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Un año después del desastre de El Teniente

Familias de mineros chilenos luchan solas mientras la gerencia queda libre y los sindicatos miran para otro lado

Familias de mineros hablan con los medios tras la audiencia judicial: "El juez se burló de nuestro dolor."

Han transcurrido más de doce meses desde que un estallido de roca destrozó los sectores Andesita y Recursos Norte de la mina El Teniente de Codelco, matando a seis trabajadores subcontratados. Para las familias de Paulo Marín (48), Gonzalo Núñez (33), Alex Araya (29), Carlos Arancibia (34), Jean Miranda (31) y Moisés Pavez (33), el año transcurrido desde el 31 de julio de 2025 ha sido una dolorosa educación en el significado de la 'justicia' burguesa cuando el acusado es la mayor empresa cuprífera estatal del mundo.

Las familias de las seis víctimas de Codelco han sido excluidas de los actos conmemorativos oficiales. Han sufrido el agravio de ser ignoradas durante meses y luego insultadas con acuerdos extrajudiciales gestionados por intermediarios corporativos. Han visto cómo un juez acogió el recurso de Codelco para limitar el acceso del fiscal a las pruebas. Han sido testigos de cómo los ejecutivos que ocultaron condiciones mineras inseguras fueron despedidos, solo para dar media vuelta y demandar a la empresa por millones en indemnizaciones. Y han esperado, y esperado, una investigación penal que no puede concluirse porque Codelco se niega a entregar los documentos.

A lo largo de todo esto, los sindicatos que dicen representar a los trabajadores del cobre—la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) y el resto del aparato sindical corporativizado alineado con la 'izquierda' chilena—no han hecho más que emitir declaraciones, guardar minutos de silencio y encender velas.

Las familias han quedado solas para luchar.

El informe del Sernageomin: Lo que Codelco sabía

La investigación de 122 páginas del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), finalizada en mayo de 2026, estableció lo que los trabajadores habían denunciado desde el día del desastre: las muertes no fueron provocadas por un acto imprevisible de la naturaleza. Fueron causadas por una cadena de decisiones gerenciales deliberadas.

El propio sistema de monitoreo sísmico de la mina había estado dando señales de alerta durante días. Entre el 26 y el 28 de julio, y nuevamente el 30 de julio, el Criterio de Frecuencia de Eventos (CFE/CFT) cayó por debajo de la banda normal. En la mañana del 31 de julio, los informes operacionales consignaban 'alta sismicidad' precisamente en los sectores donde los hombres morirían. A las 14:00 horas, trabajadores en colación reportaron haber escuchado una detonación 'mucho más fuerte que la tronadura habitual'. Ninguna de estas advertencias desencadenó medida de protección alguna. El supervisor de turno anotó que la sismicidad estaba 'fuera de rango' mientras simultáneamente declaraba que las operaciones continuarían sin 'restricción'.

El lenguaje del informe es inequívoco:

La cadena de mando eligió deliberadamente ignorar los umbrales de peligro, validando el ingreso de personal contratista a sectores que, sobre la base de datos técnicos disponibles en tiempo real, debieron haber sido evacuados de inmediato. Esta decisión constituye una grave vulneración del deber de cuidado por parte del empleador principal.

El informe también estableció que tras un importante evento sísmico en julio de 2023—en el que se produjo un colapso de cielorraso en el mismo sector que dos años después se convertiría en una trampa mortal—el Sernageomin había ordenado formalmente a Codelco actualizar de manera integral su procedimiento de seguridad P-03. Codelco nunca lo hizo. La sobre excavación de 13 metros resultante del colapso de 2023 nunca fue abordada con refuerzo estructural de mayor capacidad. Los trabajadores continuaron transitando por una zona que, en palabras del Sernageomin, 'debió haber sido sellada de forma permanente'.

Lo más condenatorio es que la investigación descubrió que Codelco había minado un 'pilar de desacople' de 120 metros de ancho—la barrera estructural primaria diseñada para impedir la propagación de esfuerzos geomecánicas entre zonas de extracción—sin llevar a cabo ninguna reevaluación formal de los supuestos de seguridad y sin informar al regulador. El informe concluye que esto 'transformó un diseño teóricamente seguro en una configuración de alto riesgo para la propagación de daños en cascada'.

La investigación penal: Codelco versus el fiscal

El informe del Sernageomin establece los hechos. La investigación penal por las seis muertes revela lo que Codelco pretende hacer con ellos: enterrarlos bajo una guerra legal de desgaste. El fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, lleva el caso desde agosto de 2025. Los investigados son aproximadamente 30. Los cargos potenciales van desde el cuasidelito de homicidio hasta la falsificación de instrumento público, pasando por la responsabilidad penal de la persona jurídica.

