Ya han pasado dos años desde que el Janatha Vimukthi Peramuna (Frente de Liberación Popular)/Poder Popular Nacional (JVP/NPP) llegó al poder en Sri Lanka. El 21 de septiembre de 2024, el líder del JVP/NPP, Anura Kumara Dissanayake, ganó las elecciones presidenciales con aproximadamente el 42 por ciento de los votos —un aumento de más de 12 veces respecto al 3,1 por ciento que había obtenido en las elecciones presidenciales anteriores de 2019. En las elecciones parlamentarias posteriores, celebradas dos meses más tarde, a mediados de noviembre, el JVP/NPP, que solo había ocupado tres escaños en el parlamento saliente, obtuvo una mayoría de más de dos tercios.

Dos días antes de las elecciones presidenciales, el World Socialist Web Site denunció la campaña presidencial del JVP/NPP como “una trampa para la clase trabajadora de Sri Lanka”. Advirtió que el JVP era “un partido capitalista, impregnado de chovinismo cingalés y profundamente hostil hacia la clase trabajadora”, que “hacía mucho tiempo había abandonado sus pretensiones socialistas y, durante las últimas tres décadas... se había integrado por completo en el establishment político”.

Apenas dos días después de las elecciones, el 23 de septiembre de 2024, el WSWS advirtió: “Aprovechando su imagen de ‘outsider’, el JVP hizo promesas limitadas de aumentar el gasto social, al tiempo que arremetía contra la corrupción manifiesta de la élite política tradicional…

“Todo esto fue totalmente hipócrita. El JVP se ha comprometido públicamente a actuar dentro de ‘los parámetros’ del rescate del FMI negociado por [el expresidente] Wickremesinghe”.

El análisis político y las advertencias del WSWS y del Partido Socialista por la Igualdad (SEP o PSI en español) han quedado claramente confirmados durante los últimos dos años. Haciendo caso omiso de sus promesas electorales, el gobierno del JVP/NPP ha intensificado sin piedad la austeridad dictada por el Fondo Monetario Internacional, se ha alineado con el imperialismo estadounidense y sus aliados, y ha desatado la represión estatal contra los trabajadores y estudiantes que, cada vez más, han entrado en lucha contra los ataques del gobierno a sus condiciones de vida y los recortes a la educación y otros servicios públicos.

El JVP/NPP salió elegido al aprovechar la ira popular masiva contra los partidos tradicionales de la isla: el Partido Nacional Unido (UNP), el Partido de la Libertad de Sri Lanka (SLFP), sus ramificaciones —ahora más grandes—, respectivamente el Samagi Jana Balawegaya (SJB) y el Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP), y los partidos burgueses tamiles y musulmanes. Todos estos partidos, ya sea al encabezar gobiernos sucesivos o al apoyarlos, han atacado durante décadas los derechos sociales y democráticos de los trabajadores y los laboriosos de la isla.

En medio de una crisis sin precedentes del capitalismo de Sri Lanka y del colapso del apoyo popular a sus partidos tradicionales de gobierno, sectores importantes de la clase dominante se volvieron hacia el JVP/NPP, que nunca antes había ocupado cargos de gobierno, calculando que este podría aplicar mejor los dictados de austeridad socialmente incendiarios del FMI.

Dos años antes, en 2022, el régimen burgués de Sri Lanka se había visto sacudido por un levantamiento masivo de trabajadores, jóvenes y pobres del campo, avivado por las insoportables condiciones económicas y sociales desencadenadas por la pandemia de COVID-19, la guerra contra Rusia instigada por la OTAN y el incumplimiento del gobierno en el pago de la deuda nacional. Tras más de tres meses de protestas masivas y huelgas, el presidente Gotabaya Rajapakse se vio obligado a renunciar y huir del país.

