Fernando Cerimedo, el operador político argentino descrito por The Economist como “el representante de MAGA en Latinoamérica”, en referencia al movimiento de Trump, se encuentra en detención preventiva en Bolivia, acusado de ordenar el intento de asesinato de su expareja, la abogada y activista Nadia Beller.

Cerimedo era uno de los propagandistas más prominentes en la intersección entre la administración Trump, el aparato de inteligencia estadounidense y la instalación de gobiernos de extrema derecha desde Buenos Aires hasta Tegucigalpa.

Beller, de 33 años y embarazada de cuatro semanas, recibió tres disparos frente a un hotel en Santa Cruz de la Sierra, en la noche del 17 de agosto, por parte de dos agresores disfrazados de repartidores que llegaron en una motocicleta robada. Sobrevivió al atentado.

Cerimedo fue detenido a la mañana siguiente en el aeropuerto de Viru Viru, cuando intentaba abordar un vuelo hacia Buenos Aires. Un juez le impuso el plazo máximo de detención preventiva, 180 días. Un allanamiento a su residencia habría encontrado evidencia de una granja de bots y grandes cantidades de efectivo. Se encuentra recluido en una sección de la prisión reservada para funcionarios estatales y miembros de las fuerzas de seguridad.

Cerimedo niega su implicación. Su abogado ha planteado la teoría de que la propia Beller montó el ataque para “desestabilizar” al gobierno boliviano, una afirmación amplificada por el presidente argentino, Javier Milei, quien republicó mensajes que cuestionaban si sus heridas eran reales.

La evidencia y el aparato estatal

El caso de la fiscalía se sustenta en material extraído del teléfono de Cerimedo. Según el abogado de Beller, Jerjes Justiniano, uno de los mensajes dice: “No digas a nadie. Pero nos vendió la amiga de Enrique, ¿te acordás? La Nadia. O la eliminamos ya o estamos jodidos. ¿Conoces a alguien que pueda hacer el trabajo?”.

Otros mensajes recuperados del dispositivo fueron enviados por un individuo identificado como E.C.G. el día del ataque. “Hermano, en este momento le dispararon”, dice uno. Después: “Tenemos el teléfono por si acaso”, y “Al parecer no comprometió órganos”. Los investigadores habrían encontrado 11 llamadas eliminadas entre ambos hombres ese día.

E.C.G. ha sido identificado como Érik Correa González, jefe de inteligencia bajo el presidente boliviano Rodrigo Paz. El expresidente Evo Morales ha declarado que la operación estaba diseñada para atribuirle el asesinato a él: Beller fue atraída al hotel por un mensaje anónimo que ofrecía información sobre una denuncia contra Morales, y Cerimedo —según el propio relato de Beller— la animó a ir, pese a que ella había expresado temor por su seguridad.

Beller ha calificado el ataque de “crimen de Estado”, apuntando a la participación del gobierno y la policía. Desde su cama de hospital, declaró que decidió hablar públicamente porque “hasta que no le hable directamente al pueblo boliviano, van a terminar lo que intentaron hacer”.

Dentro del Palacio Quemado

La relación íntima entre Cerimedo y la presidencia boliviana ha sido descrita en detalle por el vicepresidente Edman Lara, él mismo un expolicía que se ha distanciado de Paz.

Según Lara, Cerimedo apareció por primera vez durante la segunda vuelta electoral el año pasado, como asesor personal de Paz, presentado inicialmente ante él como “el profesor de mi hija”. Tenía una oficina dentro del Palacio de Gobierno (Palacio Quemado), cercana a la del propio presidente, asistía a las reuniones de gabinete, escribía los discursos de Paz e instruía a los ministros sobre qué debían hacer y decir. “Los ministros tenían que hablar con Cerimedo antes de hablar con el presidente. Cerimedo era el puente”.

Lara añadió un detalle de considerable importancia: en una reunión con figuras empresariales de Santa Cruz, Cerimedo apareció acompañado de un estadounidense que se identificó como representante de Starlink, el servicio de internet satelital desarrollado por la SpaceX de Elon Musk, y los tres hombres —Cerimedo, el estadounidense y Paz— se retiraron para reunirse en privado.

