El candidato presidencial peruano nominalmente de izquierda, Roberto Sánchez Palomino, se perfila para avanzar a la segunda vuelta tras obtener el segundo lugar en la votación nacional del 12 de abril.

Según la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales), que había contabilizado solo el 95,97 por ciento de los votos dos semanas después de las elecciones, Keiko Fujimori recibió 2.753.825 votos (17,06 por ciento), Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, 1.943.155 votos (12,04 por ciento) y el ultraderechista Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, 1.918.981 votos (11,89 por ciento).

Con una diferencia de 24.174 votos, lo que hasta la semana pasada se consideraba un empate técnico ahora hace muy improbable que López Aliaga supere a Sánchez.

Los medios de comunicación, controlados por un puñado de familias aristocráticas, se dedicaron diligentemente a sembrar dudas sobre los resultados, publicando grandes titulares en primera plana: “Fraude”, “Incompetencia de la ONPE en el recuento de votos” y “Nuevas elecciones”.

Los noticieros televisivos no se quedaron atrás, dando voz a la preocupación por “un nuevo Castillo en la presidencia”, en referencia al presidente nacionalista de izquierda Pedro Castillo, derrocado en un golpe parlamentario en diciembre de 2022.

Los sectores dominantes de la burguesía y sus políticos corruptos temían cualquier expresión de oposición de izquierda a los partidos de extrema derecha dominantes, incluso de forma moderada como la candidatura de Sánchez. No están dispuestos a aceptar ni el más mínimo obstáculo a sus políticas antiobreras y a su apropiación indebida del Estado.

Las elecciones se producen tras doce meses de una creciente ola de lucha de clases. Se registraron más de una docena de huelgas de transporte público de 24 horas en Lima y Callao, con el apoyo de toda la ciudadanía y la traición de dirigentes sindicales que colaboraron con la policía. Además, 60.000 trabajadores de EsSalud protagonizaron una huelga combativa de dos semanas en julio de 2025. Estudiantes universitarios, jóvenes de la Generación Z y otros sectores han comenzado a salir a las calles de Lima y otras ciudades, enfrentándose a la policía, más recientemente para protestar por el aumento de las tarifas del transporte.

Se impulso el voto nulo, el voto en blanco y el ausentismo

Los niveles explosivos de oposición a todo el sistema político se manifestaron principalmente en la abstención y los votos nulos. De los 27,3 millones de peruanos con derecho a voto, 8,4 millones (el 30,8 por ciento) emitieron votos nulos, votos en blanco o no votaron. Tres de cada diez votantes, más que los dos candidatos principales juntos, emitieron un voto de protesta o se abstuvieron, desafiando el sistema democrático burgués en bancarrota de Perú y su indiferencia ante la pobreza generalizada, el empleo informal, la corrupción, la inseguridad ciudadana, las extorsiones y otros problemas que afectan profundamente a la población.

La distribución del voto por departamento —la división geográfico-política de Perú— se mantiene prácticamente igual en la primera vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez que en 2021, en la contienda entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo.

Pedro Castillo y Sánchez ganaron en los departamentos de la sierra (los Andes), donde vivían los quechuas, aimaras y otros grupos étnicos indígenas, que fueron conquistados y asimilados por el Imperio Inca: el Tahuantinsuyo.

Fujimori obtuvo la victoria en el departamento costero-andino de La Libertad y en la sierra central de Junín. En comparación con Castillo en 2021, Sánchez perdió en Arequipa ante Jorge Nieto, del Partido Buen Gobierno —quien fue ministro de Defensa durante la administración del expresidente Pedro Pablo Kuczynski— y en la ciudad de Tacna ante Ricardo Belmont.

Todo indica que el 7 de junio Sánchez vencerá en Arequipa y Tacna porque su voto relativo al de Keiko es muy superior. Como candidata, Keiko fue rechazada con insultos y amenazas durante su visita a Arequipa. Y en los Andes del sur, el voto antikeiko es más pronunciado que en el resto del país.

Un análisis más detallado de la votación, especialmente en Lima Metropolitana, que representa un tercio del total nacional, otorga a Keiko Fujimori mayores probabilidades de llegar a la presidencia en su cuarto intento, un récord histórico.