El JVP/NPP demostró —desde el punto de vista de la burguesía de Sri Lanka y del imperialismo mundial— su idoneidad para ocupar cargos más altos gracias al papel que desempeñó en el descarrilamiento y la represión del levantamiento de 2022. Actuando en connivencia con el principal partido de oposición de las grandes empresas, el SJB, y con la ayuda del falso partido de izquierda Frente Socialista (FSP) y las burocracias sindicales, sometió políticamente al movimiento de masas al orden social y político existente, exigiendo un gobierno capitalista interino basado en la camarilla de partidos de derecha en el parlamento.

Cuando la clase dominante procedió a imponer al inveterado derechista y títere del imperialismo estadounidense Ranil Wickremesinghe como presidente interino mediante un voto de los mismos diputados cuya destitución habían exigido las masas, el JVP/NPP ayudó a legitimar esta maniobra antidemocrática al presentar a Dissanayake como candidato.

Aprovechando la confusión entre los trabajadores por la rapidez y facilidad con que les habían robado su “victoria” sobre el odiado Rajapakse, Wickremesinghe actuó rápidamente para usar la represión y despejar las calles, y para negociar, tal como lo había exigido la oposición, un “rescate” del FMI.

Pero la tregua resultó ser muy temporal. Con Wickremesinghe y su gobierno enfrentándose a una creciente oposición popular y aún ante el desafío de imponer la mayor parte de los recortes de gasto, aumentos de impuestos y medidas de privatización exigidas por el FMI, sectores poderosos de la clase dominante llegaron a considerar que llevar al poder al JVP/NPP era su opción menos mala para imponer una austeridad salvaje e integrar aún más a Colombo con la agenda depredadora del imperialismo estadounidense y su principal aliado en Asia del Sur, la India.

Un instrumento para imponer la brutal austeridad del FMI

Inmediatamente después de llegar al poder, el gobierno de Dissanayake abandonó su promesa electoral de renegociar el acuerdo de rescate del FMI y, en su lugar, se comprometió ante el capital global a implementarlo en su totalidad.

Los presupuestos de los últimos dos años, presentados por el presidente Dissanayake en su calidad de ministro de Finanzas, han marcado una intensificación dramática de la guerra contra las condiciones de vida de los trabajadores.

Estos presupuestos han incluido ataques brutales contra los ingresos y las condiciones laborales de los trabajadores. Solo han proporcionado aumentos salariales mínimos, que de ninguna manera compensan la caída masiva de los salarios reales desde 2022; han seguido aumentando la carga fiscal sobre los trabajadores; han iniciado la reestructuración y privatización de 400 empresas estatales —un proceso destinado a eliminar cientos de miles de empleos—; y han establecido zonas industriales bajo una nueva ley de inversiones formulada para «proteger las inversiones» y garantizar la repatriación de ganancias para el capital extranjero.

Abandonando cualquier vestigio de su antigua retórica antiimperialista, el gobierno del JVP ha integrado a Colombo aún más estrechamente en la ofensiva militar-estratégica de EE. UU. contra China y ha fortalecido los lazos con Israel.

Las políticas proimperialistas del gobierno quedan al descubierto en su actitud hacia la guerra criminal de Estados Unidos e Israel contra Irán. Ha expresado su “profunda preocupación” por la amenaza a la estabilidad regional y ha pedido una “desescalada”, pero se ha negado rotundamente a nombrar a los agresores —Estados Unidos e Israel— o a la víctima de esta guerra de agresión no provocada —Irán—.

Adoptó la misma postura ante el ataque genocida de Israel contra los palestinos de Gaza, respaldado por Estados Unidos, pidiendo la desescalada y la moderación, sin nombrar a Estados Unidos ni a Israel, y mucho menos condenarlos por crímenes de guerra de proporciones colosales.

