El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, anunció el miércoles que el recién inaugurado gobierno del presidente colombiano Abelardo de la Espriella ha solicitado formalmente operaciones militares conjuntas con las fuerzas estadounidenses en suelo colombiano.

Hablando en una reunión de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (ACCC o A3C) en Panamá, Hegseth declaró: “A través del presidente recién investido, o como le gusta decir a nuestro presidente, el presidente ‘El Tigre’, Colombia ya ha solicitado que el Departamento de Guerra se una a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir a los terroristas y a las redes terroristas”.

El jueves, tras recorrer el Curso de Entrenamiento de Operaciones en la Selva, dirigido conjuntamente por EE.UU. y Panamá junto al canal, Hegseth dijo que el lema oficial de la ACCC sería: “Les hacemos cosas malas a las personas malas”. Añadió: “Esa es la mentalidad que quiero tener dentro de esta sala”.

Advirtiendo que los blancos de la coalición estaban “a punto de conocer a un nuevo sheriff en la ciudad”, describió a los narcotraficantes como el “ISIS y al Qaeda” de las Américas, un lenguaje que hace explícito el trasplante del marco de la “guerra contra el terrorismo” —con sus dos décadas de tortura, asesinato extrajudicial, detenciones masivas y destrucción sistemática de toda restricción legal— hacia los países de América Latina.

Colombia se convirtió simultáneamente en el 19º miembro de la iniciativa “Escudo de las Américas”, un grupo de gobiernos de extrema derecha lanzado en marzo, cuyo brazo operativo es la ACCC. El ministro de Defensa colombiano, el general (r) Jorge Mora, formalizó la adhesión en Panamá.

Que el anuncio no se haya hecho en Bogotá, sino que lo formulara Hegseth en Panamá, subraya el carácter ilegal de la decisión: la Constitución colombiana reserva únicamente al Senado la facultad de permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional, y no se ha buscado ni la autorización del Senado ni la consulta previa al Consejo de Estado exigida constitucionalmente.

Un desastre respondido con militarización

El anuncio llegó tres días después de que un terremoto de magnitud 7,4 devastara el occidente de Colombia. Como advirtió el World Socialist Web Site, Washington está aprovechando las catástrofes humanitarias en Venezuela y Colombia para estrechar su dominio militar sobre la región.

El jueves, el gobierno actualizó la cifra de víctimas del terremoto a 281 muertos confirmados, 377 desaparecidos y 3.971 heridos.

En Chocó, el departamento más pobre de Colombia, las autoridades concluyeron la fase de búsqueda y rescate el miércoles, tras confirmar 13 muertos en el departamento, nueve de ellos en la capital, Quibdó. El alcalde Rafael Bolaños fue directo: “Esta emergencia inesperada ha dejado completamente al descubierto la capacidad institucional de respuesta”.

El vicepresidente José Manuel Restrepo resumió a la EFE las necesidades pendientes tras una reunión del mando unificado en la noche del miércoles: “Refugios, carpas, tanques de agua, kits de higiene, combustible y generadores eléctricos”.

Lo que se está desplegando —y con rapidez— es el ejército colombiano.

En Cali, una de las ciudades más golpeadas, el alcalde Alejandro Éder y el gobierno nacional impusieron un toque de queda de 8 de la noche a 6 de la mañana, y militarizaron sectores de la ciudad, citando la necesidad de contener los saqueos.

La ONG Justicia y Democracia denunció estas operaciones: “Una población afectada por un terremoto no necesita calles llenas de armas. Las primeras horas no pueden desperdiciarse en toques de queda”. Cada minuto, insistió la organización, debe destinarse a localizar, estabilizar y rescatar personas.

La población sometida al toque de queda y a los fusiles es la misma clase obrera y campesinado pobre que soportó el peso del terremoto. Lejos de los cárteles, son ellos el blanco de las operaciones militares conjuntas que hoy se autorizan.

De la Espriella, abogado de cárteles y escuadrones de la muerte de derecha, se ha comprometido a congelar el gasto social e imponer un programa de austeridad y desregulación. Enfrenta a una población, cuya mayoría lo veía de manera negativa incluso antes de su investidura. Celebró su toma de posesión dentro de una guarnición militar, advirtiendo que enviaría “un mensaje claro a quienes amenazan la tranquilidad de nuestro pueblo”.

Su primer acto como presidente no fue firmar ninguno de los 70 decretos que había prometido, sino convocar un consejo de seguridad que se extendió toda la noche con comandantes militares en Cali. El terremoto ha proporcionado ahora el pretexto para acelerar lo que ya estaba planeado.

Los precedentes en toda la región son explícitos sobre lo que significan en la práctica las “operaciones conjuntas”. En Ecuador, el gobierno de Noboa lanzó en marzo operaciones conjuntas contra organizaciones designadas como terroristas por Washington, iniciando lo que el Ministerio de Defensa llamó “una nueva fase contra el narcoterrorismo y la minería ilegal”. Esto ha implicado torturas, detenciones masivas y el bombardeo de trabajadores agrícolas y campesinos. Se han emprendido operaciones similares en Honduras y Guatemala.

César Niño, profesor de la Universidad Militar Nueva Granada, identificó el giro cualitativo ante El Tiempo: “Esto representa un salto, si se quiere, cualitativo desde la cooperación en seguridad hacia una forma de alineamiento operacional con Estados Unidos”. Planteó las preguntas que siguen sin responder: “¿Quién identifica al enemigo, quién selecciona los objetivos, quién autoriza la operación, quién provee la inteligencia, quién tiene el mando, bajo qué legislación actúan, quién responde por eventuales daños a civiles?”.

La historia ofrece las respuestas a estas preguntas.

