Más de 300.000 trabajadores del sector público se declararon en huelga el miércoles en toda la República de Irlanda en un paro de 24 horas por cuestiones salariales. Fue la huelga más grande del país desde 2009, cuando estallaron protestas masivas y un paro de un día en el sector público en contra de las medidas de austeridad impuestas tras la crisis financiera mundial de 2008-2009.

Se sumaron a la huelga maestros, enfermeras, médicos, funcionarios públicos y trabajadores municipales. El diario The Journal informó que, según los sindicatos, el número de participantes podría alcanzar alrededor de 400.000. 

La huelga fue convocada por el Comité de Servicios Públicos del Congreso Irlandés de Sindicatos, que agrupa a 19 sindicatos. Entre ellos se encuentran el sindicato Fórsa, con más de 100.000 afiliados del sector público; SIPTU (75.000 afiliados de los servicios públicos), la Organización Irlandesa de Enfermeras y Parteras (INMO), los sindicatos de maestros y el sindicato Unite.

Se organizaron piquetes en Dublín, Cork, Limerick, Galway y Waterford, así como en 100 pueblos y ciudades.

Se cerraron las escuelas en todo el país. Se cancelaron decenas de miles de citas hospitalarias, y solo se mantuvo la atención de emergencia. Se montaron piquetes en los tribunales, las oficinas de Hacienda y en Leinster House, el edificio del Parlamento, donde los funcionarios públicos se sumaron a la huelga. El Ayuntamiento de Dublín informó que su personal «no estará disponible para vaciar los botes de basura ni para limpiar las calles, los parques y los espacios públicos».

El apoyo abrumador a la huelga se manifestó en una serie de votaciones. El 31 de agosto, el sindicato SIPTU anunció que el 97 por ciento de los votantes respaldaba la huelga. El 1 de septiembre le siguió Fórsa, con un 96,6 por ciento a favor, y para el 9 de septiembre, el INMO había informado de un resultado de más del 99 por ciento a favor. A finales de septiembre, más de 100.000 trabajadores, entre ellos enfermeras, personal escolar y funcionarios, iniciaron una huelga de cumplimiento estricto de las normas. Los maestros de primaria y secundaria se sumaron a principios de octubre.

Ante este mandato abrumador, los líderes sindicales convocaron solo un día de huelga. Una segunda jornada de huelga, el 21 de octubre, fue propuesta inicialmente por el INTO el 25 de septiembre y luego confirmada por cada sindicato en particular; el INTO, el ASTI y el SIPTU no lo hicieron hasta entre el 6 y el 9 de octubre.

La huelga se originó por la expiración, en junio, del Acuerdo de Servicio Público de 30 meses. El gobierno de Fianna Fáil y Fine Gael se negó —a pesar de las súplicas de los líderes sindicales— a resolver primero el tema salarial, insistiendo en que se negociara junto con la “reforma” y los aumentos de productividad. El 6 de octubre, al presentar el presupuesto para 2027, el gobierno destinó apenas 1,2 mil millones de euros a salarios —lo que el Irish Times calculó como un acuerdo salarial del 3 al 3,5 por ciento, por debajo de la inflación. La inflación alcanzó el 4,1 % en septiembre, mientras que el precio del combustible para calefacción doméstica subió un 58 % en un año.

En una carta enviada el lunes al ICTU, el ministro de Gasto Público (Fianna Fáil), Jack Chambers, calificó la mísera asignación de 1,2 mil millones de euros como “significativa” e insistió en que “los temas salariales pueden y deben discutirse de manera prioritaria junto con otros asuntos como parte de las negociaciones salariales”.

El acuerdo, que abarca desde enero de 2024 hasta finales de junio de 2026, preveía aumentos salariales generales en siete etapas que sumaban un 9,25 por ciento, más un 1 por ciento a través de la negociación local. Un ejemplo que demuestra que los trabajadores no han visto ningún beneficio es el de los miembros de la Asociación de Maestros de Secundaria de Irlanda. El sindicato declaró al Irish Times el 31 de agosto que los dos aumentos del 1 por ciento pagados en 2026 “ya habían sido contrarrestados por la inflación”.

Las cifras de la Oficina Central de Estadística muestran que los salarios se están quedando muy rezagados respecto a los precios. Entre junio de 2021 y junio de 2026, los precios al consumidor subieron un 24,5 por ciento. Los pagos de intereses hipotecarios aumentaron un 91,5 por ciento; la electricidad, el gas y otros combustibles, un 69,8 por ciento; los alquileres, un 39,5 por ciento; y los alimentos, un 26,4 por ciento. Los inquilinos, los menores de 35 años y el cuarto más pobre de los hogares se encontraban entre los más afectados.

Una encuesta de Red C para el Consejo Nacional de la Juventud de Irlanda reveló que el 68 por ciento de los jóvenes de entre 18 y 24 años estaba considerando emigrar.

Aunque señalaron la brecha cada vez mayor entre los salarios y la inflación, de “entre el 5 y el 7 por ciento”, los sindicatos no han presentado ninguna demanda salarial pública. En cambio, fuentes sindicales le dijeron a The Journal que “lo mínimo que aceptarán es un aumento del 5 por ciento”, apenas por encima de la inflación actual.

