El gobierno de extrema derecha de Israel ha reaccionado con ferocidad ante NAZA, una película que denuncia algunos de los crímenes del régimen sionista contra los palestinos indefensos de Gaza.

El primer ministro Benjamin Netanyahu y sus ministros han respondido atacando a los realizadores del documental, al que califican de ataque traicionero contra el Estado y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Citando a NAZA, Netanyahu se ha comprometido a presentar una ley que permita revocar la ciudadanía de quienes “difamen” a los soldados o al Estado en el extranjero, así como un proyecto de ley independiente que eleve la indemnización por difamación contra las FDI a 1 millón de NIS, o 329.000 dólares estadounidenses.

NAZA, un documental de 80 minutos de los directores israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, ganó el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine de Venecia de este año y recibió una ovación de pie récord de 25 minutos. Producida por The Guardian, la película se basa en investigaciones que Abraham había escrito para la revista en línea +972 Magazine y el sitio de noticias Local Call durante los últimos tres años. NAZA, “daño colateral”, es un acrónimo que las FDI utilizan para referirse a las bajas civiles que prevén que se producirán como resultado de sus bombardeos y su terrorismo de asesinatos.

La película presenta entrevistas con 24 exmiembros del ejército israelí, entre ellos analistas de datos, operadores de drones y francotiradores, quienes describen los sistemas de inteligencia artificial y los protocolos que Israel utiliza para atacar y matar a civiles en Gaza. Uno de los entrevistados describe una tasa de “error permitido” del 15 por ciento en el sistema de selección de objetivos asistido por inteligencia artificial, aunque se da a entender que se considera aceptable una tasa aún mayor. Otro describe un sistema (“¿Dónde está papá?”) que ataca cuando un hombre regresa a casa, matando a toda su familia y a cualquier vecino o visitante. Según los entrevistados, los umbrales podrían variar según la importancia del objetivo; es decir, en ocasiones, se aceptaban hasta 500 muertes de civiles como un costo necesario para eliminar a un líder de Hamás en un solo ataque.

En cuanto a la supuesta difamación de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), la guerra de Israel ha matado a más de 73.000 palestinos en Gaza, de los cuales alrededor del 56 por ciento son mujeres, niños y hombres de la tercera edad. Pero el 44 por ciento restante, compuesto por hombres adultos, no puede equipararse simplemente con combatientes. Una investigación conjunta de The Guardian, +972 Magazine y Local Call reveló que, hasta mayo de 2025, una base de datos de inteligencia militar israelí contenía 8.900 nombres de combatientes de Hamás y de la Yihad Islámica Palestina clasificados como muertos confirmados o probablemente muertos, en comparación con las aproximadamente 53.000 muertes palestinas registradas en ese momento. Eso significaría que solo el 17 por ciento de los fallecidos había sido identificado en la base de datos como combatientes. El hecho de que sean miembros del ejército y de los servicios de inteligencia israelíes quienes han proporcionado los testimonios de la película resulta especialmente perjudicial desde el punto de vista político.

La película no tiene distribuidor en Israel. El Guardian informó el jueves que, tras el estreno de NAZA en cines de otros países, se transmitirá de forma gratuita a finales de noviembre en el sitio web del periódico.

Netanyahu dijo, refiriéndose a sus dos proyectos de ley, que quienes “difaman” al ejército israelí “no tienen lugar entre nosotros”.

Antes del anuncio de Netanyahu, el ministro de “Cultura”, Miki Zohar, calificó la película de “despreciable” y exigió que se les retirara la ciudadanía a los codirectores israelíes de NAZA por “traición al Estado”. Pidió al Shin Bet, la agencia de inteligencia interna, “que investigara cómo se obtuvieron los materiales, quién está detrás de ellos y si, en el proceso de obtenerlos o publicarlos, se llevaron a cabo acciones que equivalgan a ayudar al enemigo en tiempo de guerra”.

Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha, escribió en X, refiriéndose a los cineastas: “Son una vergüenza y una humillación para todo el pueblo de Israel. ¡Váyanse! Estoy seguro de que sus amigos, es decir, nuestros enemigos de Hamás en Gaza, los recibirán con los brazos abiertos”.

La campaña oficial estuvo acompañada de amenazas por parte de grupos de extrema derecha, que incitaban a la violencia contra los directores y sus familias, así como a la demolición de sus hogares, al tiempo que coreaban “Pena de muerte para los traidores”. Se publicó en línea un gran mural en el que aparecían los rostros de Abraham y Szor con la palabra “Traidores” escrita en grande y rodeados de miras telescópicas, lo que atrajo cientos de comentarios crueles, incluyendo llamado a su asesinato. El miércoles, el periodista Haggai Matar, director de +972, y Sicha Mekomit, de Local Call, afirmaron que activistas de derecha habían irrumpido en sus oficinas y habían filmado la intrusión.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Eyal Zamir, afirmó que el video se “basaba en calumnias de sangre, distorsiones deliberadas de la realidad y acusaciones graves y falsas contra soldados y comandantes de las FDI”. La acusación de “calumnia de sangre” —el mito antisemita medieval de que los judíos asesinan a niños no judíos con fines rituales— es un intento de convertir a los autores de los crímenes en víctimas.

