Por primera vez en 23 años, el sarampión ha cobrado una vida en Perú. La víctima fue una joven de 16 años que vivía en uno de los cientos de pequeños asentamientos dispersos por la selva amazónica. Su comunidad se encuentra a dos horas y media en lancha de Caballococha, la localidad más cercana conectada a la red nacional de salud. Según Expreso, una vez que llegó a Caballococha, se requirieron 20.000 soles —unos 5.400 dólares— para evacuarla por vía aérea a Iquitos, la capital de Loreto, donde finalmente podría recibir atención médica adecuada.

Esa cantidad es prohibitiva para las comunidades indígenas que viven en la pobreza extrema o cerca de ella. La justificación de esta tarifa exorbitante también es difícil de entender: un vuelo comercial entre Lima e Iquitos cuesta aproximadamente 120 dólares. Para cuando llegó al hospital de Iquitos, el acceso a un ventilador y a una cama UCI de cuidados intensivos no fue suficiente para salvarla. La causa oficial de la muerte fue neumonía como resultado de complicaciones respiratorias.

No está claro por qué el Ministerio de Salud (MINSA) no utilizó un avión de la Fuerza Aérea en virtud de su convenio existente con la Fuerza Aérea del Perú. La posibilidad más perturbadora es que movilizar los recursos disponibles para salvar la vida de una joven indígena de 16 años simplemente no haya sido considerado algo que valiera la pena. Tal desprecio por las poblaciones más pobres, particularmente los pueblos indígenas de los Andes y la Amazonía, refleja un fracaso más amplio del Estado para proporcionar los recursos necesarios para proteger a quienes más los necesitan.

Una muerte prevenible

El gobierno peruano no respondió adecuadamente a las repetidas advertencias que acompañaban los informes sobre la expansión del brote de sarampión. Según datos del repositorio de salud REUNIS del MINSA citados por Expreso, la cobertura nacional de vacunación durante los cinco años anteriores promedió aproximadamente el 85 por ciento para la primera dosis y el 75 por ciento para la segunda. En 2026, se estimó que la cobertura de la primera dosis era de aproximadamente 80–85 por ciento y la de la segunda dosis de 70–75 por ciento.

El problema fundamental es la brecha de vacunación. El sarampión es extraordinariamente contagioso, y la Organización Panamericana de la Salud considera necesaria una cobertura sostenida de al menos el 95 por ciento con dos dosis para interrumpir la transmisión. Los niños pequeños y las personas no vacunadas o vacunadas de manera incompleta son particularmente vulnerables.

Para el 28 de julio, Perú había confirmado 1.233 casos de sarampión. En aproximadamente un mes, esa cifra había aumentado a 2.400, casi duplicándose.

La región amazónica enfrenta el mayor riesgo de infección

La situación es especialmente alarmante entre las poblaciones indígenas de la Amazonía, donde la cobertura de vacunación en algunas zonas apenas alcanza el 50 por ciento. Las comunidades remotas enfrentan múltiples barreras para obtener atención del sistema público de salud de Perú, y la pobreza, el aislamiento geográfico y los deficientes servicios estatales aumentan enormemente su vulnerabilidad.

El exviceministro de Salud Pública Percy Minaya ha advertido que el número de casos podría triplicarse o cuadruplicarse durante el mes siguiente, particularmente en las zonas amazónicas con la cobertura de vacunación más baja.

La joven de 16 años que murió pertenecía a la comunidad cristiana evangélica de Alto Monte, en la provincia de Ramón Castilla, que se ha convertido en un foco de transmisión. La oposición religiosa a la vacunación dentro de la comunidad ha sido identificada como uno de los obstáculos para la inmunización. Pero el director regional de Salud de Loreto, Percy Vargas, ha declarado que las prácticas religiosas por sí solas no explican el brote, subrayando una responsabilidad social más amplia en la prevención de enfermedades y la importancia de la vacunación a medida que el sarampión se propaga por la región.

Los programas de inmunización de Perú sufren problemas estructurales de larga data, agravados por una descentralización deficiente y por crisis sanitarias anteriores. El especialista en enfermedades infecciosas Dr. Juan Celis dijo a Expreso que la Amazonía contiene núcleos de comunidades nativas con bajas tasas de vacunación.

Otro obstáculo importante es la inadecuada red de transporte y comunicaciones de la región. Al parecer, el MINSA no mantiene su propia flota de hidroaviones ni una red de radio capaz de llegar a muchos asentamientos aislados. En la Amazonía, los ríos son las principales vías de transporte y, por lo tanto, seguir la propagación geográfica del sarampión requiere prestar mucha atención a las redes fluviales por las que se desplaza la población.

La desnutrición representa un riesgo adicional. El sarampión puede ser considerablemente más peligroso entre las personas que sufren desnutrición crónica y anemia, y Loreto presenta altas tasas de ambas.

El sarampión no es la única enfermedad infecciosa que amenaza a los habitantes de la Amazonía y de las comunidades de difícil acceso en los Andes. La malaria, el dengue, la leishmaniasis y los parásitos intestinales son amenazas persistentes. La tos ferina mató a 54 personas en Loreto en 2025 y a otras 16 en lo que va de este año.