Pero la investigación se ha estancado. En julio de 2026, Codelco presentó ante el Juzgado de Garantía de Rancagua un recurso de tutela de garantías procesales, impugnando 27 solicitudes de información formuladas por el fiscal. La empresa argumentó que las solicitudes eran excesivas, que los plazos eran irrazonables y que parte de la información requerida era de carácter 'estratégico' y estaba protegida.

El juez Gonzalo Celedón Bulnes acogió el recurso en lo sustancial. Resolvió que el derecho a defensa de Codelco había sido vulnerado cuando sus abogados fueron excluidos de una reunión entre el fiscal y el entonces presidente del directorio, Máximo Pacheco. Limitó el alcance de las solicitudes del fiscal, sosteniendo que Codelco no está obligada a 'procesar' información para la investigación. Insinuó además que parte de la bibliografía técnica solicitada por el fiscal podría estar sujeta a restricciones de derechos de autor, y que la investigación debería enfocarse en 'determinar los elementos esenciales de los hechos investigados y no en reconstruir toda la operación minera'.

Las familias estaban en el tribunal ese día. Ana Pavez, hermana de Moisés Pavez, describió lo ocurrido: 'El juez se burló de nuestro dolor—y no solo del nuestro, sino también del de nuestras familias'.

Claudia, madre de Gonzalo Núñez, añadió que Codelco: 'nos nombró en el tribunal pese a que no éramos parte del caso, y después de nombrarnos, se burlan de nosotros —se ríen. Entonces, ¿qué impresión le queda a uno de la empresa más grande de Chile, representada por personas indiferentes, inhumanas?'

El fiscal Cubillos expresó su preocupación por el fallo, señalando que el juez había invocado la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley de Transparencia, normas que en ningún caso son 'aplicables a las investigaciones penales'. Reveló además un detalle revelador: 'Nos parece sumamente llamativo que, a juicio de Codelco, exista ahora información de carácter 'estratégico'.'

La implicancia es que la empresa, habiendo cooperado inicialmente, está haciendo uso de todos los instrumentos legales a su disposición para obstaculizar la investigación.

Las familias siguen esperando el informe pericial encargado al DICTUC, la Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad Católica. Ese informe es esencial para determinar la causa del accidente y establecer la responsabilidad penal. No puede completarse porque Codelco ha retenido hasta la fecha la información requerida.

El saldo que continúa

En los doce meses transcurridos desde el desastre del 31 de julio de 2025, el saldo de muertos y heridos en las operaciones de Codelco ha seguido acumulándose con sombría regularidad:

  • 14 de agosto de 2025: Un electricista senior de 49 años, empleado de la contratista MPG, resultó herido en la planta de molienda SAG1 del sector Colón de El Teniente. Los supervisores no advirtieron que el molino había sido puesto en marcha mientras él realizaba labores de mantención. Sufrió múltiples fracturas costales y una fractura de columna vertebral, y fue trasladado de urgencia a Santiago para tratamiento de emergencia.
  • 30 de septiembre de 2025: Un trabajador de la contratista Sigma S.A. resultó herido en la Planta Concentradora Salvador de Codelco cuando cedió una placa de apoyo de una plataforma de soldadura, provocando que la estructura lo golpeara. Sufrió múltiples lesiones.
  • 12 de enero de 2026: Marco Monsalve Farfán, trabajador en la Fundición Potrerillos de la División Salvador de Codelco, sufrió un accidente grave durante labores de mantención en el sector Silo 4. Estuvo aproximadamente 40 minutos sin oxígeno tras el incidente, lo que le ocasionó daño neurológico irreversible. Falleció el 16 de enero.
  • 28 de enero de 2026: Un trabajador de la contratista Schwager Service S.A. cayó desde altura en la División Radomiro Tomic, lo que llevó a la Secretaría Regional Ministerial de Salud a ordenar la paralización inmediata de las faenas e iniciar una investigación sanitaria.

En el conjunto de la industria minera chilena, 2025 fue el año más mortífero en más de una década. El balance final es de 20 muertos en 14 accidentes fatales, la cifra anual más alta desde 2011, cuando perdieron la vida 29 trabajadores. La principal causa por número de accidentes fue la caída desde altura, con seis accidentes y seis muertes. Pero el peligro más letal fue el de ser golpeado por rocas: apenas dos accidentes de este tipo produjeron ocho muertes, entre ellas las seis de El Teniente. El total de lesionados en el año alcanzó a 2.250 trabajadores—650 de ellos de carácter grave. Desde el año 2000, 645 trabajadores han muerto en accidentes mineros en Chile.

