Aún antes de que decenas de miles de estudiantes de secundaria, universitarios y jóvenes trabajadores salgan a las calles en toda Alemania este sábado, el gobierno, la policía y los medios de comunicación han lanzado una campaña de intimidación. Las protestas contra los recortes sociales, las escuelas en mal estado, el aumento del costo de vida y la reintroducción del servicio militar obligatorio están siendo tachadas de antemano como potencialmente violentas y extremistas.

Esta campaña es una seria advertencia. La clase dominante se está preparando para desatar una violencia policial masiva contra la juventud en Alemania, tal como está ocurriendo actualmente en Francia. Allí, ya han sido detenidos más de 10.000 manifestantes, y numerosos jóvenes han resultado gravemente heridos, en algunos casos literalmente mutilados, por las armas de la policía.

Detrás de esta reacción agresiva se esconde el temor de que las protestas masivas en Francia, Italia, España, Portugal, Albania y otros países se extiendan a Alemania y se unan a la resistencia de la clase trabajadora.

Este temor está justificado. La ira contra el gobierno de Merz y Klingbeil también está creciendo en Alemania. Mientras se invierten cientos de miles de millones de euros en rearme y guerra, las escuelas y universidades se deterioran, los alquileres y el costo de vida suben, y se destruyen las conquistas sociales. La reintroducción del servicio militar obligatorio tiene como objetivo preparar a la generación más joven para servir como carne de cañón en una guerra directa contra Rusia que las potencias de la OTAN están provocando.

Decenas de miles de jóvenes ya han salido a las calles en contra del servicio militar obligatorio en varias huelgas escolares a nivel nacional. Más recientemente, el 25 de septiembre, 45.000 estudiantes en alrededor de 100 ciudades participaron, según los organizadores.

Ahora el movimiento se está expandiendo. La iniciativa «genz-regelt» (la Generación Z se encarga de ello) planeó originalmente manifestaciones en Berlín, Hamburgo, Colonia, Fráncfort del Meno y Múnich. En pocos días, se sumaron protestas organizadas de manera independiente en otras 18 ciudades. Más de 135.000 personas han anunciado su participación en genz-regelt.de. Queda por ver la asistencia real, pero la enorme respuesta demuestra el potencial de un movimiento de masas que se extiende mucho más allá de los planes originales de los organizadores.

El gobierno y la policía avivan los temores de violencia

La reacción del gobierno es reveladora. En lugar de abordar las demandas de los jóvenes, está movilizando al aparato de seguridad y avivando la histeria sobre supuestos disturbios inminentes.

Alexander Throm, portavoz de política interna del grupo parlamentario de la Unión Demócrata Cristiana/Unión Social Cristiana (CDU/CSU), advirtió al Rheinische Post que hay que tomar en serio el peligro de que las protestas puedan ser «secuestradas por fuerzas de extrema izquierda, sectores del entorno migratorio y delincuentes». Le dijo al Handelsblatt que escenas como las de Francia deben «evitarse a toda costa», alegando que se estaba formando una «alianza siniestra», especialmente en Berlín.

Sebastian Fiedler, portavoz de política interna del Partido Socialdemócrata (SPD), declaró que las protestas violentas no tenían legitimidad alguna. Elogió los preparativos tempranos y «extremadamente profesionales» de las autoridades de seguridad y pidió que se monitoreara quién estaba «avivando» la situación en línea.

La Unión Juvenil de Berlín, la organización juvenil de la CDU, incluso solicitó a la Bundeswehr «asistencia administrativa» en una publicación en redes sociales, exigiendo: «Se deben impedir las protestas ‘estudiantiles’ planeadas».

Según el Ministerio Federal del Interior, las autoridades federales y estatales se encuentran en estrecho contacto, incluso a través del Centro Conjunto de Lucha contra el Extremismo y el Terrorismo. El servicio de inteligencia interna está intensificando su monitoreo de las redes sociales, mientras que las autoridades de seguridad se coordinan con Francia e Italia. Incluso se está considerando la posibilidad de rechazar a personas en las fronteras y desplegar a la Policía Federal para apoyar a las fuerzas policiales estatales.

