El imperialismo canadiense es cómplice total de los esfuerzos de la administración de Trump por estrangular la economía de Cuba y matar de hambre a su pueblo, como preparación para una posible invasión militar.

Desde que atacó a Venezuela en enero, secuestró a su presidente, Nicolás Maduro, y se apoderó del control de sus exportaciones de petróleo, Estados Unidos ha impuesto un embargo petrolero a Cuba. Esta medida marca una escalada masiva de la guerra económica que Washington lleva décadas librando contra el país insular y su pueblo, a quienes el imperialismo estadounidense nunca ha perdonado por la revolución cubana de 1959.

Los preparativos para un ataque militar están muy avanzados. El Pentágono ha posicionado fuerzas para un ataque inminente, a la espera, según informes de los medios, únicamente de la luz verde definitiva de la Casa Blanca. Mientras tanto, la administración de Trump está trabajando para fabricar un pretexto para otra guerra ilegal y no provocada de saqueo. Esto incluye difundir afirmaciones sensacionalistas y sin fundamento de que Cuba ha recibido un puñado de drones de Rusia e Irán como prueba de que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional de EE. UU.

El fascista y aspirante a dictador ha hablado repetida y descaradamente de una toma de Cuba por parte de Estados Unidos. En un discurso pronunciado en Florida en mayo, Trump dijo: “A la vuelta de Irán, haremos que uno de nuestros grandes… portaaviones se detenga a unas 100 yardas de la costa” y espere a que el gobierno cubano se rinda.

Canadá se ha presentado durante mucho tiempo como un “socio”, incluso como amigo de Cuba, y se ha opuesto a las sanciones generalizadas de EE. UU. contra su economía. En 2013-2014, Ottawa acogió y facilitó las conversaciones secretas entre la administración de Obama y el régimen nacionalista burgués de Cuba que condujeron a una flexibilización de las sanciones y a una disminución de las tensiones. El capital canadiense ha desempeñado tradicionalmente un papel importante en la isla, cuyo régimen nacionalista burgués —que se había apoyado en el respaldo económico de la burocracia estalinista de la URSS tras la revolución de 1959— se volvió cada vez más dependiente de la inversión extranjera procedente de Canadá y Europa tras la disolución de la Unión Soviética en 1991.

A un compromiso anunciado en febrero de una irrisoria ayuda alimentaria canadiense de 8 millones de dólares, que se entregaría a través de diversas ONG y de la ONU, le ha seguido el silencio.

El gobierno liberal de Mark Carney ha evitado hacer cualquier comentario crítico sobre la intimidación y las amenazas de Trump de invadir ilegalmente a Cuba porque el capitalismo canadiense está aterrorizado ante la perspectiva de que Estados Unidos confisque las importantes inversiones canadienses en Cuba. Estas confiscaciones ya se están llevando a cabo, de hecho, a punta de arma y a precio de mercado.

Más fundamentalmente, Ottawa espera que, al evitar un conflicto con Washington por Cuba, pueda facilitar la conclusión de un acuerdo que le asegure cierto grado de acceso económico privilegiado al mercado estadounidense, en un contexto en el que Trump está imponiendo aranceles a Canadá y amenazando con anexarlo como el estado número 51.

Carney ha declarado en múltiples ocasiones que su gobierno está ansioso por integrarse en una “Fortaleza de América del Norte” liderada por Estados Unidos económica y militarmente —siempre y cuando Washington reconozca los intereses de Canadá como socio menor en la guerra comercial y mundial contra sus rivales geopolíticos—. Si Cuba es el precio que hay que pagar para asegurar este papel como aliado del imperialismo estadounidense, Ottawa lo pagaría con gusto.

Cuba es el mayor socio comercial bilateral de Canadá en el Caribe, con un intercambio cercano a los mil millones de dólares al año, y Canadá es el segundo socio comercial más importante de Cuba después de la Unión Europea. Canadá provee a Cuba alimentos básicos esenciales, como trigo, carne de cerdo y chícharos. Las empresas turísticas canadienses Sunwing y Blue Diamond Resorts, en asociación con la Corporación Gaviota, administrada por las fuerzas armadas cubanas, han invertido miles de millones en el país.

