La policía de la Guardia Estatal de Chiapas arrestó el sábado a un migrante hondureño en la localidad de Mapastepec, en la costa del Pacífico sur de México, acusándolo de ser uno de los organizadores de la caravana de migrantes “Fe y Esperanza con Dios”. Los agentes detuvieron al hombre, identificado únicamente como Jason “N”, mientras el grupo descansaba y se lo llevaron en una patrulla.

Los miembros de la caravana intentaron impedir la detención, señalando que la policía no mostró ninguna orden de arresto. “Lo están acusando de ser guía de la caravana, pero no es guía. Se lo llevaron sin ninguna justificación”, dijo un migrante a La Jornada. “Es simplemente otro migrante que incluso ha ayudado a las mujeres y a los niños. Ha estado caminando con nosotros desde San Pedro Sula, Honduras, y después de tanto sacrificio hacen esto”.

Las autoridades de Chiapas, controladas por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar del partido oficialista de “izquierda”, Morena, afirmaron posteriormente que Jason tenía una “Notificación Roja” en Honduras, sin nombrar ningún delito, y lo entregaron a las autoridades migratorias para que lo entregaran al Gobierno hondureño.

La caravana salió de San Pedro Sula el 20 de septiembre, entró en México el 24 de septiembre y creció hasta superar las 600 personas en Tapachula cuando se le unieron salvadoreños, guatemaltecos, ecuatorianos, venezolanos, cubanos y haitianos varados durante meses. Es la segunda caravana en seis semanas. El 20 de agosto, otra caravana llamada “Sueños Sin Fronteras” salió de Tapachula, la principal ciudad fronteriza de México con Guatemala, con cientos de trabajadores que buscaban empleo y documentos que les permitieran viajar dentro de México. Se disolvió a principios de septiembre en Arriaga, después de recorrer más de 250 kilómetros a pie, cuando el Instituto Nacional de Migración (INM) entregó permisos provisionales de 30 días.

El arresto en la carretera, bajo un pretexto que nadie se ha molestado en fundamentar, tiene como único objetivo aterrorizar a los trabajadores migrantes. El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que se presenta como “humanitario”, democrático y defensor de la soberanía mexicana, está utilizando la maquinaria estatal construida por Morena contra los trabajadores más vulnerables del continente, por orden del gobierno fascistoide en Washington.

“Cero posibilidades”

El arresto se produjo días después de que la Casa Blanca ordenara a México intervenir. El 1 de octubre, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, declaró:

He sido muy claro con mi homólogo en México: si permiten que sigan llegando al norte, cuando lleguen a su frontera norte, nuestra frontera sur, no vamos a permitirles entrar... Cero posibilidades.

Mullin añadió que lo que ocurra en los próximos meses depende de México y que los miembros de la caravana deben solicitar asilo allí en virtud del acuerdo de “primer país” con Washington. El zar fronterizo Tom Homan amenazó con deportarlos a terceros países. Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) amenazó a la caravana con un video de tackles violento del exjugador de la NFL Brian Dawkins, bajo el lema “Ha llegado nuestro momento”, seguido de una imagen que declaraba “la frontera está cerrada”. Tanto Dawkins como la NFL protestaron contra el video y presentaron una demanda formal para que fuera retirado.

La Patrulla Fronteriza registró 8.870 detenciones en la frontera entre Estados Unidos y México en agosto, una cifra históricamente baja, un 94 por ciento inferior al promedio mensual durante Biden. La administración Trump se atribuye el mérito, pero el verdadero cuello de botella está en el sur de México. Según La Jornada, unas 20 caravanas han intentado salir de la frontera sur desde que Sheinbaum asumió el cargo en octubre de 2024. Todas fueron disueltas en los estados sureños de Chiapas y Oaxaca.

El historial de Morena

En junio de 2019, bajo la amenaza de aranceles de Trump, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió la recién creada Guardia Nacional a la frontera con Guatemala y aceptó el programa “Quédate en México”. En marzo de 2023, 40 migrantes murieron encerrados dentro de un centro de detención del INM en llamas en Ciudad Juárez.

El 1 de octubre de 2024, el día en que Sheinbaum tomó posesión, soldados abrieron fuego contra un camión cerca de Huixtla, Chiapas, matando a seis migrantes. En febrero de 2025, bajo amenazas arancelarias de Trump, México envió 10.000 soldados a la frontera norte.

Posteriormente, Sheinbaum ordenó el arresto de Luis Rey García Villagrán, director del grupo de defensa de migrantes Centro de Dignificación Humana, en vísperas de otra caravana. Sheinbaum dictó su veredicto antes de cualquier juicio: “No es un activista ... está vinculado con la trata de personas”. Un juez federal lo puso en libertad seis días después por falta de pruebas. García Villagrán sigue activo en Tapachula y el mes pasado presentó amparos en nombre de la caravana hondureña. Califica a la ciudad de “una prisión para migrantes impuesta y consentida por el Estado mexicano... no hay trabajo, no hay educación, no hay hospitales, no hay nada”.

