Entre el 26 y el 28 de agosto, el jefe del Comando Sur de EE.UU., el general Francis L. Donovan, viajó a Colombia y Ecuador para colocar a las fuerzas armadas de ambos países bajo una estructura de mando conjunto permanente con el Pentágono. En cuestión de días, fuerzas estadounidenses abordaron y hundieron tres embarcaciones pesqueras artesanales del puerto ecuatoriano de Manta, con 53 pescadores a bordo.

Estos no son hechos aislados. El 27 de agosto, Donovan se reunió en San Lorenzo, en la costa norte de Ecuador, con el ministro de Defensa colombiano, Jorge Eduardo Mora; el ministro de Defensa ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo; los jefes militares de ambos países; y el general de división Kevin J. Jarrard, comandante de la recién activada Fuerza de Tarea Conjunta-Hemisferio Occidental.

El Comando Sur describió la zona fronteriza como un corredor explotado por organizaciones criminales transnacionales, y dijo que los líderes se reunieron con fuerzas de élite de ambas naciones “para perfeccionar una estrategia operativa conjunta”.

Esto representa un giro, desde misiones episódicas en asociación con EE.UU. hacia operaciones combinadas sostenidas. Se discutió una base militar binacional colombiano-ecuatoriana, y El Tiempo informó sobre planes para instalar un radar en Tumaco, en la costa pacífica de Colombia, para rastrear embarcaciones y suministrar datos de blancos a unidades colombianas. Donovan finalizó el viaje en el Fuerte Militar de Tolemaida, la principal base del ejército colombiano, discutiendo la rehabilitación de una flota aérea en la cual 11 de los 19 helicópteros MI-17 no están operativos.

La propia declaración del Comando Sur nombra los objetivos: “derrotar a los grupos narcoterroristas, frenar la migración ilícita y contrarrestar la influencia maligna”. El narcotráfico es solo un ítem en una lista que incluye detener a los migrantes y hacer retroceder la inversión china.

El 28 de agosto, fuerzas estadounidenses interceptaron y hundieron a Los Tres Hermanos, a unas 40 millas náuticas de Manta. Su tripulación de 14 miembros —13 de Santa Marianita, uno de Jaramijó— dijo que regresaban con una buena pesca cuando fueron detenidos, esposados y vendados. Lograron llegar a tierra en las cuatro lanchas que la embarcación llevaba a bordo.

El 2 de septiembre, el Conquista II fue abordado a 244 millas náuticas de la costa, con 17 personas a bordo. Ginger Reyes estaba en una videollamada con su esposo, el capitán Eduardo Holguín, cuando una aeronave y luego una embarcación armada se acercaron. La llamada se cortó.

El 3 de septiembre, el OM2 fue abordado a unas 83 millas de Manta, con 22 tripulantes, todos de la parroquia de San Mateo, y siete lanchas.

El Comando Sur afirmó que los tres eran “estaciones flotantes de reabastecimiento” de la banda Los Choneros, que operaban en aguas internacionales. Dos de las tres fueron capturadas bien dentro de la zona económica exclusiva de Ecuador. Y la configuración que el Comando Sur describe como logística narco —una nodriza que transporta múltiples lanchas pequeñas que se dispersan para tender palangres— es simplemente la manera en que pesca la flota artesanal de Manta. Bajo esta definición, todo buque nodriza que opera desde Manta es un blanco.

Las familias se congregaron durante días en la capitanía del puerto de Manta, sin información. “Son pescadores, luchan por traer alimento a nuestros hogares, a nuestros hijos”, le declaró a la AFP Olivia Holguín, hermana de uno de los capitanes. “Queremos respuestas, queremos saber de ellos, si están bien”.

Veintiocho tripulantes del Conquista II y el OM2 fueron desembarcados en Manta el viernes por la mañana por una embarcación de la guardia costera ecuatoriana; el resto todavía se abría paso a casa en sus propias lanchas. Al llegar, la Armada y la Policía Nacional los procesaron para verificar su identidad y para “procedimientos de custodia”. Sus embarcaciones yacen en el fondo del Pacífico. No se ha anunciado ningún cargo ni se ha presentado ninguna evidencia.

La campaña de ataques contra embarcaciones comenzó el 2 de septiembre de 2025. En un año, las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo al menos 68 ataques y matado a 227 personas. Ni una sola vez el Pentágono ha presentado evidencia de que alguna de sus víctimas estuviera traficando drogas, y ningún sobreviviente ha sido acusado.