En la primera vuelta, Sánchez obtuvo el 12 por ciento de los votos en Lima, un 7 por ciento menos que el 19 por ciento que obtuvo Castillo en 2021. Keiko, por su parte, subió 4 puntos porcentuales, pasando del 13 por ciento al 17 por ciento. En Lima Metropolitana, el candidato de extrema derecha y aliado histórico de Keiko en el Congreso, López Aliaga, ganó con el 21 por ciento. Esto le confiere una ventaja potencialmente decisiva, a pesar del fuerte sentimiento anti-Keiko, heredado del odio dirigido a su padre, el dictador Alberto Fujimori, a quien ella defiende.

Renuncia de Piero Corvetto: presidente de la ONPE desde 2000.

Varias urnas destinadas a diferentes distritos no llegaron a tiempo, lo que obligó a la ONPE a reanudar la votación al día siguiente. También circularon rumores de que las urnas se transportaban en motocicletas o que algunas fueron encontradas abandonadas al costado de una carretera.

Lo ocurrido fue negligencia y un importante error logístico, pero López Aliaga, ahora en tercer lugar, lo ha aprovechado para alegar fraude sistemático, del cual no existe evidencia aparente.

En un mitin en Campo de Marte, difamó al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y a otros altos funcionarios. Mientras tanto, en redes sociales, Keiko Fujimori pidió la renuncia de Corvetto.

Finalmente, Corvetto cedió y renunció “debido a problemas logísticos encontrados durante las elecciones”, según informó CNN. Al día siguiente, “la presidencia de la JNJ [Junta Nacional de Justicia] informó que una sesión plenaria extraordinaria aceptó unánimemente la renuncia”.

La decisión de la JNJ se tomó a pesar de que la ley orgánica establece que el cargo es irrenunciable durante los procesos electorales. En otras palabras, la decisión de la JNJ es ilegal, colocando a la institución por encima de la ley.

Cuando fracasó el llamado a nuevas elecciones nacionales, López Aliaga pidió repetir los comicios en Lima Metropolitana. La JNJ denegó la solicitud de nuevas elecciones en Lima Metropolitana, lo que permitió a López Aliaga continuar con sus acusaciones de fraude al estilo Trump y sus llamados a la “insurrección” entre sus seguidores de extrema derecha.

La burguesía, impulsada por la venganza, intensificó la difamación contra Corvetto, organizando un allanamiento a su domicilio, con fotografías en primera plana de policías fuertemente armados.

Infobae informa que el allanamiento se debió a “presuntos delitos que incluyen colusión y omisión de deberes”.

Esta nefasta operación demuestra la implacable vehemencia de los bloques políticos dominantes, que ahora están trasladando el conflicto de los resultados electorales a un escándalo sobre la supuesta corrupción de la oficina electoral. Esto permite que cualquier resultado desfavorable pueda superarse mediante peticiones para anular, retrasar o reabrir partes del proceso, ya sea ahora o en la segunda vuelta.

Fujimori, Sánchez y López Aliaga: todos representantes corruptos de la burguesía

Como representante más destacada de los sectores dominantes de la burguesía nacional y el capital extranjero, Keiko Fujimori es heredera de la Constitución de 1993 de su padre, que iba en contra de los intereses de la clase trabajadora, los pequeños agricultores y las pequeñas empresas.

Toda su familia está sumida en la corrupción, al igual que todos los candidatos principales. El caso más conocido en su contra es el de los “Cocteles”. Supuestamente, invitó a empresarios, banqueros y otros millonarios que pagaron US$500 para asistir a reuniones de recaudación de fondos para financiar sus campañas de 2011 y 2016.

'La Fiscalía solicita una pena de 30 años y 10 meses de prisión efectiva para Fujimori Higuchi', informa RPP. Se estima que las presuntas contribuciones ilegales superan los US$17 millones.