El lunes, el Comité de Servicios Públicos del ICTU, presidido por el secretario general de Fórsa, Kevin Callinan, rechazó la invitación de Chambers a entablar conversaciones en la Comisión de Relaciones Laborales —el organismo estatal encargado de las relaciones laborales—. Sin embargo, el martes, en el programa Prime Time de RTÉ, Chambers afirmó que las negociaciones podrían comenzar con el tema salarial, a lo que Callinan respondió que esto podría “dar motivos para el optimismo”. El subsecretario general del SIPTU, Adrian Kane, declaró a The Journal que la pregunta se le “planteó repetidamente” a Chambers: “Al final accedió… Más vale tarde que nunca”. Callinan había pedido anteriormente al Taoiseach [primer ministro] Micheál Martin que interviniera, y Kane había solicitado una “intervención política de alto nivel”.

Al inicio de la huelga, Callinan declaró que podría haber una “vía para las negociaciones” si el gobierno estuviera dispuesto a poner los salarios en el centro de las negociaciones. “La pelota está en el campo del gobierno”, dijo. “Obviamente, si eso es posible, trabajaremos en ello”.

En el presupuesto del 6 de octubre, el Tánaiste (viceprimer ministro) y ministro de Finanzas, Simon Harris (Fine Gael), estableció el estricto marco fiscal para cualquier acuerdo. “Debemos planificar un futuro en el que las finanzas públicas no siempre se vean como ahora”, dijo.

Temiendo que Irlanda perdiera su posición como sede europea preferida de las corporaciones más grandes, Harris declaró que se generarían superávits presupuestarios de 6,7 mil millones de euros este año y de 9,5 mil millones de euros en 2027 “para no destinar a los gastos cotidianos ingresos fiscales con los que no se podrá contar en el futuro”. Los ingresos por el impuesto a las sociedades alcanzaron los 39,1 mil millones de euros en 2024 —impulsados por ingresos extraordinarios derivados del caso fiscal de Apple— y los 32,9 mil millones de euros en 2025, lo que representó casi un tercio de los 105,7 mil millones de euros recaudados en impuestos.

El sector público debía reformarse basándose en “una mayor eficiencia, una mejor productividad y relación costo-beneficio”, insistió Harris. Ha reducido el impuesto sobre las ganancias de capital del 33 al 31 por ciento, y elogió a “los propietarios de pequeñas empresas, quienes asumen riesgos y los emprendedores” como “la base de nuestra economía”.

Chambers declaró que “la concentración de los ingresos por el impuesto a las sociedades” era “una vulnerabilidad significativa”, y que depender de ellos para el gasto permanente “sería como emitir cheques hoy que tal vez no podamos pagar mañana”. Anunció la creación de un Grupo de Trabajo para la Eficiencia del Gasto Público «para examinar a fondo el gasto público cotidiano», y pidió a los dirigentes del ICTU que retomen las negociaciones “con carácter de urgencia”, con la prioridad de “poner fin a la huelga en curso”.

Los trabajadores que luchan por los salarios, los empleos y las pensiones se enfrentan no solo a Martin, Chambers y Harris, sino también a los partidos de oposición y a toda la burocracia sindical.

El martes, la líder del Sinn Féin, Mary Lou McDonald, atacó a Martin afirmando que a los trabajadores “no les ha quedado más remedio que ir a huelga porque su gobierno no ha cumplido con su deber”. Su principal exigencia fue que Martin “intervenga de manera constructiva” para evitar que se lleven a cabo las huelgas. “Llame por teléfono a los sindicatos. Dígales que entablará negociaciones con los salarios como prioridad y como primer punto de la agenda”.

McDonald no propuso ninguna cifra salarial que atendiera las necesidades de los trabajadores, no hizo mención alguna a la mísera asignación de 1,2 mil millones de euros y no pidió que se redujeran las enormes ganancias del impuesto a las empresas y de los bancos. Suplicando por un resultado negociado, retomó el comentario de Martin de la semana anterior de que “la gente quiere una acción sindical, sin importar lo que pase”, y respondió: “Pero eso no es cierto”.

People Before Profit (PBP), una coalición pseudoprogresista dominada por la organización hermana del Partido Socialista de los Trabajadores (SWP) del Reino Unido, colabora con el Sinn Féin en la campaña “Affordable Ireland” (Irlanda Asequible). Esta campaña busca promover las credenciales de un gobierno “de izquierda” alternativo en torno al Sinn Féin, al tiempo que canaliza las tensiones de clase hacia protestas limitadas.

PBP describió las huelgas de un día convocadas por las direcciones sindicales como “un buen comienzo”, instando a una escalada hacia “una huelga general que paralice el país”. Haciendo caso omiso de la ofensiva de guerra de clases de la coalición, el PBP afirmó: “Hay más dinero ahí”, y propuso un aumento salarial del 10 por ciento para quienes ganan menos de 100.000 euros. Su única crítica a los líderes sindicales fue una advertencia contra una desescalada “demasiado temprana que permita negociaciones en los términos del Gobierno”.

Al abogar por reuniones abiertas “para dar voz real a las bases”, lo que esto significaba quedó claro en su conclusión principal de que el “conflicto puede utilizarse para revitalizar nuestros sindicatos”, es decir, para mantener el control de la jerarquía sindical.

La huelga irlandesa forma parte de un movimiento creciente de trabajadores en toda Europa. En Francia, una huelga del sector público el 29 de septiembre coincidió con ocupaciones masivas de escuelas secundarias. 

En Portugal, alrededor de 350.000 trabajadores de la administración pública se declararon en huelga el 2 de octubre, el mismo día en que se llevó a cabo una huelga general en Italia.

Los trabajadores irlandeses deben tomar las riendas de este conflicto mediante la creación de comités de base, independientes del aparato sindical y vinculados a través de la Alianza Internacional Obrera de Comités de Base.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 14 de octubre de 2026)