El JVP/NPP hizo una serie de promesas electorales a la oprimida minoría tamil que, como era de esperarse, han resultado ser un cruel engaño. Entre ellas se incluían: la liberación de los presos políticos detenidos durante y en el período inmediatamente posterior a la guerra civil de tres décadas; la devolución de las tierras ocupadas por el ejército en el norte y el este, devastados por la guerra, a sus propietarios originales; y el suministro de información sobre los desaparecidos (la mayoría de los cuales fueron asesinados por las fuerzas de seguridad).

Con el objetivo de obtener votos tamiles, el JVP/NPP intentó, en el período previo a las elecciones de 2024, distanciarse en cierta medida de su largo historial de chovinismo cingalés, que incluyó un apoyo incondicional a la guerra comunal durante todo ese tiempo.

La continuación de esta política comunal reaccionaria queda claramente demostrada en las medidas del gobierno del JVP/NPP para el registro formal del Tissa Vihaharaya, un templo budista construido ilegalmente por los militares en tierras confiscadas durante la guerra a familias tamiles desplazadas, así como en el incumplimiento de sus promesas electorales al pueblo tamil.

Cuando Dissanayake afirma que su gobierno defiende la “unidad nacional” y la “reconciliación”, está utilizando eufemismos para referirse a la continuación del dominio mayoritario cingalés. El gobierno del JVP/NPP se opone vehementemente a cualquier investigación sobre los crímenes de guerra perpetrados por el ejército durante la guerra civil y continúa con la ocupación militar en el norte y el este.

A medida que los trabajadores han comenzado a resistirse a las medidas de austeridad del gobierno, este ha actuado rápidamente para reprimir a la oposición mediante métodos propios de un estado policial, invocando órdenes de servicios esenciales contra huelgas y protestas y desplegando a la policía y al ejército.

La creciente desilusión con el gobierno liderado por el JVP se manifestó por primera vez en las elecciones a los consejos locales celebradas en mayo de 2025. Su votación cayó alrededor de 18 puntos porcentuales en comparación con las elecciones parlamentarias de seis meses antes. Temiendo una mayor erosión de su apoyo, el gobierno del JVP/NPP ha pospuesto de manera antidemocrática las elecciones a los consejos provinciales.

Un de los principales pilares del gobierno son las burocracias sindicales. Los sindicatos del JVP siguen imponiendo la prohibición efectiva de las acciones sindicales que impusieron en el período previo a las elecciones presidenciales, como parte de los esfuerzos de su partido por convencer a la burguesía de que se le podían confiar las riendas del poder. Los demás sindicatos, por su parte, buscan prevenir y, cuando eso resulta imposible, sofocar toda acción de los trabajadores. Ninguno exige el rechazo al programa de austeridad del FMI ni a las deudas contraídas, a costa de los trabajadores, por sucesivos gobiernos capitalistas, y mucho menos llama a una acción industrial y política masiva de la clase trabajadora para hacer valer estas demandas.

A principios de 2025, unos 100.000 trabajadores de la salud intentaron luchar contra los recortes a sus prestaciones, pero los líderes sindicales convocaron solo huelgas limitadas de un día y luego abandonaron por completo cualquier acción, alegando los llamamientos del gobierno. De manera similar, en agosto del año pasado, los trabajadores postales se declararon en huelga durante una semana desafiando la legislación sobre servicios esenciales, pero los burócratas sindicales se rindieron rápidamente cuando el gobierno recurrió al ejército y a la policía para romper la huelga, ordenando a los trabajadores que regresaran al trabajo sin que se hubiera cumplido ni una sola de sus 19 demandas.

Sin embargo, la oposición a la austeridad del FMI y a sus ejecutores estatales del JVP y el NPP sigue creciendo. En los últimos tiempos, miles de agricultores han realizado protestas exigiendo un precio garantizado más alto para el arroz en cáscara, subsidios y otras facilidades para el cultivo. A principios de septiembre, alrededor de 5.000 profesores universitarios participaron en una huelga de dos días, y ha habido huelgas y protestas de trabajadores ferroviarios y de la fábrica azucarera de Sevanagala, así como de estudiantes que se oponen a los recortes del gobierno en educación.

