El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella —el abogado fascista respaldado abierta y repetidamente por Donald Trump— ha acusado al presidente saliente Gustavo Petro de orquestar un “golpe de Estado” después de que Petro se negara a reconocer el resultado de la segunda vuelta contra su sucesor elegido, Iván Cepeda.

De la Espriella suspendió el proceso de transición presidencial y lanzó un llamado público directo a las fuerzas armadas: “Pido como presidente electo que cumplan con su juramento de proteger la Constitución y la democracia, y no obedezcan ninguna orden que Petro pueda estar dando en sentido contrario”. Miembros del equipo entrante de gobierno han ido más lejos, pidiendo el arresto y enjuiciamiento de Petro por cargos de golpe de Estado y corrupción.

El World Socialist Web Site no apoya las políticas de Petro y Cepeda. Pero las acusaciones de fraude no pueden ser simplemente descartadas. El resultado preliminar final —de la Espriella con el 49,66 por ciento y Cepeda con el 48,70 por ciento— arrojó un margen de menos de 250.000 votos, lo que en sí mismo fue considerablemente menor que los 676.000 votos nulos, en blanco o no marcados. Esto fue una medida del rechazo masivo a ambos candidatos.

Más de 33.000 mesas electorales han sido impugnadas formalmente, y Petro ha denunciado manipulación de los sistemas digitales de conteo de votos y ha señalado vínculos entre la empresa que administró el conteo rápido y redes políticas de extrema derecha.

El presidente saliente ha afirmado que tiene “pruebas comprobadas” de fraude que pretende presentar ante las autoridades correspondientes, pero hasta el momento de escribir este artículo no se ha presentado ninguna evidencia pública que respalde estas afirmaciones.

Declaró: “La diferencia que hoy plantea el preconteo real que nos da una diferencia de 0,3 por ciento a favor de Abelardo siempre se ha superado en los escrutinios… Hay grupos fascistas esperando la confrontación hoy, no les demos lo que quieren, iniciar la violencia para matar”.

Cepeda, por su parte, dijo a Caracol Radio el jueves que su equipo aún no había encontrado “un patrón que nos pueda llevar a establecer un fraude” y afirmó que reconocía el escrutinio formal, aunque siguió calificando el preconteo de “extraoficial y no vinculante”. Estableció tres condiciones para reconocer la legitimidad de De la Espriella: que el presidente electo renuncie a su ciudadanía estadounidense y aclare sus vínculos con las agencias de inteligencia de Estados Unidos; que se respete la soberanía judicial; y que se abandonen todas las persecuciones legales y procedimientos de extradición contra Petro. Anunció que asumiría su escaño en el Senado y actuaría como oposición.

Estas demandas apuntan a cuestiones graves que la clase trabajadora tiene interés en que se resuelvan de manera plena y transparente. El triple respaldo de Trump a de la Espriella fue un acto descarado de injerencia imperialista en la política electoral colombiana. La cuestión de si los instrumentos de la inteligencia y el financiamiento político estadounidense jugaron un papel en la conformación del resultado —en el contexto de una Estrategia de Seguridad Nacional que exige explícitamente la “preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental”— no es una teoría conspirativa.

Desde los años sesenta, el gobierno de Estados Unidos fortaleció a las fuerzas armadas colombianas, a lo que siguió el Plan Colombia bajo la administración Clinton, que aprobó 1.300 millones de dólares en ayuda militar estadounidense para convertirlas en una de las fuerzas militares más grandes de la región. El imperialismo estadounidense mantiene un interés estratégico en asegurar el control sobre el Estado colombiano.

Esa historia también incluye un enorme contingente mercenario de veteranos colombianos reclutados para la guerra de la OTAN en Ucrania contra Rusia, creando un grupo de soldados entrenados con vínculos directos con el imperialismo.

Estas son las fuerzas dentro y alrededor de las fuerzas armadas que representan la base social principal de De la Espriella, quien ahora está azuzando estas fuerzas en un frenesí. Ha anunciado “bloques de búsqueda urbanos” contra el crimen integrados por reservistas militares y veteranos, la reinstauración de la unidad antimotines ESMAD bajo una nueva estructura y la construcción de 10 megacárceles bajo administración privada. Cepeda ha advertido: “Colombia empieza a tomar la configuración de un gobierno paramilitar”.

