Están estallando huelgas masivas y protestas en toda España en medio de una creciente ola de luchas de la clase trabajadora que se extiende por Europa. Los trabajadores ferroviarios, metalúrgicos, maestros, personal universitario, médicos y trabajadores de otras industrias se han declarado en huelga o se están preparando para hacerlo. Estas luchas se desarrollan a solo unos días de un paro nacional el 11 de noviembre y tres semanas antes de las elecciones generales del 29 de noviembre en España.

El 29 de octubre, una huelga ferroviaria de protesta de 24 horas causó trastornos generalizados en toda España, apenas un día después del desastre de Urda. La colisión entre un tren de alta velocidad de Renfe y un tren de Iryo que se encontraba estacionado causó la muerte de 69 personas. Convocada por el Sindicato de Maquinistas de Ferrocarriles de España (SEMAF) el 16 de octubre —casi dos semanas antes del desastre de Urda— para exigir mejoras en la seguridad ferroviaria que afectaran a los servicios de cercanías, la huelga interrumpió los servicios regionales y de larga distancia en todo el país.

Según la Red Nacional de Ferrocarriles de España, Renfe, casi un tercio de los trenes de servicio público programados no partieron. En Madrid y Cataluña, la interrupción afectó a casi la mitad de los servicios de cercanías.

SEMAF ha anunciado otra huelga de 24 horas en Renfe para el 10 de noviembre, seguida de paros parciales el 12 de noviembre. Los maquinistas empleados por el operador privado de alta velocidad Ouigo están preparando huelgas parciales para los días 6 y 9 de noviembre. Los trabajadores de Adif, la empresa estatal encargada de la infraestructura ferroviaria, están preparando una acción sindical para el 17 de noviembre, con el fin de exigir seguridad ferroviaria y mejores condiciones laborales.

La catástrofe de Urda es un crimen social del que son políticamente responsables la clase dominante capitalista de España y los sucesivos gobiernos encabezados por el Partido Socialista (PSOE), primero en coalición con la pseudoizquierda de Podemos y más tarde con Sumar. Esta tragedia pone al descubierto las consecuencias de años de desinversión sistemática en infraestructura ferroviaria, mantenimiento y seguridad. Durante más de ocho años, los gobiernos del PSOE han presidido este deterioro mientras impulsaban la liberalización del tren de alta velocidad y desviaban miles de millones al sector militar.

Aproximadamente 35.000 trabajadores metalúrgicos de la región sudoriental de Murcia han entrado en su décimo día de huelga indefinida, lo que afecta a unas 8.500 empresas, entre ellas subcontratistas que trabajan en los astilleros de Navantia, la refinería de Repsol e instalaciones industriales en Cartagena, Murcia, Molina de Segura, Lorquí y Lorca. El primer día se registraron enfrentamientos en el complejo industrial del Valle de Escombreras, donde miles de trabajadores bloquearon el acceso a instalaciones clave. El gobierno de PSOE-Sumar desplegó a la Guardia Civil, que disparó balas de hule y gas lacrimógeno contra los piquetes. El delegado del gobierno regional, Francisco Lucas —secretario general de la sección regional del PSOE— reconoció haber dado personalmente instrucciones para la represión incluso antes de que comenzara la huelga.

La magnitud de la huelga refleja el descontento de los trabajadores metalúrgicos por años de salarios estancados, condiciones laborales peligrosas y empleo precario. «Por 1.200 euros, arriesgamos nuestras vidas todos los días», declaró Ismael, un montador de andamios con 24 años de experiencia, a Cadena SER. Describió los temores que siente su familia debido a los peligros de su trabajo. “Mi hija espera en casa para ver si regreso o no”, dijo. Manuel Arroyo, quien ha trabajado en la industria metalúrgica desde 1999, informó que gana solo 100 euros más que en 2003, con un salario mensual de aproximadamente 1.250 euros. Su familia solo podía sobrevivir porque su esposa también trabajaba.

Las condiciones son particularmente duras para los trabajadores contratados por empresas subcontratistas en la refinería de Repsol y los astilleros de Navantia, la empresa estatal española de construcción naval militar que fabrica buques de guerra y submarinos avanzados. A pesar de las enormes sumas invertidas en estos programas militares, los trabajadores reciben salarios de miseria. Han exhibido el lema «Fabricamos submarinos por 1.000 euros».

En el centro de la disputa más amplia se encuentra la exigencia de eliminar las cláusulas de compensación y absorción del convenio colectivo. Estas permiten a los empleadores compensar los aumentos salariales negociados con los suplementos salariales existentes, lo que podría dejar a los trabajadores sin ninguna mejora real en su salario neto.

Tras las negociaciones del 2 de noviembre, las Comisiones de Trabajadores (CCOO) manifestaron su disposición a presentar la oferta revisada de FREMM a sus afiliados, mientras que la Unión General de Trabajadores (UGT) y la USO rechazaron la propuesta por considerarla insuficiente e insistieron en que continuara la huelga. Una nueva sesión de negociación el 4 de noviembre concluyó sin avances sustanciales. Según se informa, la oferta revisada incluye garantías salariales y la retirada de una propuesta anterior de los empleadores que empeoraba las prestaciones por enfermedad. CCOO ha anunciado una nueva votación sobre la propuesta de los empleadores para el 6 de noviembre, mientras que la UGT y la USO siguen apoyando la huelga.

