El 21 de junio, apenas 37 días después de que se declarara la epidemia, la República Democrática del Congo (RDC) superó el sombrío hito de los 1.000 casos confirmados de ébola. Las cifras oficiales registran ahora 1.003 infecciones confirmadas y 256 muertes en la RDC y la vecina Uganda, lo que convierte a esta en la peor epidemia de ébola en su primer mes de la historia registrada.

Health Policy Watch informa que la epidemia actual es tres veces mayor que cualquier brote anterior en la marca de las cuatro semanas. En comparación, la horrible epidemia de África Occidental de 2014 a 2016 registró solo 242 casos a las cuatro semanas, y el brote de Uganda de 2000 apenas 281.

La aceleración catastrófica de esta enfermedad no es un desastre natural. Es un crimen social. Los medios materiales y científicos para contener esta epidemia existen en abundancia, pero son deliberadamente retenidos por las principales potencias imperialistas. La muerte masiva que se está desarrollando en África central es una clara demostración del asesinato social capitalista, una política de clase consciente que prioriza la riqueza privada y la guerra imperialista por encima de la vida humana.

El aumento en el número de casos se debe en parte a un enorme retraso en el procesamiento de muestras no analizadas que finalmente se están evaluando, una advertencia señalada recientemente por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este retraso es la prueba de que el virus se propagó sin control mientras la capacidad básica para detectarlo había sido sistemáticamente destruida. El brote se confirmó con semanas de retraso porque el personal de primera línea carecía del equipo necesario para identificar la cepa Bundibugyo.

Este colapso forma parte de una crisis global de salud pública mucho más amplia, y el propio ébola ilustra la tendencia. Después de que el virus fuera identificado en 1976, no se detectaron brotes entre 1979 y 1994; pero desde entonces, según la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, los brotes se han registrado con una frecuencia cada vez mayor.

La epidemia actual es la decimoséptima solo en la RDC, la segunda en menos de un año. Un estudio de 2025 publicado en Scientific Reports encuestó a 3.752 trabajadores de la salud e investigadores de 151 países, quienes advirtieron de una 'catástrofe progresiva' de enfermedades infecciosas en aumento, impulsada sobre todo por el cambio climático, la desigualdad socioeconómica y la aparición de patógenos resistentes a los antibióticos. Más del 60 por ciento de las enfermedades infecciosas emergentes son zoonóticas, y la rápida urbanización de África, el desplazamiento masivo y la deforestación están derribando las barreras entre las poblaciones humanas y los reservorios animales.

Esto crea una paradoja brutal. La humanidad sabe más sobre la biología y la transmisión de estos patógenos que nunca antes en la historia, y sin embargo la clase dominante capitalista hace deliberadamente menos para detenerlos. La homicida doctrina del COVID-19 de 'dejar que circule', 'dejar que los cadáveres se acumulen' y que 'la cura no puede ser peor que la enfermedad' se ha generalizado desde una sola pandemia al conjunto de la salud pública global. Lo que se está desarrollando en África central es su aplicación.

Los líderes mundiales presentan la imagen de un esfuerzo internacional coordinado, pero la realidad financiera pone al descubierto un engaño deliberado. Se prometieron más de 910 millones de dólares para combatir el brote, pero se han entregado menos de 90 millones, menos del 10 por ciento.

El compromiso de la Unión Africana de desembolsar fondos en un plazo de cuatro semanas sigue sin cumplirse, lo que deja el plan de respuesta continental conjunto de 518 millones de dólares efectivamente sin financiamiento. Los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC) necesitan urgentemente 540 personas sobre el terreno, pero solo han desplegado 84. El director general del Africa CDC, Jean Kaseya, reveló recientemente que los compromisos de los donantes fueron 'corregidos' a la baja a medida que aumentaba el número de muertos, y que las principales potencias retiraron discretamente sus promesas.

Un factor importante en este colapso es el desmantelamiento por parte de la administración Trump de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) en julio de 2025. Un análisis provisional del personal de junio de 2026 realizado por el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, titulado 'Ya están muriendo personas, y morirán más', afirma que la orden ejecutiva de Trump del primer día que desmanteló la agencia 'ya ha causado cientos de miles de muertes y provocará la muerte de millones más en todo el mundo'. Cita un estudio publicado en The Lancet por Daniella Medeiros Cavalcanti y sus colegas que estima que la terminación repentina de USAID ya ha causado más de 600.000 muertes evitables.

