El jueves, el gobierno de Trump deportó a 161 personas a Haití a bordo de un vuelo chárter del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el primer vuelo de este tipo desde que el gobierno puso fin al Estatus de Protección Temporal para unos 350.000 haitianos que viven en Estados Unidos.
El retorno forzado de los trabajadores y sus familias a Haití equivale prácticamente a una sentencia de muerte. Según cifras de las Naciones Unidas, más de 3.100 personas murieron y otras 1.189 resultaron heridas a causa de la violencia de las pandillas entre enero y junio. Se ha registrado una cifra récord de 1,5 millones de personas desplazadas en un país donde más de la mitad de la población necesita asistencia humanitaria.
El vuelo del ICE no aterrizó en el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture, en la capital, Puerto Príncipe, porque el gobierno de EE. UU. lo considera demasiado peligroso. En su lugar, el avión charter aterrizó a más de 80 millas al norte, en Cap-Haïtien.
Los deportados salieron del avión vestidos de blanco. Muchos se cubrieron el rostro mientras los periodistas los filmaban, por temor a ser identificados y convertirse en blanco de grupos armados. Se estima que las pandillas controlan el 70 por ciento de Puerto Príncipe y amplias zonas más allá de la capital. Controlan las principales carreteras, extorsionan a los viajeros, secuestran a personas para pedir rescate y disparan contra los vehículos que pasan.
Algunos de los deportados ni siquiera habían nacido en Haití. Jean Négot Bonheur Delva, director general de la Oficina Nacional de Migración de Haití, señaló que al menos un hombre había nacido en la República Dominicana y no sabía nada de Haití. Sus padres viven en la República Dominicana, pero Estados Unidos lo deportó a Haití por ser de ascendencia haitiana.
Los funcionarios de inmigración haitianos les proporcionaron a los deportados no más de 65 dólares, junto con algo de comer y beber. A muchos se les exigió luego emprender viajes peligrosos a través de territorios controlados por pandillas para llegar con familiares o comunidades a las que tal vez no habían visto en décadas.
Jean Diane Louis le dijo a Associated Press que se fue de Haití cuando tenía cinco años y que su familia vive en la ciudad de Nueva York. “Entonces llegó el ICE y me se llevó sin hacerme preguntas”, dijo. “Simplemente me enviaron aquí”.
Se cree que la operación del jueves es, al menos, el octavo vuelo de deportación de Estados Unidos a Haití este año. Se ha indicado a los funcionarios haitianos que se preparen para al menos dos vuelos cada semana, con aproximadamente 250 personas a bordo. Las expulsiones masivas continúan a pesar de las advertencias de los funcionarios haitianos y las organizaciones de ayuda de que el país no puede recibir de manera segura a los deportados.
La criminalidad y la hipocresía del gobierno de EE. UU. son asombrosas. El Departamento de Estado mantiene una advertencia de nivel 4 de “No viajar” para Haití debido a “delincuencia, secuestros, terrorismo, disturbios y atención médica limitada”. Prohíbe a los empleados del gobierno de EE. UU. alejarse de la embajada por razones no esenciales e impide que sus familiares se reúnan con ellos en Haití.
La Administración Federal de Aviación prohíbe a las aerolíneas comerciales estadounidenses volar a Puerto Príncipe debido al peligro que representan los grupos armados. Sin embargo, ese mismo gobierno está subiendo a inmigrantes indefensos a aviones fletados y los abandona en el país con unos pocos dólares en el bolsillo.
Desde marzo de 2025, el gobierno haitiano ha librado una guerra no declarada con drones con la ayuda de Vectus Global, una empresa militar privada dirigida por Erik Prince, el multimillonario fundador de la ya desaparecida empresa mercenaria Blackwater y aliado cercano de Trump.