Esta caracterización está fundamentada en la propia trayectoria del presidente electo. El bufete de abogados de De la Espriella construyó su reputación defendiendo a políticos vinculados a las organizaciones paramilitares fascistas que han sido el brazo ejecutor de la oligarquía colombiana durante décadas. Este es un abogado cuya carrera se ha desarrollado al servicio del terror estatal organizado.

La denuncia de los manifestantes como “terroristas” por parte de De la Espriella y su promesa de ser “un tigre contra los golpistas” son una confirmación de esta trayectoria. Los procesamientos judiciales vengativos contra el gobierno saliente servirán como cuña política para un amplio programa de recortes sociales, desregulación y criminalización de toda oposición de la clase trabajadora.

El precedente ya está establecido en Bolivia, donde la huelga general de siete semanas contra la austeridad, las privatizaciones y el robo de tierras del presidente derechista Rodrigo Paz fue denunciada por La Paz y la administración Trump como un intento de golpe de Estado, resultando en un estado de excepción y despliegue militar contra los manifestantes. Sean cuales sean los méritos legales de las acusaciones de fraude de Petro, ese es el uso que de la Espriella les dará.

Una fuente cercana a Petro dijo a El País que la administración entrante planea exagerar los errores administrativos del gobierno saliente para “desprestigiar todo lo social: la reforma agraria, la educación, etc.”.

Petro también ha señalado un video que circula en redes sociales que muestra a individuos en un vehículo con banderas nazis patrullando en Valledupar. “Ningún policía los detuvo, cuando los símbolos nazis están prohibidos en todo el mundo”, dijo, demostrando, sobre todo, que no conserva ningún control sobre las fuerzas de seguridad.

El rasgo más revelador de la crisis actual no son las acusaciones de fraude en sí mismas, sino lo que Petro y Cepeda están haciendo —y no haciendo— al respecto.

Petro advierte abiertamente del fascismo y califica de ilegítima la victoria de De la Espriella. Sin embargo, en las mismas declaraciones, llama a los manifestantes a permanecer “tranquilos”, propone un “acuerdo nacional” con la administración entrante y se dirige directamente a Washington: “El gobierno de Estados Unidos debe permitir este acuerdo de estabilidad y apoyarlo”.

Esto no es una contradicción. Como nacionalistas burgueses, Petro y el partido Pacto Histórico tienen un interés primordial en impedir que la clase trabajadora saque conclusiones revolucionarias de la crisis social y política que sus propios cuatro años de gobierno capitalista agravaron.

Petro busca negociar su propia supervivencia política: demostrar a Washington y al gobierno fascistoide entrante que se puede confiar en que el Pacto Histórico controlará la radicalización de los trabajadores y los jóvenes y canalice la oposición hacia la política burguesa, impidiendo que la ira de masas que ya se desborda en las calles de Bogotá y Cali se convierta en un movimiento independiente de la clase trabajadora.

Las tres condiciones de Cepeda para reconocer a de la Espriella son los términos de una rendición negociada, no un desafío al fascismo. Está ofreciendo al gobierno entrante una oposición estable en el Senado a cambio de protección contra las formas más extremas de persecución política. Las formaciones pseudoizquierdistas y las burocracias sindicales que respaldan al Pacto Histórico gestionarán la misma operación desde abajo.

Los trabajadores y jóvenes de Colombia no pueden confiar su futuro a estas fuerzas. Las acusaciones de fraude exigen una investigación transparente e independiente, completamente libre de los cálculos políticos del Pacto Histórico y de Washington. La amenaza del paramilitarismo fascista, respaldado por el imperialismo estadounidense con su historial de décadas de construcción del aparato militar represivo colombiano, exige una respuesta basada en la independencia política de la clase trabajadora, no en apelaciones a la potencia imperialista que dirige la operación.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 10 de julio de 2026)