Ayer, durante una visita a Marsella, Emmanuel Macron planteó la amenaza de imponer un estado de emergencia ante la movilización masiva de jóvenes y trabajadores contra su gobierno. 

En su conferencia de prensa en Marsella, Macron se refirió a las movilizaciones del 17 y 24 de octubre e insistió en que podría recurrir al estado de emergencia si el movimiento continuaba creciendo: «Estamos defendiendo la República y el orden público sin recurrir al estado de emergencia. Eso no significa que, si la situación se deteriorara, sea algo prohibido o tabú».

Esta amenaza pone de relieve las tareas políticas que enfrenta hoy la clase trabajadora. Confirma que el aparato estatal y la clase dominante están respondiendo a esta movilización histórica planeando una dictadura de extrema derecha.

Los jóvenes se movilizaron por la educación, los «chalecos amarillos» por los precios de la energía y el poder adquisitivo, y sus demandas contra la austeridad, el neofascismo, los multimillonarios y la guerra reflejan las opiniones de decenas de millones de personas en Francia. A medida que las protestas se extienden a España, Italia, Bélgica, Serbia, Albania, Grecia y más allá, su lucha refleja los sentimientos de cientos de millones de europeos. Los jóvenes y los trabajadores en lucha deben defender los derechos democráticos frente al Estado capitalista.

El estado de emergencia, impuesto por el Partido Socialista (PS) bajo el mandato de François Hollande tras los ataques terroristas islamistas de 2015 en París, suspende los derechos democráticos fundamentales. Permite al Estado realizar registros y decomisos sin orden judicial, prohibir manifestaciones y reuniones públicas, detener a personas o someterlas a arresto domiciliario, disolver las asociaciones en las que participan, censurar a la prensa y establecer tribunales militares.

Sus disposiciones sobre toques de queda y prohibiciones de protestas fueron incorporadas a la legislación ordinaria por el PS y Macron cuando pusieron fin al estado de emergencia en teoría en 2017. Ya se están utilizando para reprimir las protestas en curso.

Con la neofascista Marine Le Pen a la cabeza en todas las encuestas para las elecciones presidenciales, el contenido político de un nuevo recurso al estado de emergencia es claro. En 1940, fue el parlamento francés el que votó a favor de otorgar plenos poderes a Pétain, la disolución de la República y el establecimiento de un régimen colaboracionista. En 2026, amplios sectores de la burguesía están tratando de llevar a la extrema derecha al poder, y el presidente saliente está considerando entregar poderes dictatoriales a un posible gobierno entrante de la Agrupación Nacional (RN).

Aunque la RN no está en el poder y Le Pen sigue siendo impopular entre el pueblo francés, con solo un 34 por ciento de opiniones favorables, la clase dominante ya está tratando de aprobar una amplia gama de medidas dictatoriales tomadas del programa de la RN.

El 7 de julio, la Asamblea Nacional aprobó en primera lectura un proyecto de ley para establecer una «presunción de legítima defensa» cada vez que un agente de policía utilice su arma. A raíz de las protestas y los disturbios de 2023 por el asesinato a sangre fría de Nahel a manos de la policía, el proyecto de ley establece una «presunción de uso legítimo de armas». La Asamblea archivó la petición en contra del proyecto de ley, que había reunido más de 720.000 firmas, para evitar un debate público. Amnistía Internacional denunció el proyecto de ley como una «licencia para matar».

Si bien este proyecto de ley espera ahora ser debatido este otoño en el Senado, dominado por la derecha, el gobierno también está impulsando un proyecto de ley de «el alborotador paga» presentado en el Senado. Este permitiría al Estado obligar a cualquier persona presente en el lugar de una protesta en la que se hayan causado daños a la propiedad a pagar hasta 10.000 euros. El Estado podría recaudar esta suma mediante la retención directa de los subsidios familiares, las ayudas para la vivienda y otros beneficios sociales de los condenados.

El proyecto de ley también permite la suspensión de las cuentas de redes sociales de las personas condenadas, el uso de drones para identificar a sospechosos y la expulsión de extranjeros presentes en el lugar de una manifestación. Aumenta la pena por el delito de participar en un grupo con el propósito de cometer actos de violencia de un año de prisión y una multa de 15.000 euros a tres años y 45.000 euros. Este proyecto de ley impone enormes riesgos financieros a cualquier persona que proteste y representa una grave amenaza para el derecho a manifestarse.

