El 29 de julio, la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), inició consultas formales sobre una reforma constitucional que excluiría de la participación electoral a cualquier partido que haya recibido financiamiento extranjero, o cuyos representantes, en palabras del presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, “hayan promovido golpes de Estado, atentado contra la independencia nacional o violado los principios fundamentales de la Constitución”. Se espera su aprobación a comienzos de septiembre.

El mando militar fue el primer sector formalmente consultado sobre el tema. El general Julio César Avilés, jefe de las fuerzas armadas, declaró que la reforma cuenta con el “firme respaldo” del ejército.

Los medios corporativos informaron que el presidente Daniel Ortega había ordenado la abolición total de las elecciones. Esa afirmación se basaba en una sola frase, sacada de contexto, de un discurso de Ortega del 19 de julio, quien se refería a los políticos patrocinados por EE.UU. cuando dijo:

Ya quisieran ellos ganar elecciones para hacer reales (ganar dinero) con las escuelas. Pero que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones, para que por allí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder… tenemos que crear leyes que levanten un muro, una barrera, contra los golpistas, contra los que venden a su país, y por mucho dinero que les den los yanquis, ¡no lo van a lograr!

La copresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega, aclaró al día siguiente que las elecciones continuarían: “Elecciones sí, pero nuestras propias elecciones... diseñadas y organizadas con base en nuestra soberanía nacional”.

El contenido real de la reforma, sin embargo, va mucho más allá de la exclusión electoral. Según declaraciones de Porras y otros funcionarios sandinistas, extendería el período presidencial de seis a siete años, con posibilidad de reelección; armonizaría los períodos de los jefes del Ejército y de la Policía Nacional con el de la presidencia; y otorgaría al Consejo Supremo Electoral la facultad de cancelar la personería jurídica de partidos que reciban financiamiento externo o que promuevan sanciones e intervenciones.

La acusación de Ortega sobre la injerencia estadounidense no es una invención. Fue confirmada pocos días después por Damon Wilson, presidente de la Fundación Nacional para la Democracia (NED), el brazo de cambio de régimen de la CIA vestido de civil, quien anunció que la NED “seguirá apoyando a quienes defienden pacíficamente las libertades fundamentales” en Nicaragua.

El historial de su injerencia es extenso. Entre 2014 y 2017, la NED financió 54 proyectos en Nicaragua por un costo de 4,1 millones de dólares, según el periodista alineado con la oposición Benjamin Waddell. Solo en 2020 desembolsó 1,57 millones de dólares.

Durante las protestas sociales de 2018, dirigentes estudiantiles y de ONG financiados por estos programas viajaron a Washington para recibir instrucciones de manera abierta.

Los marxistas no le brindan ninguna defensa a organizaciones que operan como instrumentos del imperialismo estadounidense. Pero la clase obrera debe tener claridad en qué consiste esta medida y contra quién será utilizada.

El momento elegido es clave para comprender su propósito. La reforma se está impulsando en un momento de mayor confrontación con Washington y el recrudecimiento de la crisis social.

Las zonas francas de Nicaragua, que albergan las maquilas que constituyen la base industrial del país, se están derrumbando. Las cifras del Banco Central muestran una caída del empleo de 138.027 trabajadores en 2022 a 94.861 en marzo de 2026, casi un tercio menos. Solo en el primer trimestre de este año, 10.954 trabajadores fueron arrojados a la calle.

Fernando Sánchez, director ejecutivo de la Corporación de Zonas Francas, admitió en abril que la causa eran los aranceles estadounidenses, el desplome de los pedidos y la dependencia de compradores únicos.

Washington impuso a Nicaragua un arancel “recíproco” del 18 por ciento, frente al 10 por ciento para la mayor parte de la región, una diferencia que ha llevado a los productores a trasladarse a Honduras, Guatemala y El Salvador. Además, la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. determinó en octubre de 2025 que las prácticas de Nicaragua en materia de “derechos laborales, derechos humanos y libertades fundamentales” eran “irrazonables”, e impuso un arancel de la Sección 301 sobre todos los bienes no cubiertos por el TLC con Centroamérica y República Dominicana, que aumentará de cero este año al 10 por ciento en 2027 y al 15 por ciento en 2028.

La obscenidad es evidente: una medida justificada en la defensa de los derechos laborales ha destruido las plazas de trabajo de decenas de miles de personas, y fue respaldada por la Asociación Estadounidense de Vestimenta y Calzado, cuyos miembros lucran directamente de la superexplotación en estas zonas francas.

Estas medidas económicas se ven acompañadas de crecientes amenazas por parte de Washington. El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró el 21 de julio que su administración y “la comunidad internacional” no se quedarían de brazos cruzados mientras el gobierno de Ortega-Murillo “provoca inestabilidad que amenace la seguridad nacional de EE.UU.”, la misma fórmula de amenaza hemisférica desplegada contra Venezuela antes de la captura de Maduro.

La legisladora republicana de Florida María Elvira Salazar se sumó al coro con la exigencia: “Después de Cuba, sigue Nicaragua”.

Los salarios en Nicaragua se encuentran en niveles de hambre. El mínimo en las zonas francas es de 9.986 córdobas —255 dólares al mes—, mientras que la canasta básica de alimentos y bienes alcanzó los 21.250 córdobas, o 577 dólares, en enero.

Una enorme porción de la economía depende de las remesas, que se acercan al 30 por ciento del PIB. Más de 850.000 personas han huido del país desde 2018. Ese salvavidas está siendo ahora recortado por la deportación, por parte de la administración Trump, de unos 15.000 nicaragüenses entre enero de 2025 y junio de 2026. El FMI proyecta que las remesas se contraerán a partir de este año.

