaga, quien quedó tercero, ya ha utilizado acudido a acusaciones de 'fraude' al estilo Trump para sentar las bases de la desestabilización postelectoral, una estrategia que la burguesía peruana ha asimilado de su mentor del norte.
Los medios corporativos en Perú han promovido estas acusaciones de fraude, combinándolas con una cobertura abrumadoramente negativa para Sánchez, con los tópicos habituales de la ultraderecha: un 'pasado oscuro', priorizar los vínculos con 'Cuba y Venezuela' ( El Comercio ) y ser un 'comunista sin límites' ( Expreso ).
El hecho de que Sánchez haya intentado repetidamente tranquilizar a la élite financiera y que un Congreso bicameral de derecha obstruirá y, de ser necesario, destituirá a quien ocupe la presidencia, no ha apaciguado a los medios.
Los candidatos: dos gestores del capital
Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular e hija del fallecido dictador Alberto Fujimori, entró a la segunda vuelta con el 17,06 por ciento de los votos en la primera vuelta, en su cuarto intento presidencial. La fiscalía estatal ha solicitado una pena de 30 años de prisión en su contra por el mega escándalo de corrupción “Los Cócteles”, que involucra financiación ilegal de campaña por más de US$17 millones. Su plataforma se basa en una demagogia de ley y orden —la pena de muerte, las cárceles a alturas rodeando los 4.000 metros sobre el nivel del mar con un clima inclemente— utilizada como cortina de humo para ocultar sus vínculos documentados con redes de narcotráfico y minería ilegal.
Su oponente, Sánchez Palomino, obtuvo el 12,04 por ciento en la primera vuelta. Se presenta como de izquierda, pero su trayectoria desmiente esa apariencia. Como ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Pedro Castillo, sirvió fielmente al capital. Anteriormente, como miembro del Partido Humanista, participó en el gobierno de Alan García, que en junio de 2009 ordenó la masacre de Bagua: 33 personas fueron asesinadas cuando las fuerzas de seguridad expulsaron violentamente a comunidades indígenas de la Amazonía para facilitar la extracción de petróleo. Hoy enfrenta múltiples investigaciones en curso por corrupción, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. Ya ha intentado tranquilizar a los mercados y a Washington, prometiendo estabilidad macroeconómica y continuidad institucional, lo que en realidad significa lealtad a los bancos y al FMI.
Ninguno de los candidatos representa una alternativa para la clase trabajadora. Ambos son representantes de distintas facciones burguesas que compiten por el control político, por la distribución de las rentas y por cómo equilibrar los lazos económicos con China con la alineación militar con Washington.
Perú como campo de batalla entre Washington y Beijing
La crisis electoral se desarrolla en medio de una feroz lucha interimperialista por la posición estratégica de Perú. Perú es el tercer mayor exportador de cobre del mundo, mineral fundamental para la producción de vehículos eléctricos y la tecnología militar. China es, por mucho, su principal comprador: en 2023, las exportaciones peruanas a China duplicaron las destinadas a Estados Unidos.
La inauguración del megapuerto de Chancay en noviembre de 2025, construido por la empresa estatal china COSCO, fue el detonante de una ofensiva estadounidense intensificada para reafirmar su dominio en la región. Trump ha amenazado directamente el puerto, como quedó meridianamente claro en la declaración de Navarro tras las elecciones.
El Pentágono ha destinado US$1.500 millones para reubicar la base naval peruana al norte de Chancay. Washington presiona para que Perú sea designado 'aliado principal no perteneciente a la OTAN', integrando a las fuerzas armadas peruanas en ejercicios conjuntos y compartiendo equipamiento; todo ello como preparación para el próximo conflicto con China, así como para un posible golpe de Estado respaldado por Estados Unidos en caso de ser necesario.
Más de 1.200 soldados estadounidenses ya han sido desplegados en territorio peruano, una presencia que fue ratificada por un Congreso que la aprobó por abrumadora mayoría para todo el año 2026. Estas decisiones determinarán si los trabajadores peruanos se convierten en carne de cañón para la ofensiva bélica de Washington contra China. Se tomaron a puerta cerrada, sin debate entre los candidatos y prácticamente sin cobertura de los medios corporativos durante la campaña.
La catástrofe social tras la fachada política
La crisis política es inseparable de una crisis social que se agrava rápidamente. Alrededor del 30 por ciento de la población peruana vive en la pobreza; la mayoría de la clase trabajadora trabaja sin prestaciones, pensiones ni protecciones básicas en el llamado sector informal. Aproximadamente el 43 por ciento de los trabajadores se encuentra en situación de subempleo, ya sea por falta de horas o de ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. El desempleo juvenil ronda el 15,4 por ciento, casi el doble que el de los adultos. Estas son las condiciones materiales que alimentan la abstención y la indignación masivas.
