El domingo 27 de septiembre, según un breve informe de Reuters, Marie-Celestin Karondwa fue agredido por vecinos de su propio barrio en Butembo, en la provincia de Kivu del Norte, al este de la República del Congo. Le saquearon sus pertenencias e incendiaron su casa, y él falleció a causa de sus lesiones. Karondwa era presidente interino del comité federal local de la Unión por la Democracia y el Progreso Social, partido gobernante, y su partido afirma que fue atacado por haber dicho en la radio que el ébola existe y que representa una amenaza para la población.

El día anterior, hombres armados irrumpieron en un puesto de control en Vulemba, en las afueras de la misma ciudad, y mataron a tiros al trabajador que verificaba si los viajeros tenían fiebre.

El Instituto Nacional de Salud Pública de la República Democrática del Congo, establecido por ordenanza en marzo de 2023, registró 8.116 casos confirmados de ébola y 3.924 muertes confirmadas al 27 de septiembre, el día 135 de la epidemia, en 63 de las 167 zonas de salud de siete provincias.

El boletín del 26 de septiembre informó de 78 nuevos casos confirmados, frente a los 43 del día anterior, y 49 muertes, frente a las 19. Treinta y cuatro de los fallecidos nunca llegaron a un centro de tratamiento.

Nada de esto puede interpretarse como un indicador de la evolución de la epidemia, que sigue siendo impredecible debido al escaso número de pruebas realizadas. Los 78 casos se detectaron a partir de 422 muestras analizadas; los 43 del día anterior, a partir de 474. Sin embargo, un menor número de pruebas reveló más casos: la tasa de positividad en los laboratorios se duplicó a nivel nacional, pasando del 9,1 al 18,5 por ciento, y alcanzó el 26,9 por ciento en Ituri; además, un tercio del total nacional del día provino de una sola zona de salud, Mandima, donde los casos reportados aumentaron de nueve a 25 a medida que los investigadores realizaban su labor.

Tampoco hay nada con qué comparar la epidemia. No se ha publicado ninguna cifra de casos sospechosos bajo investigación desde el 4 de agosto, hace ocho semanas. Lo que cuenta el boletín diario es el número de personas a las que se les hizo la prueba y resultaron positivas, lo cual es un registro del rendimiento de los laboratorios más que de la transmisión real.

“El brote no está disminuyendo; se está desplazando”, observó Anthony Kergosien, coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras (MSF), el 18 de septiembre.

La medida más clara de la respuesta es a quiénes se está monitoreando y qué tan pocos son. El 26 de septiembre había 31.034 personas bajo seguimiento activo como contactos de un caso confirmado, y los rastreadores visitaron a 23.187 de ellas, lo que representa una tasa del 74,7 por ciento, por debajo del 77,8 del día anterior y del 79,2 del día anterior a ese. La lista creció en mil nombres en un día, mientras que el número de personas a las que realmente se visitó disminuyó.

La práctica habitual consiste en identificar alrededor de 60 contactos por cada caso confirmado y mantener a cada uno bajo observación durante 21 días. Al ritmo al que el Congo reportaba casos esa semana, unas 54.000 personas deberían estar bajo observación. Hay 31.034. Dos de cada cinco personas que deberían estar en la lista no lo están, y una cuarta parte de las que sí están no fueron localizadas.

Jean Kaseya, director general de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades, dio a conocer el resultado a Reuters el 25 de septiembre: más del 80 por ciento de los casos recién confirmados se detectan entre personas a las que nadie está rastreando. El sistema en sí ha mejorado, con un aumento de aproximadamente ocho veces en las pruebas desde mayo, pero su alcance no ha crecido al ritmo de la epidemia. Las limitaciones son sustanciales.

En Kivu del Norte, siete hogares tenían un caso confirmado y ninguno recibió un kit de control de infecciones. En Tshopo, 97 de 99 centros de salud no cumplieron con el estándar básico de control de infecciones. Bas-Uélé cuenta con 25 kilogramos de cloro y 80 litros de combustible, pero no tiene ni un centro de tratamiento que cumpla con las normas ni una ambulancia para llegar a uno. Además, el 86,6 por ciento del personal de control de infecciones de Kivu del Norte no figura en la lista de personas a las que se les paga como parte de la respuesta.

El lugar donde se detectan los casos ha cambiado. Durante las primeras seis semanas, cuatro de cada cinco casos se registraron en los alrededores de Bunia, la capital de Ituri, en el lago Albert, y en el yacimiento aurífero de Kilo, en Mongbwalu y Nizi, cuyas minas atraen a trabajadores de otras provincias; entre los primeros 115 casos analizados, los hombres superaban en número a las mujeres y la mayoría tenía entre 20 y 49 años, la edad de los trabajadores que se dedican a la excavación. Desde entonces, la proporción de casos recién detectados en Kivu del Norte ha aumentado a lo largo de cuatro períodos de reporte, pasando del 9 por ciento al 36 por ciento, y el centro de gravedad se ha desplazado unos 61 kilómetros hacia el suroeste, a lo largo de la RN4 desde Bunia, pasando por Komanda, hasta Beni, Butembo y Katwa. Ituri sigue concentrando el 76,3 por ciento del total acumulado. Pero Beni, Mandima, Kalunguta y Mambasa fueron los principales focos de la epidemia que mató a 2,287 personas entre 2018 y 2020, y las cuatro están infectadas nuevamente. 

