Más de 60 profesores de derecho de la UCLA, a los que se han sumado casi 300 más de facultades de derecho de todo Estados Unidos —y el número sigue creciendo—, han publicado cartas abiertas en las que denuncian la declaración pública del rector Julio Frenk, en la que criticaba el simposio de la Facultad de Derecho titulado “25 años después del 11 de septiembre: replanteando la libertad, la justicia y la seguridad”.

El simposio se inauguró en el 25.º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre con un emotivo homenaje a las casi 3.000 personas que perdieron la vida en la ciudad de Nueva York, Washington D.C. y Pensilvania. Seis paneles, integrados por profesores de derecho y abogados, debatieron sobre “Las transformaciones en el derecho internacional”; “Tortura, entregas extraordinarias y detención”; “Fronteras, migración y seguridad nacional”; “La racialización de la guerra contra el terrorismo” y “Seguridad, vigilancia y la búsqueda de la información total”.

La gran sala de reuniones se llenó al máximo de su capacidad. Las mesas redondas se desarrollaron a un alto nivel intelectual y sin incidentes. Los ponentes profundizaron en los innumerables cambios en el derecho estadounidense e internacional durante los últimos 25 años, vinculados a los ataques del 11 de septiembre y a la consiguiente “Guerra contra el Terrorismo”. El programa fue certificado por el Colegio de Abogados del Estado de California para otorgar créditos de educación jurídica.

Sin consultar a los organizadores del simposio, el rector Frenk emitió una provocativa declaración pública dirigida a Judea Pearl, de 90 años, profesor de ciencias de la computación de la UCLA. Frenk escribió que el simposio promovía “el antisemitismo, el terrorismo y el odio” y se disculpó con Pearl porque había causado “dolor” a “miembros de nuestra comunidad”.

Pearl es el padre de Daniel Pearl, quien fue secuestrado por fuerzas reaccionarias alineadas con Al Qaeda en Pakistán el 23 de enero de 2002, mientras realizaba un reportaje para el Wall Street Journal. A pesar de los llamamientos internacionales generalizados para la liberación de Pearl, incluidos los del World Socialist Web Site, Pearl fue brutalmente asesinado, como quedó registrado en un espeluznante video entregado al Consulado de EE. UU. en Karachi el 21 de febrero de 2002.

El profesor Pearl había publicado en X que el simposio estaba “utilizando los dolorosos días del 11 de septiembre y del 7 de octubre como arma para promover ideologías de odio”.

“Habiendo perdido a un hijo a causa de tal ideología”, escribió Pearl, “me avergüenzo de que mi universidad patrocine este simposio despreciable”.

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Pearl no encontró ninguna evidencia que respaldara su afirmación vil y falsa de que el simposio “utilizó como arma” el 11 de septiembre. En cambio, citó un artículo del Washington Free Beacon, un sitio web de extrema derecha financiado por el multimillonario capitalista buitre y gran donante republicano Paul Singer, publicado antes de que se llevara a cabo el simposio. El Free Beacon se especializa en ataques contra académicos seleccionados, por lo general exagerando asuntos relativamente menores, como errores de investigación o declaraciones hiperbólicas, y atacándolos sin el contexto necesario.

El artículo difamatorio del Free Beacon, titulado “UCLA To Host 9/11 Symposium Featuring Terror Apologists” (La UCLA organizará un simposio sobre el 11 de septiembre con defensores del terrorismo), condenó la participación en un panel de un prestigioso abogado de derechos civiles del sur de California, quien es uno de los seis abogados militares que representan a Khalid Shaikh Mohammed, presunto “cerebro” del 11 de septiembre que enfrenta 3.000 cargos de homicidio. El abogado, quien también es profesor adjunto en la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Irvine, fue contratado por la “Organización de Defensa de las Comisiones Militares” del Departamento de Defensa de EE. UU., que proporciona los abogados independientes que representan a los acusados de Guantánamo.