Al mismo tiempo, Macron volvió a pedir que se refuercen las operaciones policiales dirigidas contra los manifestantes. Admitió que «se mantuvo el orden» durante las movilizaciones del 24 de octubre.

Pero, según él, «en Marsella como en otros lugares», el 17 de octubre, «no había suficientes fuerzas de seguridad… No habíamos anticipado en absoluto lo que sucedió». Declaró: «Lo que no se había anticipado era que tendríamos tantas fuerzas de la extrema izquierda movilizándose muy temprano en la mañana, de una manera muy atípica. No habíamos previsto que, más allá de esta movilización de la extrema izquierda, también se sumaría la delincuencia. Las fuerzas policiales no estaban debidamente proporcionadas».

Estas afirmaciones no harán más que intensificar las preguntas que los trabajadores y los jóvenes se plantean sobre el papel de las fuerzas de seguridad el 17 de octubre. ¿A qué se debe la diferencia tan evidente entre la violencia dirigida contra las tiendas el 17 de octubre y la situación mucho más tranquila del 24?

Según cifras del Ministerio del Interior, desde el 17 de octubre se han producido alrededor de 3.700 detenciones en Francia relacionadas con las protestas. Esta cifra es enorme. Sin embargo, no puede explicar la ausencia de destrucción de propiedad el 24 de octubre. Si la policía hubiera detenido de esta manera a todos los que querían protestar con el fin de destrozar cosas, esto significaría que unos pocos miles de personas habían desbordado el vasto despliegue de seguridad de decenas de miles de policías el 17 de octubre.

En su gran mayoría, el movimiento de jóvenes y trabajadores, tanto en Francia como en toda Europa, se centra en sus demandas y es pacífico. El intento de prohibir las protestas y tildar a los manifestantes de alborotadores proviene de un gobierno acorralado, cuyas políticas de guerra y dictadura son rechazadas por los trabajadores. Es en estas condiciones que muchos trabajadores se preguntan si las fuerzas de seguridad se valieron de los alborotadores el 17 de octubre.

Una profunda oposición al orden social y político vigente está movilizando a millones de personas en toda Europa. La burguesía no podrá sofocar este resurgimiento de la lucha de clases simplemente mediante la represión y las leyes antidemocráticas. Pero también hay que extraer lecciones políticas cruciales de la experiencia del anterior estado de emergencia en Francia.

La clase trabajadora y la juventud no pueden dejar la tarea de defender la democracia frente a la oligarquía capitalista y el neofascismo en manos de los partidos parlamentarios o las burocracias sindicales. Estas organizaciones se orientan sobre todo hacia las negociaciones dentro del aparato estatal capitalista. No se oponen a un proyecto dictatorial sobre una base de principios y de clase.

Como demuestra la votación en la Asamblea sobre la autorización para matar otorgada a las fuerzas de seguridad, se ha ganado a una mayoría a favor de las posiciones del RN sobre la represión policial. Además, la minoría de diputados de Francia Insumisa (LFI) en la Asamblea no constituye una defensa política sólida de los derechos democráticos frente al estado policial y al RN. De hecho, en noviembre de 2015, el grupo parlamentario de Mélenchon votó a favor del estado de emergencia solicitado por el PS.

La defensa de los derechos democráticos requiere la movilización más amplia posible de la clase trabajadora en lucha. Ya se está planteando ampliamente entre los trabajadores y la juventud la cuestión de un retorno a mayo de 1968, cuando la represión policial contra los estudiantes provocó la huelga general más grande de la historia de Francia. La tarea ahora es organizar y movilizar a la clase trabajadora para preparar una nueva huelga general, a escala francesa, pero sobre todo europea.

Para ello, los trabajadores y la juventud deben organizarse en comités de acción, independientes de los aparatos sindicales, a fin de superar la pasividad de los sindicatos y debatir más ampliamente dentro de la clase trabajadora las tareas políticas que surgen de esta situación.

Sobre todo, hay que comprender que la defensa de los derechos democráticos requerirá una lucha de la clase trabajadora para arrebatarle el poder a la oligarquía capitalista. La defensa de la democracia pasa por la lucha por el poder de los trabajadores y el reemplazo de la Unión Europea por los Estados Socialistas Unidos de Europa.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 26 de octubre de 2026)