El 15 de septiembre, un estudiante de 16 años de cuarto año de secundaria del Liceo Naval Almirante Guise, en el distrito limeño de San Borja, fue agredido sexualmente por un grupo de compañeros de quinto año a bordo del autobús escolar que transportaba de regreso al equipo de futsal (fútbol sala) después de un campeonato interescolar. Según la denuncia, los agresores utilizaron un objeto y los fiscales están investigando la agresión como violación.

El 16 de septiembre, la familia presentó una denuncia en la comisaría de San Borja. La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro abrió una investigación; diez menores fueron detenidos y, el 18 de septiembre, el Tercer Juzgado de Familia de Lima ordenó cuatro meses de prisión preventiva —el máximo permitido por la ley— para seis de ellos, quienes fueron trasladados al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita.

El abuso no puede explicarse como un caso aislado y extraordinario, ni como los excesos de una “cultura” militar o de una supuesta “hipermasculinidad”. La violencia sexual en el Liceo Naval es la expresión, en un entorno educativo de élite, de la función del aparato militar del Estado capitalista: brutalizar, disciplinar y subyugar. Y la respuesta institucional —primero minimizando el crimen y luego sacrificando a un puñado de adolescentes y a tres miembros del personal para dejar intacta a la propia institución— confirma esa función.

“Un juego que se salió de control”

La primera respuesta de la escuela fue restar importancia a lo ocurrido. En su comunicado del 16 de septiembre dirigido a los padres, la administración describió el incidente como un “grave acto de presunta agresión física”, sin mencionar su carácter sexual, y pidió que no se hiciera público.

Fue la familia de la víctima, no la escuela, la que acudió a la policía. Según testimonios difundidos por ATV, el director llamó a los padres a las 7:30 de la mañana siguiente y les dijo que ellos mismos presentaran la denuncia. El director regional de Educación de Lima Metropolitana, Cornelio Gonzáles Torres, reconoció que horas después la escuela todavía no había registrado el caso en SíSeVe, el sistema del Ministerio de Educación para denunciar la violencia escolar, y calificó la conducta de la escuela de “negligencia”.

Tres adultos iban a bordo del autobús: el conductor y dos entrenadores de la escuela. Según las autoridades, supuestamente no notaron nada durante el trayecto; el vehículo no tenía cámaras. Según el testimonio de la víctima, al regresar a la escuela algunos de los agresores salieron a comer a un restaurante chino como si nada hubiera ocurrido.

El padre de uno de los estudiantes investigados, quien escupió a un periodista frente a la comisaría, describió la violación como “un juego que se salió de control” y presentó a los agresores como “chicos deportistas”. Más tarde declaró que debería haber sido “más agresivo” con la prensa.

La Marina, que administra la escuela a través de su Dirección de Bienestar, suspendió al director, a un profesor y al entrenador de fútbol mientras se investiga el caso, y se apresuró a descartar cualquier interferencia en el proceso. El Ministerio de Defensa del Gobierno de Keiko Fujimori se limitó a instruir a la Marina para que garantizara el “debido proceso”. Las clases pasaron a ser virtuales.

Mientras tanto, salieron a la luz nuevas denuncias. Una profesora con 20 años en la escuela denunció casos de acoso y represalias que quedaron sin respuesta, y más de 40 padres realizaron una protesta frente a la escuela. Una madre dijo que los casos de acoso denunciados a través de SíSeVe “no llegan a nada”, y que un niño golpeado terminó en el hospital sin que después se supiera qué había ocurrido. Otros padres denunciaron discriminación “por tu color de piel, tu apellido, tus galones”, es decir, el rango militar del padre. Según Infobae, la propia víctima habría denunciado anteriormente casos de acoso sin recibir respuesta.

El Liceo Naval como campo de entrenamiento del aparato represivo

El Liceo Naval Almirante Guise está administrado por la Dirección de Bienestar de la Marina de Guerra del Perú, y el ingreso está reservado en primer lugar para los hijos del personal naval. Los postulantes deben presentar la Cédula de Identidad Naval del padre, y los hijos de civiles son admitidos solo para cubrir las plazas restantes, pagando mensualidades de entre 2.000 y 3.000 soles, frente a los 200 a 500 soles que pagan las familias de la Marina.