Debido al bloqueo criminal del suministro de combustible a Cuba, estas operaciones se han paralizado por completo. Las aerolíneas canadienses han suspendido todos los vuelos debido a la imposibilidad de obtener combustible para aviones en Cuba o de realizar el mantenimiento de sus aeronaves allí. Los hoteles, centros turísticos y restaurantes han cerrado, dejando sin trabajo a cientos de miles de cubanos. Los apagones han dejado sin electricidad a gran parte del país.

La dependencia de Cuba del turismo para su supervivencia económica surgió a raíz del “período especial” de colapso económico que se produjo tras la pérdida del apoyo soviético, después de que la burocracia estalinista disolviera la Unión Soviética en 1991. Este giro sentó las bases para la creciente dependencia de la economía cubana de la inversión capitalista canadiense.

Los turistas canadienses han sido el grupo más numeroso de visitantes extranjeros en Cuba desde 1972. El gobierno canadiense construyó la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana en 1998 para darles cabida. El turismo aportaba aproximadamente la mitad de las reservas de divisas de Cuba hasta la pandemia de COVID-19 en 2020. Las cifras se estaban recuperando hacia el 2025, pero con la intensificación de la campaña de Estados Unidos para asfixiar a la isla, imponer un cambio de régimen y transformar a Cuba en un protectorado semicolonial, esta fuente de ingresos se ha derrumbado.

También hay una presencia significativa de empresas mineras canadienses, en particular Sherritt, que ha desarrollado la mina de níquel y cobalto de Moa. La mina de níquel de Moa, propiedad de Sherritt, fue nacionalizada por primera vez por el gobierno cubano tras la revolución cubana de 1959, expropiando a los antiguos propietarios estadounidenses, la Freeport Sulfur Company de Nueva York.

Cuba posee algunas de las mayores reservas de estos metales, con el 6 por ciento de las reservas mundiales de cobalto y el 7 por ciento de las reservas mundiales de níquel. Las operaciones de Sherritt se encuentran actualmente paralizadas debido a los efectos combinados de la falta de combustible para sus operaciones y el colapso del régimen cambiario de Cuba, lo que ha dejado al gobierno sin capacidad para pagar sus cuentas. A Sherritt se le adeudan 344 millones de dólares estadounidenses.

Las empresas canadienses enfrentan no solo la amenaza de incumplimiento de pago por parte de sus acreedores estatales cubanos, sino también la confiscación directa de sus activos a favor de Trump y sus compinches. Sherritt había declarado inicialmente a principios de mayo que se retiraría de la isla en respuesta a la Orden Ejecutiva de Trump del 1 de mayo, que amenazaba a las operaciones mineras extranjeras en Cuba.

El 20 de mayo, Sherritt anunció repentinamente que había llegado a un acuerdo para vender una participación mayoritaria de la empresa a Ray Washburne, un confidente cercano de Donald Trump quien fue nombrado miembro de la Junta Asesora de Inversiones en el Extranjero de Trump durante su primer mandato presidencial. Gracias a la extrema presión ejercida sobre Cuba por su antiguo jefe, Washburne está ahora en condiciones de hacerse con Sherritt —y con un porcentaje notable de los recursos mundiales de níquel— a un precio aún más bajo que el ya mínimo de Sherritt de 11 centavos por acción. En tiempos mejores, las acciones de Sherritt cotizaban a 16 dólares por acción.

No se puede subestimar la importancia política y social de esta venta a precio de ganga. Es una manifestación, en el ámbito de la geopolítica mundial, de la dictadura personalista que se está estableciendo en Washington. Se está utilizando la maquinaria estatal para apoderarse por la fuerza de vastas fuentes de riqueza sin explotar en países extranjeros y repartirlas entre Trump, su familia, sus amigos políticos y sus socios comerciales.

Además, la venta ignora claramente las sanciones económicas estadounidenses establecidas desde hace mucho tiempo, a pesar de que el Departamento de Estado de EE. UU. afirme que “no consideran que la transacción sea contraria a las leyes estadounidenses relacionadas con Cuba”, según el Globe and Mail. ¡Qué conveniente! Hay un conjunto de leyes para la oligarquía capitalista estadounidense y otro para todos los demás.