El portavoz de la policía de Berlín, Florian Nath, declaró que las autoridades examinarían si se trataba de «protestas estudiantiles legítimas» o si otras fuerzas estaban aprovechando las manifestaciones. «No lo permitiremos», amenazó. Stephan Weh, presidente estatal del Sindicato de la Policía (GdP) en Berlín, advirtió que hay que impedir que fuerzas radicales aprovechen las protestas para «dar rienda suelta a sus fantasías de violencia» y alimentar la «narrativa de una fuerza policial hostil hacia los ciudadanos».

Estas declaraciones lo dicen todo. El enfoque no está en los derechos democráticos de los jóvenes, sino en defender el aparato de violencia del Estado. La policía se arroga la autoridad para decidir por sí misma si las protestas son legítimas. Medios de comunicación como Handelsblatt, Welt y Spiegel difunden advertencias sobre «excesos de violencia» y una supuesta «infiltración». Sin embargo, no hay evidencia alguna de que las protestas estén orientadas a la violencia. Los organizadores se han distanciado explícitamente de ella.

Las lecciones de Francia

Los acontecimientos en Francia demuestran de lo que es capaz el aparato estatal. El movimiento comenzó a mediados de septiembre con bloqueos escolares en protesta por la falta de maestros, las aulas superpobladas y los edificios en ruinas. El gobierno respondió con violencia policial masiva.

Para el 13 de octubre, según el Ministerio de Justicia francés, 7.950 personas habían sido detenidas por la policía, el 85 por ciento de ellas menores de edad. Se produjeron miles de detenciones más durante las protestas del 17 y el 24 de octubre.

Las consecuencias del uso de las armas por parte de la policía han sido devastadoras. El 5 de octubre, una granada policial le arrancó la mano izquierda a Evan, de 15 años, en Lens; también perdió varios dedos de la mano derecha. Cerca de Saint-Ouen-l’Aumône, un joven de 14 años sufrió graves lesiones en el rostro y la mandíbula a causa de un lanzagranadas disparado a corta distancia. Varios jóvenes perdieron la vista en un ojo tras ser alcanzados por proyectiles de la policía. Organizaciones de derechos humanos como la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y Human Rights Watch condenaron la violencia policial, y se iniciaron numerosas investigaciones en contra de agentes de policía por presuntos abusos.

También se reportaron muertes relacionadas con las protestas. El 17 de octubre, un hombre murió durante las protestas en París, y otro falleció durante la noche del 19 de octubre en la zona de Châtelet, donde se habían llevado a cabo operaciones policiales.

Sin embargo, el movimiento sigue creciendo. Más de medio millón de personas se manifestaron el 17 de octubre, y cientos de miles lo hicieron nuevamente el sábado pasado, a pesar de las prohibiciones, los toques de queda y la movilización de 70.000 efectivos de seguridad. Cada vez más trabajadores, maestros y empleados del sector público se suman a las protestas. Las manifestaciones se están uniendo a la oposición contra los ataques a los salarios y las pensiones, la inflación y el gasto bélico del gobierno de Macron.

Luchas similares están ocurriendo en España contra los alquileres inasequibles, en Italia contra el aumento del costo de vida y el militarismo, y en Portugal, Bélgica, Grecia, Albania y Serbia. El movimiento se está desarrollando a nivel internacional porque a los trabajadores y a los jóvenes de todas partes se les está haciendo pagar por la crisis capitalista, el rearme y la guerra. En todas partes, estos ataques se están encontrando con una resistencia creciente.

El papel del Partido de Izquierda

Por encima de todo, la clase dominante teme que las protestas juveniles se conviertan en un movimiento independiente de la clase trabajadora que desafíe el sistema capitalista y las políticas de guerra y devastación social.

El Partido de Izquierda (Die Linke) también busca impedir tal desarrollo al orientar la oposición hacia las instituciones existentes. Su portavoz de política interna, Clara Bünger, criticó la campaña de intimidación, calificando de «indignante» que el ministro del Interior, Dobrindt, sometiera a los jóvenes manifestantes a una sospecha generalizada y los criminalizara.

Al mismo tiempo, declaró que el Partido de Izquierda apoyaba a todos aquellos «que se manifiestan pacíficamente» y enfatizó: «Por supuesto, los peligros concretos deben tomarse en serio». Sobre todo, exigió que el gobierno federal «por fin se tome en serio» las preocupaciones de los jóvenes.