Blackwater se hizo tristemente famosa a nivel internacional durante la ocupación estadounidense de Irak. En 2007, sus mercenarios masacraron a 14 civiles iraquíes desarmados en la plaza Nisour de Bagdad. Trump indultó a cuatro de los asesinos condenados durante las últimas semanas de su primer mandato. Casi dos décadas después, Prince ha adaptado el mismo modelo mercenario para Haití, donde su última empresa está colaborando en una campaña de asesinatos extrajudiciales con drones.
Según un informe de marzo de Human Rights Watch, los drones cargados de explosivos mataron al menos a 1.243 personas en 141 operaciones entre el 1 de marzo de 2025 y el 21 de enero de 2026. Entre los fallecidos había al menos 43 adultos que, según los informes, no eran miembros de grupos criminales, y 17 niños. Otras 738 personas resultaron heridas, entre ellas al menos 49 civiles.
Human Rights Watch determinó que los ataques se llevaron a cabo en barrios densamente poblados y que algunos parecían ser ejecuciones extrajudiciales deliberadas. En un ataque ocurrido en septiembre de 2025, un dron detonó cerca de un complejo deportivo y cultural donde se habían reunido niños para un reparto de regalos. Murieron diez civiles, entre ellos nueve niños de entre 3 y 12 años.
La Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití ha atribuido los ataques a un grupo de trabajo especializado establecido por el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé y que opera con el apoyo de Vectus Global. El Departamento de Estado otorgó a Vectus una licencia para exportar servicios militares a Haití.
Las autoridades estadounidenses están preparando ahora una cooperación más estrecha con los mercenarios de Prince. En julio, el coronel Justin Gorkowski, funcionario del Departamento de Defensa a cargo de la Fuerza de Represión de Pandillas respaldada por Estados Unidos, declaró ante el Congreso que el Grupo de Trabajo haitiano era un «socio extraordinario». Afirmó que las autoridades estadounidenses mantenían una coordinación informal con Vectus en todos los niveles de mando y esperaban que la relación se estrechara aún más.
La misma potencia imperialista que ha sometido a Haití a más de un siglo de invasiones, ocupaciones, golpes de Estado y saqueo económico está deportando a trabajadores hacia una catástrofe que ella misma ayudó a crear.
El vuelo de deportación se produjo tras la cancelación, por parte de la administración de Trump, del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los haitianos el 5 de agosto. El programa había permitido que aproximadamente 350.000 haitianos vivieran y trabajaran legalmente en Estados Unidos, ya que las condiciones en Haití hacían imposible su regreso seguro.
A finales de junio, la Corte Suprema autorizó a la administración a poner fin a las protecciones del TPS que afectaban a aproximadamente un millón de inmigrantes de más de una docena de países. El 5 de agosto, un juez federal levantó la orden restante que impedía temporalmente la deportación de los haitianos con TPS.
Los fallos le dieron a la Casa Blanca la autorización judicial para una decisión que ya había tomado. El objetivo es convertir, prácticamente de la noche a la mañana, a cientos de miles de trabajadores que ingresaron al país legalmente, formaron familias y se convirtieron en miembros integrales de sus comunidades en «extranjeros» susceptibles de ser deportados.
En Springfield, Ohio, más de 12.000 inmigrantes haitianos se han establecido y han conseguido empleos en la industria manufacturera, el procesamiento de alimentos y otros sectores. Los matones del ICE han equipado a algunos de los trabajadores con monitores de tobillo con GPS, del tipo que se suele imponer a personas condenadas por delitos graves y en libertad condicional. Estos dispositivos estigmatizan a los haitianos como delincuentes y permiten a la «Gestapo» de inmigración rastrearlos y detenerlos más fácilmente.
La redada está sembrando el terror en todo Springfield. Los trabajadores temen ir a sus empleos. Las familias tienen miedo de asistir a citas médicas, escuelas, iglesias y eventos públicos. El miércoles, agentes de ICE detuvieron al pastor Gilbert Joubert Adrien y a Víctor Yonel en una gasolinera Sunoco en la calle South Limestone. Según los informes, la esposa de Yonel y otra mujer se encontraban en el vehículo. Los agentes liberaron a las dos mujeres, pero se llevaron a los hombres.