Lara también planteó la pregunta: “¿Cómo se sostenía? ¿Quién pagaba sus gastos?”. Beller responde a esta pregunta con la acusación de que Cerimedo y Paz eran socios en operaciones de contrabando de combustible, afirmando que tiene evidencia de negocios irregulares que involucran al presidente y a su familia. Ha declarado que Cerimedo se jactaba de recibir 800.000 dólares al mes gracias a su relación con la presidencia boliviana, y que tenía vínculos con la CIA.

Sus denuncias alcanzan también a Argentina. Beller afirma que Cerimedo y su esposa, Natalia Basil, filtraron los audios de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, en los que Spagnuolo describía un esquema de sobornos manejado por Karina Milei, hermana del presidente argentino y secretaria general de la Presidencia. Basil estaba a cargo de esa misma agencia.

El momento del ataque tiene importancia política. Beller recibió los disparos días después de que estas revelaciones comenzaran a circular, y una semana después de que el gobierno de Paz eliminara el subsidio al diésel para grandes consumidores, elevando el precio en casi un 84 por ciento.

La huelga general y el Decreto 5503

Beller ha declarado que cree haber sido blanco por su oposición al paquete de medidas que se prepara bajo el Decreto 5503 —la eliminación de los subsidios a los combustibles y una batería de reformas económicas que desmantelan el gasto social— y por lo que presenció de la corrupción de alto nivel. Cabe notar que Beller también fue candidata a legisladora del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Morales, antes del golpe de Estado respaldado por EE.UU. contra Morales en 2019.

El gobierno de Paz llegó al poder este año decidido a imponer todo el peso de la prolongada crisis económica de Bolivia sobre las espaldas de la clase obrera. La respuesta fue una masiva huelga general de 50 días. Ese movimiento fue traicionado por la dirigencia sindical de la Central Obrera Boliviana (COB), que canalizó la inmensa militancia de los mineros, los docentes y otros trabajadores de vuelta hacia negociaciones con un gobierno que había respondido al movimiento con un estado de excepción y el despliegue de tropas en las calles.

El intento de asesinato, con la participación de un oficial de inteligencia estatal, contra una figura política que afirma haberse opuesto al gobierno, no es un asunto privado, sino una acción política.

El complot es la culminación lógica de la trayectoria política de Cerimedo, como operador clave al servicio de los intereses de Washington en toda la región.

Su historia personal es, en el mejor de los casos, turbia. Ha afirmado que le ofrecieron una beca completa para asistir a la Universidad de Harvard, que entrenó con los SEAL de la Marina de EE.UU. y que sirvió en la Casa Blanca de Obama. No existe evidencia creíble que respalde nada de esto.

Hasta 2019, trabajaba para la facción nominalmente “de izquierda” del peronismo, organizando operaciones digitales para la Juventud Peronista en La Matanza y dirigiendo campañas en redes sociales que reeligieron a intendentes peronistas en la provincia de Buenos Aires. Él dice que cambió de bando por amor: “Mi esposa es fanática de Javier Milei”. Es más probable que haya seguido oportunidades más lucrativas.

Durante la pandemia, su medio La Derecha Diario atacó las medidas de salud pública y publicó desinformación sobre las vacunas, incluida la afirmación fabricada de que la agencia reguladora argentina había confirmado que las dosis contenían grafeno.

Su primera operación de importancia continental llegó en Brasil en 2022. Días después de la derrota de Jair Bolsonaro, Cerimedo condujo una transmisión en vivo titulada “Brasil fue robado”, alegando que las máquinas de votación habían sido manipuladas. Días después, los partidarios de Bolsonaro asaltaron el Congreso y el palacio presidencial en Brasilia, en un fallido intento de golpe de Estado organizado desde los niveles más altos del Estado.

Luego se sumó a la campaña de Milei en 2023, atribuyéndose el mérito de la motosierra utilizada en los mítines. En Chile, encargó encuestas utilizadas para influir en el referendo constitucional que habría reemplazado la constitución heredada de Pinochet. En Bolivia, su Numen Academy entrenó a Catalina Paz, hija del presidente y hoy asesora de su gobierno. Y en Honduras dice haber coordinado la publicación de Trump en Truth Social que respaldaba a Nasry Asfura, el mismo Asfura expuesto en las grabaciones de “Hondurasgate”, en las cuales se discutía el financiamiento de “células de información” para desestabilizar a México y Colombia, y el encarcelamiento o asesinato de opositores.