En Butembo, una ciudad de 2 millones de habitantes, las 29 camas del centro de tratamiento de Kitatumba, administrado por MSF, están ocupadas. Su coordinadora de proyecto, Stephanie Hoffmann, afirma que las personas que saben que tienen ébola no pueden encontrar una cama; un niño de 10 años murió en el triaje antes de que pudiera ser admitido. En todo Kivu del Norte, el 59,5 % de los diagnosticados están muriendo, frente al 48,4 % a nivel nacional; dos de cada cinco de quienes llegan a un centro de tratamiento no salen con vida, y un tercio de los pacientes de la provincia están siendo tratados fuera de cualquier centro.

El Dr. Michel Paluku Mukuloli, un médico de la ciudad, dice que sus pacientes creen que ir al hospital significa que los enviarán al centro a morir. Solo dos de los nueve puestos de control de salud de su zona sanitaria cuentan con personal. Los residentes incendiaron un puesto de salud al que acusaban de colaborar con la respuesta. A Lambert Maboko, un trabajador funerario, le rompieron la rodilla con un machete. Y las autoridades provinciales han reclutado a combatientes progubernamentales de Wazalendo para hacer cumplir las normas en las carreteras; uno de sus comandantes dijo que a quienes sigan negándose se les podría llevar a la fuerza a un centro de tratamiento y azotar.

Pepin Kavota, coordinador de la sociedad civil en Beni, explica el rechazo. Durante la epidemia de 2018 a 2020, el personal de respuesta, incluyendo a personas empleadas por la Organización Mundial de la Salud, abusó sexualmente y explotó a la población a la que se les había enviado a proteger. La respuesta actual supervisa 119 zonas de salud para detectar abusos sexuales por parte de su propio personal. Sin embargo, en 78 de ellas, nadie sabe cómo denunciar tales incidentes.

La Organización Mundial de la Salud presentó el martes su propia evaluación de la crisis del ébola. La Dra. Janet Díaz, de su Programa de Emergencias de Salud, dijo a los periodistas en Ginebra que muchas personas siguen muriendo en sus hogares o en sus comunidades porque no pueden llegar a tiempo a un centro de salud, y atribuyó esto a demoras en buscar atención y a dificultades de acceso y derivación. Dando un giro positivo a estos graves problemas, señaló que la capacidad de tratamiento ha aumentado de unas pocas camas al inicio del brote a más de 1.600 en 50 centros, y que se ha capacitado a casi 400 trabajadores de la salud. Sin embargo, el oxígeno, que calificó de decisivo para la supervivencia de los pacientes gravemente enfermos, sigue sin estar disponible o es poco confiable en muchos centros.

Nada de esto era desconocido para los gobiernos que se reunieron en Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas la semana pasada.

El 23 de septiembre, Estados Unidos convocó en Nueva York a los ministros de Relaciones Exteriores de las economías más grandes del mundo para discutir cómo detener el ébola en el Congo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón indica que la reunión comenzó a las 3:10 p. m. y duró aproximadamente una hora. Se obtuvieron nuevos compromisos por un valor aproximado de 700 millones de dólares, lo que elevó el total prometido desde que se declaró el brote a unos 2,9 mil millones de dólares, de los cuales la contribución estadounidense es de 886 millones de dólares.

Dos días después, en el mismo edificio, esos mismos gobiernos se negaron a adoptar una declaración política sobre la preparación ante pandemias. El documento no era vinculante. No obligaba a nadie a gastar nada. Aun así, fue bloqueado.

Erica Schwartz, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., señaló durante la sesión que el texto contenía “ideologías divisivas que carecían de consenso en cuanto a sus definiciones” y no especificó cuáles. Un borrador inicial al que tuvo acceso el New York Times muestra que Washington había solicitado eliminar las palabras “equidad” y “solidaridad”, así como el compromiso con el “acceso universal a la atención de salud sexual y reproductiva”. La Unión Europea lo bloqueó por cuestiones de propiedad intelectual, objetando un párrafo que reafirmaba la Declaración de Doha de 2001, la cual sostiene que los derechos de patente deben interpretarse de manera que respalden el derecho de los Estados a proteger la salud pública.

La declaración que se negaron a firmar señala un déficit anual de 15 mil millones de dólares en el financiamiento para la preparación, elogia un fondo de emergencia de la OMS que ha recibido 5,4 millones de dólares este año y está casi vacío, y compromete a los gobiernos a entregar vacunas dentro de los 100 días posteriores a una amenaza. El Congo lleva 135 días.

A una hora de discursos sobre la lucha contra el ébola le siguió, 48 horas después, la negativa a firmar una declaración que no habría costado nada, simplemente porque utilizaba la palabra “equidad” y porque tocaba el tema de las patentes y las regalías.

Esa secuencia es obscena, y también es totalmente coherente con la medicina capitalista orientada a las ganancias. Lo que se rechazó en Nueva York no fue el dinero, que ya se había conseguido. Fue el principio de que una vida congoleña tiene el mismo derecho a la medicina mundial que cualquier otra. Se eliminó «equidad» porque implica un derecho. Se eliminó el lenguaje de Doha porque implica que algún día se podría anular una patente para salvar a una población moribunda. 

No se trata de descuidos en la redacción. Así es como se ve por escrito la negligencia maliciosa.

La capacidad para poner fin a esta epidemia y prevenir la próxima ya existe. Pero el esfuerzo actual se organiza en torno a lo que se puede extraer del suelo del este del Congo, en lugar de en torno a las personas que viven sobre él. Hasta que la industria farmacéutica y los laboratorios dejen de estar en manos privadas, y los recursos que ahora se destinan a la extracción y a la guerra se redirijan hacia la infraestructura médica y sanitaria que se le ha negado a la población congoleña, cada epidemia de este tipo terminará como se está manejando esta: sin contenerse y sin contabilizarse.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 30 de septiembre de 2026)