Esta es la esencia de la política del partido: transforma las protestas en llamamientos al mismo gobierno contra el que están dirigidas, fomentando la ilusión de que se le puede presionar para que adopte políticas socialmente más progresistas. Esto es un fraude político. El Gobierno de Merz-Klingbeil conoce las necesidades de los jóvenes y está respondiendo, al igual que el gobierno de Macron en Francia, con amenazas y violencia. Al igual que el «presidente de los ricos» francés, orienta conscientemente sus políticas hacia los intereses de los bancos, las corporaciones y los mercados financieros, y hacia los preparativos para la guerra.

El propio Partido de Izquierda forma parte de esta ofensiva de derecha. En Berlín, bajo el liderazgo de su candidata principal, Elif Eralp, ha negociado un acuerdo exploratorio con el SPD y los Verdes para formar un gobierno bajo su liderazgo. El SPD y los Verdes ya han acordado iniciar negociaciones de coalición. El 31 de octubre, día de las protestas juveniles a nivel nacional, un congreso del Partido de Izquierda decidirá sobre el asunto.

El acuerdo combina promesas sociales con la consolidación presupuestaria hasta el 2031, incluyendo límites al gasto. Sin embargo, en lo que respecta a la expansión del aparato estatal, no se prevén ahorros; por el contrario, se contemplan gastos adicionales. La policía de Berlín, que golpea regularmente a los manifestantes que protestan contra el genocidio en Gaza, se reforzará aún más y se hará más eficaz mediante un «plan de modernización e inversión». Al mismo tiempo, la «lucha contra el extremismo» se convertirá en una prioridad para la Oficina Estatal de Policía Criminal.

Así, mientras los jóvenes protestan contra los recortes sociales y el fortalecimiento del aparato estatal, el Partido de Izquierda está preparando un gobierno que impondrá la disciplina presupuestaria y ampliará el aparato de seguridad.

Al mismo tiempo, el papel del Partido de Izquierda consiste en canalizar la resistencia hacia maniobras parlamentarias y llamamientos precisamente a los partidos establecidos cuyas políticas son las que las protestas rechazan. De esta manera, busca impedir que los jóvenes se organicen de manera independiente y unan su lucha a un movimiento socialista de la clase trabajadora.

Por un movimiento socialista internacional contra la guerra y los ataques sociales

La cuestión decisiva, por lo tanto, es cómo las protestas juveniles pueden convertirse en un movimiento consciente e independiente de la clase trabajadora. Las demandas de escuelas dignas, vivienda asequible, empleos seguros, salarios más altos y el fin del servicio militar obligatorio entran en conflicto directo con los intereses de la oligarquía financiera y los planes de guerra de los gobiernos.

El Partido Socialista por la Igualdad (SGP) y su organización juvenil, Los Jóvenes y Estudiantes Internacionales por la Igualdad Social (JEIIS), luchan para que los jóvenes y los trabajadores se unan independientemente de los partidos capitalistas y las burocracias sindicales.

Esto requiere la construcción de comités de acción de base organizados democráticamente en escuelas, universidades, lugares de trabajo y barrios, unidos más allá de las fronteras nacionales en la Alianza Internacional Obrera de Comités de Base (AIO-CB). Deben romper con los calendarios impuestos por las burocracias sindicales y las fronteras nacionales, unificar las luchas y preparar una huelga general a nivel europeo contra la guerra, la dictadura y la devastación social.

La clase trabajadora tiene el poder para hacerlo: sin su trabajo, la producción se paraliza. Este poder debe movilizarse sobre la base de un programa socialista internacional. Los miles de millones que se gastan en guerra y armamento deben destinarse, en cambio, a la educación, la salud, la vivienda y las necesidades sociales de la población. Esto requiere la expropiación de los bancos, las grandes corporaciones y los superricos, y que la clase trabajadora tome el poder político.

Las próximas protestas juveniles forman parte de un movimiento internacional que apenas ha comenzado. Su futuro depende de que la creciente resistencia se una a una perspectiva socialista y se desarrolle a nivel mundial como una lucha consciente de la clase trabajadora contra el capitalismo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 26 de octubre de 2026)