Como resultado de su historial de ataques despiadados contra los derechos sociales y democráticos de los trabajadores, la juventud y los pobres del campo, el gobierno del JVP/NPP se enfrenta a una creciente indignación popular. Según la última encuesta “Mood of the Nation” de Verité Research, el índice de aprobación del gobierno ha caído drásticamente a aproximadamente el 50 por ciento en julio, desde un máximo postelectoral del 65 por ciento en febrero pasado.

En un intento por revertir la erosión de su apoyo entre los trabajadores y la población rural pobre, el JVP/NPP ha iniciado una serie de reuniones públicas para conmemorar el segundo aniversario de su llegada al poder. Para finales de octubre, Dissanayake habrá pronunciado discursos en reuniones bajo el lema «Dos años de nuestro gobierno: una nación próspera» en cada uno de los 25 distritos del país.

Al no poder señalar ninguna mejora en las condiciones de vida de las masas, Dissanayake está redoblando los esfuerzos del JVP/NPP por atribuir la crisis del capitalismo de Sri Lanka y del mundo a la “corrupción” de un puñado de familias de la élite que, desde la independencia, han liderado a los partidos tradicionales de gobierno, ahora profundamente desacreditados. Antes de que el JVP/NPP llegara al poder, Dissanayake afirma con vehemencia que “Sri Lanka funcionaba como un ‘Estado negro’”, pero ahora esto supuestamente está cambiando gracias a la “guerra contra la corrupción” del gobierno y a la aplicación del “estado de derecho”.

Según estimaciones del Banco Mundial, cerca del 22 por ciento de la población vive sumida en la pobreza, mientras que el 10 por ciento de la población se encuentra apenas por encima del umbral de pobreza. Aproximadamente el 39 por ciento de los hogares tiene una alimentación inadecuada, mientras que casi un tercio de los niños menores de cinco años sufre de desnutrición. Los salarios del sector público han disminuido un 33 por ciento desde 2022. Un informe de investigación reciente, basado en datos de la Organización Internacional del Trabajo, situó a Sri Lanka en el puesto 120 entre los 130 países con los salarios mínimos más bajos, por debajo de Pakistán, Nepal, Bangladés e India.

La burguesía, por su parte, puede celebrar que Sri Lanka sea una “nación próspera” bajo el gobierno del JVP y el NPP. Las principales empresas registran continuamente mayores utilidades. John Keells Holdings, el conglomerado cotizado más grande del país, cerró el año fiscal en marzo de 2026 con un aumento del 143 por ciento en sus utilidades antes de impuestos. Commercial Bank, el banco privado más grande de Sri Lanka, reportó utilidades de 17,49 mil millones de rupias para el trimestre que finalizó en junio de 2026, lo que representa un aumento de casi el 8 por ciento interanual.

Todos los partidos de la oposición apoyan el programa de austeridad del FMI. Sus llamamientos a “no imponer cargas a las masas” son un fraude evidente.

El FSP, de falsa izquierda, que aclamó la elección del gobierno del JVP/NPP a finales de 2024 como una “expresión de las expectativas del pueblo”, ahora critica al gobierno por continuar con el programa de sus predecesores. Sin embargo, sigue promoviendo al JVP/NPP como una alternativa progresista a los partidos tradicionales de la burguesía, en lugar de denunciarlo como un instrumento para imponer despiadadamente su dominio, e insta a que se ejerza presión sobre el gobierno para que siga el “camino correcto”

La clase trabajadora y los trabajadores rurales están en curso de colisión con el gobierno del JVP/NPP. Bajo el programa del FMI, este se ha comprometido a intensificar drásticamente la austeridad y la explotación de los trabajadores para generar un gran superávit presupuestario y, para 2028, reanudar los pagos de la deuda de 5 mil millones de dólares al año. Además, debe hacerlo en medio de una crisis económica mundial que se intensifica debido a la guerra comercial, los desequilibrios masivos y la guerra mundial en desarrollo.