Mientras tanto, 3.207 empleados públicos fueron despedidos desde noviembre bajo una “reestructuración” dirigida personalmente por los copresidentes Ortega y Murillo.

Frente a esta crisis, la respuesta del FSLN al imperialismo ha sido hacer concesiones a la administración Trump y al capital extranjero.

El 27 de marzo, Ortega y Murillo enviaron a la Asamblea una reforma que convierte la exención fiscal de 15 años de las zonas francas en una exención indefinida.

Es decir, el régimen responde a una guerra arancelaria ofreciendo al capital extranjero una operación permanentemente libre de impuestos y una fuerza laboral pagada a 255 dólares al mes, vigilada por un Estado que ha criminalizado toda organización independiente.

La misma lógica rige la entrega de los recursos del país. De manera significativa, el oro se ha convertido en la principal exportación de Nicaragua, con casi 2.000 millones de dólares en 2025, y su principal mercado es Estados Unidos.

Aunque buena parte de la propaganda estadounidense presenta a Managua como títere de China y Rusia, Estados Unidos es el destino de más del 50 por ciento de las exportaciones nicaragüenses, y las corporaciones estadounidenses siguen siendo las principales beneficiarias del régimen de Ortega.

A pesar de las denuncias de Rubio, no hay indicios de una intervención a la escala de Venezuela y Cuba.

El gobierno del FSLN continúa intentando apalancar los vínculos comerciales y políticos con Beijing y Moscú, para negociar condiciones más favorables con el imperialismo estadounidense para los sectores de la burguesía nicaragüense afines al régimen. Sin embargo, Ortega se ha ido plegando cada vez más a las presiones de Trump.

Por un lado, en los últimos años, el gobierno ha otorgado numerosas concesiones mineras, principalmente en las regiones autónomas del Caribe, a empresas chinas sin estudios ambientales.

El año pasado, Managua incautó la planta de la empresa estadounidense BHMB Mining Company en Palacagüina, transfiriendo activos a firmas vinculadas a China, antes de acordar la devolución de la instalación en mayo de 2026, tras una intensa presión y sanciones de EE.UU.

Pero, en su inmensa mayoría, el gobierno de Ortega continúa sirviendo a los intereses estadounidenses: abandonó el proyecto del canal chino después de 2018 y participa en los ejercicios Panamax patrocinados por EE.UU.

Nicaragua no tiene ningún programa con el FMI desde 2020, y no necesita ninguno. El comunicado de prensa del Fondo en enero elogió las políticas macroeconómicas y financieras del gobierno: en uno de los países más pobres del hemisferio, Ortega mantiene superávits fiscales consecutivos, ignorando incluso el llamado del propio FMI a un mayor gasto social.

Tras la captura de Maduro, Ortega buscó apaciguar a Washington, liberando a prisioneros y reimponiendo requisitos de visa a los cubanos para obstaculizar su migración.

Estas no son excepciones, sino el resultado lógico del carácter nacionalista burgués del FSLN, que sigue el mismo patrón de subordinación al imperialismo y adopción de políticas de derecha observado en toda la llamada “marea rosa” latinoamericana.

El FSLN tomó el poder en 1979 en coalición con la burguesía antisomocista —los oligarcas Violeta Chamorro y Alfonso Robelo entraron al gobierno—, sobre un programa de “economía mixta” que defendía la propiedad capitalista.

En 1988, los trabajadores se declararon en huelga contra un programa de austeridad de “compactación”, impuesto mientras el FSLN combatía a la Contra respaldada por EE.UU. En respuesta, el miembro de la dirección nacional Víctor Tirado López declaró a Barricada: “El peso tiene que caer sobre ellos, los trabajadores... No podíamos esperar que la burguesía cargara con el peso de este proyecto”.

Para 1989, el régimen despedía a 34.000 empleados estatales bajo un programa de ajuste calcado de las recetas del FMI. Ortega volvió al poder en 2006 con un exvocero de la Contra como compañero de fórmula, prometiéndoles a los inversionistas estadounidenses que “ni siquiera se están considerando confiscaciones”, y firmando un pacto de gobernabilidad con la Cámara de Comercio.

En abril de 2018, un recorte del 5 por ciento a las pensiones, para satisfacer las exigencias de solvencia del FMI, detonó un levantamiento de masas en múltiples sectores, incluidos trabajadores y jóvenes. El régimen mató a 362 personas —en su inmensa mayoría estudiantes y jóvenes trabajadores— en lo que las Naciones Unidas calificaron de crímenes de lesa humanidad, y luego aprobó una ley antiterrorista que criminalizaba la protesta social con penas de 15 a 20 años de prisión.

Si bien hubo agitadores financiados por EE.UU. activos, la represión se dirigió principalmente contra la clase obrera, con el fin de imponer una política de derecha.

Ese es el precedente que el FSLN tiene en mente. El régimen está fortificando su control sobre el aparato, ante la explosión social que sabe que se avecina. Los partidos que prohibirá inicialmente son sus opositores menos peligrosos. Está reuniendo las facultades políticas —para despojar a las organizaciones de su personería jurídica por “financiamiento extranjero”, extender los períodos de los mandos del ejército y la policía, definir la oposición como traición— que utilizará contra los trabajadores en huelga, la juventud y un auténtico movimiento socialista.

La clase obrera nicaragüense no puede apoyar ni a la dictadura de Ortega-Murillo ni a las fuerzas que Washington financia en su contra. El camino a seguir reside en la construcción de un partido revolucionario independiente sobre la perspectiva de la revolución permanente, una sección del Comité Internacional de la Cuarta Internacional.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 4 de agosto de 2026).