La Dra. Phuong Pham, de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, detalló exactamente lo que fue destruido. Durante el brote de ébola de 2018 en la RDC, USAID coordinó un rastreo masivo de contactos, reforzó la capacidad de los laboratorios y facilitó la vacunación de más de 300.000 personas. Hoy, los laboratorios locales ni siquiera pueden realizar pruebas para detectar la cepa Bundibugyo.

Los funcionarios estadounidenses implicados en este crimen social han tratado de ocultar las consecuencias de su régimen de austeridad. En su aparición en el programa de NewsNation 'Elizabeth Vargas Reports', el director interino de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), Jay Bhattacharya, negó rotundamente que los recortes a la ayuda exterior hubieran perjudicado la respuesta global al ébola.

Antes de asumir el cargo en los CDC, Bhattacharya fue uno de los principales autores de la Declaración de Great Barrington, el manifiesto anticientífico sobre el COVID-19 que abogaba por dejar que el virus circulara libremente por la sociedad. La misma figura que proporcionó justificaciones pseudocientíficas para la muerte masiva durante la pandemia ahora dirige la agencia que ayudó a desmantelar las redes internacionales de vigilancia que habrían detectado tempranamente el brote de Bundibugyo. Su negación no es ignorancia, sino un encubrimiento deliberado por parte de la voz oficial de una clase dominante que ha calculado que la contención de enfermedades no vale el costo para sus márgenes de ganancia.

Existe una contradicción asombrosa entre las sumas miserables destinadas a combatir el ébola y la vasta acumulación de riqueza privada por parte de la oligarquía capitalista. Elon Musk se convirtió en el primer 'billonario' del mundo gracias a la oferta pública inicial de SpaceX, que sumó más de 500.000 millones de dólares a su fortuna en cuestión de días. Esa ganancia inesperada es siete veces la producción económica anual total de la RDC, una nación de aproximadamente 106 millones de personas, y 25.000 veces los 23 millones de dólares de la respuesta de emergencia de Estados Unidos al ébola.

El ciudadano congoleño promedio vive con unos 700 dólares al año, menos de 2 dólares al día, sobre uno de los territorios más ricos en minerales del planeta, fuente del cobalto y el coltán presentes en cada teléfono y batería modernos, incluso cuando el gasto militar mundial alcanzó la cifra récord de 2,887 billones de dólares en 2025.

Lo que la crisis exige no es otra ronda de promesas, sino las medidas concretas que los especialistas en brotes han detallado durante décadas, y que la destrucción de USAID y el desmantelamiento de la OMS han hecho imposibles.

La primera es inmediata: un despliegue masivo de alimentos, agua potable, saneamiento, suministros médicos y personal capacitado a la población afectada, en la escala solicitada y no en el goteo que ha llegado. La vigilancia debe conducir rápidamente a las pruebas, las pruebas al aislamiento y la atención, y todo el esfuerzo debe basarse en la confianza de comunidades que tienen todas las razones para desconfiar.

Pero los expertos son igualmente claros en que una respuesta de emergencia por sí sola garantiza la muerte masiva. Como han subrayado Pham y otros, la capacidad para detener un brote —laboratorios permanentes, una fuerza laboral de salud estable, vigilancia mantenida entre epidemias y las relaciones comunitarias de las que todo esto depende— debe construirse y sostenerse durante años, no improvisarse después de que aparecen los cadáveres.

No existe una vacuna para la cepa Bundibugyo porque, como toda enfermedad de los pobres, no ofrece ganancias para desarrollarla. Esta es precisamente la razón por la que la industria farmacéutica debe ser arrebatada de manos privadas y operada como un servicio público, para que los tratamientos y las vacunas se produzcan sobre la base de la necesidad humana. Y como los patógenos no reconocen fronteras, esto requiere una colaboración internacional genuina de científicos y trabajadores, que reúna conocimientos y recursos más allá de las mismas líneas nacionales y comerciales que el sistema de ganancias impone.

Precisamente porque estas necesidades son de alcance internacional, de carácter científico y requieren la asignación planificada de vastos recursos contra el afán de lucro, solo una solución socialista es viable y práctica. La única fuerza social capaz de llevarla a cabo es la clase obrera internacional. El minero congoleño, la familia desplazada en Ituri y el trabajador de salud pública despedido en Estados Unidos enfrentan el mismo sistema.

Los recursos necesarios para detener esta epidemia, capaces de salvar vidas, son abundantes pero están concentrados en la cúspide y se gastan en la guerra. Este asesinato social es una política de clase consciente, y solo se pondrá fin mediante la movilización política de la clase obrera internacional en la lucha por la reorganización socialista de la economía global.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 24 de junio de 2026)