Hay que advertirlo: el trato asesino y aterrorizador del aparato represivo contra los migrantes prepara el terreno para su despliegue contra la clase trabajadora en su conjunto.

Las condiciones desesperadas de las que huyen los migrantes

La caída de los cruces a EE.UU. no significa que las condiciones hayan mejorado en América Latina. Los trabajadores siguen emprendiendo el camino porque la vida en sus países y en los países vecinos se ha vuelto imposible.

La mayoría de la caravana actual es hondureña. Según el Instituto Nacional de Estadística de Honduras, el 61,1 por ciento de los hogares vivían por debajo del umbral de pobreza en 2026, frente al 60,1 por ciento un año antes, mientras la pobreza extrema aumentó del 38,3 al 39,7 por ciento. Las estimaciones locales sitúan la informalidad en cerca del 78 por ciento de la fuerza laboral.

Ese Gobierno está encabezado por Nasry Asfura, el candidato del Partido Nacional respaldado por Trump, que asumió el cargo en enero. El 28 de septiembre, el último aumento del precio del combustible desencadenó bloqueos de carreteras y barricadas incendiadas en Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choloma, encabezados por conductores de autobuses, taxis y transporte escolar.

“Todo está muy caro: el aceite, el combustible, la comida”, dijo un conductor de autobús escolar a El Heraldo. Las protestas semanales también han apuntado contra reformas ampliamente consideradas como preparativos para la privatización de la empresa estatal de electricidad.

En Guatemala, trabajadores del transporte y comunidades indígenas pasaron gran parte de septiembre bloqueando carreteras en protesta contra el aumento vertiginoso de los precios del combustible y los alimentos.

El fenómeno climático de El Niño, agravado por el calentamiento global, ha empeorado mucho la situación. Este es el año más seco registrado en Tegucigalpa, donde el agua llega una vez cada 12 días. En agosto, el Gobierno puso a casi el 80 por ciento del país en alerta y se perdieron cosechas de maíz y frijoles. Asfura admitió que “esta crisis durará hasta marzo o abril del próximo año”.

Estas condiciones son resultado de más de un siglo de opresión imperialista al servicio de los bancos y las corporaciones estadounidenses. Hoy están empeorando rápidamente en medio de una nueva ofensiva política de Washington. La invasión estadounidense de Venezuela en enero y la imposición de un protectorado sobre su petróleo, junto con la instalación de una serie de Gobiernos de extrema derecha, desde Javier Milei en Argentina y José Antonio Kast en Chile, hasta Daniel Noboa en Ecuador, Nayib Bukele en El Salvador y Asfura en Honduras, han traído recortes a los programas sociales y una intensificación de la explotación. Casi la mitad de los trabajadores de la región se encuentran en la economía informal, donde la extorsión y la violencia de las pandillas se alimentan de la pobreza.

Los migrantes han comenzado a llamar a su marcha “Pan y Esperanza”, en agradecimiento a los trabajadores y residentes mexicanos que les han dado de comer a lo largo del camino.

La escena recuerda a octubre de 2018, cuando una caravana salió de la misma ciudad de San Pedro Sula, creció hasta 7.000 personas y fue recibida en todo el sur de México por residentes que llevaban alimentos y agua. Frente a las amenazas y los ataques policiales de Trump, los manifestantes coreaban: “¡Los migrantes no somos criminales, somos trabajadores internacionales!”

El World Socialist Web Site escribió en ese momento que los trabajadores deben “reconocer en esta caravana un regimiento amigo de aliados de clase”, y explicó:

La clase trabajadora está demostrando de facto, al marchar a través de las fronteras nacionales, que la división de jure del mundo en Estados nacionales bajo el capitalismo es incompatible con las aspiraciones y las necesidades materiales de miles de millones de trabajadores.

Ocho años después, esa evaluación ha sido confirmada. El Gobierno de Sheinbaum, al igual que los regímenes de derecha que tiene al sur, actúa como el brazo ejecutor del imperialismo estadounidense y de sus socios multimillonarios locales. Mientras tanto, los trabajadores a nivel internacional están entrando en lucha en defensa de los empleos y contra el costo de vida, la dictadura y la guerra, como demuestran los bloqueos en Honduras y Guatemala. La defensa de los migrantes debe ser central en estas luchas.

Los trabajadores de México, Centroamérica y Estados Unidos deben responder a la persecución de las caravanas uniéndose como una sola clase internacional contra el sistema capitalista que los desarraiga y les impide reconstruir sus vidas donde elijan.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 05/10/2026)