Las autoridades francesas están considerando activamente la evacuación de Burdeos, ciudad de más de 250.000 habitantes y área metropolitana de 850.000 personas. Sede de algunos de los viñedos más prestigiosos del mundo, la ciudad ha existido durante más de 2.000 años y más de un tercio de ella fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Todo esto se encuentra ahora cubierto por una densa humareda, producto de un incendio forestal que ya ha arrasado una superficie récord de terreno y ha forzado la evacuación de 200.000 personas a su paso, elevando a 400.000 el número total de personas desplazadas por los incendios en toda Europa. El calor y la neblina están generando ahora sus propias tormentas eléctricas, con rayos que pueden agravar el incendio.

Que esto pueda estar ocurriendo en uno de los diez países más ricos del mundo, en el continente con los niveles más altos de gasto social per cápita, constituye una acusación irrefutable contra el capitalismo.

La negligencia y el subfinanciamiento gubernamentales han permitido que los incendios crezcan en bosques mal gestionados y han socavado los intentos de contenerlos. Un portavoz de la Federación Nacional de Bomberos de Francia, cuyos miembros arriesgan su vida a diario para contener el infierno, declaró sin rodeos a la prensa: “Es un escenario de David contra Goliat”. El personal y el equipamiento son tan escasos que funcionarios europeos han advertido que los incendios podrían seguir ardiendo hasta noviembre.

Los trabajadores deben exigir y luchar por los recursos necesarios para montar una respuesta urgente y masiva ante la crisis, y mejorar la preparación del continente de cara al futuro. Pero llevar a cabo tales medidas sin enfrentar también al sistema social que produce estos desastres equivale a combatir incendios en las laderas de un volcán.

La vida económica y social está tan mal administrada, tan dominada por los intereses de lucro de un puñado obscenamente rico, que un clima dañado pone en peligro a millones de personas incluso en las regiones más desarrolladas tecnológicamente del planeta. También arden incendios en España, Italia, Grecia y el Reino Unido, así como en otras zonas de Francia, amenazando áreas cercanas a Madrid, Valencia y París. Apenas hace unas semanas, América del Norte estaba cubierta por un humo tóxico proveniente de incendios forestales.

Científicos del Imperial College de Londres han incluso acuñado el término “oleada de incendios” (firewave), descrito por el profesor de ciencia del fuego Guillermo Rein como “el equivalente, en incendios forestales, de una ola de calor: un período de actividad de incendios forestales excepcionalmente alta que desborda la capacidad de respuesta de emergencia de una ciudad, región o nación”.

Estos fenómenos se han vuelto mucho más probables y severos debido al aumento de la temperatura promedio de la Tierra provocado por las emisiones de combustibles fósiles. Son producto de olas de calor prolongadas y récord —Reino Unido está entrando ahora en su cuarta ola de calor del año— y de una sequía cada vez peor.

Además de contribuir a los incendios forestales, estas condiciones ya han matado a más de 10.000 personas en todo el continente —hasta 25.000, según una estimación de la Universidad de Indiana— y han dejado a un estimado de 277.000 trabajadores heridos. Han provocado miles de millones de euros en daños económicos, especialmente a la agricultura.

Los científicos han advertido durante décadas sobre la exposición de Europa a estos peligros. Pero una clase dominante que ya demostró su indiferencia ante el sufrimiento humano durante la pandemia de COVID no hizo nada para prevenirlos.

Para la oligarquía, esto es simplemente el costo de hacer negocios, pagado por otras personas con sus vidas, su salud y sus impuestos. ¿Qué representan unas pocas decenas de miles de muertos en junio, posiblemente la ciudad de Burdeos en julio, y quién sabe qué más en agosto, frente a los miles de millones que se pueden ganar ignorando los costos del cambio climático?

Para la clase obrera mundial, esto es una advertencia grave y debe ser un estímulo a la acción. Los desastres ambientales de hoy están ocurriendo cuando la Tierra apenas se encuentra en el umbral de superar los 1,5 grados Celsius de calentamiento global por encima del promedio preindustrial. Los pronósticos más autorizados advierten que los gobiernos capitalistas del mundo llevarán al planeta a casi el doble de esa cifra (2,8 °C) para el año 2100.

Las consecuencias —no solo el calor extremo y la sequía, sino también las inundaciones y las tormentas— se agravan exponencialmente con cada décima de grado.

Como advierten los autores de estos estudios, el impacto recaerá con mayor fuerza sobre los países más pobres y expuestos de África y Asia meridional. El imperialismo les negó a estos países cualquier oportunidad de sentar las bases de una economía moderna y sostenible, y ahora los carga con las peores consecuencias del uso desenfrenado de los combustibles fósiles por parte de los superricos.