Los operadores turísticos canadienses bien podrían ser los siguientes. Trump podría intentar, con cinismo, imponer las sanciones de EE. UU. para apropiarse de diversos hoteles y complejos turísticos. Las sanciones de EE. UU. prohíben cualquier acuerdo económico con las fuerzas armadas cubanas, que tienen una participación mayoritaria en la mayoría de estas propiedades —a menos, claro está, que sean Trump y sus compinches quienes estén cerrando los “acuerdos”. Varios hoteles canadienses, construidos en la década de los noventa y posteriormente, figuran en una lista negra que hace que sea ilegal para los ciudadanos estadounidenses incluso reservar una habitación allí. Los terrenos costeros sobre los que se construyeron muchos complejos turísticos cubanos fueron nacionalizados y expropiados a propietarios privados, muchos de los cuales huyeron a Miami.

Durante décadas, el gobierno cubano, bajo el liderazgo de Fidel Castro y luego de Raúl Castro, prometió que a estos llamados gusanos nunca se les permitiría regresar a la isla ni reclamar las propiedades nacionalizadas. ¡Pero hoy en día el regreso de estas fuerzas de extrema derecha está siendo negociado en privado por el nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, quien no ocupa ningún cargo gubernamental!

Para comprender el carácter criminal y contrarrevolucionario de estas confiscaciones pendientes, 67 años después de la Revolución Cubana, basta con imaginar un intento de la reina Victoria de reclamar propiedades británicas “robadas” en el Boston de 1843, o un intento de los antiguos propietarios de esclavos del Sur de hacer valer sus derechos de propiedad sobre los cuerpos de los trabajadores afroamericanos en 1934. La pretensión de la antigua clase dominante mafiosa de Cuba sobre los derechos de propiedad privada en el país es igualmente indignante y obscena. Es una muestra de la bancarrota del régimen nacionalista burgués de Cuba el hecho de que esté presidiendo tal retroceso histórico.

Las inversiones del imperialismo canadiense en Cuba se han basado en la afirmación de sus intereses capitalistas “independientes” en el Caribe. Canadá, junto con México, fueron los únicos países del hemisferio occidental que mantuvieron relaciones diplomáticas con Cuba después de la Revolución de 1959.

Pierre Elliott Trudeau, primer ministro canadiense de 1968 a 1979, realizó una famosa visita a Fidel Castro en 1976, con quien entabló una estrecha amistad personal, hasta tal punto que Castro fue uno de los portadores del féretro en el funeral de Trudeau en 2000. En un discurso ante decenas de miles de personas en Cienfuegos, Trudeau enfureció a los aliados estadounidenses de Canadá al declarar: “¡Viva Cuba y el pueblo cubano! ¡Viva el primer ministro comandante Fidel Castro!”. Pero este teatro político no tuvo nada que ver con ningún supuesto apoyo al “socialismo” y sí tuvo todo que ver con establecer una relación diplomática con Cuba independiente de Estados Unidos, para hacer valer los intereses imperialistas canadienses.

Cuando el Congreso de EE. UU. aprobó la Ley Helms-Burton en 1996, que imponía sanciones a los inversionistas extranjeros en Cuba, el imperialismo canadiense respondió con la Ley de Medidas Extraterritoriales Extranjeras, la cual protege a las empresas canadienses de las sanciones estadounidenses mediante un conjunto de medidas, entre las que se incluyen contrademandas respaldadas por el Estado contra los demandantes estadounidenses.

Treinta años después, las contradicciones irresolubles del desarrollo capitalista mundial bajo la propiedad privada y la gestión nacional están impulsando al imperialismo estadounidense a abandonar las normas y acuerdos legales internacionales que permitían tanto la existencia “independiente” de Cuba sobre una base nacionalista burguesa como los intereses “independientes” de su antiguo aliado canadiense en la economía cubana.

Las potencias imperialistas, entre ellas Canadá, buscan redividir el mundo por la fuerza. Washington ha afirmado el llamado “corolario de Trump a la Doctrina Monroe”, que proclama la pretensión del imperialismo estadounidense de ejercer un dominio económico y militar total sobre todo el hemisferio occidental, incluyendo tanto a Cuba como a Canadá.

“Canadá, probablemente más que cualquier otra nación, se encuentra atrapado en una tenaza”, afirmó Mark Entwistle, embajador de Canadá en La Habana de 1993 a 1997, en una entrevista con Bloomberg sobre la vulnerabilidad de las inversiones canadienses en Cuba. Entwistle se refirió al intento en curso de renegociar las condiciones comerciales favorables de Canadá con Estados Unidos. Los intereses canadienses en Cuba, dijo, estaban siendo tomados como rehenes a punta de pistola en estas “negociaciones”.