Conocido como “KSM” en los documentos militares y de la CIA, Mohammed fue capturado en Pakistán el 1 de marzo de 2003, con base en información de inteligencia que indicaba que él fue el primero en proponer estrellar aviones secuestrados contra edificios y que coordinó el complot con Osama bin Laden. Tal como lo admite el gobierno de EE. UU., Mohammed permaneció encarcelado sin acceso a un abogado durante varios años en “sitios negros” secretos de la CIA, donde fue torturado repetidamente, incluyendo 183 sesiones de ahogamiento simulado.

Tras años de maniobras procesales, entre ellas una propuesta fallida de celebrar un juicio en un tribunal civil de la ciudad de Nueva York y un acuerdo de declaración de culpabilidad revocado que habría dado lugar a cadena perpetua, el caso de Mohammed está programado para ser juzgado ante una comisión militar el 5 de junio de 2028.

La confiabilidad y admisibilidad de diversas declaraciones obtenidas mediante tortura de Mohammed y otras personas durante la “guerra contra el terrorismo” es un tema legal recurrente en los tribunales militares. Ha habido múltiples órdenes de exclusión, incluida la supuesta confesión de Mohammed antes de su llegada a Guantánamo de que él mismo mató a Daniel Pearl. La familia Pearl emitió un comunicado en el que afirma: “Es imposible saber a esta altura si la jactancia de Khalid Sheikh Mohammed sobre haber matado a nuestro hijo tiene algún fundamento en la verdad”.

El tabloide de Murdoch, el New York Post, volvió a publicar la nota del Free Beacon, que por lo demás había sido ignorada por los medios de comunicación principales hasta la declaración del rector Frenk, la cual fue reportada en el sitio web del Los Angeles Times como una “reprimenda” sin precedentes al evento de la facultad de derecho.

Los profesores de derecho de la UCLA Ahilan Arulanantham y LaToya Baldwin Clark, quienes organizaron el simposio, respondieron: “Presentamos un conjunto matizado y sofisticado de conversaciones entre más de veinte expertos destacados que discutieron tanto los éxitos como los fracasos de nuestro gobierno y nuestra nación en los años transcurridos desde el 11 de septiembre”.

El 18 de septiembre, más de 60 profesores de derecho de la UCLA publicaron una carta abierta en la que afirmaban que la declaración pública de Frenk “seguía de cerca y parecía hacerse eco de las críticas, incluso en la prensa sensacionalista y en las redes sociales, de que el simposio apoyaba el terrorismo y el antisemitismo” porque “dio cabida a críticos de la respuesta del gobierno al 11 de septiembre” y “contaba entre los panelistas a un abogado designado por el gobierno que representó a Khalid Sheikh Mohammed”.

“Esta campaña de desinformación mediática”, explicaba la carta, “se lanzó contra los programas académicos de la Facultad de Derecho de la UCLA (y, por extensión, contra la UCLA) antes de que se llevara a cabo el Simposio y sin tener en cuenta lo que realmente se dijo”, y agregaba que “la reprimenda del rector… expuso al cuerpo docente y al personal involucrado en la planificación del Simposio, así como a los ponentes invitados, a acoso y amenazas”.

La carta continuaba:

La declaración sugería claramente que el Simposio apoyaba de alguna manera el terrorismo y el antisemitismo. ... Ningún ponente hizo declaración alguna que sugiriera, ni remotamente, apoyo a tales posturas. Algunos ponentes sí criticaron ciertas medidas antiterroristas del gobierno, como la llamada “prohibición de viaje a los musulmanes”, calificándolas de prácticas racistas que atribuían culpabilidad con base en la pertenencia a un grupo, sin ningún valor para la aplicación de la ley. Estas opiniones son ampliamente compartidas entre los abogados. Si bien uno puede estar en desacuerdo, la idea de que tales argumentos sean antisemitas o apoyen el terrorismo —sin siquiera haber escuchado a ningún ponente que los haya expresado— es absurda.

La declaración del rector también aceptó implícitamente la crítica de que el Simposio apoyaba el terrorismo porque incluía como panelista a un abogado del gobierno empleado por el Departamento de Defensa de la Administración de Trump, quien había sido asignado para defender a Mohammed…

Las críticas dirigidas al Simposio por incluir al abogado reflejaban un profundo malentendido sobre el papel de este. Enseñamos a nuestros estudiantes que nuestra Constitución garantiza a todo acusado de delitos graves la asistencia de un abogado. … Imputar los delitos del cliente al abogado es socavar este imperativo constitucional….