Estos acontecimientos se producen tras el rechazo por parte de los trabajadores de un acuerdo preliminar anterior negociado por CCOO y FREMM en julio. El acuerdo proponía un aumento salarial nominal del 15 por ciento a lo largo de cuatro años, de 2026 a 2029, pero mantenía disposiciones que permitían a los empleadores absorber los aumentos salariales en los suplementos existentes. También incluía una reducción de las prestaciones por incapacidad temporal después de 150 días de licencia por enfermedad, mientras que una revisión salarial vinculada a la inflación no entraría en vigor hasta 2030. El acuerdo fue rechazado por el 50,85 por ciento de los votantes.

En Madrid, aproximadamente 65.000 maestros de escuelas públicas han sido convocados a participar en una campaña indefinida de huelgas y paros que comenzó el 14 de octubre. Los maestros exigen un aumento salarial mensual de 600 euros, la reducción de las horas de clase, clases con menos alumnos, personal adicional y mejoras en la infraestructura escolar, que se encuentra en mal estado. Los paros parciales han continuado hasta noviembre, y se han programado más acciones para el resto del período académico.

En Castilla y León, alrededor de 30.000 maestros de escuelas públicas se declararon en huelga el miércoles por cuestiones salariales, la falta de personal y el deterioro de las condiciones laborales. Cientos de personas se manifestaron en Valladolid y otras ciudades, exigiendo que el gobierno regional cumpla con los compromisos anteriores de mejorar los salarios y las condiciones laborales. Su complemento salarial regional ha estado congelado desde 2006. Los maestros de Cataluña también se están preparando para una huelga el 26 de noviembre por los mismos motivos.

Los médicos de varias regiones han iniciado huelgas por el deterioro de los salarios y las condiciones laborales, la grave falta de personal y los turnos obligatorios de 24 horas. En las Islas Canarias, los médicos realizaron una huelga el jueves, prolongando un conflicto que comenzó en octubre. Los profesionales de la salud de Madrid, Cataluña y Valencia se han visto envueltos en conflictos relacionados con los niveles de dotación de personal, la carga de trabajo y la reforma propuesta de sus condiciones laborales. Se están preparando nuevas paros en Andalucía y Castilla-La Mancha, donde los médicos tienen previsto iniciar una huelga intermitente de duración indefinida el 16 de noviembre.

Se está gestando un importante conflicto laboral en la industria cárnica española. Alrededor de 126.000 trabajadores empleados en 3.000 empresas tienen previsto hacer huelga durante cinco días consecutivos, del 9 al 13 de noviembre. Los trabajadores de la industria cárnica exigen aumentos salariales de al menos un 4 por ciento anual, con ajustes vinculados a la inflación, la reducción de la jornada laboral, mejoras en los derechos a permisos y en los subsidios por turnos nocturnos, así como mayores protecciones contra los agotadores horarios de producción y las condiciones de trabajo peligrosas. Exigen que los aumentos salariales negociados no puedan absorberse en los suplementos salariales existentes.

Estas luchas se desarrollan mientras España se prepara para un paro nacional el 11 de noviembre, convocado a instancias de organizaciones de inquilinos en medio de una creciente oposición al aumento vertiginoso de los costos de vivienda, los desalojos y la disminución del nivel de vida. La acción cuenta con el respaldo de CCOO y UGT, que buscan contener el movimiento y canalizarlo hacia la reelección de un gobierno liderado por el PSOE. El líder de CCOO, Unai Sordo, declaró que «en realidad no es una huelga contra el gobierno», mientras que el líder de la UGT, Pepe Álvarez, insistió en que «no es una huelga general clásica».

El paro nacional del 11 de noviembre no debe convertirse en otra protesta aislada subordinada a los cálculos electorales de las burocracias sindicales y del gobierno del PSOE-Sumar. Lo que se requiere es la unificación de estas luchas a través de comités de base independientes y elegidos democráticamente, controlados por los propios trabajadores y vinculados entre lugares de trabajo, sectores y más allá de las fronteras nacionales.

Sobre todo, estas luchas ponen de manifiesto la necesidad de un movimiento político independiente de la clase trabajadora, opuesto a todos los partidos capitalistas y basado en un programa socialista. El deterioro de los servicios públicos, la contención salarial y la subordinación de la seguridad de los trabajadores a las ganancias corporativas son inseparables de la agenda más amplia de austeridad, militarismo y desigualdad social que persiguen la clase dominante española y la Unión Europea. La lucha por defender los salarios, las condiciones laborales y los servicios públicos debe convertirse en una lucha común de los trabajadores de toda España y Europa contra el sistema capitalista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 5 de noviembre de 2026)