Una ola de huelgas y protestas sacude a Chile mientras el gobierno del presidente de extrema derecha José Antonio Kast sigue adelante con un presupuesto para 2027 que desmantela la educación pública, la salud y la cultura, al tiempo que otorga exenciones fiscales a los monopolios mineros y al capital financiero. El jueves 1 de octubre, más de 20.000 estudiantes y trabajadores marcharon por Santiago y otras ciudades en contra de los recortes presupuestarios, en la mayor movilización nacional desde que Kast asumió el cargo en marzo. La manifestación fue reprimida con gas lacrimógeno, cañones de agua y detenciones masivas por parte de la policía militarizada de los Carabineros.

La marcha, convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) bajo el lema “Ni un peso menos para la educación,” fue autorizada por la propia Delegación Presidencial del gobierno. Contó con el respaldo de la Asociación de Docentes y de más de 30 organizaciones sociales, entre ellas la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Sin embargo, las Fuerzas Especiales de los Carabineros —las mismas unidades cuyo historial de asesinatos y mutilaciones durante la revuelta social de 2019 sigue casi totalmente impune— atacaron la manifestación pacífica con cañones de agua y gas lacrimógeno en varios puntos a lo largo de la Alameda. Los últimos informes indican que al menos 31 personas fueron detenidas, además de numerosos heridos y personas afectadas por el gas.

El presidente del Colegio de Docentes, Mario Aguilar, calificó la represión de “brutal e injustificada,” y afirmó que la marcha se había desarrollado “con total normalidad y orden” hasta que la policía atacó sin provocación alguna. “Nos lanzaron gas, nos dejaron asfixiados, la gente se desmayó. Esto es brutalidad. Esto es puro fascismo,” dijo.

La magnitud de la violencia policial contrasta fuertemente con el trato dado a un incidente menor ocurrido frente a la Pontificia Universidad Católica (PUC), donde un pequeño grupo de estudiantes ultraderechistas pro-Kast, pertenecientes al Movimiento Gremialista y a Solidaridad UC, organizó una contramanifestación. Un puñado de individuos encapuchados dentro de la marcha se enfrentó a estos estudiantes de derecha. El incidente, en el que participó una minúscula fracción de los 20.000 manifestantes, ha sido aprovechado por el gobierno y los medios corporativos para criminalizar a todo el movimiento de protesta. Todo el asunto está siendo amplificado por los medios corporativos y la derecha para justificar el aparato de estado policial que Kast está construyendo con el respaldo de Washington.

El embajador de EE. UU., Brandon Judd, nombrado por Trump, intervino directamente en los asuntos internos de Chile, aplaudiendo a Kast por condenar la violencia y anunciando que a los implicados se les prohibiría viajar a Estados Unidos. “Estados Unidos trabaja junto con nuestros aliados en todo el hemisferio para hacer frente a la violencia política, y quienes cometen delitos violentos no tienen derecho a viajar a Estados Unidos,” declaró Judd.

Huelgas en salud y minería

La marcha estudiantil se produjo un día después de que los trabajadores de la atención primaria de salud concluyeran una huelga nacional de dos días. La Confederación Nacional de Trabajadores Municipales de la Salud (Confusam) paralizó los Centros de Salud Familiar (CESFAM), los puestos rurales y otros centros de atención primaria en todo el país los días 29 y 30 de septiembre, exigiendo un aumento en el financiamiento per cápita que el Estado proporciona por cada paciente registrado. La huelga, que alcanzó un 90 por ciento de participación, fue recibida con amenazas por parte de los alcaldes, quienes advirtieron que tomarían medidas disciplinarias contra los trabajadores movilizados.

Los trabajadores de la salud exigen un aumento de 1.000 pesos chilenos en la asignación per cápita para 2027, tras dos años consecutivos en los que el monto se mantuvo congelado. El gobierno les debe a los municipios más de 37 mil millones de pesos en transferencias que han sido retenidas desde diciembre de 2025. Como explicó la presidenta de Confusam, Gabriela Flores, el pago tardío de esta deuda por parte del gobierno “de ninguna manera resuelve la crisis de financiamiento de la atención primaria. Seguimos arrastrando una deuda estructural que afecta a millones de personas”.