Una segunda carta, firmada por casi 300 profesores de derecho de otras instituciones, defendió igualmente el derecho a la defensa legal y condenó el ataque de Frenk contra el simposio.

La intervención de Frenk no puede separarse de su propio papel en la represión de la oposición al genocidio de Gaza en la UCLA. Fue elegido por la Junta de Regentes de la Universidad de California en junio de 2024, en medio de la violenta represión contra los campamentos contra el genocidio. Su nombramiento tenía como objetivo continuar e intensificar las políticas del rector saliente, Gene Block, quien había declarado “ilegales” los campamentos y expulsado del campus a los estudiantes que protestaban, privándolos del acceso a sus dormitorios y a los servicios de comedores.

Frenk fue elegido por unanimidad por un Consejo de Regentes dominado por intereses corporativos ultrarricos y personas designadas por motivos políticos. Los regentes aprobaron un salario inicial de 978.904 dólares, además de vivienda proporcionada por la universidad. El World Socialist Web Site lo describió en ese momento como un “títere corporativo prosionista” elegido para intensificar el ataque contra los estudiantes y los trabajadores.

A las pocas semanas de asumir el cargo, Frenk demostró el propósito de su nombramiento. En febrero de 2025, anunció la suspensión de Estudiantes por la Justicia en Palestina y Estudiantes de Posgrado por la Justicia en Palestina tras una protesta frente a la casa del regente de la UC Jonathan “Jay” Sures. Sures es miembro del consejo de administración de la Fundación de la Policía de Los Ángeles y ha formado parte de los consejos que supervisan dos laboratorios involucrados en el desarrollo y las pruebas de armas nucleares estadounidenses.

En un correo electrónico enviado a todo el campus, Frenk describió la protesta como un brote de violencia antisemita y declaró: “No hay lugar para la violencia en nuestra comunidad Bruin”. La suspensión impidió que ambas organizaciones reservaran salas de reunión, recibieran financiamiento estudiantil o se asociaran formalmente con la UCLA.

Su referencia a la “violencia” contrastó marcadamente con la respuesta de la administración ante el ataque del 30 de abril de 2024, cuando una turba prosionista agredió durante horas el campamento contra el genocidio mientras la policía se mantenía al margen. La noche siguiente, la UCLA hizo entrar a la policía al campus para desmantelar el campamento, lo que dejó decenas de heridos y más de 200 manifestantes detenidos. Prácticamente ninguno de los agresores fue procesado.

La represión continúa. El estudiante de doctorado Dylan Kupsh presentó una demanda contra la UCLA en agosto, alegando que la universidad lo sometió a casi dos años de procedimientos disciplinarios en represalia por su participación en protestas contra el genocidio. A Kupsh se le prohibió participar en la mayoría de las actividades del campus durante 291 días, fue suspendido por dos trimestres académicos y se le negó su título de maestría, a pesar de haberlo completado, durante más de 600 días. De los 14 cargos universitarios que se le imputaron, 12 fueron desestimados. Solo se le declaró responsable de no haber mostrado su identificación de estudiante cuando se le solicitó y de supuestamente haber obstruido el paso a otro estudiante en una acera.

Este historial pone al descubierto el carácter fraudulento de la supuesta preocupación de Frenk por proteger a la comunidad universitaria. Ha utilizado repetidamente acusaciones de violencia, terrorismo y antisemitismo para legitimar ataques contra la oposición política, mientras que la violencia real contra los estudiantes que protestaban contra el genocidio en Gaza ha quedado en gran medida impune.

Frenk debería saber mejor que nadie que no debe ponerse del lado de los fascistas. Como médico de cuarta generación, sus antepasados directos huyeron de la Alemania nazi hacia México en la década de 1930.

Artículo publicado originalmente en inglés el 20 de septiembre de 2025)