Transmisión a nivel nacional

Aunque el brote afecta de manera desproporcionada a las comunidades indígenas de la Amazonía, el resto de Perú de ninguna manera está protegido. La desigual provisión de medicamentos, vacunación y atención médica es un problema con el que el Estado peruano ha lidiado durante décadas.

Las mayores cifras de casos reportados hasta ahora incluyen 495 en Arequipa, 400 en Puno, 148 en Madre de Dios y 58 en Loreto. Estas cifras reflejan únicamente dónde se detectan los casos: la misma ausencia de transporte y comunicaciones que dejó varada en la Amazonía a una joven moribunda también hace que las infecciones de la región permanezcan en gran medida sin contabilizar.

El brote también ha llegado a establecimientos de salud en Lima. En agosto, el Ministerio de Salud informó de un brote entre trabajadores del Hospital Casimiro Ulloa, lo que llevó al fortalecimiento de las medidas de aislamiento, vigilancia y control de infecciones en hospitales públicos y privados. Los entornos urbanos densamente poblados ofrecen condiciones favorables para la transmisión de una enfermedad que se propaga directamente de persona a persona.

La distribución de las infecciones no es uniforme. Los casos se concentran en focos específicos, particularmente en comunidades extremadamente pobres situadas lejos de establecimientos de salud. Perú tiene aproximadamente 1,125 millones de niños no vacunados.

Una epidemia mundial

El resurgimiento del sarampión no se limita a Perú. En las Américas, Perú tiene el cuarto mayor número de casos reportados, detrás de México, con 12.495; Guatemala, con 6.655; y Estados Unidos, con 3.659. Perú había registrado aproximadamente 2.400 hasta el 27 de septiembre.

Con una población de aproximadamente una décima parte de la de Estados Unidos, la cantidad de casos de Perú equivale, ajustada por población, a unos 24.000 casos en Estados Unidos, más de seis veces el número reportado allí.

Que la comparación sea desfavorable para Perú no significa que Estados Unidos esté bien protegido. Bajo la falsa bandera de “Make America Healthy Again”, el secretario de Salud y Servicios Humanos de Trump, Robert F. Kennedy Jr., ha ordenado investigaciones sobre los efectos adversos reportados después de la vacunación y una revisión del calendario de vacunación infantil. Ha supervisado la reducción de la plantilla de los CDC en casi un tercio y ha promovido públicamente afirmaciones falsas críticas de las vacunas. El resultado es el peor brote en Estados Unidos desde 1991, siendo Pensilvania el estado más afectado.

La crisis se extiende mucho más allá de las Américas. Bangladesh ha reportado más de 210.000 casos sospechosos y más de 1.100 muertes desde marzo, en su inmensa mayoría entre niños, mientras que India ha reportado 26.607 casos. También se han reportado infecciones en la República Democrática del Congo y en toda Europa. El Reino Unido perdió su estatus de país libre de sarampión en febrero de 2026.

La Organización Mundial de la Salud informó que 14,3 millones de bebés no recibieron ninguna vacuna contra el sarampión en 2024 y que la cobertura mundial de la primera dosis se situó en apenas el 84 por ciento, dejando a todas las regiones por debajo de los niveles necesarios para la eliminación.

Los programas internacionales de salud pública también enfrentan presiones financieras y políticas. La retirada de Estados Unidos de la OMS y las reducciones del financiamiento estadounidense para los programas internacionales de vacunación amenazan la vigilancia epidemiológica y la capacidad de inmunización en los países más pobres. Las Américas están experimentando ahora su mayor número de casos de sarampión en más de dos décadas, aumentando el peligro de nuevas cadenas de transmisión en Perú.

El gobierno de Fujimori

Mientras el nuevo gobierno de la presidenta Keiko Fujimori concentra sus esfuerzos en obtener facultades legislativas que le permitirían declarar estados de emergencia y desplegar a las fuerzas armadas en nombre de la lucha contra el crimen, Perú enfrenta crecientes problemas sociales y económicos, incluida una inflación impulsada por el aumento de los precios de los combustibles y los alimentos.

El gobierno también ha anunciado la formación de una comisión asesora compuesta por destacados partidarios del expresidente Alberto Fujimori, que reportaría directamente a la presidenta en lugar de hacerlo a través del gabinete encabezado por el primer ministro Luis Galarreta.

El contraste no podría ser más marcado. Un Estado que está comprando 12 aviones de combate Lockheed Martin F-16 a un costo de unos 3.500 millones de dólares, que está planificando cinco megacárceles y que se ha comprometido con el “Escudo de las Américas” de Washington, no pudo encontrar 5.400 dólares para trasladar en avión a una joven moribunda de 16 años a un hospital. Esto no es una falta de recursos. Es una declaración de prioridades, y la hace cada gobierno capitalista del continente.

La epidemia de sarampión expone una verdad fundamental: bajo el capitalismo, las vidas de la clase trabajadora y de las poblaciones más pobres y geográficamente más aisladas son prescindibles. Defender el derecho a la atención médica requiere la movilización política independiente de la clase trabajadora en Perú e internacionalmente, sobre la base de un programa socialista que subordine la producción y la asignación de los recursos sociales a las necesidades humanas en lugar del beneficio privado y el gasto militar.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 1 de octubre de 2026)