El ejército estadounidense participó en un ataque con drones y helicópteros contra un campamento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el estado venezolano de Apure el viernes pasado, según cuatro funcionarios estadounidenses citados por el New York Times.

El Wall Street Journal informó que drones militares estadounidenses ejecutaron el ataque con la “cooperación” del gobierno venezolano. La ONG local Fundaredes elevó el número de muertos de 19 a 23.

La operación del viernes lleva tierra adentro la campaña de ataques militares estadounidenses contra presuntas embarcaciones de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, que ha matado al menos a 240 personas desde septiembre de 2025.

El ataque alcanzó Puerto Páez, una zona cercana a la frontera colombiana controlada por el ELN. El coordinador de Fundaredes en Apure, Juan García, dijo que entrevistas con sobrevivientes y familiares mostraron que también fueron asesinados civiles sin vínculo con la guerrilla. Reporteros locales identificaron a ocho de los muertos, entre ellos dos colombianos y cuatro mexicanos.

El ataque se produjo cuando el Times reveló que el Departamento de Estado bajo Marco Rubio está negociando un Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés) con Caracas. Tales pactos proporcionan, explicaron funcionarios estadounidenses, “un marco legal claro y predecible para que las fuerzas estadounidenses trabajen en actividades mutuamente acordadas”. Tales pactos suelen garantizar a las tropas estadounidenses inmunidad contra el procesamiento por delitos cometidos en el territorio de un país.

El ataque en Apure es el segundo ataque estadounidense conocido en territorio venezolano desde el bombardeo de Caracas y el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero. En junio, un ataque aéreo guiado por inteligencia de la CIA mató a Héctor “Niño” Guerrero, presunto líder del Tren de Aragua, en las minas de oro del estado Bolívar, y funcionarios estadounidenses agradecieron a sus contrapartes venezolanas por su cooperación.

Estas operaciones marcan la conversión de Venezuela en un protectorado militar estadounidense. Las Fuerzas Armadas, la policía y el aparato de inteligencia construidos bajo el chavismo actúan ahora como adjuntos locales de la potencia ocupante. Su tarea es asegurar el saqueo del petróleo del país y contener a una clase trabajadora que se está movilizando en lucha.

El 29 de octubre, Rodríguez nombró ministro de Relaciones Exteriores a Oliver Blanco, exdirigente de 34 años del derechista partido Acción Democrática. En 2011, Blanco escribió que juzgar a Hugo Chávez en La Haya mostraría a sus seguidores “que el mundo lo reconoce como lo que es, un criminal”. En 2013 celebró la muerte de Chávez, colocándolo en el infierno junto a Osama bin Laden.

El lunes, Blanco se convirtió en el funcionario venezolano de más alto rango recibido por la administración Trump, al reunirse con Rubio y el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Rubio subrayó su “plan de tres fases” de “estabilización, recuperación económica y reconciliación política, y transición democrática”. La aquiescencia de la dirigencia chavista podría resumirse invirtiendo una vieja consigna revolucionaria: es mejor vivir de rodillas que morir de pie.

Las operaciones militares tienen como objetivo asegurar un saqueo petrolero de proporciones coloniales, privatizaciones y nuevos ataques a los salarios en medio de una oleada de protestas de la clase trabajadora.

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social contabilizó 1.101 protestas en septiembre, 531 de ellas por cortes eléctricos. El 27 de octubre, manifestantes marcharon en Caracas bajo la consigna “Se llevan nuestro petróleo y nos dejan a oscuras”. El 5 de noviembre, una asamblea intersectorial de trabajadores universitarios, de salud, educación y administración pública convocó un paro nacional de 12 horas para el 16 de noviembre, después de que el gobierno ignorara las demandas que habían entregado en el palacio presidencial de Miraflores. Respaldaron a los trabajadores de la estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en Bolívar que están en huelga de hambre.

Bajo un acuerdo presentado por la Casa Blanca el 31 de agosto, North American Blue Energy Partners (NABEP) recibió derechos por 100 años sobre 17 campos petroleros que contienen unos 65.000 millones de barriles de reservas probadas. La Oficina de Capital Estratégico del Pentágono posee una participación del 35 por ciento sin invertir nada y tiene poder de veto sobre el directorio.

Washington, que ha controlado los ingresos por exportaciones de Venezuela desde enero, ha retenido 4.700 millones de dólares de ellos para pagar su propio ataque de ese mes, según Luigi Pisella, presidente de la asociación empresarial Conindustria. “Al vencedor pertenecen los despojos”, ha repetido Trump.

El resto de la economía está siendo vendido. “He ordenado evaluar los activos estatales no esenciales para ser ofrecidos al sector privado o devueltos a sus anteriores propietarios”, anunció Rodríguez el 29 de octubre. El Parlamento se prepara para privatizar parcialmente el sector eléctrico.