Los líderes de la oposición no se mostraron menos hostiles. El ex primer ministro Naftali Bennett también lo calificó como una “horrible calumnia de sangre contra nuestros hijos e hijas”, y el exministro de Defensa Avigdor Lieberman describió a los directores como “enemigos de Israel”. Gadi Eisenkot, exjefe de Estado Mayor de las FDI y líder del partido opositor Yashar, que actualmente lidera las encuestas, también condenó la película.

El presidente Isaac Herzog, quien en octubre de 2023 rechazó la distinción entre Hamás y la población civil de Gaza, argumentando que “podrían haberse rebelado” contra Hamás, también intervino para defender la supervisión legal de las FDI. Dijo que sabía “con certeza” que existía una estrecha supervisión legal de las unidades de combate importantes. De hecho, el marco legal al que se apela Israel —proporcionalidad, necesidad militar y revisión interna de los objetivos— permite a los comandantes autorizar operaciones con víctimas civiles masivas previsibles, siempre y cuando su ataque contribuya a “los imperativos más amplios de ganar la guerra”.

Yair Golan, líder de los Demócratas —una fusión de los restos del Partido Laborista y el movimiento Paz Ahora—, sugirió que Netanyahu estaba utilizando la controversia de NAZA para desviar la atención de su propia responsabilidad por los fracasos relacionados con el 7 de octubre. Posteriormente, Netanyahu incluyó a Golan entre las personas a las que apuntaba con su propuesta de ley sobre la difamación de los soldados de las FDI.

Más de 1.500 miembros de la industria cinematográfica firmaron una petición en apoyo a los directores de la película, afirmando que estaban siendo objeto de una “campaña de incitación y difamación” que rayaba en “sancionar de hecho la violencia”. En declaraciones al canal israelí N12, el actor y guionista israelí Shlomi Elkabetz dijo: “Estas son preguntas [planteadas en la película] que deben examinarse, no silenciarse”.

Existe una larga historia de intervención del Estado israelí contra películas y proyecciones que cuestionan la narrativa oficial de la historia palestina o la conducta militar israelí. Entre ellas se incluyen intentos de prohibir o restringir Jenin, Jenin (2002); la cancelación de una proyección de Lyd (2023); presiones en torno a 1948: Remember, Remember Not (2023); intentos de desalentar las proyecciones de No Other Land (2024); y la intervención policial durante las proyecciones de From Ground Zero (2024).

Netanyahu y sus ministros ahora intentan convertir las críticas a la conducta militar del Estado en una cuestión de lealtad al propio Estado. El uso propuesto de la ley de ciudadanía contra los cineastas es particularmente significativo. La ciudadanía es, por lo general, un estatus legal que conlleva derechos; no es una recompensa por la lealtad política. Amenazar con privar de ella a los ciudadanos porque han denunciado supuestos crímenes de su propio gobierno es afirmar que la pertenencia política está condicionada a la lealtad al Estado y a sus fuerzas armadas.

La amenaza va más allá de Abraham y Szor. Si exponer la conducta de las fuerzas armadas del Estado puede definirse como traición, y si quienes lo hacen pueden ser amenazados con la pérdida de la ciudadanía, entonces el gobierno está advirtiendo a otros ciudadanos sobre los límites de la disidencia permitida.

El carácter histérico de la respuesta del gobierno es indicativo de lo mucho que lo han sacudido las revelaciones provenientes del interior de las fuerzas armadas, las cuales han atraído a una audiencia internacional y recibido una aclamación abrumadora. Como afirmaron Abraham y Szor en una entrevista para la revista +972 Magazine: “Los testimonios de los soldados también implican a un sistema mucho más amplio, del cual las más altas esferas del liderazgo político y militar de Israel son las responsables últimas. Esperamos que la película pueda contribuir a que se rindan cuentas por los graves crímenes de Israel y a que se haga justicia para sus víctimas”.

NAZA tendrá su estreno en Norteamérica en el Festival de Cine de Nueva York el 26 de septiembre, antes de su lanzamiento nacional en las salas de cine de EE. UU. a partir del 9 de octubre.

También se estrenará en otros 55 territorios, entre ellos el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Canadá, Hong Kong, Brasil, Turquía, Tailandia, Francia, España, Alemania, Turquía, Centroamérica y el Medio Oriente.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 25 de septiembre de 2026)