En paralelo, el aparato de inteligencia estadounidense está perfeccionando sus capacidades para asesinatos masivos extrajudiciales y desapariciones transnacionales. En agosto, el Washington Post reveló que los ataques contra tres embarcaciones pesqueras ecuatorianas no fueron dirigidos por el Pentágono, sino bajo un programa encubierto de la CIA con base en El Salvador. Los sobrevivientes fueron encapuchados y llevados a El Salvador, antes de ser enviados de vuelta a Ecuador.

La fiscal de Manta cuyos expedientes incluían esos ataques, Gloria Alexandra Bravo Cedeño, fue asesinada a tiros junto con su hermana el 14 de junio. Además, quienes investigaban los vínculos del propio gobierno con el narcotráfico han enfrentado un destino similar. Mónika Silva Koniuszek, quien documentaba el emporio bananero de la familia Noboa y su transporte de cocaína en contenedores bananeros, fue hallada muerta el 8 de junio. El 23 de agosto, René Manuel Cobos Merchán, de 49 años, un fixer que había trabajado para la BBC sobre el crimen organizado en Ecuador y su control sobre la policía, fue asesinado en Yaguachi por unos seis hombres encapuchados, con chalecos que se asemejaban a equipo de fuerzas de seguridad.

En Colombia, el mismo aparato está siendo instalado por el fascistoide presidente Abelardo De la Espriella. En sus primeras semanas en el cargo, ha ordenado que todos los grupos armados ilegales sean clasificados y tratados como terroristas, y ha lanzado una masiva campaña de bombardeos. El 30 de agosto, el ejército bombardeó un campamento en Miraflores, Guaviare, matando a 23 personas.

Días después, De la Espriella caminó entre 23 bolsas para cadáveres colocadas en el suelo de un batallón militar, frente a las cámaras: un espectáculo copiado del salvadoreño Nayib Bukele. Según se informó, entre los cuerpos había menores de edad muertos en la operación.

Ante la condena generalizada, redobló la apuesta el viernes. “Mi respaldo a nuestras fuerzas de seguridad es absoluto”, declaró junto al mando militar y policial, en una rueda de prensa detrás de cuatro cadáveres. También ha amenazado directamente a sus opositores: “Cuando menos lo esperen, les va a caer una bomba encima”.

Tres niños murieron en un bombardeo separado en El Retorno. Un juez colombiano ha ordenado ahora la suspensión de los bombardeos en los que haya presencia de menores reclutados. Los líderes sociales continúan siendo asesinados.

El expresidente Gustavo Petro denunció los mórbidos actos. Sin embargo, él mismo presidió la misma guerra aérea y expandió la maquinaria para su sucesor, quien en cuestión de días restableció la plena cooperación militar con Washington y realineó a Bogotá con Israel.

Todo esto se desarrolla mientras el occidente de Colombia yace en ruinas. El terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto mató a 331 personas, hirió a más de 4.600 y dejó a 240 desaparecidas. Las Naciones Unidas estiman que 1,2 millones de personas necesitan asistencia humanitaria. La Defensoría del Pueblo de Colombia informó que Chocó y Buenaventura carecen de agua potable, electricidad, servicios de salud y refugio adecuado, y el ministro del Interior admitió que los hospitales de Buenaventura estaban desbordados.

Bajo estas condiciones, no se ha perdido un solo paso en la construcción del aparato de guerra y dictadura.

El secretario de Estado, Marco Rubio, viaja a Colombia, Ecuador y Perú del 8 al 10 de septiembre para reunirse con De la Espriella, Noboa y la nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori. El Departamento de Estado indica que la agenda incluye las labores de apoyo tras el terremoto, “una cooperación reforzada en la lucha compartida contra el narcoterrorismo” y vínculos comerciales más estrechos.

Venezuela ha mostrado cómo luce la ayuda ante desastres del imperialismo estadounidense, el cual ha usado los devastadores terremotos de junio como palanca para que el Pentágono expanda su presencia, e incluso se apodere directamente de los yacimientos petroleros de ese país.

El imperialismo estadounidense está construyendo un aparato represivo hemisférico de carácter claramente fascista: pescadores asesinados, o con sus medios de vida destruidos sin juicio alguno; fiscales y periodistas asesinados, y cuerpos exhibidos como propaganda. Los mismos métodos están surgiendo dentro de Estados Unidos, donde agentes federales disparan contra manifestantes y no se abren investigaciones.

Ninguna sección del establishment político ofrece una alternativa a la construcción de dictaduras de Estado policial y al acomodo ante la administración Trump. La defensa de los derechos democráticos y la oposición a la guerra dependen enteramente de la movilización política independiente de la clase obrera internacional.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 04/09/2026).