Mientras tanto, en el sector minero, el motor de la economía chilena, los trabajadores se encaminan hacia una huelga. El miércoles, los supervisores de la mina Escondida, la mina de cobre más grande del mundo, operada por el gigante anglo-australiano BHP, votaron de manera abrumadora—94,8 por ciento—para rechazar la oferta contractual de la empresa, lo que abre el camino a una huelga. El sindicato declaró que la oferta “demostraba un desprecio total por la contribución de los supervisores y el personal a la producción y a las ganancias multimillonarias de la mina de cobre más grande del mundo.”

En la mina Centinela, controlada por Antofagasta Minerals, parte del grupo Luksic, uno de los clanes oligárquicos más ricos de Chile, unos 730 trabajadores de dos sindicatos votaron en un 98,7 por ciento a favor de la huelga. Los trabajadores luchan contra las “odiosas diferencias” en salarios y prestaciones entre trabajadores que realizan funciones idénticas pero que pertenecen a diferentes sindicatos. “Esta votación contundente es una expresión de la conciencia de las bases sindicales sobre la necesidad de poner fin a la discriminación sistemática que han sufrido,” declaró el sindicato.

El conflicto laboral en el sector minero se desarrolla en un contexto de condiciones de trabajo mortales. Dos trabajadores murieron en menos de una semana en la región de Antofagasta. El 23 de septiembre, un trabajador falleció en un accidente de mantenimiento en Escondida, lo que llevó a BHP a suspender las operaciones. El 1 de octubre, Waldo Alexis Castillo Barraza, un mecánico de 49 años empleado por la subcontratista Berliam SpA, murió aplastado mientras cambiaba una polea en una cinta transportadora en la mina Radomiro Tomic, operada por la empresa estatal Codelco. Había celebrado su cumpleaños el día anterior.

Estas muertes son consecuencia directa de la intensificación del trabajo en la industria minera, impulsada por las ganancias, donde se pospone el mantenimiento, se sacrifica la seguridad y los trabajadores mueren con impunidad. La Federación de Trabajadores de CCU se ha sumado al llamado para que se realice una investigación exhaustiva y se implemente de inmediato una Política Nacional de Seguridad y Salud en la Minería, que el gobierno ha dejado en suspenso.

La crisis económica que se agrava

Las huelgas y protestas estallan en medio de un fuerte deterioro de la economía chilena. El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) cayó un 1 por ciento en agosto, la segunda contracción mensual consecutiva, lastrado por un desplome del 17,4 por ciento en la producción minera, la peor caída mensual en 15 años. La producción de cobre ha caído a niveles no vistos desde 2003, ya que las empresas mineras, tras haber privado de inversiones durante años en medio de la incertidumbre política, ahora se enfrentan a la disminución de la ley del mineral, la escasez de agua y condiciones climáticas extremas.

Las exportaciones de cobre cayeron un 3,2 % en agosto, el primer descenso desde diciembre de 2023. Sin embargo, los precios del cobre se mantienen cerca de máximos históricos, impulsados por una oferta global insuficiente, una situación que, según las proyecciones del Deutsche Bank, elevará los precios a 10 dólares por libra para mediados de 2027. Los monopolios mineros se están beneficiando enormemente de la misma escasez que su propia huelga de inversiones ha generado, mientras que el Estado chileno, dependiente de los ingresos del cobre, se ve obligado a endeudarse y a recortar gastos.

