La ejecución policial de Corey Ruiz en Madison, Wisconsin, el miércoles, ha provocado una explosión de indignación social en todo el estado y en todo el país.

Ruiz, padre de 38 años y residente desde hacía mucho tiempo en Madison, fue identificado por la policía como “sospechoso” después de que, según se informó, fuera visto mirando dentro de autos estacionados. La policía no ha alegado que haya forzado un vehículo, robado nada ni cometido delito alguno.

Aun así, se despacharon múltiples unidades policiales para aprehenderlo. Un video grabado por residentes muestra a la policía derribando a Ruiz de su bicicleta antes de rodearlo y agredirlo. A plena luz del día y frente a decenas de testigos, los agentes lo patearon y le aplicaron descargas de Taser, antes de que uno de ellos sacara su pistola y le disparara repetidamente en la cabeza.

Hasta el viernes, más de 48 horas después del asesinato, el oficial que ejecutó a Ruiz no había sido identificado públicamente, ni mucho menos arrestado o acusado de ningún delito.

La intersección donde Ruiz fue asesinado permaneció cerrada hasta el viernes, mientras los residentes la transformaban en un memorial. Cientos de trabajadores y jóvenes de todas las razas han participado en protestas y vigilias exigiendo “Justicia para Corey”. Se planean más manifestaciones a lo largo del fin de semana.

El asesinato de Ruiz es el más reciente de una oleada de crímenes de Estado cometidos en menos de tres semanas. El 5 de julio, soldados de la Guardia Nacional desplegados como parte del “Grupo de Tarea Memphis Seguro” mataron a tiros a Tyrin Johnson, de 20 años, en el centro de Memphis, la cuarta persona, como mínimo, asesinada por ese grupo de tarea en 60 días.

El 7 de julio, un agente de ICE asesinó a Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, mientras conducía a su hermano y a sus compañeros de trabajo hacia una obra en Houston, Texas. Los trabajadores sobrevivientes, cuyo testimonio desmintió la afirmación del gobierno de que él había “convertido en arma” su camioneta, se encuentran ahora encarcelados en un campo de concentración de ICE en Conroe, Texas.

El 13 de julio, un agente de ICE mató a tiros a Johan Sebastián Durán Guerrero, un trabajador colombiano legalmente autorizado para vivir y trabajar en Estados Unidos, mientras conducía hacia su trabajo en Biddeford, Maine. A la mañana siguiente, Juan Jairo Coronilla Durán, de 28 años, que se encontraba legalmente en el país con una visa de turista, murió atropellado por un tráiler mientras huía de agentes de ICE en St. Augustine, Florida.

Cinco trabajadores y jóvenes han sido asesinados en 17 días por la policía, soldados de la Guardia Nacional y agentes de inmigración. Ninguno de sus asesinos ha sido arrestado, y la mayoría ni siquiera ha sido identificado públicamente.

Todas estas son manifestaciones de un único proceso: la reestructuración violenta de la sociedad estadounidense conforme a los lineamientos de un Estado policial.

Lo que se ejecutó en una calle de Madison fue la expresión local de una política nacional dirigida contra la clase obrera. La fuente objetiva de esta violencia es la crisis histórica del capitalismo estadounidense. La oligarquía financiera está acumulando riqueza a una escala sin precedentes, mientras decenas de millones de trabajadores luchan por poder costear alimentos, vivienda y atención médica.

La riqueza de los multimillonarios del mundo ha pasado de 4,5 billones de dólares hace 15 años a 20,1 billones de dólares en la actualidad. Aumentó aproximadamente un 40 por ciento en solo dos años.

En el polo opuesto, trabajadores empleados por algunas de las corporaciones más grandes y rentables dependen de la asistencia gubernamental para sobrevivir. El número de trabajadores de Amazon que reciben cupones de alimentos o Medicaid casi se triplicó entre febrero de 2020 y septiembre de 2025. Uber, Lyft, DoorDash, Grubhub e Instacart figuran en conjunto entre los mayores empleadores de trabajadores que reciben ayuda federal.