Justo esta semana, Uganda comenzó a repartir alimentos de emergencia después de que se reportara la muerte de 19 personas por inanición, en medio de una sequía prolongada que ha puesto en riesgo a 1,5 millones de personas.

Analistas de Goldman Sachs prevén que el clima extremo vinculado al patrón climático de El Niño provoque un aumento de casi el 16 por ciento en los precios mundiales de los alimentos básicos hacia 2028. Un banco de inversión proporciona esta información porque, bajo el capitalismo, a quienes tienen influencia les preocupa más el impacto sobre sus operaciones bursátiles que sobre las vidas humanas.

Mientras tanto, el Programa Mundial de Alimentos y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura se ven reducidos a mendigarles a los gobiernos 202 millones de dólares para medidas mínimas destinadas a proteger a 8,8 millones de personas en 22 países de alto riesgo. Se ha recibido menos de una quinta parte de esa cifra.

Las consecuencias del cambio climático están entrelazadas con todos los síntomas mórbidos del capitalismo en su agonía final.

Los desastres ambientales producidos por el cambio climático se alimentan de las emisiones de economías que producen armamento en serie y que acumulan las energías del próximo estallido financiero. Las consecuencias —la pobreza y la guerra— dejan a amplias franjas de la humanidad especialmente vulnerables a las sequías, las olas de calor, las inundaciones, las tormentas y la propagación más amplia de virus.

Al mismo tiempo, las crisis ambientales intensifican la disputa militar por los recursos y recortan los ingresos de los trabajadores. Un informe reciente sobre pérdidas salariales anuales de entre el 6 y el 10 por ciento para los trabajadores agrícolas, de la construcción y del transporte en India, a causa del calor extremo de 2024, lo describió como un “multiplicador de la pobreza”.

El epicentro actual de estos desastres que se refuerzan mutuamente es el Cuerno de África, hogar de 140 millones de personas, cifra que se espera se duplique para 2050. Se ve afectado por la sequía y otras formas de clima extremo, la crisis de fertilizantes provocada por la guerra estadounidense contra Irán, y la destrucción y el desplazamiento generados por importantes conflictos locales. Cerca de 40 millones de personas están amenazadas por una inseguridad alimentaria aguda, entre ellas casi 5 millones de niños con desnutrición aguda.

Nunca antes un sistema social había sido tan destructivo como para poner en riesgo la condición más básica de la civilización, el propio entorno natural global, no solo por la catástrofe aguda de una guerra nuclear, sino por el desastre crónico del calentamiento global y el colapso ambiental.

Al igual que la guerra, la crisis climática es una de las cuestiones definitorias de nuestra época, que la clase obrera internacional deberá sufrir o resolver. No se trata, como afirman los políticos de derecha y sus numerosas cajas de resonancia mediáticas, de una cuestión de “estilo de vida” que solo interesa a la clase media acomodada, sino de una cuestión de vida o muerte para todo trabajador. No se trata, como sostiene el movimiento verde, de una cuestión de responsabilidad individual, sino de lucha colectiva de clases.

Y es, ineludiblemente, una cuestión revolucionaria.

En junio, el World Inequality Lab publicó un “Informe de Justicia Global”. Basado en una amplia recopilación de estudios científicos naturales, económicos y sociales, demuestra la posibilidad material de brindar un nivel de vida enormemente superior a la abrumadora mayoría de la población, al tiempo que se limita el calentamiento global a 2 °C para 2100 y se invierte en medidas de adaptación para enfrentar sus consecuencias.

Sin embargo, sus autores proponen lograrlo mediante impuestos globales al patrimonio de hasta el 20 por ciento e impuestos globales a la renta de hasta el 90 por ciento. Esto no hace más que demostrar la inutilidad de todas estas quimeras reformistas.

La oligarquía a la que se aplicarían estos impuestos no cederá un solo centavo. Sus integrantes multimillonarios están demostrando, en Estados Unidos y más allá, que prefieren una dictadura antes que una depreciación de sus activos. Donald Trump, que ataca la democracia y alienta una orgía de extracción de combustibles fósiles, es la repugnante encarnación individual de esta realidad de clase.

La riqueza social monopolizada por los superricos, y con ella el poder de dirigir el destino de la humanidad, debe ser expropiada mediante la lucha de la clase obrera. Solo a través de una planificación democrática y científicamente informada puede ponerse fin a una situación en la que la sociedad tiene suficiente poder productivo para alterar drásticamente el clima del planeta, pero, al parecer, no para alimentar y proteger a todos sus ciudadanos.

Esta es la perspectiva de la revolución socialista mundial que deben asumir los trabajadores de Europa, hoy expulsados de sus hogares por el fuego, y los del mundo entero, amenazados por los resultados de la crisis climática del capitalismo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 28 de julio de 2026).