¿Dónde han estado los sindicatos de los trabajadores del cobre durante todo esto?

La Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) y la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) no han detenido la producción ni una sola hora ni han convocado un solo paro, mucho menos movilizado a la clase trabajadora en apoyo a la lucha de las familias por la verdad. La burocracia sindical comparte con la gerencia la responsabilidad por las condiciones que produjeron el desastre de El Teniente y cada muerte posterior. Su rol en las investigaciones penales actualmente en curso contra la cúpula de Codelco será examinado en un artículo posterior, pero es esencial que los trabajadores comprendan que estos sindicatos han actuado como garantes indispensables del mismo sistema que mata trabajadores.

La carta abierta publicada de forma anónima por mineros subcontratados en los días posteriores al desastre de El Teniente —y reportada por el World Socialist Web Site en su momento— lo dijo sin rodeos: “La ineptitud de la administración de Codelco y sus contratistas se ve agravada por otro factor que exacerba la situación: la complicidad de los sindicatos amarillos que sirven a los intereses de los empleadores”.

Agregaron que “estas organizaciones, que deberían velar y defender las vidas y derechos de los trabajadores, se han convertido en meros instrumentos de control interno, más preocupadas por mantener sus privilegios que por proteger a quienes las eligieron. Guardan silencio frente a los abusos, ocultan las denuncias e incumplen su rol frente a los riesgos que nos afectan a diario”.

Los trabajadores que escribieron esas palabras sabían que arriesgaban sus empleos al alzar la voz:

Firmamos esta declaración como trabajadores contratistas anónimos porque sabemos que al hablar también arriesgamos nuestros empleos. Pero preferimos hablar antes que seguir caminando en las huellas de nuestros compañeros caídos. Nuestras vidas valen más que el cobre.

La burocracia sindical no arriesga nada. Emite declaraciones. Celebra reuniones. Negocia. Cobra cuotas. Y los cuerpos siguen acumulándose. Esta es la expresión lógica de un aparato sindical políticamente integrado a los mismos partidos que han gobernado Chile durante décadas. Los dirigentes de la FTC rotan por el Partido Comunista y el Partido Socialista; el liderazgo fundador de la CTC emergió de las Juventudes Comunistas; la ministra del Trabajo del gobierno de Boric, Jeannette Jara, fue ella misma una militante histórica del Partido Comunista que pasó su mandato aplicando el régimen de subcontratación que hizo posibles las muertes de El Teniente. Los sindicatos no son contrapesos al Estado y las corporaciones. Son su policía industrial.

Las familias exigen verdad y justicia

El 31 de julio de 2026, primer aniversario del desastre, Codelco organizó una conmemoración oficial. Se realizaron momentos de reflexión durante los cambios de turno. Se inauguró una placa conmemorativa en los vestuarios. A las 17:34 horas exactas, toda la división guardó un minuto de silencio. Las familias de los mineros fallecidos no fueron invitadas.

Ellas organizaron su propia protesta. Ana Pavez se plantó frente al Tribunal de Justicia de Rancagua con una pancarta que decía 'NO OBSTRUCCION A LA VERDAD'. Hablando con la prensa, declaró: 'Queremos saber qué pasó. Ya es casi un año y todavía no tenemos respuesta. Necesitamos una respuesta; queremos saber. Codelco [es] una empresa que sigue reteniendo información; una empresa que, con el poder que tiene, nos está pasando a llevar a todos —a todos y cada uno de nosotros. Solo queremos justicia'.

Las familias han rechazado las ofertas de acuerdo de los intermediarios de Codelco. Ana Pavez señaló: 'Como familia, no vamos a llegar a ningún acuerdo, ningún arreglo, porque la vida de mi hermano no vale 100, 200 ni siquiera 1.000 millones de pesos. Queremos saber qué pasó

Claudia, la madre de Gonzalo, se dirigió a la ciudadanía en general: 'Le pido a Chile —de hecho, a Chile y al Presidente de Chile— que se pongan la mano en el corazón y nos ayuden a buscar justicia.'

Estas familias, enlutadas y abandonadas por la empresa, ignoradas por los sindicatos y burladas en los tribunales, han demostrado más coraje y más claridad moral que todas las instituciones que dicen representar a la clase trabajadora en Chile. Se han negado a poner precio a las vidas de sus seres queridos. Exigen lo que ninguna burocracia sindical, ningún ministerio del trabajo y ningún directorio corporativo está dispuesto a darles: la verdad, y la justicia.

Su lucha es la lucha de toda la clase trabajadora. La pregunta es cuándo esa clase —organizada de forma independiente, a través de sus propios comités de base, independiente y en contra del aparato sindical corporativizado— la asumirá como propia.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 18 de agosto de 2026)

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