Respondiendo al creciente descontento, Rodríguez prometió a los trabajadores aumentos trimestrales de ingresos en 2027 indexados al crecimiento del PIB. El salario mínimo está congelado desde marzo de 2022 en 130 bolívares, unos 15 centavos de dólar. Con precios en dólares que se espera aumenten entre 20 y 30 por ciento este año, aumentos ligados a un crecimiento de entre 5 y 10 por ciento equivalen a un recorte salarial masivo. Mientras tanto, las federaciones empresariales quieren una “reforma” laboral que recorte las cotizaciones de seguridad social y las prestaciones por despido.

La respuesta de Washington al descontento fue traer de regreso a su vieja “activa”, la líder opositora fascista María Corina Machado, quien ha defendido la privatización del petróleo y una invasión militar de su propio país, para canalizar esta ira detrás de promesas de elecciones en 2027.

Este asalto cada vez más profundo al nivel de vida se suma a los terremotos del 24 de junio, que le dieron a Washington la apertura para hacer rutinaria su presencia militar. El Comando Sur del Pentágono desplegó casi 2.000 soldados, atracó el USS Fort Lauderdale en La Guaira como un “nodo de comunicaciones y distribución” y colocó personal militar en la torre de control de Maiquetía, el principal aeropuerto del país.

El saldo oficial de muertos se sitúa en 6.509. Cien días después de los terremotos, Médicos Sin Fronteras (MSF) informó que familias en La Guaira y Caracas seguían viviendo en carpas, y sus equipos habían brindado atención de salud mental a 8.147 personas. Miles siguen desaparecidos.

La bancarrota del “populismo de izquierda”

En 2006, el teórico antimarxista argentino Ernesto Laclau escribió en Nueva Sociedad que Venezuela requería “un nuevo actor colectivo, cuyo símbolo es el bolivarianismo y cuyo emergente es Hugo Chávez, mediante una ruptura populista”. Defendió “la centralidad del líder como factor de unificación” e insistió en que “si hay un peligro para la democracia latinoamericana, proviene del neoliberalismo y no del populismo”.

En una conferencia reciente, David North, presidente del Consejo Editorial Internacional del WSWS, explicó que Laclau y su colaboradora Chantal Mouffe proporcionaron el marco teórico para un “populismo de izquierda” no socialista que moldeó a Syriza en Grecia y Podemos en España, cuyos fundadores fueron discípulos declarados de ambos. En Hegemonía y estrategia socialista (1985), anunciaron que lo que estaba en crisis era “toda una concepción del socialismo que descansa sobre la centralidad ontológica de la clase trabajadora”. En lugar de la clase trabajadora, colocaron a un “pueblo” reunido en torno a un líder.

Venezuela fue ofrecida como la prueba. “Quizás el que fue más lejos es Chávez”, dijo Mouffe en una entrevista de 2019 con Samuele Mazzolini. “Le dio a las masas venezolanas una identidad política”. Recordó con aprobación cómo Chávez dijo a los activistas antiglobalización en el Foro Social Mundial en Caracas: “miren, nosotros somos el Estado”. Lo que quedó de esto, dijo, explicaba “el apoyo que Nicolás Maduro todavía tiene”.

Los fundadores de Podemos aprendieron en la misma escuela. Íñigo Errejón, el principal estratega del partido, escribió su tesis doctoral sobre la “lucha por la hegemonía” bajo el primer gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia, coescribió Construir pueblo (2015) con Mouffe y dirigió un programa de investigación en GIS XXI, una encuestadora vinculada al gobierno venezolano. “Chávez y el chavismo son una fuente profunda de pedagogía política”, declaró en 2013.

Venezuela enseña ahora la verdadera lección del populismo de izquierda. El “nosotros” que Chávez decía que era el Estado era el ejército y el aparato estatal de la burguesía nacional. Cuando el imperialismo estadounidense golpeó, ese aparato se rindió. Entregó el petróleo, abrió el aeropuerto y el espacio aéreo a las fuerzas estadounidenses, y ahora deja sin contar a los muertos del terremoto.

El repudio a la clase trabajadora como clase revolucionaria sirvió para atar a los trabajadores a una dirección nacionalista burguesa que los ha entregado al imperialismo. La transformación de Venezuela en un protectorado supervisado por el chavismo es, de hecho, una fuente profunda de pedagogía política. Confirma la teoría de la revolución permanente de León Trotsky: en los países con desarrollo económico tardío, la democracia, que fundamentalmente incluye la independencia de la opresión imperialista, no puede asegurarse bajo el dominio capitalista, sino que exige que la clase trabajadora tome el poder como parte de la revolución socialista mundial.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 07/11/2026)