Mientras el pueblo cubano se ve sometido al hambre con la complicidad del Estado canadiense, la burocracia sindical y la pseudoizquierda de Canadá siguen alimentando ilusiones tanto en la viabilidad de la “independencia” nacionalista burguesa de Cuba como en la posibilidad de una política exterior canadiense “independiente” basada en algo más que el interés imperialista descarado y el doble juego. Sostienen que el imperialismo canadiense puede transformarse mágicamente en su opuesto con solo pronunciar unas cuantas frases vacías al estilo del Trudeau padre, al tiempo que promueven la mentira de que los intereses capitalistas canadienses en Cuba son menos voraces que los de sus competidores estadounidenses.

El Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE), que desde hace tiempo mantiene relaciones con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Pública de Cuba (SNTAP) en La Habana, lanzó en abril una petición parlamentaria impulsada por el diputado del NDP Alexandre Boulerice, en la que se instaba al gobierno de Carney a “apoyar a Cuba” oponiéndose a toda acción militar y coacción económica, y ampliando las actividades económicas y humanitarias de Canadá en la isla. Fue firmada por 12.296 personas y presentada ante el Parlamento el 7 de mayo, pero no se debatió y, hasta la fecha, no parece haber suscitado una respuesta por parte del gobierno liberal.

La Red Canadiense sobre Cuba, que cuenta con el apoyo tanto del Partido Comunista de Canadá (estalinista) como del grupo de pseudoizquierda Acción Socialista, emitió una declaración nacionalista y procapitalista en la que exigía “el derecho de las empresas canadienses a realizar negocios legales libres de coacción e intimidación extranjeras”. Instó al gobierno a aplicar la Ley de Medidas Extraterritoriales Extranjeras en defensa de los intereses capitalistas canadienses.

El líder del NDP, Avi Lewis, ha hecho llamamientos igualmente vacíos; en declaraciones ante el congreso de CUPE Ontario —que fueron difundidas por la embajada cubana en Canadá—, proclamó que el imperialismo canadiense “debe salir en defensa de Cuba y luchar por una Palestina libre”.

¡Qué farsa! Lewis, Acción Socialista y el Partido Comunista saben muy bien que el gobierno liberal de derecha de Mark Carney no hará nada de eso. Su objetivo principal al lanzar estos llamamientos sin fundamento es desviar la creciente oposición a las guerras y la agresión imperialistas entre los trabajadores y la juventud de Canadá hacia el nacionalismo canadiense y los llamamientos impotentes al establishm ent político. Esto va de la mano con la promoción continua del régimen de Castro como “socialista” y las justificaciones de sus intentos por comprar su supervivencia, demostrando —a través de privatizaciones a gran escala y otras reformas promercado— que puede transformar la isla en una fuente rentable de mano de obra barata y recursos naturales para las corporaciones estadounidenses.

El régimen castrista no ha hecho ningún llamado a la clase trabajadora internacional en busca de apoyo. Como ha explicado el World Socialist Web Site, su actual postración ante el imperialismo es el resultado de su carácter nacionalista burgués y su programa capitalista. Siempre fue hostil al poder independiente de la clase trabajadora. Esto se manifestó tanto en su represión de todas las formas de autoorganización política y económica de la clase trabajadora en la isla, como en el pacto que hizo con la burocracia estalinista soviética, en virtud del cual, a cambio de ayuda económica, apoyó el estrangulamiento de la revolución mundial por parte del Kremlin.

Los trabajadores canadienses deben oponerse de manera inequívoca a la campaña criminal de Washington para matar de hambre a la clase trabajadora cubana y revertir lo poco que queda de los logros sociales de la Revolución Cubana de 1959, así como a la complicidad del imperialismo canadiense en ella.

Dicha campaña no puede dejarse en manos de la burocracia sindical ni del NDP, y no puede basarse en llamamientos al imperialismo estadounidense en nombre de los “derechos y libertades” de las corporaciones mineras canadienses, ni en que los representantes políticos del imperialismo canadiense acudan en ayuda del pueblo cubano. Debe estar impulsada por un programa socialista e internacionalista; es decir, la lucha por movilizar a los trabajadores de todas las Américas en una lucha común para poner fin al militarismo imperialista y al sistema capitalista que lo genera.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 24 de julio de 2026)