Los jueces federales de Texas ya han condenado a 15 acusados en el caso del Centro de Detención de Prairieland a un total de 556 años y dos meses de prisión, en lo que constituye uno de los procesos políticos más draconianos de la historia moderna de Estados Unidos y un caso de prueba para la campaña de la administración Trump destinada a tildar de «terrorismo interno» la oposición al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al fascismo y al capitalismo.

El martes, otros siete acusados fueron condenados a un total de 106 años y dos meses de prisión federal. Todos menos uno de los siete acusados condenados el martes se habían declarado culpables; varios de ellos cooperaron con los fiscales en un intento por reducir la posibilidad de enfrentar décadas de prisión. Sin embargo, todos recibieron más de un año de prisión federal, y la mayoría recibió condenas de muchos años. Inés Soto fue condenada a 50 años; Joy Gibson y Rebecca Morgan, a 15 años cada una; Lynette Sharp y John Thomas, a 110 meses cada uno; Seth Sikes, a seis años; y Nathan Baumann, a 22 meses.

La magnitud de las sentencias es extraordinaria. Por lo general, se imponen penas de prisión comparables en casos de homicidio, intento de homicidio de agentes de policía, tráfico sexual de menores o abuso sexual reiterado de niños. La sentencia de 50 años para Inés Soto, que equivale prácticamente a una cadena perpetua, es especialmente atroz. Ella no participó en la planificación de la protesta, llegó por su cuenta y se retiró cuando los guardias ordenaron a los manifestantes que se dispersaran. Ya se había ido del lugar antes de que el exmarine Benjamin Song presuntamente disparara e hiriera a un agente de policía de Alvarado. Por esto, el gobierno la tildó de “terrorista” y logró lo que equivale a una cadena perpetua.

Los seis acusados que se declararon culpables antes de la sentencia del martes lo hicieron por un único cargo de “apoyo material a terroristas”. Se agruparon en el mismo cargo de terrorismo conductas presuntas muy diferentes, desde estar presente en la protesta y causar daños a la propiedad hasta supuestamente ayudar a Benjamin Song a evadir el arresto después del tiroteo. El abogado de Nathan Baumann dijo que su cliente solo admitía haber hecho grafitis, pero aun así fue condenado a 22 meses en una prisión federal.

Estas sentencias se suman a las dictadas el 23 de junio contra ocho acusados, a quienes se les impusieron un total de 450 años de prisión. Benjamin Song fue condenado a 100 años; Maricela Rueda, a 70 años; Cameron Arnold, Zachary Evetts, Bradford Morris, Savannah Batten y Elizabeth Soto, a 50 años cada uno; y Daniel Sánchez Estrada, a 30 años.

Al igual que en la primera ronda de sentencias, las últimas penas de prisión fueron impuestas por dos jueces federales de extrema derecha nombrados por republicanos en el Distrito Norte de Texas: Mark T. Pittman, nombrado por Trump, y Reed O’Connor, nombrado por George W. Bush.

El caso tiene su origen en una protesta ocurrida el 4 de julio de 2025 frente al Centro de Detención Prairieland en Alvarado, Texas, una instalación de ICE operada por la empresa privada de prisiones LaSalle Corrections. Los fiscales alegan que miembros del grupo protestaron frente a la instalación, causaron daños a vehículos y encendieron fuegos artificiales, y que Song posteriormente disparó e hirió a un oficial de policía de Alvarado que acudió al lugar con su arma desenfundada.

La crueldad de las sentencias no puede explicarse por los hechos subyacentes del caso. Son sentencias políticas, impuestas para sentar un precedente que permita tratar la oposición a ICE y a la administración de Trump como terrorismo.

El caso Prairieland es la primera sentencia importante contra “Antifa” desde que Trump emitió el Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional n.º 7 —su orden ejecutiva dirigida contra “Antifa”—, el memorándum de diciembre de 2025 de la fiscal general Pam Bondi que ordenaba a los fiscales federales actuar contra los opositores de izquierda al gobierno, y la estrategia fascista de “contraterrorismo” emitida bajo la dirección del agente de extrema derecha Sebastián Gorka.

En conjunto, estas medidas proporcionan el andamiaje pseudojurídico para una campaña destinada a criminalizar como terrorismo a la oposición socialista, antifascista y contra el ICE.

El propósito de la acusación no es simplemente castigar a quienes participaron en la protesta de Prairieland. Es aterrorizar a un público mucho más amplio: millones de trabajadores y jóvenes que se oponen a las redadas del ICE, a los campos de concentración, a las deportaciones, a la violencia policial y al impulso de la administración Trump hacia la dictadura.

El caso de Prairieland es la expresión más avanzada de una campaña más amplia por parte de la administración de Trump y el Estado capitalista. En todo el país, los fiscales federales están utilizando leyes de conspiración, lenguaje de “terrorismo” y acusaciones distorsionadas de amenazas u obstrucción para pisotear la Primera Enmienda y transformar la actividad política de izquierda en conducta criminal.