Roberto Sánchez Palomino es el candidato presidencial de Juntos por el Perú —un partido burgués de centroizquierda— con una trayectoria que incluye cargos en diversas ramas del gobierno. Se desempeñó como ministro de Comercio Exterior y Turismo entre 2021 y 2022 durante la administración de Pedro Castillo.

Su plataforma política tiene un sesgo populista disfrazado de progresista: promueve la educación, la salud, la ciencia y las micro, pequeñas y medianas empresas. Las propuestas de Sánchez pondrían a su gobierno en conflicto directo con la Constitución de la era Fujimori, basada en el dominio absoluto de los mercados libres y la inversión extranjera.

Por lo tanto, habla de reformar la Constitución de 1993, lo cual sería bloqueado por el nuevo Congreso bicameral, dominado por partidos de derecha. También exige la destitución de Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva del Perú.

Velarde ha afirmado durante mucho tiempo que las estadísticas macroeconómicas del Perú son las mejores de Sudamérica. Asimismo, el Congreso impedirá su destitución, por temor a una devaluación repentina de la moneda nacional —el nuevo sol— que provocaría el colapso de la economía nacional. Cualquiera que sea el resultado, los pobres serían los más perjudicados por la crisis.

Sánchez tiene un pasado político turbio. Como miembro del Partido Humanista, apoyó su integración al gobierno de Alan García. Durante el segundo mandato de García, tuvo lugar la masacre del “Baguazo” en junio de 2009. En ese entonces, Yehude Simón, líder del Partido Humanista, era presidente del Consejo de Ministros, con Roberto Sánchez como parte de su gobierno.

El intento de la Policía Nacional de desalojar a comunidades indígenas amazónicas resultó en la muerte de 33 personas (policías y civiles). Sánchez contribuyó a encubrir este crimen masivo, mientras García combinaba el despliegue de fuerzas especiales con insultos racistas contra los manifestantes, quienes buscaban impedir que las compañías petroleras explotaran la región amazónica.

Bajo el nombre del partido Juntos por el Perú, Sánchez se unió a varias coaliciones con fuerzas estalinistas y pseudoizquierdistas, incluyendo a Nuevo Perú de Verónica Mendoza para las elecciones de 2021, antes de incorporarse al gobierno de Castillo como ministro. La fiscalía ha iniciado varias investigaciones por corrupción durante su mandato, incluyendo malversación de fondos para uso personal y tráfico de influencias.

Independientemente de quién asuma la presidencia el 28 de julio próximo, la clase dirigente continuará su ofensiva contra los derechos sociales y democráticos de los trabajadores.

El recién creado Congreso bicameral no solo conservará la facultad de destituir presidentes y nombrar funcionarios clave, sino que, durante la campaña y los debates, todos los principales candidatos mantuvieron un enfoque de “mano dura” contra el crimen, sinónimo de fortalecimiento del aparato represivo del Estado.

Sus propuestas incluían:

(1) El restablecimiento de la pena de muerte

(2) La muerte civil[1] para los extorsionadores

(3) La muerte civil para los miembros corruptos del Congreso

(4) La construcción de varias cárceles a alturas de 4.000 metros sobre el nivel del mar, en un clima extremo.

(5) La reorganización de la policía con mayor financiación, armamento moderno y equipos de inteligencia

(6) Una reducción del número de ministerios, lo que implicaría despidos masivos.

La oposición de Sánchez al fujimorismo no se basa en la defensa de los derechos de los trabajadores ni de los programas sociales. En cambio, su retórica populista sirve de tapadera para la resolución de los intereses contrapuestos de los diferentes sectores de la clase dirigente, que compiten por la distribución de los beneficios y los vínculos con el capital extranjero, mientras la administración Trump emprende una ofensiva agresiva

contra la influencia de China, el principal socio comercial de Perú.

[1] De acuerdo con el Grupo de Investigación de Derecho Penal y Corrupción de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), “la muerte civil es una figura jurídica de antigua data que consistía en considerar muerta, para ciertas circunstancias, a una persona físicamente viva, privándola totalmente de sus derechos civiles ante el mundo jurídico”. Ej. Exclusión del sector público, ejercicio comercial, derechos administrativos, derechos civiles e identidad legal.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 28 de abril de 2026)