La asistencia pública se utiliza para subsidiar los salarios de pobreza que pagan las corporaciones gigantes y para enriquecer a multimillonarios como el fundador de Amazon, Jeff Bezos. Ahora, incluso esta ayuda insuficiente está siendo retirada. Se calcula que 4 millones de personas, entre ellas 1,5 millones de niños, han sido excluidas del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria en el último año.

Mientras se les niega el alimento a los niños, la Cámara de Representantes aprobó esta semana una Ley de Autorización de Defensa Nacional que destina 1,15 billones de dólares al ejército. Seis demócratas votaron a favor del proyecto, aportando el margen necesario para su aprobación. La legislación constituye un componente central del presupuesto militar de 1,5 billones de dólares propuesto por la administración Trump.

Estos recursos financiarán la guerra en expansión contra Irán, el apoyo continuo al genocidio en Gaza, la guerra de EE.UU.-OTAN contra Rusia en Ucrania y los preparativos de guerra contra China. La violencia que el imperialismo estadounidense inflige en el exterior se dirige cada vez más contra la clase obrera dentro de Estados Unidos. La ocupación militar de países extranjeros y la ocupación de ciudades estadounidenses son dos frentes de una misma guerra.

Una desigualdad social de esta magnitud es incompatible con la democracia. La oligarquía no puede imponer pobreza, guerra y devastación social por medios democráticos. Por eso Trump fue devuelto a la Casa Blanca por la oligarquía y se le dio carta blanca para construir el aparato de una dictadura presidencial.

El Partido Demócrata ha respondido como colaborador, no como oposición.

Cuando millones se manifestaron contra la ocupación de ICE en las ciudades estadounidenses y contra el atropello de Trump a la Constitución bajo la consigna “No Kings” (“Sin Reyes”), los políticos demócratas se opusieron a las exigencias de abolir ICE. Buscaron desviar el movimiento de masas hacia la consigna en bancarrota de “Remember in November” (“Recuérdenlo en noviembre”), es decir, votar por ese mismo Partido Demócrata que ha financiado la guerra, ampliado el Estado policial y presidido una desigualdad social sin precedentes.

Después de cada asesinato policial, los demócratas reciclan propuestas de cámaras corporales, juntas de revisión, investigaciones “independientes” y capacitación adicional. Presentaron el mismo fraude tras el asesinato de George Floyd en 2020. Seis años después, la policía mata con una frecuencia e impunidad aún mayores.

Según Mapping Police Violence, la policía había matado al menos a 689 personas en Estados Unidos para el 4 de julio. Hubo solamente seis días durante la primera mitad del año en que la policía no mató a nadie. Al ritmo actual, la policía va camino a superar las 1.318 personas asesinadas en 2025 y a acercarse al récord de 1.387 muertos en 2024.

En promedio, la policía estadounidense mata a más de tres personas cada día. Los responsables son puestos rutinariamente en licencia paga, protegidos de la identificación pública y exonerados por fiscales e investigaciones internas.

Los demócratas y sus satélites políticos buscan presentar la violencia policial como producto de la “supremacía blanca”. Esa explicación racialista oculta la función esencial de clase de la policía. La policía existe para defender la propiedad capitalista y la riqueza y el poder de la oligarquía financiera frente a la clase obrera.

En El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, Friedrich Engels explicó que el Estado no es una institución imparcial situada por encima de la sociedad. Surge de la división de la sociedad en clases irreconciliablemente hostiles.

El fundamento esencial del Estado, explicó Engels, es una “fuerza pública” compuesta “no solo de hombres armados, sino también de apéndices materiales, cárceles e instituciones coercitivas de todo tipo”. Esta fuerza se vuelve más poderosa a medida que se agudizan los antagonismos de clase. Esto es precisamente lo que está ocurriendo en Estados Unidos.

La lucha por detener la violencia policial, abolir ICE y desmantelar los escuadrones de la muerte migratorios es, por lo tanto, inseparable de la lucha contra el capitalismo y por el socialismo.

Requiere la movilización política independiente de la clase obrera, uniendo a los trabajadores más allá de toda línea racial, nacional y lingüística, contra la oligarquía financiera y sus dos partidos políticos. Es necesario construir comités de base en los centros de trabajo y en los barrios para organizar la oposición a la violencia policial, las deportaciones, la ocupación militar, los recortes sociales y la guerra imperialista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 25 de julio de 2026).