En Illinois, la trampa tendida a los “Seis de Broadview” se derrumbó solo después de que salieran a la luz casos extraordinarios de mala conducta por parte de la fiscalía. El caso, presentado contra manifestantes contra el ICE frente al centro de procesamiento migratorio de Broadview, cerca de Chicago, se desmoronó cuando las transcripciones del gran jurado revelaron que los fiscales habían descartado a miembros del jurado que expresaron dudas sobre el caso del gobierno e hicieron declaraciones inapropiadas en apoyo de los cargos. Todos los cargos fueron finalmente desestimados con perjuicio, lo que significa que no pueden volver a presentarse.

En Minnesota, 15 manifestantes contra el ICE enfrentan cargos federales por delitos graves derivados de su oposición a la ocupación de estilo militar de Minneapolis y St. Paul. Al igual que en Prairieland, la acusación en las Ciudades Gemelas se presentó bajo el marco de la NSPM-7 y se dirigió contra manifestantes que se opusieron a la “Operación Metro Surge”, mientras que los agentes del ICE y de Aduanas y Protección Fronteriza que asesinaron a Renée Nicole Good y Alex Pretti siguen sin ser acusados.

En Michigan, el gobierno federal ha orquestado otra trampa política contra ocho manifestantes contra la guerra en la Universidad de Michigan. Los 'Ocho de la U-Mich' fueron blanco de redadas coordinadas del FBI realizadas antes del amanecer en Michigan, Illinois y Wisconsin el 10 de junio. Una acusación sellada, que luego se hizo pública, imputó a los ocho por delitos federales de conspiración que conllevan penas de hasta 20 años de prisión. Su supuesto delito fue participar en protestas contra el genocidio israelí en Gaza, respaldado por Estados Unidos, y exigir que la universidad retire sus inversiones de Israel.

En conjunto, estos casos revelan el surgimiento de un sistema nacional de persecución política. Los objetivos no son milicias fascistas ni delincuentes corporativos, sino estudiantes, manifestantes contra la guerra, manifestantes contra el ICE, periodistas y activistas de izquierda. La Declaración de Derechos está siendo destrozada, y la libertad de expresión, de reunión y de asociación se reinterpretan como evidencia de conspiración, “apoyo material” y obstrucción o terrorismo.

Los demócratas han respondido a estos ataques contra los derechos democráticos con silencio. El WSWS no ha encontrado ninguna declaración de ningún político demócrata que condene los 556 años y dos meses de penas de prisión combinadas impuestas a los acusados de Prairieland. Tampoco el representante estatal de Texas y candidato al Senado James Talarico, la representante de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez, el senador de Vermont Bernie Sanders u otros políticos demócratas “de izquierda” respaldados por la DSA han respondido a las solicitudes de comentarios del WSWS.

Su silencio es coherente con todo su historial. Los demócratas han votado repetidamente a favor de financiar al ICE, a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y al Departamento de Seguridad Nacional, fortaleciendo precisamente a las agencias que ahora llevan a cabo secuestros masivos, redadas y procesos judiciales por motivos políticos. Incluso cuando la policía de inmigración secuestró a más de 10.000 personas en cinco días, como parte de una «ofensiva a gran escala» ordenada por la Casa Blanca de Trump, los demócratas no han hecho nada para movilizar a la oposición.

El aparato sindical no es menos cómplice. El WSWS no ha encontrado ninguna declaración de la AFL-CIO, la AFSCME, la UAW o la IATSE en contra de las sentencias de Prairieland. Su silencio es una señal para el Estado de que la burocracia sindical no hará nada para movilizar a los trabajadores contra la criminalización de la oposición de izquierda, incluso cuando se están preparando esos mismos métodos de Estado policial para utilizarlos contra huelgas, protestas y toda forma de resistencia de la clase trabajadora.

Esta colaboración está personificada por el presidente general de los Teamsters, Sean O’Brien, quien habló en la Convención Nacional Republicana de 2024 y ha trabajado abiertamente para cultivar relaciones con Trump y la extrema derecha. Su apoyo al ascenso de Markwayne Mullin al cargo de secretario del Departamento de Seguridad Nacional subrayó la alineación de la burocracia sindical con las agencias que supervisan al ICE, a la CBP y el ataque más amplio contra los inmigrantes y los derechos democráticos.

La defensa de los acusados de Prairieland y de todos aquellos perseguidos por oponerse al ICE, a la dictadura, a la guerra y al genocidio no puede confiarse a los demócratas, a los Socialistas Democráticos de Estados Unidos —una facción del Partido Demócrata— ni a la burocracia sindical. Estas fuerzas no son aliadas de los presos, sino colaboradoras en las tramas de falsificación de pruebas. La defensa de los derechos democráticos requiere la movilización política independiente de la clase trabajadora contra ambos partidos del gran capital y contra el sistema capitalista.

3(Artículo publicado originalmente en inglés el 3 de julio de 2026)