La clase dirigente no ignora la realidad subyacente. El levantamiento popular que estalló en defensa de Pedro Castillo tras su destitución en diciembre de 2022 —que dejó decenas de 50 muertos a manos de las fuerzas de seguridad de Dina Boluarte— fue una señal de alerta, no el terremoto en sí. La clase dirigente sabe que se encuentra al borde de un abismo. Las elecciones son un mecanismo para canalizar y contener la presión que, de otro modo, podría estallar.
Las tensiones sociales se han agudizado aún más. Los precios de la gasolina se han disparado hasta un 75 por ciento como consecuencia de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. El aumento del precio de los fertilizantes —producto tanto de esa guerra como de la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania— amenaza con devastar la agricultura peruana.
En los últimos doce meses se ha observado una creciente ola de lucha de clases: más de una docena de huelgas de transporte de 24 horas en Lima y Callao, una huelga militante de 60.000 trabajadores de la salud de EsSalud y el surgimiento de estudiantes y jóvenes de la Generación Z que se enfrentan a la policía antidisturbios en las calles.
La burguesía peruana comprende esta presión económica, pero no tiene respuesta. Ninguno de los candidatos hizo referencia seria a las advertencias del Banco Mundial sobre las consecuencias inflacionarias y en la cadena de suministro de la escalada bélica, consecuencias que ya se hacen sentir en los precios del cobre, los fertilizantes, los plásticos y los alimentos, que afectan con mayor dureza a los trabajadores peruanos.
El papel de la pseudoizquierda y la burocracia sindical
El dominio de la extrema derecha, a pesar de su profunda impopularidad, no puede entenderse sin examinar el papel de la pseudoizquierda y la burocracia sindical. Organizaciones como el Partido Socialista Obrero Peruano (PST, de tendencia morenoísta) han oscilado entre respaldar a candidatos burgueses y exigir un voto nulo, sembrando ilusiones en el aparato sindical. La Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL), controlada por la burocracia del CGTP, de tendencia estalinista, se negó sistemáticamente a convocar huelgas generales o movilizar al proletariado limeño durante el levantamiento contra Boluarte, limitándose a marchas aisladas y bloqueos de carreteras, dispersados metódicamente por las fuerzas de seguridad y mantenidos deliberadamente alejados de la clase obrera industrial.
El PST y la mayor parte de la burocracia sindical respaldaron el voto a Sánchez, canalizando una vez más la auténtica indignación popular hacia el corrupto Estado burgués. La orientación de todas las tendencias políticas que se autodenominan de izquierda es invariablemente nacionalista, dirigida contra el Estado y las burocracias sindicales, y rechaza la independencia política de la clase trabajadora basada en un programa revolucionario e internacionalista.
La perspectiva que la clase trabajadora necesita
Los resultados que ahora se están conociendo confirman lo que ya era evidente antes de la votación: no hay una vía progresista a través de estas elecciones. Dado que Sánchez basó su campaña explícitamente en la estabilidad macroeconómica y la continuidad institucional —es decir, lealtad a los bancos y a Washington—, una victoria ajustada para él no habría representado un freno a la derecha, sino un mecanismo diferente para imponer la misma austeridad y subordinación al imperialismo, mientras que la pseudoizquierda utiliza su presidencia para desmovilizar a la clase trabajadora y reprimir la lucha independiente. En cambio, un triunfo de Fujimori elevaría las expectativas de la clase dirigente y el imperialismo estadounidense de intensificar la explotación de la clase obrera y demandar que el Perú corte lazos comerciales con China.
Lo que exige la crisis política y social es la construcción de la independencia política de la clase trabajadora. Esto significa construir comités independientes en los centros de trabajo, los barrios obreros, las universidades y las comunidades campesinas, como parte de la Alianza Internacional Obrera de Comités de Base Obreros (AIO-CB). Estos órganos de lucha no estarían subordinados ni a los sindicatos burocratizados ni a ningún partido procapitalista, sino que lucharían por la unificación consciente de la lucha de clases con los trabajadores de toda América y a nivel internacional, contra sus propias burguesías y contra el impulso bélico imperialista.
La crisis del régimen burgués peruano —el colapso de todos los partidos tradicionales, la vertiginosa sucesión de presidentes, la consolidación del poder autoritario, la abierta injerencia de Washington en la soberanía nacional y la creciente catástrofe social— apunta a explosivos conflictos de clase en el futuro. Lo que se necesita es construir una dirección política de la clase trabajadora independiente de todos los partidos del orden burgués: una sección peruana del Comité Internacional de la Cuarta Internacional, armada con un programa socialista e internacionalista.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 10 de junio de 2026)