No es una institución educativa neutral: es un aparato de formación que reproduce, desde la infancia, la jerarquía y la ideología del aparato represivo del Estado. Su régimen militar y su carácter cerrado y jerárquico no son características accidentales, sino que están en el centro de la misión de la escuela: formar a los estudiantes en la obediencia irreflexiva y en la capacidad de ejercer violencia. La discriminación “por los galones” que denuncian los padres demuestra que la cadena de mando de la Marina se reproduce entre los propios estudiantes.

Karl Liebknecht, en Militarismo y antimilitarismo (1907), explica que los malos tratos dentro de las instituciones militares —”los horrores de los cuarteles”— son “un auxiliar indispensable” de la educación militar. Los miembros de las fuerzas armadas no nacen preparados para ejercer una violencia asesina: deben ser quebrados psicológicamente, despojados de su humanidad y entrenados en la obediencia irreflexiva. La agresión sexual contra los más vulnerables —en este caso, una estudiante de un grado inferior— es una extensión de ese proceso de brutalización.

El historial de la Marina y la impunidad estructural

Este caso no es aislado. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) determinó que el 83 por ciento de los casos de violencia sexual durante el conflicto armado interno fueron cometidos por agentes del Estado, es decir, soldados y policías. La Marina tiene un historial documentado de violencia sexual, dirigida abrumadoramente contra mujeres y niñas de las comunidades campesinas e indígenas más pobres del país. La impunidad que ha protegido a las instituciones militares de ser procesadas por estos crímenes no es una deficiencia del sistema judicial; expresa el hecho de que las Fuerzas Armadas son el instrumento armado de la dominación de clase, y el Estado que se supone que debe “juzgarlas” es el mismo Estado que las emplea.

El Liceo Naval, que forma a los hijos de la Marina, reproduce la misma lógica de dominación en el ámbito educativo. La violencia grupal contra una estudiante de un grado inferior es un ensayo, en miniatura, de la brutal jerarquía que el aparato militar ejerce contra la clase trabajadora y los pobres.

La respuesta del Estado: medidas punitivas que dejan intacta la estructura

Las medidas anunciadas —la detención de seis adolescentes, la suspensión del director, el profesor y el entrenador, el paso a clases virtuales, una inspección por parte del organismo de protección al consumidor Indecopi y la citación de funcionarios de la escuela ante una comisión de la Cámara de Diputados— dejan intacta la estructura que produjo la violencia.

Nadie cuestiona la función del Liceo Naval como campo de entrenamiento del aparato represivo, nadie toca su régimen militar, nadie plantea la abolición de una institución cuya razón de ser es la brutalización de sus estudiantes. El Estado se apresura a castigar a individuos precisamente para proteger a la institución.

El contraste con otros casos es revelador. El 14 de junio, un joven de 17 años detenido bajo sospecha de robo murió dentro de la comisaría de Manchay, en el distrito limeño de Pachacámac, después de casi dos días bajo custodia policial. La policía afirmó que se trató de un suicidio; sus padres, que nunca fueron notificados de su detención, dijeron que lo encontraron golpeado, que les pidieron dinero para asegurar su liberación y que su hijo había sido torturado. La respuesta del Ministerio del Interior se limitó a suspender temporalmente a seis policías, y la versión oficial del suicidio sigue en pie. La diferencia no es una cuestión de “cultura”: es una cuestión de clase. El Estado que no protegió la vida de un joven pobre bajo su propia custodia es el mismo Estado que ahora se apresura a proteger no a la víctima del Liceo Naval, sino la imagen de la propia Marina.

Reducir este caso a una condena moral del acto —o a demandas de “mejor supervisión” y “más medidas preventivas”— es ocultar su significado. El caso adquiere además una urgencia particular en el actual entorno político. En su discurso inaugural del 28 de julio, Keiko Fujimori anunció:

Las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y el control del orden interno.

La institución cuya escuela insignia intentó hacer pasar una violación como “agresión física” forma parte del mismo aparato al que el Gobierno de Fujimori está entregando ahora el control de las calles.

La lucha contra esta violencia no puede adoptar la forma de reformas dentro de la Marina o reorganizaciones ministeriales. Requiere la movilización independiente de la clase trabajadora para desmantelar el aparato represivo del Estado y contra el sistema capitalista que lo sostiene. Solo la abolición del Estado burgués y de su aparato militar —como argumentó Lenin en El Estado y la revolución— puede poner fin a la violencia que este aparato reproduce.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 24/09/2026)