Según un comunicado emitido por Springfield G92, una organización local de defensa de los derechos de los inmigrantes con raíces religiosas, Adrien se encuentra detenido en el Centro de Detención del Condado de Butler. El grupo no reveló el nombre de su iglesia por razones de seguridad.
El pastor Carl Ruby, de la Iglesia Cristiana Central, dijo que Adrien «se fue de Haití porque su vida corría peligro, sirvió fielmente a Cristo y a su congregación, y su arresto demuestra hasta dónde está dispuesta a llegar ICE para incitar el pánico entre personas que llegaron aquí pacíficamente, de manera legal y que no han aportado más que cosas buenas a nuestra comunidad».
La detención de Adrien y Yonel pone al descubierto la mentira de que el gobierno está persiguiendo a “lo peor de lo peor”. Las víctimas de la campaña de deportación masiva son trabajadores, padres, niños, vecinos y, en este caso, un pastor que huyó de Haití porque su vida estaba amenazada.
La escalada de la campaña de deportación masiva se produce mientras la administración de Trump enfrenta una crisis política extraordinaria. Una encuesta de Reuters/Ipsos publicada el lunes reveló que el índice de aprobación de Trump había caído al 33 por ciento, el más bajo de su presidencia, con un 64 por ciento que desaprueba su desempeño.
La guerra ilegal de Estados Unidos contra Irán no ha logrado ninguno de sus objetivos, al tiempo que ha elevado los costos de la energía y amenaza con una conflagración militar más amplia. La deuda nacional ha superado los $40 billones. Los precios de la gasolina en julio fueron un 24,6 por ciento más altos que el año anterior. Trump busca desviar contra los inmigrantes la inmensa ira social generada por la guerra, la desigualdad y el deterioro del nivel de vida.
En estas condiciones, la operación de deportación masiva depende de la colaboración activa del Partido Demócrata y de sus supuestos representantes «socialistas».
Desde que se puso fin al TPS el 5 de agosto, la representante de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, no ha emitido ninguna declaración pública sobre el uso de dispositivos de rastreo GPS en trabajadores haitianos, las detenciones de ICE en Springfield o el vuelo de deportación del jueves. Durante el mismo período, dedicó una atención considerable en las redes sociales a documentar su decisión de congelar sus óvulos mientras evalúa su futuro político, incluida una posible candidatura a la presidencia.
El senador de Vermont, Bernie Sanders, tampoco ha emitido ninguna declaración en contra de los últimos ataques contra los trabajadores haitianos. El jueves, mientras 161 personas eran deportadas a Haití, Sanders encontró tiempo para respaldar a la candidata demócrata al Senado por Florida, Angie Nixon. Su respaldo se produjo dos días después de que Nixon derrotara al candidato fuertemente financiado por la cúpula del partido, Alexander Vindman, sin el apoyo de Sanders.
Zohran Mamdani, miembro de Socialistas Demócratas de Estados Unidos y alcalde de la ciudad de Nueva York, ha ido más allá del silencio. El 7 de agosto, dos días después de que se cancelara el TPS para los haitianos, Mamdani anunció que la ciudad de Nueva York despediría a los trabajadores municipales haitianos que hubieran perdido su autorización de trabajo. No convocó ninguna protesta, no presentó ningún recurso legal ni hizo un llamado a la huelga. En cambio, instó a los trabajadores a buscar ayuda precisamente en la misma administración de Trump que les había despojado de su estatus.
Nueva York alberga una de las comunidades haitianas más grandes de Estados Unidos. La decisión de Mamdani convierte a la administración municipal demócrata en un ejecutor directo del ataque de Trump. Como dijo un trabajador haitiano de la Autoridad Metropolitana de Transporte al World Socialist Web Site: “Tenemos que sacarlos a todos de sus cargos, tanto a Trump como a Mamdani”.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 21 de agosto de 2026)