El desempleo ha aumentado al 9,6 por ciento, su nivel más alto desde 2021, con un desempleo femenino del 10,3 por ciento. La inflación se mantiene obstinadamente alta, impulsada en parte por la decisión del gobierno de poner fin al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles (MEPCO), lo que ha disparado los precios del diésel en 95 pesos por litro y los del queroseno en 281 pesos por litro. La crisis del diésel es, en sí misma, producto de la guerra de agresión de Estados Unidos contra Irán y de la militarización generalizada de Oriente Medio, que ha perturbado el refinado mundial y ha elevado los costos de la energía en todo el mundo.

La crisis de la economía chilena es una expresión específica de la crisis cada vez más profunda de la economía capitalista mundial, en la que las principales potencias imperialistas, encabezadas por Estados Unidos, están recurriendo a la guerra, al proteccionismo y a la militarización del comercio para resolver contradicciones que no pueden resolver pacíficamente.

El gobierno de Kast se está volviendo cada vez más impopular. La última encuesta de Cadem muestra que el índice de desaprobación de Kast es del 57 por ciento, mientras que solo el 36 por ciento aprueba su desempeño. La preocupación por el desempleo ha aumentado siete puntos en una sola semana. Un 59 por ciento de los encuestados afirmó que un familiar, amigo o compañero de trabajo había perdido su empleo en el último año.

Una muestra de la crisis del gobierno es la extraordinaria rotación en sus propias filas. En apenas siete meses, 41 autoridades regionales han dejado sus cargos, y el número total de autoridades que se han retirado ha llegado a 51. El gobierno está sufriendo una hemorragia de personal, incluso mientras intenta imponer el programa de austeridad más radical desde la dictadura de Pinochet.

El gobierno de Kast está estrechamente vinculado a la administración de Trump, que lo ha adoptado como modelo para su proyecto “Escudo de las Américas,” destinado a consolidar regímenes de derecha y proestadounidenses en todo el hemisferio. La intervención del embajador Judd tras la marcha del 1 de octubre es solo la última manifestación de esta relación. Washington ve en Kast a un aliado confiable para sus preparativos de guerra y su ataque contra la clase trabajadora de las Américas.

El presupuesto: una declaración de guerra de clases

El presupuesto para 2027 presentado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, es el eje central actual de este ataque. Se prevé que el gasto público crezca solo un 1,5 por ciento en términos reales, una cifra que oculta los recortes masivos ya impuestos por decreto ejecutivo durante 2026. El presupuesto concentra sus aumentos en seguridad (un 9,1 por ciento más) y en “crecimiento, empleo y reconstrucción” (un 8,1 por ciento más), mientras que el resto del Estado queda con un crecimiento real nulo. Como calculó un economista, la seguridad y la reconstrucción absorben juntas el 99 por ciento de todo el aumento del gasto.

En materia de educación, el gobierno ha emitido el Ordinario 1691, que ordena a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) fusionar cursos hasta alcanzar el máximo legal de 35 alumnos por aula, clasificar las funciones de director de escuela y coordinador de departamento como “complementarias” y, por lo tanto, prescindibles, prohibir la sustitución de docentes en licencia médica de menos de siete días y negarse a reemplazar a los docentes que se jubilen.

El presupuesto también elimina el programa de Becas TIC, que desde 2009 ha entregado computadoras a casi 100.000 estudiantes de séptimo grado cada año, y recorta los fondos para los Liceos del Bicentenario en un 46,7 por ciento, para la investigación en un 25,2 por ciento y para la educación superior gratuita en un 2,35 por ciento. El Programa de Alimentación Escolar, que alimenta a más de 1.6 millones de estudiantes de bajos ingresos, ha sido marcado para su suspensión.

En su entrevista en el programa Radio Infinita de Mega, el ministro de Finanzas, Quiroz, dejó en claro el desprecio del gobierno hacia los trabajadores. Confirmó que las horas de enseñanza se reducirían en un 3,6 % y que era probable que hubiera despidos. “No confundamos el derecho a la educación con la obligación de dar empleo,” dijo. “No confundamos al Ministerio de Educación con el Ministerio de los Maestros. No confundamos al Ministerio de Salud con el Ministerio de quienes trabajan en el sector de la salud.”