El socio comercial de Cerimedo es Brad Parscale, el exjefe de campaña de Trump, quien suministra la tecnología de segmentación de votantes a través de su consultora conjunta en Buenos Aires, Numen. “Brad montó toda la infraestructura con la que trabajo”, ha dicho Cerimedo.

El camino hacia Miami

La conexión decisiva, sin embargo, pasa por Washington y Miami.

En mayo de 2023, Cerimedo registró NUMEN Advisors LLC en North Miami. Tres meses después, un memorando presentado ante el Departamento de Justicia de EE.UU. bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) registra un contrato entre Numen y el Latin America Advisory Group de Damián Merlo, para trabajar en la campaña de Milei, incluidos acercamientos a miembros del Congreso con énfasis en el sur de Florida, y a la Heritage Foundation, el CSIS, el Council on Foreign Relations y el Atlantic Council.

El propio historial de Merlo está documentado en esos mismos registros de la FARA. Trabajó para la Sección de Intereses de EE.UU. en La Habana en 1996-1997, bajo contrato del Departamento de Estado, evaluando a solicitantes cubanos de emigración. De 2002 a 2007 fue oficial de programas en el International Republican Institute, a cargo de sus programas en Cuba, México y Brasil, incluida una subvención al Directorio Revolucionario Democrático Cubano en Miami.

Como explica una investigación de La Jornada, las declaraciones ante la FARA registran reuniones de Merlo con Viviana Bovo, asesora de larga data de Marco Rubio; con Ricardo Pita, exasistente de Ted Cruz y hoy asesor superior para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado; con los legisladores republicanos de Florida Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar; y, el 13 de enero de este año —diez días después de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro—, con Joseph Humire, quien encabeza los asuntos de seguridad para las Américas en el Departamento de Defensa, la oficina que supervisa la cooperación regional en seguridad y las ventas militares.

Parscale, por su parte, asistió a una reunión en Mar-a-Lago a la que también asistieron Rubio y Salazar.

Cuando Cerimedo contrató a Merlo en 2023, estaba asegurando mucho más que un acuerdo publicitario. Estaba siendo integrado al circuito institucional —Miami, las organizaciones fascistoides cubanas, los legisladores del sur de Florida, la burocracia de seguridad hemisférica— a través del cual se elabora la política estadounidense hacia América Latina.

Cóndor 2.0

La reacción de los regímenes implicados ha sido inmediata. Milei declaró que Cerimedo es “alguien que no forma parte de nuestro espacio y no tiene conexión alguna con nosotros”, pese a que los registros oficiales muestran 13 visitas a la Casa Rosada después de que Milei asumiera el cargo. Luego atribuyó el asunto a una conspiración que involucraría a Evo Morales, a Lula y al “castrochavismo”. En Chile, el principal asesor de la campaña electoral del presidente José Antonio Kast ha sido interrogado formalmente en el Congreso sobre sus vínculos con Cerimedo. Paz, de Bolivia, no ha aparecido en público desde el arresto.

En resumen, lo que ha quedado expuesto es un aparato transnacional respaldado por EE.UU. de desinformación, subversión y violencia, que opera con la participación de servicios de inteligencia y que llega hasta los más altos niveles de la administración Trump. Cincuenta años después de que el jefe de inteligencia chileno Manuel Contreras convocara a sus contrapartes en Santiago para establecer el banco de información conjunto y los grupos de tarea multinacionales de la Operación Cóndor, se están reconstruyendo los mismos métodos.

Los gobiernos nominalmente de izquierda de la región no ofrecen ninguna alternativa. Pese a sus denuncias actuales de esta conspiración fascistoide, su acomodo constante ante Trump demuestra que el nacionalismo burgués no proporciona ningún medio para oponerse al imperialismo ni al fascismo.

Lo que el caso Cerimedo expone no es la criminalidad de un solo operador, sino el carácter criminal de toda una operación hemisférica. La defensa de los derechos democráticos recae en la clase obrera internacional, y exige la construcción de secciones del Comité Internacional de la Cuarta Internacional en toda América.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 25/08/2026)