La clase trabajadora debe estar armada con una estrategia revolucionaria

El levantamiento de 2022 reveló el enorme poder social de la clase trabajadora, que pasó cada vez más a primer plano y dominó el movimiento de masas que derrocó a Rajapakse. Pero su lección fundamental es la urgencia de construir una dirección revolucionaria en la clase trabajadora basada en el programa trotskista de la revolución permanente para encabezar la lucha por establecer la independencia política y la hegemonía de la clase trabajadora, de modo que pueda movilizar a todos los oprimidos contra el capitalismo de Sri Lanka y, junto con los trabajadores de todo el mundo, contra el imperialismo mundial.

Solo mediante el desarrollo de un partido de vanguardia de este tipo podrá la clase trabajadora imponer su propia solución socialista a la crisis capitalista —una que rechace su subordinación a los imperativos de ganancia del capital nacional y global—.

El programa y la perspectiva sobre los que construir dicho partido y movilizar a la clase trabajadora y a los trabajadores oprimidos se elaboraron en la resolución principal, “La estrategia y el programa del SEP en la lucha contra el gobierno del JVP y el capitalismo”, aprobada por unanimidad en el 4.º congreso nacional del partido el mes pasado.

En ella se analiza la evolución del JVP desde una organización radical nacionalista pequeñoburguesa hasta convertirse en un partido de dominio burgués y contrarrevolución social. Al desmentir la afirmación de que el JVP hubiera sido alguna vez “marxista” o “socialista” y que solo más tarde hubiera degenerado, la resolución del SEP documenta que, desde el principio, el JVP/NPP fue hostil hacia la clase trabajadora. Basándose en una mezcla ecléctica de estalinismo, guerrillerismo maoísta-castrista y populismo cingalés, abogaba por la subordinación de la clase trabajadora a la llamada burguesía “patriótica”, menospreciaba las luchas económicas de los trabajadores calificándolas de “luchas por tazas de avena” y lanzaba diatribas chovinistas contra los trabajadores tamiles. Para la década de 1980, ya funcionaba como un auxiliar de la burguesía y su Estado en su apoyo incondicional a la guerra antitamil y a la defensa del Estado unitario.

Basándose en la lucha de la RCL-SEP por la revolución permanente contra el JVP, la resolución del congreso esboza un programa de lucha revolucionaria para la clase trabajadora en oposición a todos los partidos e instituciones de la burguesía, incluidos los aparatos sindicales procapitalistas.

El SEP propone la formación de comités de acción, elegidos democráticamente por los trabajadores en cada lugar de trabajo, plantación y centro económico importante, como base para movilizar el poder social de los trabajadores, oponerse a la austeridad del FMI y construir la fuerza política independiente de los trabajadores.

El SEP hace hincapié en que no existe una solución progresista para los trabajadores dentro del marco del sistema capitalista o del Estado-nación. Llamamos al establecimiento de un Congreso Democrático y Socialista de Trabajadores y Masas Rurales, basado en comités de acción independientes de trabajadores y pobres rurales, para formular un programa de políticas socialistas y desarrollar la lucha por un gobierno de trabajadores y campesinos.

El SEP destaca el carácter internacional de la lucha, señalando que los trabajadores de Sri Lanka deben unirse a la clase obrera internacional mediante la coordinación de sus comités de acción con la Alianza Internacional Obrera de Comités de Base (AIO-CB) y construirla como el centro de coordinación de una respuesta global de los trabajadores.

Los dos años de gobierno del JVP y el NPP han confirmado plenamente el análisis político y las advertencias emitidas por el WSWS y el SEP. Únete al SEP y construyelo como el partido revolucionario de masas que liderará las luchas por venir en favor de un gobierno de trabajadores y campesinos, como parte de la lucha por el socialismo internacional.

(Artículo publicado originalmente en inglés 30 de septiembre de 2026)