Quiroz también anunció una campaña contra lo que denominó “fraude social,” acusando esencialmente a la clase trabajadora y a los pobres de aprovecharse del sistema. Señaló al sistema de educación superior gratuita como un área para “revisar, controlar y, eventualmente, eliminar” como preparación ideológica para recortar los beneficios: primero criminalizar a los beneficiarios, luego recortar.

En salud, el gobierno ya ha recortado más de 413 mil millones de pesos mediante el Decreto 333, el mayor ajuste individual de cualquier ministerio, lo que afectó a la red hospitalaria y al Fondo Nacional de Salud (FONASA). Veinticinco programas de salud están marcados para su eliminación, entre ellos el Plan Nacional de Demencia, el Programa de Salud Trans, el Programa Nacional de Prevención del Suicidio y los cuidados paliativos universales. En el ámbito cultural, el presupuesto se ha recortado en un 16 por ciento, con una reducción del 21,8 por ciento en el Fondo del Libro, del 16,2 por ciento en el Fondo Audiovisual y del 66 por ciento en el Pase Cultural.

El papel de la burocracia sindical

El crecimiento del movimiento de huelga se está produciendo a pesar de las direcciones sindicales, no gracias a ellas. La Asociación de Docentes, a pesar del ataque frontal a la educación, no ha convocado a sus miembros a la huelga. En cambio, se ha limitado a organizar protestas cínicas y marchas hacia el Congreso, realizadas a principios de septiembre. Su estrategia consiste en presionar a los parlamentarios y apelar a la “buena fe” del gobierno, incluso mientras este emite instrucciones para despedir a los docentes.

La huelga de dos días de Confusam fue, en realidad, una táctica de presión dentro de un proceso de negociación en curso con el gobierno. El sindicato se sienta en la llamada “Mesa Tripartita” junto al Ministerio de Salud y la Asociación de Municipios de Chile, un mecanismo corporativista a través del cual la burocracia sindical está integrada estructuralmente en el Estado y se convierte en cómplice de la aplicación de la austeridad. En un comunicado en el que se anuncia la regularización tardía del pago per cápita de 2026, el Ministerio de Salud se jacta de este “trabajo permanente” a través de la mesa tripartita, presentando la participación del sindicato como prueba de que el gobierno está “avanzando en los compromisos asumidos.”

La demanda en torno a la cual Confusam ha organizado toda esta movilización es un mísero aumento de 1.000 pesos chilenos en la asignación per cápita, una cifra que, incluso si se concediera en su totalidad, dejaría a la atención primaria de salud con un déficit de financiamiento catastrófico. Actualmente, la asignación per cápita es de 11.932 pesos por paciente registrado, mientras que la estimación más conservadora de la Comisión Nacional de Productividad sitúa el costo real en 16.322 pesos, lo que representa un déficit crónico de financiamiento de aproximadamente el 37 por ciento.

Estas organizaciones, hoy dominadas por los partidos de la pseudoizquierda, el Partido Comunista y el Frente Amplio, no pueden ofrecer ninguna salida. El Partido Comunista y el Frente Amplio son precisamente las fuerzas que, bajo el mandato del expresidente Gabriel Boric, implementaron la austeridad, la legislación propia de un estado policial y las políticas antiinmigrantes que prepararon el terreno para Kast.

La radicalización que está brotando en Chile choca con una dirección decidida a contenerla. La tarea que enfrenta la clase trabajadora es romper con estas organizaciones y construir comités independientes de base, capaces de unir las luchas de los mineros, los trabajadores de la salud, los maestros y los estudiantes en un solo movimiento contra el gobierno de Kast y todo el orden capitalista al que sirve. Existen los recursos para brindar a cada chileno atención médica digna, educación y un sustento seguro. Lo que falta no es dinero, sino la independencia política de la clase trabajadora frente a los partidos y sindicatos que sirven como instrumentos del dominio capitalista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 4 de octubre de 2026)