Más allá de la supresión inmediata de la oposición interna, la integración militar sirve a un propósito estratégico más amplio. Mientras el imperialismo estadounidense enfrenta un declive económico, una deuda récord y la pérdida de terreno frente a la influencia china en toda América Latina, quiere asegurar bajo su control los recursos del hemisferio, las vías fluviales estratégicas y las plataformas de mano de obra barata, en preparación para un conflicto mundial.

La activación de la Fuerza de Tarea Conjunta-Hemisferio Occidental bajo el Comando Sur, la ocupación de Venezuela, los ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental —cuyas víctimas incluyen a pescadores colombianos— no son medidas antinarcóticos. Son maniobras de una guerra mundial en curso contra rivales geopolíticos, y una guerra contrarrevolucionaria contra la clase obrera.

Un cuarto de siglo de intervención e impunidad

En la reunión de Panamá, Hegseth instó a los gobiernos latinoamericanos allí reunidos a no reconocer a la Corte Penal Internacional. El mensaje difícilmente podría ser más claro: estas operaciones están diseñadas para funcionar por fuera de cualquier restricción legal.

El Plan Colombia fue lanzado bajo el presidente demócrata Bill Clinton, con 1.300 millones de dólares aprobados por el Congreso en junio de 2000. Clinton eximió personalmente las condiciones de derechos humanos que el Congreso había impuesto, incluidos los requisitos de suspender al personal militar acusado de violaciones graves y de procesar a los paramilitares de derecha.

La ayuda militar estadounidense total ha superado desde entonces los 10.000 millones de dólares, convirtiendo a Colombia, en ciertos momentos, en el tercer mayor receptor de armamento estadounidense en el mundo, solo por detrás de Israel y Egipto.

El pretexto de la “guerra contra las drogas” se derrumbó ante su propia evidencia: un informe de la Casa Blanca de 2007 encontró que los precios callejeros de la cocaína habían caído en casi un tercio, mientras la pureza aumentaba. Los verdaderos objetivos eran geopolíticos: asegurar la dominación estadounidense de la región andina y proteger los oleoductos y los yacimientos petroleros de Occidental Petroleum, para lo cual se creó una brigada del ejército dedicada exclusivamente a ello.

Las consecuencias humanas también están documentadas. Entre 2002 y 2008, bajo Álvaro Uribe, el ejército colombiano asesinó a 6.402 civiles en el esquema de los “falsos positivos”, vistiendo cadáveres con uniformes guerrilleros para inflar el número de bajas a cambio de bonificaciones, permisos y ascensos. Unos 1.500 miembros del personal militar quedaron implicados.

Washington lo sabía. Un cable de WikiLeaks de 2010, de la Embajada de EE.UU. en Bogotá, registró al propio inspector general del ejército colombiano diciéndole directamente al embajador William Brownfield que “el problema de las ejecuciones extrajudiciales era generalizado”, que se había originado en la 4ª Brigada en Medellín antes de extenderse, y que provenía de la insistencia de los comandantes en el número de bajas y de los vínculos militares con criminales y narcotraficantes. A los cinco meses de recibir esta información, la administración Obama concluyó el acuerdo que otorgaba a las fuerzas estadounidenses acceso a siete bases militares colombianas.

El personal estadounidense cometió sus propias atrocidades con total impunidad. Se han documentado al menos 54 casos de violación y abuso sexual de menores colombianos por parte de soldados y contratistas estadounidenses, algunas víctimas de apenas 12 años. En la Base Aérea de Tolemaida, una niña de 12 años fue drogada, secuestrada y violada por un sargento del Ejército de EE.UU. y un contratista. Confrontados por la madre de la niña, respondieron: “Sí, la violamos, ¿y qué? Estamos en Colombia, la ley no nos afecta”.

Tenían razón. Ni un solo soldado o contratista estadounidense ha sido jamás procesado en Colombia.

El Acuerdo Complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad, de 2009, que se apoya en tratados bilaterales de 1952 y 1974, otorga al personal militar estadounidense los privilegios e inmunidades reconocidos al personal administrativo y técnico bajo la Convención de Viena de 1961: protección diplomática para los soldados. Colombia puede solicitar la renuncia a la inmunidad, pero la decisión recae enteramente en Washington.

El personal militar colombiano goza de una protección paralela. Los jueces militares han calificado sistemáticamente las atrocidades como “actos de servicio”. Human Rights Watch identificó esto como “uno de los pilares de la impunidad en Colombia”.

Este es el marco legal en el cual De la Espriella ha pedido que se amplíen las operaciones militares estadounidenses, junto con un paquete de asistencia en seguridad de 1.000 millones de dólares anunciado por Trump, ya apodado Plan Colombia 2.0.

El presidente nominalmente de izquierda Gustavo Petro, elegido a raíz de protestas masivas y huelgas generales, buscó engrandecer al ejército en términos populistas, preparando así la actual acumulación militar. Petro también terminó capitulando ante Trump, viajando a Washington con el sombrero en la mano en febrero, entregando informes de inteligencia, con el objetivo de preservar el papel de Colombia como el aliado militar más cercano de Washington en la región.

Tanto Petro como De la Espriella, pese a su aparente antagonismo, recurrieron al mismo aparato armado —construido, financiado y entrenado por el imperialismo estadounidense— como garante último de la propiedad capitalista.

Tras el mortífero terremoto, la respuesta del gobierno ha estado marcada por toques de queda, militarización y una invitación a tropas extranjeras. La lucha por la recuperación de los trabajadores colombianos y detener la militarización respaldada por EE.UU. no puede confiarse a ninguna facción de la burguesía ni a las instituciones del Estado capitalista. Requiere la movilización política independiente de los trabajadores en Colombia, en Venezuela, en toda América Latina y en el propio Estados Unidos, sobre la base de un programa socialista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 14/08/2026).